LA SILLA VACIA

Incubadora de Santander, una de las empresas que más vende en la región, presentó a su presidente Juan Felipe Montoya como candidato al Consejo Directivo de la Corporación Autónoma Regional (CAR) de Bucaramanga, Cdmb. Sin embargo, su candidatura -para que ocupara uno de los puestos como representante del sector privado- se embolató. En la evaluación de los requisitos básicos ni siquiera lo tuvieron en cuenta. 

Al final fueron elegidos Edwin Abril y Yesid Torres, dejando a Montoya y así a los cacaos del empresariado, de los grandes gremios, que lo apoyaban y buscaban poner consejero, excluidos pero atacando el proceso de elección y no tanto por lo de Montoya como por una supuesta irregularidad de fondo. 

De acuerdo al Secretario General de la entidad, Montoya no se tuvo en cuenta porque en la solicitud de participación como candidato no anexaron los documentos que exige el proceso, incluyendo la hoja de vida y un acta de junta directiva que avale la aspiración.

La Silla conoció una carta del pasado 19 de noviembre donde el director jurídico de Incubadora le reclama al Comité Evaluador y le pide que se tenga en cuenta a su Presidente. Le respondieron que básicamente que Montoya nunca se había postulado, por lo que ya explicamos. Y después, dos fuentes cercanas a la iniciativa de que fuera consejero reconocieron que sí hubo errores de parte de la empresa en el proceso. 

En cualquier caso, la elección se llevó a cabo y sin Montoya en la baraja los gremios más poderosos de la región, que reúnen a los cacaos del empresariado santandereano y se habían puesto de acuerdo para votar en bloque, perdieron la posibilidad de poner a alguien cercano en la poderosa CAR que será dirigida por el grupo del congresista Fredy Anaya durante los próximos años.

Además, Incubadora, uno de los gigantes de la agroindustria en el país, pierde el chance de quedarse con una silla en una Corporación que ejerce como autoridad ambiental en terrenos donde la empresa mantiene activos e intereses.

Fuera de la caída de Montoya, otro candidato cercano a los grandes gremios (Fenalco, Andi, Fenalco, Fenavi, Camacol etc.) que también se presentó, Luis Alfonso Gómez Gómez, quien ha sido miembro de la junta directiva de la Cámara de Comercio de Bucaramanga, presidente de la junta de Fenalco Santander y hermano del candidato a la gobernación Leonidas Gómez, no prosperó porque tampoco cumplía con todos los requisitos, a pesar de que a él sí lo evaluaron. 

“Eran los candidatos serios y responsables…los más representativos del sector privado, de lo importante”, le dijo a La Silla una fuente de la Cámara.

El sector privado tiene dos representantes en el Consejo de la Cdmb y su elección la definieron empresas que se inscribieron para participar del proceso y escoger entre candidatos que las mismas empresas pueden postular. 

En la audiencia que cerró la elección, donde fueron escogidos Abril y Torres, representantes de los gremios poderosos y las organizaciones cercanas al gran empresariado santandereano criticaron el proceso y se retiraron después de una polémica discusión. Los gremios alegan que sólo podían votar y postular candidatos empresas y organizaciones y no personas naturales como efectivamente se permitió.

El Secretario General de la Cdmb, Nisson Vahos, le aseguró a La Silla que podía participar toda persona (natural o juridica) que realice una actividad comercial y esté inscrita.  

La Silla Santandereana revisó el Decreto 1850 de 2015 que reglamenta esta elección y se refiere a "organizaciones" y nunca a personas naturales. Dos fuentes de los gremios nos dijeron que eso es lo que ellos están reclamando. Vahos, sin embargo, argumenta que las personas también pueden estar "organizadas". 

El pleito está servido. 

Mientras tanto quedaron Abril, un ex personero del pequeño pueblo de Enciso, nominado por una señora que ha representado legalmente a una distribuidora de motos, y Torres, nominado por una firma del sector transporte. 

*Esta historia fue actualizada a las 11:00 pm del 25 de noviembre

Otros confidenciales recientes

Jueves, Marzo 17, 2016 - 21:43
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Los $150 mil millones en cuentas por pagar que heredó la administración de Lucho Bohórquez en la Alcaldía de Bucaramanga, tienen a Rodolfo Hernández literalmente poniéndole la totuma hasta a los contratistas para recaudar dinero.

Una particular estrategia que consiste en solicitarles a los contratistas con cuentas por cobrar en el Municipio que donen un porcentaje de los recursos que van a recibir, tiene descontentos a muchos de los que prestaron sus servicios a la pasada administración y que están esperando desde hace varios meses su pago.

Si bien la estrategia ya le ha generado réditos a Hernández, y en el municipio se han contabilizado varios cientos de millones de pesos en donaciones, entre esos los entregados por Valco (firma de los hermanos Valderrama Cordero que donó $470 millones) y por Vanguardia Liberal, que donó el 20% de cuentas que le adeudaban, también ha generado controversia y empresarios están denunciando que la petición de Hernández es  más una camisa de fuerza que una solicitud.

En una rueda de prensa que dio ayer en la Cámara de Comercio de Bucaramanga, el Alcalde aseguró, que lo que les está diciendo a los contratistas " es que colaboren con la ciudad" y negó que los estuviera presionando para hacerlo porque era una donación; sin embargo, a renglón seguido dijo: “para que (los contratistas) reciban el cheque toca que traigan la donación”. 

Esas declaraciones calentaron aún más los ánimos de quienes llevan todo el año esperando su pago, y de hecho en gremios como el de los periodistas (al que Lucho Bohórquez le quedó debiendo una buena partida por concepto de pauta y producción audiovisual y radial), han empezado a proponer que reclamaciones colectivas a la nueva administración para que les pague lo que les corresponde y no se "burle de su trabajo".

