LA SILLA VACIA

En cabeza del exsenador cordobés condenado por parapolítica Juan José ‘Juancho’ López Cabrales, los liberales se volvieron a ganar el viernes pasado la rectoría de la Universidad de Córdoba al ser elegido como rector el doctor en Filosofía Jairo Miguel Torres Oviedo. Lo lograron con el respaldo de los gobiernos nacional y departamental y tras una accidentada sesión del Consejo Superior, que se desarrolló durante casi ocho horas y en tres sitios distintos de Montería.

Torres les ganó a otros 12 candidatos porque obtuvo seis de los nueve votos: además de los delegados por el presidente Juan Manuel Santos, la ministra de Educación Gina Parody y el gobernador Alejandro Lyons, votaron por él los consejeros del sector productivo, egresados y exrectores.

Los otros tres miembros del Consejo Superior (representantes de profesores, estudiantes y directivas académicas) se salieron minutos antes de la votación porque ya se había filtrado la noticia de que su candidato, el profesor Everaldo Montes, no obtendría la mayoría.

El nuevo rector es egresado del programa de Ciencias Sociales de la Universidad de Córdoba y hasta hace unos meses se desempeñó como representante de los egresados en el Consejo Superior. Él será el responsable, desde el primero de enero y hasta diciembre de 2018, de ejecutar un presupuesto anual que supera los 200 mil millones de pesos.

Y lo hará teniendo detrás al grupo político de Juancho López, esposo de la senadora liberal Arleth Casado. Ellos han manejado históricamente la Universidad de Córdoba y la perdieron en el 2000, cuando los paramilitares se la tomaron. La recuperaron hace tres años con la elección como rectora de Alba Durango Villadiego, cuyo periodo finalizó el mes pasado.

Sin embargo, Durango tomó distancia de ese grupo político durante su administración y terminó más cercana al magistrado Jorge Pretelt. Y en estas elecciones apoyó al candidato Everaldo Montes, quien infructuosamente buscó el respaldo de Juancho López y del gobernador Lyons. Una fuente que conoce la elección desde adentro, le explicó a La Silla que hasta la medianoche del jueves Everaldo insistió, pero ambos ya estaban decididos por Torres.

Especialmente la decisión del cacique liberal generó expectativas porque su carta inicial fue el profesor Rafael Cogollo Pitalúa, pero éste no pasó la evaluación de las hojas de vida y desde noviembre se quedó por fuera de la competencia.

Aunque López y Lyons (quien fue elegido por La U, pero luego se pasó al vargasllerismo) no son aliados políticos, terminaron apoyando al mismo candidato porque, como lo contó La Caribe, a Lyons le interesa que los diputados liberales de López voten por su carta a la Contraloría Departamental en enero próximo, mientras que los rojos necesitaban el voto del mandatario para asegurarse la mayoría y poner nuevamente a un rector de su cuerda.

Con Lyons y López en la misma orilla, los poderosos senadores cordobeses Bernardo Elías y Musa Besaile terminan traicionados porque quedan por fuera de esa alianza, pese a que ya tenían acuerdos vigentes tanto con el Gobernador como con el cacique liberal como parte de los pactos hechos para estas regionales.

La elección del rector fue accidentada porque un grupo de estudiantes se hizo presente a las afueras del restaurante la Bonga del Sinú, donde inicialmente comenzó el Consejo Superior a las 9 a.m. Pacíficamente manifestaban que los consejeros debían respetar la decisión de la consulta de los estamentos universitarios que se celebró el viernes 11 de diciembre y en la que Everaldo Montes resultó ganador con 2.299 votos, mientras que Torres quedó de segundo con 1.268 sufragios.

Pero, como en el resto de universidades públicas del país, las consultas no son vinculantes y son solo un termómetro de la aceptación de la que gozan los candidatos entre estudiantes, docentes y trabajadores universitarios. Por lo que al rector lo escoge la mayoría de votos del Consejo Superior.

Los consejeros tuvieron que moverse al Club Campestre para seguir la sesión, pero allí tampoco tuvieron garantías porque apareció otra protesta estudiantil. Solo pasadas las dos de la tarde llegaron a un hotel, en donde custodiados por la Policía, retomaron la reunión y votaron para escoger al nuevo rector.

Otros confidenciales recientes

Lunes, Febrero 22, 2016 - 23:10
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Aunque el alcalde de Bucaramanga, Rodolfo Hernández, en campaña se había declarado en oposición a la valorización, la decisión de un juez de la ciudad que tumbó esa contribución en su administración lo obligó a cambiarse de bando.

Hernández le confirmó a La Silla que la decisión, que en términos prácticos lo que hace es echar para atrás el cobro de la contribución con la que se recaudaron $190 mil millones que están invertidos en obras viales en Bucaramanga, será apelada para salvaguardar los intereses de la ciudad.

