LA SILLA VACIA

Desde la cárcel, en donde permanece investigado por homicidio y relaciones con bandas criminales, el exgobernador Juan Francisco Kiko Gómez sigue siendo un súper poderoso de La Guajira. Y en estas regionales lo ratificó con varios triunfos de amigos y de gente de su grupo político: el kikismo. 

Además de que el mismo grupo que lo llevó al poder hace cuatro años mantendrá la Gobernación en cabeza de Oneida Pinto, el movimiento kikista se quedó con dos alcaldías y una curul en la Asamblea. 

El principal fortín político del kikismo seguirá siendo Barrancas, municipio carbonífero donde Kiko nació. Allí no sólo le celebran su cumpleaños cada 15 de agosto y claman por su libertad sino que escogieron a un primo suyo como mandatario (La mamá de Kiko y el papá del alcalde son hermanos). Se trata de Jorge Cerchiaro Figueroa, avalado por Opción Ciudadana, quien ganó con 8.586 votos frente a los 7.097 que sacó el candidato liberal Juan Soto Gómez.

El apoyo de Kiko a Cerchiaro es tanto, que la esposa del exgobernador, Bibiana Bacci de Gómez, le expresó a este aspirante su apoyo público y lo acompañó en el cierre de su campaña. 

Con el triunfo de Cerchiaro, el grupo de Kiko seguirá al frente de la Alcaldía cuatro años más porque el actual mandatario, el liberal Javid Figueroa Brito, es aliado del exgobernador. De hecho, hace cuatro años hicieron campaña juntos. Figueroa Brito es sobrino del capo capturado en Brasil Marquitos Figueroa, a quien señalan de ser socio de Kiko Gómez.

El kikismo también gana con el nuevo mandatario de Maicao José Carlos Molina, de Cambio Radical y heredero del alcalde Eurípides Pulido, quien hoy tiene detención domiciliaria por irregularidades en la compra de nueve motos. Hace cuatro años, Molina fue el coordinador en Maicao de las campañas Pulido-Kiko localmente.

Como lo ha contado La Caribe, el mandatario Pulido es la cara del kikismo en la capital comercial de La Guajira. Su triunfo hace cuatro años fue considerado por la prensa local como un gran logro de Kiko porque una persona de su movimiento llegaba al poder en Maicao, que es la plaza electoral más grande de ese departamento.

Por los lados de la Asamblea, un viejo amigo de la política y las parrandas de Kiko se alzó con una curul. Se trata del diputado electo Hilber Pinto, avalado por Cambio Radical, quien repite en la duma. Pinto es tan cercano a Kiko que estaba con él en una parranda el día que lo capturaron en su pueblo natal. Una fuente que conoce las movidas internas de la Asamblea se lo describió a La Silla el año pasado como la persona que desde allí “lideraba los hilos” a favor del entonces gobernador.

Además de los triunfos del kikismo, el cuestionado exmandatario también tendrá aliados en las alcaldías de Fonseca, Albania, Uribia, Riohacha y Manaure.

En Fonseca salió electo con 6.725 votos el avalado por Opción Ciudadana Misael Velásquez Granadillo, quien fue secretario de Gobierno de Kiko hasta 2013 y gobernador encargado por él varias veces. Aunque no fue el bendecido directo por el exgobernador para estas elecciones, su proyecto tuvo el respaldo de un sector del kikismo. 

El alcalde electo de Albania Pablo Parra (exesposo de Oneida Pinto) es un viejo aliado de Kiko y le hizo campaña hace cuatro años. Luis el ‘Negrito’ Solano, alcalde electo de Uribia, es hijo de la baronesa prófuga Cielo Redondo, quien hace cuatro años le puso votos a Kiko a la Gobernación, aunque oficialmente estaba con el candidato del grupo contrario. 

Fabio Velásquez, ganador en Riohacha, llega con el apoyo del rector de Uniguajira Carlos Robles. Velásquez no tiene relación alguna con Kiko, pero su poder detrás sí tiene vasos comunicantes con el exmandatario. Robles no solo le dio un honoris causa a Kiko siendo gobernador electo sino que lo ha defendido públicamente, por ejemplo, cuando organizó una marcha clamando su liberación días después de su captura.

Por último, en Manaure el nuevo alcalde es Aldemar ‘el Papi’ Ibarra Mejía, quien llegó respaldado por el grupo de los Ballesteros: el exgobernador Jorge Ballesteros y su hijo, el actual mandatario José María ‘Chemita’ Ballesteros. Padre e hijo lideran la poderosa estructura que llevó a Kiko Gómez hace cuatro años a la Gobernación.

Así es como, tras estas regionales, en la foto del poder en La Guajira seguirá vigente el desprestigiado exgobernador que llegó a ponerles los pelos de punta a los guajiros.

Otros confidenciales recientes

Miércoles, Febrero 10, 2016 - 06:38
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Aunque la mayoría de cargos importantes en Santander ya se habían dividido y entregado a los congresistas y políticos que en campaña se sumaron a la elección del gobernador Didier Tavera, la puja por el poder continúa y en algunos casos ha desatado hasta competencias internas.

