LA SILLA VACIA

Una acción de tutela interpuesta por la concejal de Cambio Radical Ana María Muelle es el capítulo más reciente de la novela en la que se ha convertido el aval a la Alcaldía de esa colectividad en Santa Marta, en la que se enfrentan dos fuerzas del mismo partido: la del gobernador Luis Miguel 'el Mello' Cotes y la del exsenador Miguel Pinedo, condenado por parapolítica.

Muelle es respaldada por Pinedo y lidera las encuestas. Ella tuteló ayer jueves ante un juzgado administrativo de esa ciudad a la Dirección Nacional de Cambio Radical, solicitando el amparo del derecho fundamental de petición y de los derechos políticos a elegir y ser elegida.

Con ese mecanismo, le explicó Muelle a La Silla, busca una respuesta a la solicitud de aval que presentó el 4 de febrero pasado y del que sigue sin obtener respuesta. Para esa misma fecha, asegura la concejal en la tutela, la exalcaldesa de Albania Oneida Pinto también solicitó ser avalada por Cambio para la Gobernación de La Guajira. Tres meses después, Oneida obtuvo el aval.

La aspirante argumenta en la tutela que sus garantías han sido vulneradas porque, en entrevista con W Radio, el director de esa colectividad Rodrigo Lara aseguró el 23 de junio pasado que “Cambio Radical tuvo que retirar un candidato a la Alcaldía (de Santa Marta) para darle lugar a un candidato del partido de La U”. Según Muelle, eso es prueba de que su candidatura fue retirada unilateralmente sin haber sido notificada antes.

Las declaraciones de Lara se dieron dos meses después de Muelle haber recibido una comunicación firmada por el secretario general de Cambio Radical, Antonio Álvarez Lleras. En ella se le aseguraba que no existía alianza alguna entre su partido y La U para la Alcaldía de Santa Marta.

Aunque a Muelle las encuestas le dan el primer lugar en intención de voto, dos senadores y un representante de Cambio Radical le dijeron fuera de micrófonos a La Silla que lo más seguro es que la concejal no sea avalada.

La razón es que si Muelle recibe el aval entorpece los acercamientos entre el Mello y el sector del representante Eduardo Diaz-Granados del partido de La U.

La idea de ese acuerdo es que Díaz-Granados apoye a la tía del Mello Rosa Cotes en su candidatura a la Gobernación del Magdalena y el ‘Mello’ al candidato de La U a la Alcaldía. El más opcionado a llevarse el aval de La U es el médico y exalcalde de Barranquilla Humberto Caiafa, quien se lo disputa con el exdiputado Adolfo ‘Chofo’ Gómez y con el diputado Humberto Díaz.

Con esta acción de tutela Miguel Pinedo, en cabeza de Muelle, pone en aprietos al Gobernador luego de que el segundo ganara el aval a la Gobernación para Rosa y Pinedo se quedara sin posibilidades de postular a su hijo, José Luis Pinedo, a ese mismo cargo. 

Perfiles relacionados: 
Rosa Cotes Vives
Luis Miguel Cotes Habeych
Germán Vargas Lleras
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Sáb, 2015-06-27 22:11
Tiene todas las de perder. La respuesta que le dará el dr. Lara, será tan simplona como él mismo. La concejal debe entender, y con toda seguridad que lo ha comprendido ya, que las alianzas se discuten y se acuerdan por encima de los intereses de líderes locales y sin su consentimiento. Por eso creo que dió un paso en falso pues es fácil de adivinar que la candidata frustrada proseguirá en sus aspiraciones, pero estará por fuera del partido o ella deberá abandonarlo.
Sáb, 2015-06-27 08:02
Todos conocemos a la señora Cotes , la mujer más querida del Magdalena, la apoyan por su buen trabajo y por el compromiso que ella tiene por nuestro departamento. Las mujeres también tienen derecho a ser gobernadoras !!
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Otros confidenciales recientes

Lunes, Febrero 22, 2016 - 11:52
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Aunque el Concejo de Bogotá decidió montarse en la ola del posconflicto con una comisión de paz y posconflicto, su presidente Roberto Hinestrosa decidió dejar por fuera al principal partido de izquierda, a la bancada del partido que se opone al proceso de paz y al único concejal que ha estado en un grupo armado.

Lo más curioso es que lo hizo a pesar de que la idea de armar la comisión no fue de él sino de un grupo de concejales de casi todas las bancadas, incluyendo a Celio Nieves, del Polo; y a Antonio Sanguino, de la Alianza Verde y desmovilizado de la Corriente de Renovación Socialista.

En una carta ese grupo le pidió armar la comisión con representantes de las 12 bancadas que tiene el Concejo, para que la Comisión no tuviera un tinte partidista

SOLICITUD COMISIÓN by lasillavacia

Al final, Hinestrosa designó una comisión con solo 5 concejales, cuyas bancadas solo suman 21 de los 45 concejales, y dejó por fuera al Polo y a la Alianza Verde. La bancada del Centro Democrático tampoco quedó representada pero, según supo La Silla, porque no quisieron.

