LA SILLA VACIA

Esta semana ocurrió un hecho que volvió a sacar a flote la crisis financiera que desde hace años atraviesa el Hospital Universitario del Caribe, en Cartagena. El diputado de Cambio Radical Manuel Berrio Scaff presentó una queja de 394 páginas ante la Procuraduría Regional de Bolívar por presuntos malos manejos en la contratación. También pidió la suspensión de la gerente Elga Ehrhardt Gutiérrez. Los problemas de infraestructura y el déficit financiero del principal hospital de Bolívar terminaron enfrentando a dos pesos pesados de la política bolivarense: los exsenadores condenados por parapolítica Vicente Blel Saad y William Montes, poderes detrás de Berrio y Ehrhard, respectivamente.

Manuel Berrio Scaff es un debutante en la Asamblea y miembro de una de las casas políticas más poderosas de Bolívar, en cabeza de su tío Vicente Blel. Mientras que Elga Ehrhardt Gutiérrez es una bacterióloga momposina que llegó en julio de 2012 a la gerencia del hospital, después de ganar un concurso de méritos. Aunque en la Cartagena política no es un secreto que tiene el respaldo del parapolítico William Montes.

El enfrentamiento entre Berrio y Ehrhard comenzó en enero pasado, cuando el diputado ingresó al Portal Único de Contratación para revisar los contratos de 2016 del hospital, pero solo encontró tres. Vía derecho de petición, le solicitó a la gerente copia de todos los contratos que hasta entonces, primera semana de febrero, hubiese firmado. El diputado recibió 44 contratos.

Tras revisarlos uno por uno, Berrio Scaff acusa a la gerente de haber fraccionado la contratación para evadir la convocatoria pública y adjudicar a dedo. El diputado asegura que solo, en enero, la gerente firmó 20 mil millones de pesos en contratos. Y que a todos les encontró irregularidades.

El diputado dice haber encontrado que tres proponentes de uno de esos contratos expidieron el mismo día y a la misma hora sus certificados de Cámara de Comercio. Lo que a su juicio prueba la estrategia de un mismo grupo de personas para mostrarse como tres firmas distintas. Berrio también denunció que varias de las pólizas fueron expedidas semanas después de la firma de los contratos, cuando por ley deben haber sido adquiridas antes de la firma.

Ante esas inconsistencias, Berrio citó a la gerente a un debate de control político el pasado 18 de febrero. Ese día, durante casi seis horas,  Ehrhard les explicó a los diputados el estado financiero del hospital y las condiciones en que esa institución terminó el 2015. Diez de los 14 diputados aprobaron el informe, uno no asistió y tres, incluido Berrio Scaff, se mostraron insatisfechos.

Tras ese debate y de terminar de documentar las inconsistencias que dice haber encontrado, el diputado Berrio Scaff redactó un extenso documento que le presentó este martes a la Procuraduría Regional de Bolívar.  Como contó La Caribe, esa entidad está en manos de Raúl Guerrero, un reconocido abogado y profesor universitario de Cartagena que es cercano al grupo de los Blel, dada su amistad con el concejal Vicente Blel Scaff, primo del diputado Berrio.

Aunque en la Cartagena política aplauden que el hospital vuelva a estar en la agenda política, no han faltado los que ven detrás de esas denuncias de Berrio intereses de su grupo político para presionar al gobernador de Bolívar Dumek Turbay por burocracia en su gabinete. Esto porque el hospital depende de la administración departamental y los Blel apoyaron a Turbay en las regionales pasadas, pero todavía no tienen participación en el equipo del mandatario liberal. Interpretaciones que el diputado Berrio le negó tajantemente a La Silla.

Las críticas a la gerente justo se dan en momentos en que el hospital suma pasivos cercanos a los 100 mil millones de pesos y por cuyas débiles finanzas el gobernador Turbay convocó, la semana pasada, a una reunión de emergencia, que contó con la presencia del ministro de Salud Alejandro Gaviria. Allí se despejó el fantasma del cierre y se prometieron acciones para sacar a la institución de la crisis.

