LA SILLA VACIA

Una letra de cambio en la que aparece la firma del senador liberal Mario Fernández aparentemente reconociendo una deuda de 200 millones de pesos al cuestionado exrepresentante Yahir Acuña, parece confirmar lo que hasta ahora sonaba más a mito imposible de probar en Sucre: que Acuña ‘amarra’ con letras a todos los aliados políticos a los que les da plata.

Se trata de una práctica poco conocida que se suma a las particularidades de Yahir, el joven excongresista investigado por parapolítica que se convirtió en el nuevo barón electoral sucreño a punta de repartir billete.

Lo que a La Silla le vienen contando desde hace más o menos año y medio, es que siempre que Acuña hace alianza con algún político (llámese líder de pueblo, concejal, diputado, alcalde o candidato) y le da recursos, le hace firmar a éste una letra, que es una de las maneras más sencillas que hay de reconocer una deuda. Según al menos 10 fuentes conocedoras, ésa es la forma que tiene el exrepresentante de garantizar que si su aliado se le voltea al menos le devolverá la plata.

Ya habíamos tenido señales de que eso podía ser cierto, luego de un episodio ocurrido en una plenaria del Congreso a fines de abril. Ese día se debatía el proyecto de equilibrio de poderes y hasta el recinto llegó el excongresista Acuña para buscar al senador del viejo PIN Julio Miguel Guerra, hijo del actual gobernador de Sucre, Julio César Guerra Tulena, y quien se eligió al Senado con el apoyo de Acuña.

Según otro Senador que fue testigo, Acuña sacó a Guerra en plena discusión y le reclamó fuertemente por unos acuerdos que éste le habría incumplido y le advirtió que iba a hacerle públicas unas letras.

En el caso de Mario Fernández, él y su tío (el alcalde de Sincelejo Jairo Fernández) fueron también aliados políticos de Yahir, pero se distanciaron de él después de una pelea pública que tuvieron el mandatario y el exrepresentante. Supuestamente, la discusión comenzó porque el primero se negó a recibir en su casa al segundo.

Fernández hoy es uno de los líderes del ‘Tonconyá’, todos contra Yahir, que hay en Sucre para impedir que Acuña llegue a la Gobernación en cabeza de su esposa: la candidata del viejo PIN Milene Jarava de Acuña. Esa coalición lleva como candidato al exgobernador Édgar Martínez y viene marcando bien en las encuestas y generando un fenómeno de opinión en Sincelejo.

La foto de la letra de cambio le llegó a La Caribe por una fuente que no es Yahir Acuña. Sin embargo, en su grupo nos dijeron que ésta era real y que en los próximos días el excongresista demandará judicialmente al Senador para que le pague. La plata, según el movimiento de Acuña, fue un préstamo para la campaña de Fernández al Congreso.

Aparte de ser una estrategia de campaña, lo que motivó al excongresista a anunciar la demanda es que el Senador rojo criticó en varias manifestaciones públicas recientes los ríos de plata que está entregando la candidatura de Milene Jarava de Acuña.

Consultado, Mario Fernández nos dijo que “esa firma no es veraz” y que cree que o le montaron su firma con un escáner o Yahir le compró la letra a uno de sus acreedores.

Independientemente de cómo termine la historia de la ‘letrapolítica’ en Sucre, lo que muchos -incluida La Silla- se siguen preguntando es de dónde sale la plata que tanto reparte y parece sobrarle a Yahir Acuña.

Aquí, la letra:

Perfiles relacionados: 
Yahir Fernando Acuña Cardales
Milene Jarava Díaz
Édgar Enrique  Martínez Romero
Comentarios - Cada usuario tiene la posibilidad de incluir solo tres comentarios
Mar, 2015-10-06 16:13
Esto no es ninguna novedad, desde que se implementó la elección de alcaldes populares, no solo firman letras, sino que firman hipotecas. No han descubierto nada, ninguna novedad, solo que este tipo de elección trajo de la mano más corrupción e insensibilidad en el pueblo. Dicen los populares que da lo mismo cara y sello, total todos son corruptos.
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Otros confidenciales recientes

Jueves, Marzo 3, 2016 - 03:09
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Cuando estaba a punto de iniciar la campaña local, Richard Aguilar y Hugo Aguilar sabían que iban a ir por caminos diferentes. Esta fofo fue tomada en junio de 2015 en la celebración del día del padre de la familia Aguilar. 