Eso produjo una molestia más con Hinestrosa, en el concejo: ya ha sido criticado por la demora en sacar las resoluciones que regulan la elección de Personero y Contralor, por el contenido de éstas (algunos concejales han dicho que debía haber incluido mayores exigencias a los aspirantes y otros se quejaron por haber incluido requisitos aparentemente superfluos, lo que llevó a Hinestrosa a echarse para atrás en ese punto) y por haber unificado tres proyectos de acuerdo.

Lunes, Febrero 22, 2016 - 11:46
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El exalcalde de Cimitarra Hermán Rodríguez Guerrero, quien el pasado 12 de febrero llegó a la dirección de la regional oriente de la Superintendencia de Servicios Públicos  (Santander, Norte de Santander y Arauca), tiene cuentas pendientes con la justicia.

Desde hace cuatro meses, la Fiscalía está tratando de imputarlo por el presunto delito de peculado.

Aunque para mañana estaba citada la nueva audiencia para iniciar el proceso en su contra formalmente, La Silla conoció que el nuevo funcionario pidió el aplazamiento argumentando que tenía otras prioridades en Bucaramanga.

La investigación surge por el pago de unas bonificaciones que hizo a sus escoltas cuando era Alcalde en 2011, pese a que ellos eran policías y tenían un sueldo propio.  

Al respecto, Rodríguez Guerrero aseguró: "La Gobernación de Santander también venía pagando una bonificación a los escoltas desde 2011 hasta el año pasado".

Esta es la segunda vez que la Fiscalía llama al nuevo superintendente para imputarlo. La primera citación la hizo ese ente de control cuando Rodríguez Guerrero, quien es cercano al senador rojo Jaime Durán Barrera, se encontraba en plena campaña para llegar por cuarta vez a la alcaldía de Cimitarra con el aval del Partido Liberal. Esa audiencia no se realizó porque el abogado del entonces candidato estaba fuera del país.

 

Sábado, Febrero 20, 2016 - 17:46
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Aunque la administración del exalcalde de Bucaramanga Lucho Bohórquez, dejó como uno de sus legados la legalización de 32 barrios en la ciudad, lo cierto es que esa política terminó más en una jugada electoral, que en una que realmente impactará a cientos de familias de la ciudad.

De los 32 asentamientos que Lucho legalizó durante su administración, 20 de los cuales coincidieron con el arranque de las campañas electorales en julio de 2015, solo uno, Rincón de la Paz, tiene contratadas las obras de mitigación del riesgo.

Si bien, los procesos de legalización que adelantó Bohórquez sirvieron para que esos barrios se reconocieran como parte de Bucaramanga y para que entre otras cosas, pudieran tener acceso a servicios públicos y a inversión estatal, lo cierto es que ese es solo uno de los primeros pasos que se deben dar para impactar a las familias que habitan en zonas de riesgo.

Para que ese primer paso se pudiera cumplir se tenían que determinar los niveles de riesgo de las áreas en dónde estaban esos barrios, por lo que la Alcaldía de Lucho en 2014 contrató dos consultorías: una por $1600 millones para la zona norte y otra por $1390 millones para la zona sur.

El resultado en la zona sur de la ciudad, por ejemplo, fue que de los 13 asentamientos revisados, todos tenían áreas en alto riesgo e incluso algunos como Villas del Nogal o Brisas de Provenza estaban totalmente en riesgo. Los mismos estudios determinaron que para no reubicarlos, el riesgo se podía reducir a través de obras de mitigación.

Sin embargo, hasta hoy esa reducción de amenazas está en el papel porque las obras, que van desde pantallas y muros de contención, hasta gaviones, suman $103 mil millones y la Alcaldía no tiene plata para hacerlas.

El otro problema está en que aún cuando Rodolfo Hernández logre hacer todas las obras de mitigación para frenar el riesgo en el que se encuentran esos 32 nuevos barrios de la ciudad, también deberá garantizar la reubicación de las viviendas a las cuales ni las obras libran de las amenazas por derrumbes.

Precisamente los mismos estudios determinaron, en el caso de la zona sur, que el 30 por ciento de las casi 70 hectáreas que componen esos 13 barrios, con obras o sin ellas siguen estando en alto riesgo. No obstante, ese 30 por ciento entró en la legalización.

Según Mauricio Mejía, el entonces secretario de Planeación de la Alcaldía, se hizo la salvedad e incluso se socializó con las comunidades, que las viviendas que quedaron en ‘zona roja’ debían reubicarse.

La Silla conoció que en el Concejo se están preparando para un debate de control político porque quieren conocer al detalle los estudios que se hicieron para adelantar las legalizaciones y mirar su fidelidad. También quieren saber cómo va a hacer la Alcaldía para terminar con la política a medias que dejó Lucho en su administración.

 

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