LA SILLA VACIA

Incubadora de Santander, una de las empresas que más vende en la región, presentó a su presidente Juan Felipe Montoya como candidato al Consejo Directivo de la Corporación Autónoma Regional (CAR) de Bucaramanga, Cdmb. Sin embargo, su candidatura -para que ocupara uno de los puestos como representante del sector privado- se embolató. En la evaluación de los requisitos básicos ni siquiera lo tuvieron en cuenta. 

Al final fueron elegidos Edwin Abril y Yesid Torres, dejando a Montoya y así a los cacaos del empresariado, de los grandes gremios, que lo apoyaban y buscaban poner consejero, excluidos pero atacando el proceso de elección y no tanto por lo de Montoya como por una supuesta irregularidad de fondo. 

De acuerdo al Secretario General de la entidad, Montoya no se tuvo en cuenta porque en la solicitud de participación como candidato no anexaron los documentos que exige el proceso, incluyendo la hoja de vida y un acta de junta directiva que avale la aspiración.

La Silla conoció una carta del pasado 19 de noviembre donde el director jurídico de Incubadora le reclama al Comité Evaluador y le pide que se tenga en cuenta a su Presidente. Le respondieron que básicamente que Montoya nunca se había postulado, por lo que ya explicamos. Y después, dos fuentes cercanas a la iniciativa de que fuera consejero reconocieron que sí hubo errores de parte de la empresa en el proceso. 

En cualquier caso, la elección se llevó a cabo y sin Montoya en la baraja los gremios más poderosos de la región, que reúnen a los cacaos del empresariado santandereano y se habían puesto de acuerdo para votar en bloque, perdieron la posibilidad de poner a alguien cercano en la poderosa CAR que será dirigida por el grupo del congresista Fredy Anaya durante los próximos años.

Además, Incubadora, uno de los gigantes de la agroindustria en el país, pierde el chance de quedarse con una silla en una Corporación que ejerce como autoridad ambiental en terrenos donde la empresa mantiene activos e intereses.

Fuera de la caída de Montoya, otro candidato cercano a los grandes gremios (Fenalco, Andi, Fenalco, Fenavi, Camacol etc.) que también se presentó, Luis Alfonso Gómez Gómez, quien ha sido miembro de la junta directiva de la Cámara de Comercio de Bucaramanga, presidente de la junta de Fenalco Santander y hermano del candidato a la gobernación Leonidas Gómez, no prosperó porque tampoco cumplía con todos los requisitos, a pesar de que a él sí lo evaluaron. 

“Eran los candidatos serios y responsables…los más representativos del sector privado, de lo importante”, le dijo a La Silla una fuente de la Cámara.

El sector privado tiene dos representantes en el Consejo de la Cdmb y su elección la definieron empresas que se inscribieron para participar del proceso y escoger entre candidatos que las mismas empresas pueden postular. 

En la audiencia que cerró la elección, donde fueron escogidos Abril y Torres, representantes de los gremios poderosos y las organizaciones cercanas al gran empresariado santandereano criticaron el proceso y se retiraron después de una polémica discusión. Los gremios alegan que sólo podían votar y postular candidatos empresas y organizaciones y no personas naturales como efectivamente se permitió.

El Secretario General de la Cdmb, Nisson Vahos, le aseguró a La Silla que podía participar toda persona (natural o juridica) que realice una actividad comercial y esté inscrita.  

La Silla Santandereana revisó el Decreto 1850 de 2015 que reglamenta esta elección y se refiere a "organizaciones" y nunca a personas naturales. Dos fuentes de los gremios nos dijeron que eso es lo que ellos están reclamando. Vahos, sin embargo, argumenta que las personas también pueden estar "organizadas". 

El pleito está servido. 

Mientras tanto quedaron Abril, un ex personero del pequeño pueblo de Enciso, nominado por una señora que ha representado legalmente a una distribuidora de motos, y Torres, nominado por una firma del sector transporte. 

*Esta historia fue actualizada a las 11:00 pm del 25 de noviembre

Otros confidenciales recientes

Lunes, Marzo 7, 2016 - 07:17
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Esta es la imagen que está circulando en redes sociales y que pone en el sonajero presidencial al Procurador Alejandro Ordóñez.

