LA SILLA VACIA

En cabeza del exsenador cordobés condenado por parapolítica Juan José ‘Juancho’ López Cabrales, los liberales se volvieron a ganar el viernes pasado la rectoría de la Universidad de Córdoba al ser elegido como rector el doctor en Filosofía Jairo Miguel Torres Oviedo. Lo lograron con el respaldo de los gobiernos nacional y departamental y tras una accidentada sesión del Consejo Superior, que se desarrolló durante casi ocho horas y en tres sitios distintos de Montería.

Torres les ganó a otros 12 candidatos porque obtuvo seis de los nueve votos: además de los delegados por el presidente Juan Manuel Santos, la ministra de Educación Gina Parody y el gobernador Alejandro Lyons, votaron por él los consejeros del sector productivo, egresados y exrectores.

Los otros tres miembros del Consejo Superior (representantes de profesores, estudiantes y directivas académicas) se salieron minutos antes de la votación porque ya se había filtrado la noticia de que su candidato, el profesor Everaldo Montes, no obtendría la mayoría.

El nuevo rector es egresado del programa de Ciencias Sociales de la Universidad de Córdoba y hasta hace unos meses se desempeñó como representante de los egresados en el Consejo Superior. Él será el responsable, desde el primero de enero y hasta diciembre de 2018, de ejecutar un presupuesto anual que supera los 200 mil millones de pesos.

Y lo hará teniendo detrás al grupo político de Juancho López, esposo de la senadora liberal Arleth Casado. Ellos han manejado históricamente la Universidad de Córdoba y la perdieron en el 2000, cuando los paramilitares se la tomaron. La recuperaron hace tres años con la elección como rectora de Alba Durango Villadiego, cuyo periodo finalizó el mes pasado.

Sin embargo, Durango tomó distancia de ese grupo político durante su administración y terminó más cercana al magistrado Jorge Pretelt. Y en estas elecciones apoyó al candidato Everaldo Montes, quien infructuosamente buscó el respaldo de Juancho López y del gobernador Lyons. Una fuente que conoce la elección desde adentro, le explicó a La Silla que hasta la medianoche del jueves Everaldo insistió, pero ambos ya estaban decididos por Torres.

Especialmente la decisión del cacique liberal generó expectativas porque su carta inicial fue el profesor Rafael Cogollo Pitalúa, pero éste no pasó la evaluación de las hojas de vida y desde noviembre se quedó por fuera de la competencia.

Aunque López y Lyons (quien fue elegido por La U, pero luego se pasó al vargasllerismo) no son aliados políticos, terminaron apoyando al mismo candidato porque, como lo contó La Caribe, a Lyons le interesa que los diputados liberales de López voten por su carta a la Contraloría Departamental en enero próximo, mientras que los rojos necesitaban el voto del mandatario para asegurarse la mayoría y poner nuevamente a un rector de su cuerda.

Con Lyons y López en la misma orilla, los poderosos senadores cordobeses Bernardo Elías y Musa Besaile terminan traicionados porque quedan por fuera de esa alianza, pese a que ya tenían acuerdos vigentes tanto con el Gobernador como con el cacique liberal como parte de los pactos hechos para estas regionales.

La elección del rector fue accidentada porque un grupo de estudiantes se hizo presente a las afueras del restaurante la Bonga del Sinú, donde inicialmente comenzó el Consejo Superior a las 9 a.m. Pacíficamente manifestaban que los consejeros debían respetar la decisión de la consulta de los estamentos universitarios que se celebró el viernes 11 de diciembre y en la que Everaldo Montes resultó ganador con 2.299 votos, mientras que Torres quedó de segundo con 1.268 sufragios.

Pero, como en el resto de universidades públicas del país, las consultas no son vinculantes y son solo un termómetro de la aceptación de la que gozan los candidatos entre estudiantes, docentes y trabajadores universitarios. Por lo que al rector lo escoge la mayoría de votos del Consejo Superior.

