Uno de los grandes retos del nuevo Registrador, Juan Carlos Galindo, es algo aparentemente tan sencillo como aplicar la ley. Pero se trata de una norma que no se ha podido implementar a pesar de que debía llevar 6 años funcionando.

Se trata de la obligación de que en Colombia haya voto electrónico, que según la norma actual debería haberse aplicado desde las elecciones a Congreso del año pasado.

El Registrador saliente Carlos Ariel Sánchez ha dicho que no se puede cambiar el voto manual por el electrónico de un golpe, que hay países (como Paraguay) que han tenido que desmontarlo, y que, si hoy no hay voto electrónico, no es porque no quiera sino porque no ha habido plata para implementarlo. Además, ha difundido las posiciones de quienes ven en ese voto un riesgo para el sufragio, como en el caso venezolano.

La historia del voto electrónico en Colombia es vieja, pues ya en 2004 una ley le dio al Gobierno un plazo de 5 años para ejecutarlo. Sánchez fue elegido en 2007 y no logró tenerlo listo para las elecciones de 2010, a pesar de que en las elecciones de partidos de 2009 empezaron las pruebas piloto.

Por eso en 2011, el mismo año en que Sánchez fue reelegido, la ley de reforma política creó una Comisión Asesora para el voto electrónico y dio un nuevo plazo, el incumplido en 2014.

Aunque en las consultas internas de los partidos de 2013 hubo pruebas pilotos en 33 puestos de votación, y la Comisión se reunió en más de 20 ocasiones, no estuvo listo para las elecciones de 2014. Y este año el tema ni siquiera fue debatido, lo que ayudó a los enemigos de la automatización, como los que ha señalado el registrador delegado en lo electoral, Alonso Portela.

Todo eso a pesar de que el voto electrónico puede ayudar a reducir varias de las formas de fraude electoral (como la suplantación de votantes, la compra de jurados o la manipulación de las actas de escrutinio) o errores como el que ocurrió en los formularios electorales en Bogotá, cuando los jurados llenaron mal las casillas de los partidos que no tenían voto preferente.

Como las próximas elecciones son en 2018, Galindo tendrá más de dos años para definir si la Registraduría sigue incumpliendo la ley.