En las últimas semanas el nombre del Procurador Alejandro Ordóñez Maldonado empezó a moverse más que de costumbre en el país.

Además de las imágenes que empezaron a circular en redes sociales preguntando sobre la aceptación que tendría su eventual candidatura a la Presidencia, los rumores sobre que ya estaría listo el fallo del Consejo de Estado que lo podría tumbar empezaron a tomar fuerza.

Con ese telón de fondo, La Silla supo que el alto funcionario está buscando acercamientos con la prensa regional, cuando por lo general su relación con medios locales no es muy cercana.

En el evento que tendrá lugar esta semana en Bucaramanga con todos los alcaldes de Santander y que es organizado por el ente de control que Ordóñez dirige, además de hacer su típica salida en rueda de prensa, el Procurador también dará entrevistas privadas.

De hecho Ordóñez estaría indagando por los medios con más rating y hasta estaría pensando en hacer una ronda para irlos a visitar, cuando por lo menos en los últimos cuatro años, no había hecho algo parecido en las regiones.

La inusual movida de Ordóñez le servirá en doble vía. Si el fallo del Consejo de Estado lo tumba podrá desde ya empezar a amortiguar los efectos de la decisión en su imagen; si lo que está pensando es en las presidenciales también le servirá de precampaña. Falta ver cuál de las dos es la que lo motiva más.

Viernes, Marzo 4, 2016 - 19:03
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Esta semana ocurrió un hecho que volvió a sacar a flote la crisis financiera que desde hace años atraviesa el Hospital Universitario del Caribe, en Cartagena. El diputado de Cambio Radical Manuel Berrio Scaff presentó una queja de 394 páginas ante la Procuraduría Regional de Bolívar por presuntos malos manejos en la contratación. También pidió la suspensión de la gerente Elga Ehrhardt Gutiérrez. Los problemas de infraestructura y el déficit financiero del principal hospital de Bolívar terminaron enfrentando a dos pesos pesados de la política bolivarense: los exsenadores condenados por parapolítica Vicente Blel Saad y William Montes, poderes detrás de Berrio y Ehrhard, respectivamente.

Manuel Berrio Scaff es un debutante en la Asamblea y miembro de una de las casas políticas más poderosas de Bolívar, en cabeza de su tío Vicente Blel. Mientras que Elga Ehrhardt Gutiérrez es una bacterióloga momposina que llegó en julio de 2012 a la gerencia del hospital, después de ganar un concurso de méritos. Aunque en la Cartagena política no es un secreto que tiene el respaldo del parapolítico William Montes.

El enfrentamiento entre Berrio y Ehrhard comenzó en enero pasado, cuando el diputado ingresó al Portal Único de Contratación para revisar los contratos de 2016 del hospital, pero solo encontró tres. Vía derecho de petición, le solicitó a la gerente copia de todos los contratos que hasta entonces, primera semana de febrero, hubiese firmado. El diputado recibió 44 contratos.

Tras revisarlos uno por uno, Berrio Scaff acusa a la gerente de haber fraccionado la contratación para evadir la convocatoria pública y adjudicar a dedo. El diputado asegura que solo, en enero, la gerente firmó 20 mil millones de pesos en contratos. Y que a todos les encontró irregularidades.

El diputado dice haber encontrado que tres proponentes de uno de esos contratos expidieron el mismo día y a la misma hora sus certificados de Cámara de Comercio. Lo que a su juicio prueba la estrategia de un mismo grupo de personas para mostrarse como tres firmas distintas. Berrio también denunció que varias de las pólizas fueron expedidas semanas después de la firma de los contratos, cuando por ley deben haber sido adquiridas antes de la firma.

Ante esas inconsistencias, Berrio citó a la gerente a un debate de control político el pasado 18 de febrero. Ese día, durante casi seis horas,  Ehrhard les explicó a los diputados el estado financiero del hospital y las condiciones en que esa institución terminó el 2015. Diez de los 14 diputados aprobaron el informe, uno no asistió y tres, incluido Berrio Scaff, se mostraron insatisfechos.