El último cargo que entró a jugar bajo esas condiciones fue el de la subcontraloría departamental, que tal y como se lo confirmaron tres fuentes a La Silla, le correspondió al viejo PIN, ahora Opción Ciudadana, el partido del parapolítico Luis Alberto ‘el tuerto’ Gil.

Pese a que esa nominación no suena mucho en los círculos de poder, sí es trascendental. Quien ocupe ese cargo será el encargado de fallar en primera instancia todos los procesos de responsabilidad fiscal que abra la Contraloría, y por ende tendrá el primer filtro y la capacidad de meterle el acelerador (o frenar) la acción de ese ente de control.

Así las cosas, y aunque todo estaba dado para que Julio Villate Jessen, el exdiputado del viejo PIN, fuera nombrado allí para apoyar a Diego Fran Ariza (el socio político de Didier que llegó a vigilarlo), le salió competencia de última hora y en su propio partido.

Se trata del nombre del exmagistrado del Consejo Nacional Electoral, CNE, José Joaquín Plata, quien en los últimos meses ha competido por varios cargos en Santander, entre esos, el de Contralor Departamental y director de la Cdmb.

Las versiones que existen sobre el nombre de quien llegaría a ese cargo son dos. Por una parte, dos fuentes de adentro de Opción Ciudadana le dijeron a La Silla que Plata, era el más opcionado por su hoja de vida y por la experiencia; no obstante, otras dos fuentes de ese mismo partido, aseguran que hay molestia con el nombre del exmagistrado porque no hizo campaña con Tavera ni con su propio partido.

“Plata no está bien parado con el Partido, y aunque su hoja de vida es buena, el hecho de que se hubiera desaparecido en las elecciones no cayó nada bien. Es más, Luis Alberto Gil tuvo que frenarlo cuando se inscribió para contralor de Santander y empezó a decir que era su candidato, porque eso no era así”, le dijo a La Silla una de esas fuentes.

En el lado de Villate las dudas sobre su llegada también son varias. Por un lado está el escándalo que afrontó el año pasado por haber sido nombrado en agosto de 2012 como Secretario de Educación de Santander sin cumplir los requisitos, y por otra hay dudas sobre si apoyó a más de un candidato para las elecciones regionales del 25 de octubre, algo que Villate siempre ha negado.

La Silla logró establecer que lo que sí es un hecho es que la hoja de vida de Villate está en la Gobernación y que está esperando a que lo designen en algún cargo.

La tarea de definir el aterrizaje tanto de Plata como de Villate estará en manos del ‘Tuerto’ Gil, que tal y como se lo dijeron a este medio tres fuentes internas de Opción Ciudadana, es el que está acomodando las fichas del Partido en la administración de Tavera. Sin embargo, la decisión no es de poca monta, porque si hay algo que históricamente ha generado divisiones en el viejo PIN es que los que "suman votos en las campañas o se quedan sin cargos o con los peores puestos en las administraciones".

 

Martes, Febrero 9, 2016 - 13:34
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Luego de su derrota en las pasadas regionales, la expectativa en Sucre era que Yahir Acuña haría oposición intentando armar coaliciones en los concejos y la Asamblea en contra de los mandatarios que lo vencieron en las urnas. Pero en realidad, por ahora el excongresista y sus amigos se han concentrado más en demandar las elecciones de sus contradictores en una ofensiva jurídica por todo el departamento.

Acuña está detrás de una demanda ante el Consejo de Estado en contra de la elección del gobernador Édgar Martínez, por supuestamente haber recibido el aval de Cambio Radical sin el lleno de todos los requisitos. La acción incluye una solicitud de medida cautelar para suspender a Martínez que aún no ha sido resuelta.

Y su aliado Édison Bioscar Ruiz (un abogado que fue socio político del parapolítico Juan Carlos Martínez Sinisterra y luego empezó a jugar para Yahir como secretario general del viejo PIN) fue quien interpuso una demanda ante el Tribunal de Sucre para tumbar al nuevo alcalde de Sincelejo: el liberal Jacobo Quessep. En este caso, el argumento es que el mandatario presuntamente no renunció a tiempo a su cargo de Personero municipal para poder aspirar.

Además, amigos o personas de la cuerda de Acuña tienen demandadas las elecciones de casi todos los alcaldes, las listas a Concejo y diputados del liberalismo en Sucre. En buena parte de los casos la sustentación tiene que ver con el hecho de que el año pasado el Consejo de Estado haya declarado ilegales los estatutos de ese partido. Eso significa que los estatutos vigentes serían los anteriores, en los cuales se exige un año de militancia a los candidatos, asunto que según los yahiristas no se cumplió.

El trasfondo de esta movida, especialmente, en contra de la colectividad roja es que fueron los liberales sucreños Mario Fernández (senador) y Héctor Olimpo Espinosa (secretario general del partido) quienes hicieron parte de la gran coalición que derrotó contundentemente a Yahir Acuña el pasado 25 de octubre.

Como es bien sabido, ese día Yahir se la jugó en las urnas en cuerpo ajeno con su esposa Milene Jarava en el tarjetón a la Gobernación.