Los consejeros tuvieron que moverse al Club Campestre para seguir la sesión, pero allí tampoco tuvieron garantías porque apareció otra protesta estudiantil. Solo pasadas las dos de la tarde llegaron a un hotel, en donde custodiados por la Policía, retomaron la reunión y votaron para escoger al nuevo rector.

Otros confidenciales recientes

Jueves, Marzo 17, 2016 - 21:43
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Los $150 mil millones en cuentas por pagar que heredó la administración de Lucho Bohórquez en la Alcaldía de Bucaramanga, tienen a Rodolfo Hernández literalmente poniéndole la totuma hasta a los contratistas para recaudar dinero.

Una particular estrategia que consiste en solicitarles a los contratistas con cuentas por cobrar en el Municipio que donen un porcentaje de los recursos que van a recibir, tiene descontentos a muchos de los que prestaron sus servicios a la pasada administración y que están esperando desde hace varios meses su pago.

Si bien la estrategia ya le ha generado réditos a Hernández, y en el municipio se han contabilizado varios cientos de millones de pesos en donaciones, entre esos los entregados por Valco (firma de los hermanos Valderrama Cordero que donó $470 millones) y por Vanguardia Liberal, que donó el 20% de cuentas que le adeudaban, también ha generado controversia y empresarios están denunciando que la petición de Hernández es  más una camisa de fuerza que una solicitud.

En una rueda de prensa que dio ayer en la Cámara de Comercio de Bucaramanga, el Alcalde aseguró, que lo que les está diciendo a los contratistas " es que colaboren con la ciudad" y negó que los estuviera presionando para hacerlo porque era una donación; sin embargo, a renglón seguido dijo: “para que (los contratistas) reciban el cheque toca que traigan la donación”. 

Esas declaraciones calentaron aún más los ánimos de quienes llevan todo el año esperando su pago, y de hecho en gremios como el de los periodistas (al que Lucho Bohórquez le quedó debiendo una buena partida por concepto de pauta y producción audiovisual y radial), han empezado a proponer que reclamaciones colectivas a la nueva administración para que les pague lo que les corresponde y no se "burle de su trabajo".

Hasta esta semana, la Alcaldía había recaudado $130 mil millones en impuestos. De esa suma $30 mil millones ya se han ido a pagar las cuentas de los contratistas con los que adquirió compromisos Lucho Bohórquez sin tener el respaldo financiero, y los $100 mil millones restantes están siendo administrados para generar flujo de caja en la Alcaldía, porque de lo contrario se paralizaría completamente su funcionamiento.

 

Miércoles, Marzo 16, 2016 - 00:39
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Desde que se posesionó como gobernador de Santander, Didier Tavera se dio a la tarea de exponer la administración de Richard Aguilar.

Si bien, la mayoría de las denuncias no son nuevas y en gran parte habían sido dadas a conocer por medios de comunicación el cuatrienio pasado, la voz de Tavera hizo mella y logró que la Fiscalía se empezara a mover en tiempo récord y desde Bogotá.

La Silla conoció documentos de dos visitas que fueron realizadas en febrero por la Fiscalía Décima Delegada ante el Tribunal de Bogotá a la Gobernación de Santander para obtener copias de todos los documentos relacionados con los contratos que las empresas del grupo Valderrama firmaron y ejecutaron en la administración de Richard Aguilar.

En la solicitud que hizo la Fiscalía, se le pidió a la Gobernación que relacionara los contratos de la Constructora Valderrama, VG Constructores, Valco Constructores y Iron Equipment Rental, firmas de propiedad de Mario, Ricardo y Fernando Valderra Cordero, contratistas que fueron superpoderosos en la administración de Aguilar, y quienes entre 2012 y 2014 se quedaron con la ejecución de cerca de $400 mil millones (la mitad del presupuesto de un año en Bucaramanga).