“Ya no es el criterio mío lo que debe pesar, yo no estaba de acuerdo con la valorización porque estaban despilfarrando toda esa plata y entregándola en licitaciones de único oferente. Esa plata ya se la gastaron y si no apelara, pues prácticamente hay que cerrar al Municipio. Yo soy el representante legal de la ciudad y tengo que pensar en el beneficio de todos los ciudadanos”, aseguró Hernández.

La posición de Hernández, que según abogados consultados por La Silla, es la que debe defender el Alcalde, porque de lo contrario podría ser investigado por actuar en contra de los intereses del Municipio, no ha caído bien en los opositores a la valorización, quienes empezaron a cuestionar la nuevaposición del Alcalde.

Este medio, conoció el texto completo de la decisión, que en líneas generales lo que hizo fue validar todos los argumentos de la Procuraduría relacionados con las fallas de forma y de fondo que existieron en el proceso previo a la entrega de los recibos para el recaudo de esa contribución.

Por una parte, el Juez le dio la razón al Ministerio Público en cuanto a que la Alcaldía en 2011 omitió hacer dos publicaciones en diarios de amplia circulación de las convocatorias para la conformación de la Junta de Propietarios y Poseedores, órgano que se encargaría de socializar en diferentes partes de la ciudad los alcances de la valorización.

Por otra, señaló que sí existieron irregularidades en las actas de los escrutinios de las votaciones en las que se eligieron a los integrantes de esa junta, debido a que no existió comisión escrutadora y a que las actas de resultados no están firmadas por todos los delegados.

En este sentido, el Juez declaró la nulidad del documento que le permitió a la Alcaldía de Bucaramanga iniciar el cobro de la valorización en 2013, porque el procedimiento previo a su expedición no se cumplió de acuerdo a la norma.

El Tribunal Administrativo de Santander será el encargado de fallar la segunda instancia. Si la decisión se confirma, la Alcaldía de Bucaramanga tendría que entrar a devolver la plata a los bumangueses y reiniciar el proceso de cobro desde la convocatoria para la Junta de Propietarios. 

Lunes, Febrero 22, 2016 - 22:18
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Santander se metió en la puja por una partida de los $6,48 billones que le dejó a la Nación la controvertida venta de Isagen.

En una carta que fue enviada al Presidente Juan Manuel Santos el pasado viernes, el gobernador de ese departamento, Didier Tavera, solicitó formalmente que $648 mil millones (el 10 por ciento de la transacción) sean destinados a proyectos de inversión en Santander.

La petición se basa en que en la región está la represa de Hidrosogamoso, hidroeléctrica que produce el 60 por ciento de la energía de Isagen, lo que le daría derecho al departamento, según una ley expedida en el 95, de quedarse con la décima parte de los rendimientos que generaron la venta de las acciones.

Según el secretario de Planeación del departamento, Sergio Muñoz, “la ley es clara y señala que para recibir el beneficio la principal actividad de la empresa enajenada deberá estar en su territorio. Santander cumple esas características y por eso estamos reclamando la participación de esos recursos”.

A esa solicitud se sumaron todos los congresistas de Santander, quienes serían los encargados de presionar a Santos para que desembolsara la plata.

No obstante, Santander no es el único que está peleando esa posibilidad. La Gobernación de Antioquia  le hizo esa misma solicitud a Santos el pasado 29 de enero bajo el argumento de que en ese departamento funciona la sede principal de Isagén.

Lo particular es que ninguno de los dos departamentos está consultando la posibilidad de acceder a los recursos, sino que le están reclamando a la Presidencia su participación directa, algo que no estaba dentro de las cuentas de la Nación, que como lo contó La Silla, tiene dadas sus prioridades en la financiación de las vías 4G y en darle un alivio al déficit fiscal de los programas de Santos.

Lunes, Febrero 22, 2016 - 14:48
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La semana pasada hubo un cambio en la cabeza de la secretaría de Productividad de Antioquia que pasó de agache, sin comunicado de prensa y solo con dos breves menciones en medios: Llanedt Martínez, esposa del político condenado por narcotráfico Luis Javier Castaño, salió de su cargo después de que La Silla reveló esa relación y algunos medios la retomaron.

En su reemplazo llegó la abogada eespecializada en derecho administrativo y contratación Liz Margaret Álvarez Calderón, quien fue secretaria de servicios administrativos y gobierno de los municipios de San Jerónimo y Caramanta  hace casi una década y trabajó en la procuraduría Provincial de Puerto Berrío en 2013,

Lo curioso es que, según el diario El Mundo, Álvarez es esposa del representante conservador a la Cámara Horacio Gallón, aliado del llamado Grupo de Itagüí en el conservatismo antioqueño y quien apoyó la campaña del gobernador Luis Pérez.

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