LA SILLA VACIA

En cabeza del exsenador cordobés condenado por parapolítica Juan José ‘Juancho’ López Cabrales, los liberales se volvieron a ganar el viernes pasado la rectoría de la Universidad de Córdoba al ser elegido como rector el doctor en Filosofía Jairo Miguel Torres Oviedo. Lo lograron con el respaldo de los gobiernos nacional y departamental y tras una accidentada sesión del Consejo Superior, que se desarrolló durante casi ocho horas y en tres sitios distintos de Montería.

Torres les ganó a otros 12 candidatos porque obtuvo seis de los nueve votos: además de los delegados por el presidente Juan Manuel Santos, la ministra de Educación Gina Parody y el gobernador Alejandro Lyons, votaron por él los consejeros del sector productivo, egresados y exrectores.

Los otros tres miembros del Consejo Superior (representantes de profesores, estudiantes y directivas académicas) se salieron minutos antes de la votación porque ya se había filtrado la noticia de que su candidato, el profesor Everaldo Montes, no obtendría la mayoría.

El nuevo rector es egresado del programa de Ciencias Sociales de la Universidad de Córdoba y hasta hace unos meses se desempeñó como representante de los egresados en el Consejo Superior. Él será el responsable, desde el primero de enero y hasta diciembre de 2018, de ejecutar un presupuesto anual que supera los 200 mil millones de pesos.

Y lo hará teniendo detrás al grupo político de Juancho López, esposo de la senadora liberal Arleth Casado. Ellos han manejado históricamente la Universidad de Córdoba y la perdieron en el 2000, cuando los paramilitares se la tomaron. La recuperaron hace tres años con la elección como rectora de Alba Durango Villadiego, cuyo periodo finalizó el mes pasado.

Sin embargo, Durango tomó distancia de ese grupo político durante su administración y terminó más cercana al magistrado Jorge Pretelt. Y en estas elecciones apoyó al candidato Everaldo Montes, quien infructuosamente buscó el respaldo de Juancho López y del gobernador Lyons. Una fuente que conoce la elección desde adentro, le explicó a La Silla que hasta la medianoche del jueves Everaldo insistió, pero ambos ya estaban decididos por Torres.

Especialmente la decisión del cacique liberal generó expectativas porque su carta inicial fue el profesor Rafael Cogollo Pitalúa, pero éste no pasó la evaluación de las hojas de vida y desde noviembre se quedó por fuera de la competencia.

Aunque López y Lyons (quien fue elegido por La U, pero luego se pasó al vargasllerismo) no son aliados políticos, terminaron apoyando al mismo candidato porque, como lo contó La Caribe, a Lyons le interesa que los diputados liberales de López voten por su carta a la Contraloría Departamental en enero próximo, mientras que los rojos necesitaban el voto del mandatario para asegurarse la mayoría y poner nuevamente a un rector de su cuerda.

Con Lyons y López en la misma orilla, los poderosos senadores cordobeses Bernardo Elías y Musa Besaile terminan traicionados porque quedan por fuera de esa alianza, pese a que ya tenían acuerdos vigentes tanto con el Gobernador como con el cacique liberal como parte de los pactos hechos para estas regionales.

La elección del rector fue accidentada porque un grupo de estudiantes se hizo presente a las afueras del restaurante la Bonga del Sinú, donde inicialmente comenzó el Consejo Superior a las 9 a.m. Pacíficamente manifestaban que los consejeros debían respetar la decisión de la consulta de los estamentos universitarios que se celebró el viernes 11 de diciembre y en la que Everaldo Montes resultó ganador con 2.299 votos, mientras que Torres quedó de segundo con 1.268 sufragios.

Pero, como en el resto de universidades públicas del país, las consultas no son vinculantes y son solo un termómetro de la aceptación de la que gozan los candidatos entre estudiantes, docentes y trabajadores universitarios. Por lo que al rector lo escoge la mayoría de votos del Consejo Superior.

Los consejeros tuvieron que moverse al Club Campestre para seguir la sesión, pero allí tampoco tuvieron garantías porque apareció otra protesta estudiantil. Solo pasadas las dos de la tarde llegaron a un hotel, en donde custodiados por la Policía, retomaron la reunión y votaron para escoger al nuevo rector.

