LA SILLA VACIA

Incubadora de Santander, una de las empresas que más vende en la región, presentó a su presidente Juan Felipe Montoya como candidato al Consejo Directivo de la Corporación Autónoma Regional (CAR) de Bucaramanga, Cdmb. Sin embargo, su candidatura -para que ocupara uno de los puestos como representante del sector privado- se embolató. En la evaluación de los requisitos básicos ni siquiera lo tuvieron en cuenta. 

Al final fueron elegidos Edwin Abril y Yesid Torres, dejando a Montoya y así a los cacaos del empresariado, de los grandes gremios, que lo apoyaban y buscaban poner consejero, excluidos pero atacando el proceso de elección y no tanto por lo de Montoya como por una supuesta irregularidad de fondo. 

De acuerdo al Secretario General de la entidad, Montoya no se tuvo en cuenta porque en la solicitud de participación como candidato no anexaron los documentos que exige el proceso, incluyendo la hoja de vida y un acta de junta directiva que avale la aspiración.

La Silla conoció una carta del pasado 19 de noviembre donde el director jurídico de Incubadora le reclama al Comité Evaluador y le pide que se tenga en cuenta a su Presidente. Le respondieron que básicamente que Montoya nunca se había postulado, por lo que ya explicamos. Y después, dos fuentes cercanas a la iniciativa de que fuera consejero reconocieron que sí hubo errores de parte de la empresa en el proceso. 

En cualquier caso, la elección se llevó a cabo y sin Montoya en la baraja los gremios más poderosos de la región, que reúnen a los cacaos del empresariado santandereano y se habían puesto de acuerdo para votar en bloque, perdieron la posibilidad de poner a alguien cercano en la poderosa CAR que será dirigida por el grupo del congresista Fredy Anaya durante los próximos años.

Además, Incubadora, uno de los gigantes de la agroindustria en el país, pierde el chance de quedarse con una silla en una Corporación que ejerce como autoridad ambiental en terrenos donde la empresa mantiene activos e intereses.

Fuera de la caída de Montoya, otro candidato cercano a los grandes gremios (Fenalco, Andi, Fenalco, Fenavi, Camacol etc.) que también se presentó, Luis Alfonso Gómez Gómez, quien ha sido miembro de la junta directiva de la Cámara de Comercio de Bucaramanga, presidente de la junta de Fenalco Santander y hermano del candidato a la gobernación Leonidas Gómez, no prosperó porque tampoco cumplía con todos los requisitos, a pesar de que a él sí lo evaluaron. 

“Eran los candidatos serios y responsables…los más representativos del sector privado, de lo importante”, le dijo a La Silla una fuente de la Cámara.

El sector privado tiene dos representantes en el Consejo de la Cdmb y su elección la definieron empresas que se inscribieron para participar del proceso y escoger entre candidatos que las mismas empresas pueden postular. 

En la audiencia que cerró la elección, donde fueron escogidos Abril y Torres, representantes de los gremios poderosos y las organizaciones cercanas al gran empresariado santandereano criticaron el proceso y se retiraron después de una polémica discusión. Los gremios alegan que sólo podían votar y postular candidatos empresas y organizaciones y no personas naturales como efectivamente se permitió.

El Secretario General de la Cdmb, Nisson Vahos, le aseguró a La Silla que podía participar toda persona (natural o juridica) que realice una actividad comercial y esté inscrita.  

La Silla Santandereana revisó el Decreto 1850 de 2015 que reglamenta esta elección y se refiere a "organizaciones" y nunca a personas naturales. Dos fuentes de los gremios nos dijeron que eso es lo que ellos están reclamando. Vahos, sin embargo, argumenta que las personas también pueden estar "organizadas". 

El pleito está servido. 

Mientras tanto quedaron Abril, un ex personero del pequeño pueblo de Enciso, nominado por una señora que ha representado legalmente a una distribuidora de motos, y Torres, nominado por una firma del sector transporte. 

*Esta historia fue actualizada a las 11:00 pm del 25 de noviembre

Otros confidenciales recientes

Jueves, Marzo 10, 2016 - 12:23
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A pesar de que el presidente Juan Manuel Santos aceptó la renuncia del Ministro de Minas, tras endilgarle la responsabilidad de un eventual apagón, Tomás González recibió un espaldarazo público de un grupo muy diverso y prestigioso de personas relacionadas con el sector minero que le expresan su respaldo por su trabajo y la experticia que demostró durante el año y medio que fue la cabeza del sector.

Se trata de casi todos los miembros del Grupo de Diálogo sobre la Minería, Gdiam, un grupo de alto nivel creado por la Fundación Ford (que financia el cubrimiento minero de La Silla) para convenir una visión de la minería a largo plazo que apoye el desarrollo socioeconómico del país  y la construcción de paz.