Lunes, Febrero 8, 2016 - 23:29
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A casi tres años de que los campesinos del Catatumbo hubieran bloqueado por 53 días dos vías que conectaban a Norte de Santander con el resto del país en uno de los paros agrarios que más eco ha tenido en los últimos años, muchos de los acuerdos a los que llegaron los habitantes de esa zona con el Gobierno no se han ejecutado aún.

Aunque los puntos del acuerdo contemplaban la atención a los campesinos víctimas de erradicación forzosa, la declaratoria de la Zona de Reserva Campesina del Catatumbo y proyectos de inversión social en la región, solo el primero -que fue el que sirvió para apagar el incendio y lograr que se levantara el paro- se ha implementado en su totalidad. 

La Silla revisó cómo va el cumplinómetro del Gobierno con el Catatumbo a una semana de que líderes campesinos y autoridades se sienten frente a frente para rendir cuentas.

La atención a los campesinos

En total, y según cifras del Departamento para la Prosperidad Social -DPS-, la atención de ese punto cobijó a 400 familias del Catatumbo, entre cultivadores ilícitos, recolectores o ‘raspachines’ y campesinos que se resistieron a cultivar coca en sus fincas.

Esa ayuda, cuyo costo ascendió a los $12 mil millones, consistió en incentivos económicos, seguridad alimentaria a través de mercados de emergencia y la implementación de huertas caseras, empleos temporales con salario mínimo y un proyecto productivo para cada campesino.

'Los acuerdos de confianza'

Para lograr un impacto de fondo en el Catatumbo, se pactaron proyectos de inversión social en salud, infraestructura vial, proyectos productivos, alcantarillado y acueductos, que fueron denominados por los mismos campesinos como los ‘acuerdos de confianza’.

De estos puntos, en el único en el que los habitantes del Catatumbo han visto resultados contundentes es en el de los corredores viales. Desde 2014, por ejemplo, en esa región cuentan con un combo de maquinaria para el mantenimiento de 350 kilómetros de vías terciarias, además, ya hay construidas placas huellas en 11 tramos de cinco municipios.

No obstante, el punto más significativo en este acuerdo: el ‘anillo vial para la paz’ (que busca conectar los municipios de Hacarí, San Calixto y el Tarra) aún está en la etapa de diseños y el Invías solo comprometió $15 mil millones para su ejecución, cuando según Juan Carlos Quintero, líder de Ascamcat, una de las organizaciones que lideró el paro, en el Plan de Desarrollo de la Zona de Reserva Campesina del Catatumbo quedó consignado que ese proyecto podría costar $150 mil millones.

Por otra parte, el acuerdo de proyectos productivos para 500 familias del Catatumbo que lidera el Incoder y que tiene un costo de $6 mil millones, si bien ya está adelantado, ha tenido problemas en su ejecución porque las ayudas no les han llegado completas, y según líderes campesinos, los cultivos ya se empezaron a perder.

“A algunas personas les dieron las semillas de cebolla pero no los fertilizantes y ya están empezando a perder lo que se les dió por falta de lo demás”, dijo Olga Quintero, líder de Ascamcat.

Sin embargo, lo que realmente preocupa a la asociación campesina es la inversión en salud, alcantarillado y acueductos, promesas que hasta hoy no han tenido avances significativos.

El mayor avance ha sido, según el DPS, la aprobación en diciembre de 2015 de $12 mil millones en regalías para la remodelación de los hospitales de Tibú y Ocaña.

Sin embargo, sobre el mantenimiento de centros de salud de la región y el transporte medicalizado (dotación de ambulancias, lanchas ambulancia y un helicóptero), según líderes de Ascamcat, nada se ha visto.

En cuanto a los proyectos de alcantarillado o acueducto que beneficiarían a cuatro veredas de los municipios de Hacarí, Convención, San Calixto y Teorama tampoco hay nada resuelto.

Al respecto el DPS dijo que esos proyectos no se han podido adelantar por falta de diligencia de los alcaldes respectivos. Lo mismo manifestó una fuente de la Gobernación de Norte de Santander, quien señaló que las mesas para este proyecto se instalaron terminando 2015, por lo que los cambios en los gobiernos frenaron el ritmo con el que venían trabajando.

La Zona de Reserva

El gran faltante ha estado por cuenta de la declaratoria de una Zona de Reserva Campesina en el Catatumbo, que según los líderes de Ascamcat, no se ha concretado pese a que cumplen con los requisitos para que se delimite.

La Silla habló con el viceministro de Agricultura, Juan Pablo Díaz Granados, quien coordina, desde abril de 2015, la MIA Catatumbo, para conocer en qué va el proceso de la declaratoria de la reserva. Él aseguró que eso le correspondía exclusivamente al Incoder y con esa entidad, que está en liquidación, no pudimos hablar.

Acerca del compromiso de seguridad para la región y los líderes campesinos, más son los faltantes que los logros.  Según Ascamcat, las condiciones no han mejorado, y los campesinos siguen siendo víctimas de amenazas y persecución.

A ese escenario se suma el reciente asesinato de una líder comunal en San Calixto y desapariciones de campesinos.

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