Otros confidenciales recientes

Jueves, Marzo 3, 2016 - 03:09
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Cuando estaba a punto de iniciar la campaña local, Richard Aguilar y Hugo Aguilar sabían que iban a ir por caminos diferentes. Esta fofo fue tomada en junio de 2015 en la celebración del día del padre de la familia Aguilar. 

El Presidente Juan Manuel Santos bajó del bus de su gabinete al exgobernador de Santander Richard Aguilar Villa y lo dejó sin el pan y sin el queso.

La Silla conoció que una reunión privada que sostuvieron los directores de los medios de comunicación en Santander con Santos, el mandatario aseguró que el exgobernador no va a ser parte de su Gobierno y que ni siquiera está considerando su hoja de vida.

La afirmación, que le fue confirmada a La Silla por tres de los asistentes al encuentro,  la hizo Santos luego de que lo interrogaran por los rumores que había sobre la posibilidad de que Aguilar llegara a dirigir el Departamento de la Prosperidad Social, DPS.

Pero lo que realmente sorprendió en la reunión fue que Santos también negara que Richard Aguilar hubiera sido cercano a él y a su gobierno, cuando el exgobernador de Santander hasta cambió de preferencias políticas por él.

La Silla contó cómo en plena campaña de reelección de Santos, desde la Gobernación de Santander (dirigida por Richard) les ordenaron a los contratistas llevar al menos diez personas al evento de cierre de la candidatura del entonces presidente-candidato en Bucaramanga.

Esa fue la primera vez que se hizo evidente que Richard Aguilar había saltado a la orilla de Santos y que estaba tomando un camino diferente al de su papá -el parapolítico Hugo Aguilar- quien apoyó a través de su otro hijo, el senador Mauricio Aguilar, la aspiración del uribista Óscar Iván Zuluaga.

De hecho, fue la cercanía de Richard Aguilar a Santos la que terminó desbaratando el fortín político de los Aguilar en 2015. Mientras que el candidato a la gobernación de Santander del grupo de Richard Aguilar fue avalado por La U, el de Hugo Aguilar se lanzó por firmas y luego sumó el apoyo del Centro Democrático.

Eso dividió los votos que habían amasado los Aguilar en los últimos años, y le abrió el camino a Didier Tavera, quien aunque era el enemigo en común, terminó quedándose con el Palacio Amarillo.

La derrota de Richard Aguilar en las urnas, y lo que dijo Santos en esa reunión, además, le dio  la razón a su papá, quien a lo largo de la campaña dijo que a su hijo lo estaban “engatusando” y que no le iban a cumplir.

En la reunión con los directores de los medios Santos también habló del aterrizaje de la paz, la inversión en el departamento y la situación económica del país, el discurso que ha venido dando en todas sus intervenciones públicas.

Miércoles, Marzo 2, 2016 - 14:36
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Este sábado El Tiempo contó que hay un candidato a la presidencia de la Asociación de Oficiales Retirados (Acore) cuya visión de la justicia transicional coincide con la del uribismo mucho más que la del actual presidente de esa asociación, y que de ganar se podría convertir en un dolor de cabeza para el gobierno de Juan Manuel Santos.

Curiosamente, ese candidato estuvo a punto de quedarse sin ascender a general por dos decisiones del entonces presidente Álvaro Uribe Vélez, y en cambio ascendió sin problemas durante el primer mandato de Santos.

El candidato es el general Gustavo Rincón Rivera, quien hace tres semanas presentó su aspiración para reemplazar al general Jaime Ruiz Barrera en Acore. Ruiz busca su segunda reelección y ha dicho que la justicia transicional que acordó el gobierno Santos con las Farc en La Habana puede ser una salida a la difícil situación jurídica de decenas de militares investigados por los falsos positivos y otros delitos.

Rincón Rivera, que ha empezado a posicionar su candidatura diciendo que esa justicia transicional "es para bandidos" y que es rechazada por la mayoría de militares, mantuvo una larga lucha jurídica para avanzar en su carrera en la que se enfrentó más de una vez contra el gobierno Uribe.

Siendo coronel, destapó un escándalo de contratación en el Fondo Rotatorio del Ejército a mediados de los años 90 y a pesar de eso, unos años después, el gobierno de Andrés Pastrana decidió no llamarlo al curso de ascenso a general, y lo retiró del Ejército.

Ante eso, Rincón demandó para que fuera reintegrado y llamado al curso de general, y en 2002 el Consejo de Estado le dio la razón. Uribe, en ese entonces ya Presidente, sí lo reintegró  - pero no lo incluyó en el decreto de ascenso.