Tras ese debate y de terminar de documentar las inconsistencias que dice haber encontrado, el diputado Berrio Scaff redactó un extenso documento que le presentó este martes a la Procuraduría Regional de Bolívar.  Como contó La Caribe, esa entidad está en manos de Raúl Guerrero, un reconocido abogado y profesor universitario de Cartagena que es cercano al grupo de los Blel, dada su amistad con el concejal Vicente Blel Scaff, primo del diputado Berrio.

Aunque en la Cartagena política aplauden que el hospital vuelva a estar en la agenda política, no han faltado los que ven detrás de esas denuncias de Berrio intereses de su grupo político para presionar al gobernador de Bolívar Dumek Turbay por burocracia en su gabinete. Esto porque el hospital depende de la administración departamental y los Blel apoyaron a Turbay en las regionales pasadas, pero todavía no tienen participación en el equipo del mandatario liberal. Interpretaciones que el diputado Berrio le negó tajantemente a La Silla.

Las críticas a la gerente justo se dan en momentos en que el hospital suma pasivos cercanos a los 100 mil millones de pesos y por cuyas débiles finanzas el gobernador Turbay convocó, la semana pasada, a una reunión de emergencia, que contó con la presencia del ministro de Salud Alejandro Gaviria. Allí se despejó el fantasma del cierre y se prometieron acciones para sacar a la institución de la crisis.

Mientras las soluciones de fondo llegan y se conocen las consecuencias de lo denunciado por el diputado Berrio, los estudiantes de medicina de la Universidad de Cartagena iniciaron este lunes una asamblea permanente para exigirles a los gobiernos departamental y nacional mejores condiciones de infraestructura para el buen desarrollo de sus prácticas profesionales. Hoy, por ejemplo, no pudieron operar a varios de los pacientes porque en el hospital se agotaron las batas con las que las personas deben ingresar al quirófano, para no violar los protocolos de seguridad médica.

Viernes, Marzo 4, 2016 - 14:28
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Hoy llegó a la Corte Constitucional la demanda en contra de la ley que crea las Zidres, un esquema para hacer megaproyectos en la Altillanura. La presentó un grupo de congresistas del Polo y Alianza Verde que, por lo menos en otras cuatro ocasiones, han actuado en bloque  en diferentes instancias, las más visibles litigando ante la Corte.

El combo lo conforman los congresistas del Polo Iván Cepeda, Alirio Uribe y Alberto Castilla y por los lados de Alianza Verde, Inti Asprilla y Ángela María Robledo. Es decir, el grupo que conforma la izquierda más “política” y menos “económica”, y que se distancia tanto del liderazgo de Jorge Enrique Robledo en el Polo, como de los de Sergio Fajardo, Claudia López y Antonio Navarro entre los viejos verdes.

Como contamos a comienzos de febrero, el famoso frenazo que le puso la Corte Constitucional a los megaproyectos del vicepresidente Germán Vargas provino de una demanda contra el Plan de Desarrollo de Santos presentada por el mismo grupo.

“Ese bloque se creó en el Congreso”, explica un asesor cercano a uno de los congresistas “Los asesores jurídicos de todos tienen un chat colectivo y de ahí han salido las demandas”.

Pero la convergencia no se queda en esas demandas.

El 23 de febrero, ese grupo, más el antioqueño Víctor Javier Correa, envió una carta al procurador Alejandro Ordóñez para contarle de la visita de unos eurodiputados que querían hablar del proceso de paz y de la situación de Iván Cepeda.

Lo mismo hicieron en enero cuando le escribieron una carta al entonces Defensor del Pueblo, Jorge Armando Otálora, pidiéndole su renuncia. En ese caso también firmaron los verdes Angélica Lozano, Claudia López y Oscar Ospina.

Y es que la unión, si bien no tiene un propósito electoral explícito, va más allá de las demandas y sí puede llegar allá.

“Nosotros tenemos unas afinidades políticas que van más allá de las organizaciones a las que pertenecemos. Compartimos una posición sobre el proceso de paz, sobre el modelo económico. Pero que hayamos planteado una estrategia con algún propósito electoral, no” dice el senador del Polo, Iván Cepeda.

“El grupo está actuando junto en más temas, como lo de insistir en la negociación con el ELN” explica la representante Robledo. “Por ahora no tiene una pretensión de construir una precandidatura, pero si llega allá, en una convergencia con grupos del Verde, del Polo y de otros movimientos políticos o sociales, pues bienvenido”.

 

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