Si bien no es irregular que esas firmas hayan ejecutado ese cifra, lo que hizo visibles a los hermanos Valderrama en Santander fue que la mayoría de las licitaciones en las que compitieron se las ganaron en medio de denuncias sobre favorecimientos de la Gobernación a sus propuestas. En el último año también han sonado por cuenta de denuncias hechas, además de la Gobernación, por el diputado Édgar Suárez, sobre irregularidades en la ejecución de los contratos que tienen a su cargo.

De la vía San Gil – Charalá – Límites ($185 mil millones), el Tercer Carril de la autopista ($138 mil millones con adiciones) y el banco de maquinaria ($56 mil millones), fueron los documentos suscritos en la administración de Aguilar que la Fiscalía se llevó.

En medio de la ola de cuestionamientos, los Valderrama se han mantenido en que se han ganado los millonarios recursos que ejecutan en franca lid y que no han existido irregularidades en su inversión.

La contratación de los Valderrama, no fue la única información que solicitó la Fiscalía. La Silla conoció que ese ente de control también pidió documentos relacionados con el Contrato Plan, sus soportes y una relación del dinero que se ha comprometido en el marco de ese acuerdo con la Nación.

Aunque esa visita de la Fiscalía solo hace parte de una indagación preliminar, que determinará si existe la posibilidad de que se haya cometido un delito y sus posibles responsables o si se archivan las denuncias contra los Valderrama  y la administración de Aguilar, sí muestra que entes de control empezaron a moverse y desde Bogotá.

Falta ver hasta dónde llega el impulso de las investigaciones y si el efecto de las denuncias de Tavera (que tuvieron más alcance en la Fiscalía que las de los medios de comunicación) es de largo aliento o si se queda a mitad de camino.

Martes, Marzo 15, 2016 - 12:53
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El decreto que sacó hoy el presidente Juan Manuel Santos creando una convocatoria pública para armar la terna para Fiscal es un saludo a la bandera que, además, le cae como anillo al dedo para cambiar el tema en los días en los que se va a incumplir el plazo que él mismo puso para firmar un Acuerdo Final en La Habana.

El decreto retoma lo que ya había hecho Santos en la terna para la Corte Constitucional a mediados del año pasado: creó un proceso para definir los ternados que incluye una convocatoria para que cualquier persona se postule, se dio a si mismo la posibilidad de sumarle a los postulados sus propios candidatos y obligó a publicar todas las hojas de vida para que haya críticas y comentarios de la ciudadanía.

En el caso de la Corte, de todo ese proceso terminó con una terna con un candidato muy cercano a Santos, el hoy magistrado Alejandro Linares.

En esta ocasión el Gobierno estableció plazos más cortos, lo que hace que el proceso justo coincida con el 23 de marzo, cuando se vence el plazo que le había dado Santos a los negociadores para tener un acuerdo definitivo en La Habana que él mismo ha aplazado.

Después de publicado el decreto el Gobierno debe sacar un aviso en la prensa con la convocatoria, lo que seguramente saldrá mañana. Y de ahí se cuentan siete días calendario para que presenten las hojas de vida, lo que ocurriría justo el 23 de marzo.

A partir de ese momento Santos tiene dos días calendario para armar la lista definitiva de candidatos, agregando los nombres que él quiera, lo que hace de la convocatoria un saludo a la bandera. Encima, esos dos días serían justo los festivos de jueves y viernes santos, por lo que ese cambio seguramente pasará de agache.

A continuación esa lista debe ser publicada "inmediatamente" por la Secretaría Jurídica de Palacio. Como eso sería el sábado de Semana Santa, el Gobierno pondrá en la agenda de los medios los nombres de los candidatos a la Fiscalía justo para el regreso de las vacaciones, lo que le puede quitar espacio a las noticias de la no firma el 23.

Después de esa publicación eso Santos tendrá otro par de semanas para mandarle a la Corte la terna definitiva, por lo que hacia mediados de abril empezará al campaña en serio.

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