Ayer el Consejo de Estado terminó, después de un año, de definir cuáles de sus magistrados están impedidos para votar en la decisión sobre la nulidad de la reelección de Alejandro Ordóñez en la Procuraduría General. Y el saldo pinta mal para el Procurador.
La discusión era si cuatro consejeros podían votar o estaban impedidos para hacerlo por diferentes motivos. Y aunque sus votos no son previsibles, dos de esos votos son de magistrados claramente opuestos al Procurador y otros dos son de magistrados que no son ni de la orilla del Procurador ni de la orilla opuesta. Por eso, que se aceptaran los impedimentos habría sido una buena noticia para Ordóñez.
Al final solo se aceptó uno de esos impedimentos, el de Jaime Orlando Santofimio, un magistrado externadista de clara tendencia liberal y cuyo voto tendía a ser contrario al Procurador.
Pero de los tres que se salvaron solo una (Carmen Teresa Ortiz) es de tendencia conservadora, pero no es cercana a Ordóñez. María Claudia Rojas, que ha sido cercana a él en pasado pero ha venido marcando distancias, en medio una campaña por mejorar la imagen y el buen nombre del Consejo.
El último, Guillermo Sánchez, llegó recientemente al Consejo. Su elección fue una de las muestras de que Ordóñez ha ido perdiendo poder y que el grupo que lo favorece va quedando marginado. Por eso, esta mala noticia es solo una más en una serie que viene desde mediados de año.