Antes esa decisión, el hoy general presentó otra tutela en la que la Corte Constitucional le dio la razón en 2004.

Sin embargo, ese mismo año el gobierno Uribe, encabezado por el entonces ministro de Defensa Jorge Alberto Uribe, lo retiró de nuevo del Ejército, esta vez porque había llegado a la edad límite para ser coronel activo. Rincón demandó esa nueva decisión exigiendo que lo reintegraran de nuevo y lo ascendieran a general.

En 2008 el Consejo de Estado le dio la razón. En consecuencia, el gobierno Uribe lo reintegró por segunda vez en 2009. Luego, la junta asesora de ascensos (en la que hay generales pero que maneja el Gobierno) lo incluyó en el decreto diciendo explícitamente que lo hacía cumpliendo esa sentencia.

En el Congreso, los opositores a Uribe lo defendieron y aprovecharon para criticar las decisiones de no ascenderlo de ese Gobierno: así lo hizo el hoy alcalde de Ibagué y en ese entonces senador del Polo, Guillermo Alfonso Jaramillo, y los senadores liberales Cecilia López y Juan Manuel Galán.

Ese calvario para ascender desapareció en el gobierno Santos, cuando fue designado jefe de control interno de la Inspección General del Ejército y secretario general del Estado Mayor. Además, Santos lo ascendió a Mayor General:

Ahora, de ganarle a Ruiz las elecciones internas de Acore la próxima semana, Rincón pasaría a convertirse en un crítico visible de la principal apuesta política de Santos, el presidente que lo ascendió, y a terminar alineado con Uribe, el mandatario que no lo quiso ascender y lo sacó del Ejército.

Miércoles, Marzo 2, 2016 - 06:03
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Con la sentencia de la Corte Constitucional que prohibió la minería en los páramos, el Comité por la Defensa del Agua y el Páramo de Santurbán se rearma para la pelea jurídica.

El colectivo de abogados Luis Carlos Pérez, que pertenece al Comité y ya tiene una tutela en revisión ante la Corte Constitucional por la delimitación de Santurbán, está preparando dos nuevas acciones para presionar la aplicación de la sentencia ante el Ministerio de Ambiente.

Específicamente, lo que el colectivo buscará es que se revoquen dos artículos de la resolución que delimitó Santurbán y que con la sentencia se quedarían sin piso jurídico.

Se tratan del que le da vigencia a los títulos mineros otorgados antes de 2009 para que sigan en el páramo hasta que caduque su concesión (hasta 30 años), y del que contempla la posibilidad de hacer minería en algunas zonas de restauración del páramo en Vetas, California y Suratá.

Este último artículo es especialmente delicado debido a que una vez se aplique implicará la extinción de los mineros artesanales en esos municipios, quienes como lo contó La Silla han extraído oro por cientos de años y no tienen otra manera de sostenerse.

Precisamente, se teme que su aplicación desencadene un problema social en la zona, debido a que toda la minería pasaría a ser ilegal y ya no tendría el control al que está siendo sometida por autoridades ambientales del país.

Frente a esta situación, el colectivo ha manifestado su preocupación frente al acompañamiento que el Estado va a dar a las comunidades de Santurbán, teniendo en cuenta que si bien quieren que se priorice la defensa del agua, también esperan que el gobierno garantice los derechos de los pequeños mineros.

Ahora bien, si el Ministerio no admite la solicitud de revocatoria de los artículos, el equipo del colectivo también piensa presionar con derechos de petición (mecanismo que caduca en 15 días) para que se aplique la sentencia en Santurbán, específicamente, sobre el acto administrativo que le dio vida a la delimitación.  

Mientras eso sucede, en el lado de los municipios (especialmente en Vetas, que tiene su casco urbano dentro del Páramo y prácticamente desaparecería con la aplicación de la sentencia) se están preparando acciones propias para pedirle al Estado que proteja los derechos de sus habitantes.

El colectivo ha manifestado una preocupación frente al tratamiento y acompañamiento que debe realizar de manera inmediata a las comunidades del páramo. Porque no se puede pensar que los que están viviendo allí de la actividad minera, son la gran amenaza al ecosistema.

Nota de la editora: luego de la publicación de este artículo el colectivo Luis Carlos Pérez se comunicó con La Silla para aclarar que su posición no va en contra de la minería artesanal. La versión fue incluída en el texto a las 2:00 pm del mismo día. 

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