El Presidente Juan Manuel Santos bajó del bus de su gabinete al exgobernador de Santander Richard Aguilar Villa y lo dejó sin el pan y sin el queso.

La Silla conoció que una reunión privada que sostuvieron los directores de los medios de comunicación en Santander con Santos, el mandatario aseguró que el exgobernador no va a ser parte de su Gobierno y que ni siquiera está considerando su hoja de vida.

La afirmación, que le fue confirmada a La Silla por tres de los asistentes al encuentro,  la hizo Santos luego de que lo interrogaran por los rumores que había sobre la posibilidad de que Aguilar llegara a dirigir el Departamento de la Prosperidad Social, DPS.

Pero lo que realmente sorprendió en la reunión fue que Santos también negara que Richard Aguilar hubiera sido cercano a él y a su gobierno, cuando el exgobernador de Santander hasta cambió de preferencias políticas por él.

La Silla contó cómo en plena campaña de reelección de Santos, desde la Gobernación de Santander (dirigida por Richard) les ordenaron a los contratistas llevar al menos diez personas al evento de cierre de la candidatura del entonces presidente-candidato en Bucaramanga.

Esa fue la primera vez que se hizo evidente que Richard Aguilar había saltado a la orilla de Santos y que estaba tomando un camino diferente al de su papá -el parapolítico Hugo Aguilar- quien apoyó a través de su otro hijo, el senador Mauricio Aguilar, la aspiración del uribista Óscar Iván Zuluaga.

De hecho, fue la cercanía de Richard Aguilar a Santos la que terminó desbaratando el fortín político de los Aguilar en 2015. Mientras que el candidato a la gobernación de Santander del grupo de Richard Aguilar fue avalado por La U, el de Hugo Aguilar se lanzó por firmas y luego sumó el apoyo del Centro Democrático.

Eso dividió los votos que habían amasado los Aguilar en los últimos años, y le abrió el camino a Didier Tavera, quien aunque era el enemigo en común, terminó quedándose con el Palacio Amarillo.

La derrota de Richard Aguilar en las urnas, y lo que dijo Santos en esa reunión, además, le dio  la razón a su papá, quien a lo largo de la campaña dijo que a su hijo lo estaban “engatusando” y que no le iban a cumplir.

En la reunión con los directores de los medios Santos también habló del aterrizaje de la paz, la inversión en el departamento y la situación económica del país, el discurso que ha venido dando en todas sus intervenciones públicas.

Miércoles, Marzo 2, 2016 - 14:36
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Este sábado El Tiempo contó que hay un candidato a la presidencia de la Asociación de Oficiales Retirados (Acore) cuya visión de la justicia transicional coincide con la del uribismo mucho más que la del actual presidente de esa asociación, y que de ganar se podría convertir en un dolor de cabeza para el gobierno de Juan Manuel Santos.

Curiosamente, ese candidato estuvo a punto de quedarse sin ascender a general por dos decisiones del entonces presidente Álvaro Uribe Vélez, y en cambio ascendió sin problemas durante el primer mandato de Santos.

El candidato es el general Gustavo Rincón Rivera, quien hace tres semanas presentó su aspiración para reemplazar al general Jaime Ruiz Barrera en Acore. Ruiz busca su segunda reelección y ha dicho que la justicia transicional que acordó el gobierno Santos con las Farc en La Habana puede ser una salida a la difícil situación jurídica de decenas de militares investigados por los falsos positivos y otros delitos.

Rincón Rivera, que ha empezado a posicionar su candidatura diciendo que esa justicia transicional "es para bandidos" y que es rechazada por la mayoría de militares, mantuvo una larga lucha jurídica para avanzar en su carrera en la que se enfrentó más de una vez contra el gobierno Uribe.

Siendo coronel, destapó un escándalo de contratación en el Fondo Rotatorio del Ejército a mediados de los años 90 y a pesar de eso, unos años después, el gobierno de Andrés Pastrana decidió no llamarlo al curso de ascenso a general, y lo retiró del Ejército.

Ante eso, Rincón demandó para que fuera reintegrado y llamado al curso de general, y en 2002 el Consejo de Estado le dio la razón. Uribe, en ese entonces ya Presidente, sí lo reintegró  - pero no lo incluyó en el decreto de ascenso.