Hasta esta semana, la Alcaldía había recaudado $130 mil millones en impuestos. De esa suma $30 mil millones ya se han ido a pagar las cuentas de los contratistas con los que adquirió compromisos Lucho Bohórquez sin tener el respaldo financiero, y los $100 mil millones restantes están siendo administrados para generar flujo de caja en la Alcaldía, porque de lo contrario se paralizaría completamente su funcionamiento.

 

Miércoles, Marzo 16, 2016 - 00:39
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Desde que se posesionó como gobernador de Santander, Didier Tavera se dio a la tarea de exponer la administración de Richard Aguilar.

Si bien, la mayoría de las denuncias no son nuevas y en gran parte habían sido dadas a conocer por medios de comunicación el cuatrienio pasado, la voz de Tavera hizo mella y logró que la Fiscalía se empezara a mover en tiempo récord y desde Bogotá.

La Silla conoció documentos de dos visitas que fueron realizadas en febrero por la Fiscalía Décima Delegada ante el Tribunal de Bogotá a la Gobernación de Santander para obtener copias de todos los documentos relacionados con los contratos que las empresas del grupo Valderrama firmaron y ejecutaron en la administración de Richard Aguilar.

En la solicitud que hizo la Fiscalía, se le pidió a la Gobernación que relacionara los contratos de la Constructora Valderrama, VG Constructores, Valco Constructores y Iron Equipment Rental, firmas de propiedad de Mario, Ricardo y Fernando Valderra Cordero, contratistas que fueron superpoderosos en la administración de Aguilar, y quienes entre 2012 y 2014 se quedaron con la ejecución de cerca de $400 mil millones (la mitad del presupuesto de un año en Bucaramanga).

Si bien no es irregular que esas firmas hayan ejecutado ese cifra, lo que hizo visibles a los hermanos Valderrama en Santander fue que la mayoría de las licitaciones en las que compitieron se las ganaron en medio de denuncias sobre favorecimientos de la Gobernación a sus propuestas. En el último año también han sonado por cuenta de denuncias hechas, además de la Gobernación, por el diputado Édgar Suárez, sobre irregularidades en la ejecución de los contratos que tienen a su cargo.

De la vía San Gil – Charalá – Límites ($185 mil millones), el Tercer Carril de la autopista ($138 mil millones con adiciones) y el banco de maquinaria ($56 mil millones), fueron los documentos suscritos en la administración de Aguilar que la Fiscalía se llevó.

En medio de la ola de cuestionamientos, los Valderrama se han mantenido en que se han ganado los millonarios recursos que ejecutan en franca lid y que no han existido irregularidades en su inversión.

La contratación de los Valderrama, no fue la única información que solicitó la Fiscalía. La Silla conoció que ese ente de control también pidió documentos relacionados con el Contrato Plan, sus soportes y una relación del dinero que se ha comprometido en el marco de ese acuerdo con la Nación.

Aunque esa visita de la Fiscalía solo hace parte de una indagación preliminar, que determinará si existe la posibilidad de que se haya cometido un delito y sus posibles responsables o si se archivan las denuncias contra los Valderrama  y la administración de Aguilar, sí muestra que entes de control empezaron a moverse y desde Bogotá.

Falta ver hasta dónde llega el impulso de las investigaciones y si el efecto de las denuncias de Tavera (que tuvieron más alcance en la Fiscalía que las de los medios de comunicación) es de largo aliento o si se queda a mitad de camino.

Martes, Marzo 15, 2016 - 12:53
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El decreto que sacó hoy el presidente Juan Manuel Santos creando una convocatoria pública para armar la terna para Fiscal es un saludo a la bandera que, además, le cae como anillo al dedo para cambiar el tema en los días en los que se va a incumplir el plazo que él mismo puso para firmar un Acuerdo Final en La Habana.

El decreto retoma lo que ya había hecho Santos en la terna para la Corte Constitucional a mediados del año pasado: creó un proceso para definir los ternados que incluye una convocatoria para que cualquier persona se postule, se dio a si mismo la posibilidad de sumarle a los postulados sus propios candidatos y obligó a publicar todas las hojas de vida para que haya críticas y comentarios de la ciudadanía.

En el caso de la Corte, de todo ese proceso terminó con una terna con un candidato muy cercano a Santos, el hoy magistrado Alejandro Linares.

En esta ocasión el Gobierno estableció plazos más cortos, lo que hace que el proceso justo coincida con el 23 de marzo, cuando se vence el plazo que le había dado Santos a los negociadores para tener un acuerdo definitivo en La Habana que él mismo ha aplazado.

Después de publicado el decreto el Gobierno debe sacar un aviso en la prensa con la convocatoria, lo que seguramente saldrá mañana. Y de ahí se cuentan siete días calendario para que presenten las hojas de vida, lo que ocurriría justo el 23 de marzo.

A partir de ese momento Santos tiene dos días calendario para armar la lista definitiva de candidatos, agregando los nombres que él quiera, lo que hace de la convocatoria un saludo a la bandera. Encima, esos dos días serían justo los festivos de jueves y viernes santos, por lo que ese cambio seguramente pasará de agache.

A continuación esa lista debe ser publicada "inmediatamente" por la Secretaría Jurídica de Palacio. Como eso sería el sábado de Semana Santa, el Gobierno pondrá en la agenda de los medios los nombres de los candidatos a la Fiscalía justo para el regreso de las vacaciones, lo que le puede quitar espacio a las noticias de la no firma el 23.

Después de esa publicación eso Santos tendrá otro par de semanas para mandarle a la Corte la terna definitiva, por lo que hacia mediados de abril empezará al campaña en serio.

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