En momentos en que el Gobierno discute con cafeteros, lecheros y cacaoteros parados si les ha cumplido o no con los subsidios prometidos en el paro de hace un año, un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo y del Global Harvest Initiative que se lanzará mañana -y en el que participó un ex alto funcionario del gobierno Santos- advierte justamente sobre la necesidad de no dar subsidios.
El informe, que hace recomendaciones para que América Latina se convierta en despensa mundial de alimentos, recomienda invertir más en lo que aumente la productividad y ayude a la región a aprovechar mucho mejor la ventaja de tener la zona cultivable más grande del mundo. En resumen, “pasar de invertir en grupos específicos con subsidios directos para los productores a invertir en bienes públicos”, en palabras del presidente del BID, el colombiano Luis Alberto Moreno.
Según el estudio, Colombia ha concentrado casi todo su presupuesto para el campo -que históricamente ha rondado el 1 por ciento del PIB y que es uno de los más bajos de la región- en investigación científica y en control sanitario y fitosanitario. Eso significa que tiene muy descuidados otros tres campos claves: la inversión en infraestructura, la educación rural y los seguros agropecuarios. Y que está por debajo del presupuesto ideal, que es del 4 por ciento del PIB.
De hecho, esas tres recomendaciones centrales están contempladas en el Estatuto de desarrollo rural, el proyecto de ley que diseñó el ex ministro Juan Camilo Restrepo y que lleva ya tres años enredado en la fase de consulta previa.
La primera deuda está en bienes públicos rurales, que es la infraestructura que ayuda a que los campesinos puedan tener mejor productividad -como distritos de riego- y que puede ayudarlos a sacarla más efectivamente a puertos. El estatuto planteaba incluso la posibilidad de que estos distritos se pudieran construir en concesión -como sucede en Perú- para impulsar una agricultura de exportación.
En el campo educativo, el proyecto de ley contemplaba fortalecer la formación técnica para el agro con el Sena y sobre todo mejorar la calidad de la educación rural siguiendo el modelo de la Fundación Escuela Nueva que diseñó la ex viceministra Vicky Colbert (y que se ganó el premio Wise, el 'Nobel de educación', el año pasado).
También habla de impulsar los seguros agropecuarios para campesinos, una especie de 'Soat agrícola' que permitiría proteger las cosechas de los vaivenes del cambio climático y también de las fluctuaciones en los cambios de precio del producto. Y de innovación tecnológica, como adoptar el modelo de asesoría técnica vía mensajes de texto que creó con éxito México.
Aunque ese proyecto de ley sigue estancado, la reciente reestructuración del Ministerio de Agricultura -que finalmente se aprobó tras dos años engavetada- creó varias instituciones que se ocuparán preciso de estos temas, incluyendo el viceministerio de desarrollo rural que lidera Aníbal Fernández de Soto y una dirección de bienes públicos rurales. Es decir, varias de las patas necesarias para aterrizar la transformación del campo acordada en el primer punto en La Habana.
La única dificultad es que el censo agrario -que no se hacía en cuatro décadas- está andando en este momento, por lo que sólo hasta el próximo año se tendrá una idea clara sobre exactamente cuántos productores en el país, de qué tipo y cuáles son sus necesidades.
Entre los expertos en el agro que hicieron el estudio está el colombiano Ricardo Sánchez, el primer viceministro de Restrepo que hoy es director de seguridad alimentaria para América Latina de The Nature Conservancy, la mayor ONG de temas ambientales en el mundo. Y también el uruguayo Rubén Echeverría y el brasilero Elcio Guimaraes, que están al frente del prestigioso Centro Internacional de Agricultura Tropical (Ciat) en Palmira.
¿Será que ahora, en pleno auge de paros, les pararán bolas?
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