Antes esa decisión, el hoy general presentó otra tutela en la que la Corte Constitucional le dio la razón en 2004.

Sin embargo, ese mismo año el gobierno Uribe, encabezado por el entonces ministro de Defensa Jorge Alberto Uribe, lo retiró de nuevo del Ejército, esta vez porque había llegado a la edad límite para ser coronel activo. Rincón demandó esa nueva decisión exigiendo que lo reintegraran de nuevo y lo ascendieran a general.

En 2008 el Consejo de Estado le dio la razón. En consecuencia, el gobierno Uribe lo reintegró por segunda vez en 2009. Luego, la junta asesora de ascensos (en la que hay generales pero que maneja el Gobierno) lo incluyó en el decreto diciendo explícitamente que lo hacía cumpliendo esa sentencia.

En el Congreso, los opositores a Uribe lo defendieron y aprovecharon para criticar las decisiones de no ascenderlo de ese Gobierno: así lo hizo el hoy alcalde de Ibagué y en ese entonces senador del Polo, Guillermo Alfonso Jaramillo, y los senadores liberales Cecilia López y Juan Manuel Galán.

Ese calvario para ascender desapareció en el gobierno Santos, cuando fue designado jefe de control interno de la Inspección General del Ejército y secretario general del Estado Mayor. Además, Santos lo ascendió a Mayor General:

Ahora, de ganarle a Ruiz las elecciones internas de Acore la próxima semana, Rincón pasaría a convertirse en un crítico visible de la principal apuesta política de Santos, el presidente que lo ascendió, y a terminar alineado con Uribe, el mandatario que no lo quiso ascender y lo sacó del Ejército.

Miércoles, Marzo 2, 2016 - 06:03
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Con la sentencia de la Corte Constitucional que prohibió la minería en los páramos, el Comité por la Defensa del Agua y el Páramo de Santurbán se rearma para la pelea jurídica.

El colectivo de abogados Luis Carlos Pérez, que pertenece al Comité y ya tiene una tutela en revisión ante la Corte Constitucional por la delimitación de Santurbán, está preparando dos nuevas acciones para presionar la aplicación de la sentencia ante el Ministerio de Ambiente.

Específicamente, lo que el colectivo buscará es que se revoquen dos artículos de la resolución que delimitó Santurbán y que con la sentencia se quedarían sin piso jurídico.

Se tratan del que le da vigencia a los títulos mineros otorgados antes de 2009 para que sigan en el páramo hasta que caduque su concesión (hasta 30 años), y del que contempla la posibilidad de hacer minería en algunas zonas de restauración del páramo en Vetas, California y Suratá.

Este último artículo es especialmente delicado debido a que una vez se aplique implicará la extinción de los mineros artesanales en esos municipios, quienes como lo contó La Silla han extraído oro por cientos de años y no tienen otra manera de sostenerse.

Precisamente, se teme que su aplicación desencadene un problema social en la zona, debido a que toda la minería pasaría a ser ilegal y ya no tendría el control al que está siendo sometida por autoridades ambientales del país.

Frente a esta situación, el colectivo ha manifestado su preocupación frente al acompañamiento que el Estado va a dar a las comunidades de Santurbán, teniendo en cuenta que si bien quieren que se priorice la defensa del agua, también esperan que el gobierno garantice los derechos de los pequeños mineros.

Ahora bien, si el Ministerio no admite la solicitud de revocatoria de los artículos, el equipo del colectivo también piensa presionar con derechos de petición (mecanismo que caduca en 15 días) para que se aplique la sentencia en Santurbán, específicamente, sobre el acto administrativo que le dio vida a la delimitación.  

Mientras eso sucede, en el lado de los municipios (especialmente en Vetas, que tiene su casco urbano dentro del Páramo y prácticamente desaparecería con la aplicación de la sentencia) se están preparando acciones propias para pedirle al Estado que proteja los derechos de sus habitantes.

El colectivo ha manifestado una preocupación frente al tratamiento y acompañamiento que debe realizar de manera inmediata a las comunidades del páramo. Porque no se puede pensar que los que están viviendo allí de la actividad minera, son la gran amenaza al ecosistema.

Nota de la editora: luego de la publicación de este artículo el colectivo Luis Carlos Pérez se comunicó con La Silla para aclarar que su posición no va en contra de la minería artesanal. La versión fue incluída en el texto a las 2:00 pm del mismo día. 

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