Un detalle que ha pasado desapercibido del Plan de Desarrollo es que, con él, el Gobierno Santos envía una señal de una reconciliación al pueblo raizal de San Andrés y Providencia, que están aleados de Santos tras el fallo de La Haya que les significó la pérdida de 75.000 kilómetros cuadrados de lo que consideran su territorio ancestral. Y que lo hace con el apoyo no de un congresista sanandresano sino del senador nariñense Antonio Navarro Wolff.
Resulta que en la ponencia para primer debate, el Gobierno y los ponentes incluyeron un artículo que obliga al Congreso a iniciar una carrera contra reloj para aprobar antes del 20 de Junio de 2016 el llamado Estatuto Raizal, un grupo de normas para materialziar los derechos que hace más de dos décadas la Constitución vislumbró para esta minoría.
Eso quedo claro hace un mes, cuando el Ministro del Interior Juan Fernando Cristo fue a San Andrés a socializar el artículo del Plan de Desarrollo: quien presidió la reunión no fue el Ministro, ni Jack Housni, representante liberal por esta región, o Julio Gallardo, el conservador. Ni siquiera un senador del liberalismo, que es el partido más votado en el archipiélago.
Lo hizo Navarro, cuyo partido Alianza Verde prácticamente no existe en el archipiélago.
Ese artículo es apenas el inicio de una candente negociación, pues parte de esta comunidad raizal está pidiendo para su pueblo derechos similares a los que hoy tienen los pueblos indígenas en sus resguardos.
Como lo afirmó a La Silla el pastor Raymond Howard, líder raizal y cabeza del Movimiento AMEN-SD, ese grupo aboga por que el Estatuto reconozca a esta comunidad con una cosmogonía y una cultura única diferente a los afrocolombianos y a los habitantes de las islas no raizales.
Por eso, quieren obtener garantías de autodeterminación política (como gobernantes propios y normas de acuerdo a sus creencias) y que el territorio raizal sea delimitado. El lío es que eso genera conflictos con los intereses de los demás habitantes de las islas, que representan el 70 por ciento de la población, son los propietarios de la mayoría del comercio y los hoteles, y cuyos votos eligen al Gobernador y a los dos representantes a la Cámara.
Es ese choque lo que ha llevado a que ese sector raizal haya empezado a darle juego a un congresista no isleño para sus discusiones con el Gobierno.
Al preguntarle a Navarro sus razones para ser mediador en esta causa, afirmó "porque es justa la aspiración raizal de un tratamiento especial. La tienen los pueblos indígenas, por ejemplo".