Entre los firmantes están personas tan diversas como Fabio Arjona, el director ejecutivo de la Ong ambiental Conservación Internacional en Colombia hasta el ex ministro y el ex viceministro de minas Luis Ernesto Mejía y Henry Medina pasando por líderes del sector como Claudia Jiménez, la ex directora ejecutiva del gremio de minería a gran escala y León Teicher, el ex presidente del Cerrejón y líderes sociales como Alcibíades Escué, líder de la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte en el Cauca, Benjamín Mosquera, representante legal del Consejo Comunitario del Río Anchicayá y Fabio Velásquez, presidente ejecutivo la Fundación Foro Nacional por Colombia.

Esta es la carta:

 

Carta Tomás González by lasillavacia

Martes, Marzo 8, 2016 - 12:02
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El viernes pasado, el alcalde de Valledupar Augusto 'Tuto' Uhía volvió a demostrar con la adjudicación del contrato de transporte escolar que es agradecido con quienes lo apoyaron en campaña y que los ‘lleva en coche’ desde los primeros meses de su mandato. Después que el Concejo, donde la coalición mayoritaria lo respalda, escogió como contralor municipal a uno de los financiadores de su proyecto político, Uhía premió con un contrato de $2.084 millones de pesos a otro hombre clave de su candidatura.

Se trata de Reinaldo Carvajal Riveira, quien junto a su hermano Rubén ‘Ava’ Carvajal (exalcalde de Valledupar y constructor), respaldó públicamente la candidatura del actual mandatario. De hecho, ‘Ava’ tiene desde el primero de enero participación en el gabinete a través del secretario de Obras Juan Pablo Morón.

Ahora el turno fue para Reinaldo, representante legal del consorcio Transportes Especiales de Valledupar y quien ha sido contratista en administraciones anteriores y en varios municipios del Cesar. La Alcaldía de Uhía le adjudicó, para todo 2016, el servicio de transporte escolar de los niños y adolescentes que viven en el área rural y los sectores menos favorecidos de Valledupar.

La empresa Transportes Carvajal Ltda, propiedad de Carvajal Riveira, tiene el 75% de participación en el consorcio, mientras que el 25% restante está en manos de la Sociedad de Transportes del Caribe SAS, empresa con Cámara de Comercio guajira que también ha sido contratista en otros municipios del Cesar.

El consorcio ganador se impuso sobre otros dos proponentes, a los que la Alcaldía terminó rechazando (Unión Temporal Valledupar Unida) y declarando  inhabilitados (Cooperativa de Transportes Colectivos del Cesar), después de las evaluaciones técnicas, jurídicas y financieras.

Desde que se hizo público el nombre del ganador del contrato, la adjudicación ha sido interpretada en Valledupar como un agradecimiento más que, de frente, el alcalde le hace a otro de sus amigos de campaña, tal como ocurrió con la elección del contralor municipal, en enero.

Como contó La Caribe, el Concejo de Valledupar eligió para el puesto de contralor al abogado Álvaro Luis Castilla Fragoso, uno de los financiadores de la campaña de Uhía: le puso $120 millones, según registros del portal Cuentas Claras. Y es también miembro del comité inscriptor del grupo significativo 'Avanzar es posible', que avaló la candidatura de Uhía.

El actual alcalde de Valledupar le debe, principalmente, su silla al representante conservador Alfredo Ape Cuello, quien lo financió, le puso votos y le brindó apoyo logístico.

Lunes, Marzo 7, 2016 - 16:56
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Aunque lo usual es que lo hagan dos funcionarios, con seis guardias en el Hospital Cardiovascular del Niño de Cundinamarca, en el municipio de Soacha, el Inpec vigila que el exgobernador guajiro Juan Francisco ‘Kiko’ Gómez no se vaya a escapar. Como se sabe, desde el pasado 26 de febrero está allí en una habitación por problemas cardíacos y bajo observación porque los médicos no descartan tener que operarlo.

En principio, Kiko fue trasladado al hospital para que le realizaran una valoración cardíaca (un cateterismo), le dijo el Inpec a La Silla. Pero los médicos optaron por no regresarlo a La Picota porque encontraron que padece angina inestable y arritmia cardíaca. Por ese diagnóstico, y según cómo evolucione, el exmandatario podría ser intervenido los próximos días.

Consultados sobre las garantías de seguridad de Kiko en el hospital, el Inpec -la entidad encargada de responderle al país si un recluso huye- le aseguró a La Silla que el exfuncionario está fuertemente custodiado por los hombres del grupo especializado en remisiones y custodias clínicas, Gropes. Se trata de funcionarios que cuentan con un entrenamiento especial y dotación distinta a la usada por el resto de guardianes del Inpec.

El abogado Iván Cancino, que defiende a Kiko en la investigación por el crimen del exconcejal de Barrancas Luis López Peralta, le dijo a La Silla que el exmandatario está tan custodiado que ni la esposa ha podido verlo.

A Diana López Zuleta, hija del exconcejal asesinado, le causa suspicacia la hospitalización de Kiko. En su cuenta de Twitter escribió que “se le da por  enfermarse días antes de los alegatos de conclusión por el homicidio de mi papá, entre otros delitos”.

Al desprestigiado político la justicia lo procesa además por posibles vínculos con bandas criminales y por otros 14 homicidios.

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