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Domingo Septiembre 24, 2023

Uno de los grandes retos del nuevo Registrador, Juan Carlos Galindoes algo aparentemente tan sencillo como aplicar la ley. Pero se trata de una norma que no se ha podido implementar a pesar de que debía llevar 6 años funcionando.

Se trata de la obligación de que en Colombia haya voto electrónico, que según la norma actual debería haberse aplicado desde las elecciones a Congreso del año pasado.

El Registrador saliente Carlos Ariel Sánchez ha dicho que no se puede cambiar el voto manual por el electrónico de un golpe, que hay países (como Paraguay) que han tenido que desmontarlo, y que, si hoy no hay voto electrónico, no es porque no quiera sino porque no ha habido plata para implementarlo. Además, ha difundido las posiciones de quienes ven en ese voto un riesgo para el sufragio, como en el caso venezolano.

La historia del voto electrónico en Colombia es vieja, pues ya en 2004 una ley le dio al Gobierno un plazo de 5 años para ejecutarlo. Sánchez fue elegido en 2007 y no logró tenerlo listo para las elecciones de 2010, a pesar de que en las elecciones de partidos de 2009 empezaron las pruebas piloto.

Por eso en 2011, el mismo año en que Sánchez fue reelegido, la ley de reforma política creó una Comisión Asesora para el voto electrónico y dio un nuevo plazo, el incumplido en 2014.

Aunque en las consultas internas de los partidos de 2013 hubo pruebas pilotos en 33 puestos de votación, y la Comisión se reunió en más de 20 ocasiones, no estuvo listo para las elecciones de 2014. Y este año el tema ni siquiera fue debatido, lo que ayudó a los enemigos de la automatización, como los que ha señalado el registrador delegado en lo electoral, Alonso Portela.

Todo eso a pesar de que el voto electrónico puede ayudar a reducir varias de las formas de fraude electoral (como la suplantación de votantes, la compra de jurados o la manipulación de las actas de escrutinio) o errores como el que ocurrió en los formularios electorales en Bogotá, cuando los jurados llenaron mal las casillas de los partidos que no tenían voto preferente.

Como las próximas elecciones son en 2018, Galindo tendrá más de dos años para definir si la Registraduría sigue incumpliendo la ley.

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Juan Carlos Galindo Vacha

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Jueves, Abril 2, 2009 - 19:34
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El miedo generalizado a las chuzadas de teléfonos parece estar haciendo mella en muchos altos funcionarios del Gobierno y de la Rama Judicial, quienes ahora prefieren mandar todo por correo electrónico o mensaje de texto a los Blackberry. Así, por estos medios, ya llegan los regaños, las felicitaciones o las mandadas a callar, como sucedió el pasado lunes 23 de marzo en Washington D.C., en plena sede de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Ese día se programaron todas las audiencias temáticas referentes a Colombia pero dos personajes nunca intervinieron en la audiencia temática sobre el “Estado de Derecho e independencia del Poder Judicial en Colombia”: el magistrado auxiliar de la Corte Suprema de Justicia, Iván Velásquez, y la magistrada de esta misma corporación, María del Rosario González, la vegetariana que ahora no anda muy amiga del Ministro de Interior y de Justicia, Fabio Valencia Cossio, por aquello del refrito de la sedición con las Farc.
Los dos magistrados estaban allí para hablar de las presiones que viene recibiendo la Corte, entre las que hay amenazas, las populares chuzadas del DAS y varias declaraciones ponzoñosas hacia el investigador de la ¨parapolítica", el magistrado Velásquez.
Curiosamente, al mismo tiempo, los dos funcionarios de la rama judicial recibieron vía e-mail y SMS la orden de callarse y de no denunciar nada.
En el video de la audiencia no aparecen ni Velásquez ni González, lo que dejó al embajador ante la OEA, Camilo Ospina, en la cómoda posición de decir: “Anotamos que en esta (audiencia), como en la de la libertad de expresión, no hay magistrados ni está la Rama Judicial dando el debate. (…) Por lo tanto es un debate de las organizaciones no gubernamentales que tienen todo su derecho”. Como quien dice “si no están las Cortes denunciando nada, significa que no existen tales presiones a la Rama Judicial”.
Los magistrados fueron enviados a Estados Unidos por la misma Corte, quien pagó sus viáticos y cuya intención era que hablaran en la CIDH sobre las medidas cautelares que dicho organismo dictó a su favor el 22 de diciembre del año pasado y sobre el “Estado de Derecho e independencia del Poder Judicial en Colombia”, precisamente el tema del que nunca hablaron.
¿Quién mandó los mensajes? Pues habrá sido alguien superior en rango a ellos o alguna persona que fue influenciada para que les dijera que era mejor callar que denunciar.

Jueves, Abril 2, 2009 - 17:40
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A las 7 de la noche Álvaro Uribe se reúne en Palacio de Nariño con Germán Varón, Presidente de la Cámara de Representantes y el más fiel escudero de Germán Vargas. Aunque la agenda de la reunión se desconoce, es claro que el Presidente tendría muchas razones para traer a su lado a Varón. Varón es quien nombrará a los representantes que conciliarán el texto del referendo en caso de que el Senado lo apruebe para el 2010, en cambio del 2014. Si Varón elige a enemigos de la reelección, la conciliación podría serle desfavorable a las intenciones reeleccionistas del Presidente. Por eso, las galletas de esta noche tienen que ser muy ricas.

Jueves, Abril 2, 2009 - 15:46
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Quienes han evaluado lo que pasó el fin de semana en el Congreso del Partido de la U han hecho notar tres ausencias en dicho evento. Una esperada, la de la senadora Marta Lucía Ramírez, quien días antes había renunciado al Partido; una probable, la del representante conservador, Telésforo Pedraza, quien se opone a la reelección, y una que no se esperaban, la del representante Eduardo Crissien, quien hacía parte de la Dirección Alterna. Sobre estos dos últimos se especula que toman distancia para irse para otros partidos. Crissien podría ser cabeza de lista a la Cámara por el Atlántico en una alianza con el presidente del Directorio Nacional, Efraín Cepeda. El temor en la U es que estos sean los primeros síntomas de desbandada, que solo podría ser frenada si la reforma política mantiene la prohibición de cambiarse de partido.

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