Mientras las soluciones de fondo llegan y se conocen las consecuencias de lo denunciado por el diputado Berrio, los estudiantes de medicina de la Universidad de Cartagena iniciaron este lunes una asamblea permanente para exigirles a los gobiernos departamental y nacional mejores condiciones de infraestructura para el buen desarrollo de sus prácticas profesionales. Hoy, por ejemplo, no pudieron operar a varios de los pacientes porque en el hospital se agotaron las batas con las que las personas deben ingresar al quirófano, para no violar los protocolos de seguridad médica.

Otros confidenciales recientes

Lunes, Febrero 22, 2016 - 11:46
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El exalcalde de Cimitarra Hermán Rodríguez Guerrero, quien el pasado 12 de febrero llegó a la dirección de la regional oriente de la Superintendencia de Servicios Públicos  (Santander, Norte de Santander y Arauca), tiene cuentas pendientes con la justicia.

Desde hace cuatro meses, la Fiscalía está tratando de imputarlo por el presunto delito de peculado.

Aunque para mañana estaba citada la nueva audiencia para iniciar el proceso en su contra formalmente, La Silla conoció que el nuevo funcionario pidió el aplazamiento argumentando que tenía otras prioridades en Bucaramanga.

La investigación surge por el pago de unas bonificaciones que hizo a sus escoltas cuando era Alcalde en 2011, pese a que ellos eran policías y tenían un sueldo propio.  

Al respecto, Rodríguez Guerrero aseguró: "La Gobernación de Santander también venía pagando una bonificación a los escoltas desde 2011 hasta el año pasado".

Esta es la segunda vez que la Fiscalía llama al nuevo superintendente para imputarlo. La primera citación la hizo ese ente de control cuando Rodríguez Guerrero, quien es cercano al senador rojo Jaime Durán Barrera, se encontraba en plena campaña para llegar por cuarta vez a la alcaldía de Cimitarra con el aval del Partido Liberal. Esa audiencia no se realizó porque el abogado del entonces candidato estaba fuera del país.

 

Sábado, Febrero 20, 2016 - 17:46
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Aunque la administración del exalcalde de Bucaramanga Lucho Bohórquez, dejó como uno de sus legados la legalización de 32 barrios en la ciudad, lo cierto es que esa política terminó más en una jugada electoral, que en una que realmente impactará a cientos de familias de la ciudad.

De los 32 asentamientos que Lucho legalizó durante su administración, 20 de los cuales coincidieron con el arranque de las campañas electorales en julio de 2015, solo uno, Rincón de la Paz, tiene contratadas las obras de mitigación del riesgo.

Si bien, los procesos de legalización que adelantó Bohórquez sirvieron para que esos barrios se reconocieran como parte de Bucaramanga y para que entre otras cosas, pudieran tener acceso a servicios públicos y a inversión estatal, lo cierto es que ese es solo uno de los primeros pasos que se deben dar para impactar a las familias que habitan en zonas de riesgo.

Para que ese primer paso se pudiera cumplir se tenían que determinar los niveles de riesgo de las áreas en dónde estaban esos barrios, por lo que la Alcaldía de Lucho en 2014 contrató dos consultorías: una por $1600 millones para la zona norte y otra por $1390 millones para la zona sur.

El resultado en la zona sur de la ciudad, por ejemplo, fue que de los 13 asentamientos revisados, todos tenían áreas en alto riesgo e incluso algunos como Villas del Nogal o Brisas de Provenza estaban totalmente en riesgo. Los mismos estudios determinaron que para no reubicarlos, el riesgo se podía reducir a través de obras de mitigación.

Sin embargo, hasta hoy esa reducción de amenazas está en el papel porque las obras, que van desde pantallas y muros de contención, hasta gaviones, suman $103 mil millones y la Alcaldía no tiene plata para hacerlas.

El otro problema está en que aún cuando Rodolfo Hernández logre hacer todas las obras de mitigación para frenar el riesgo en el que se encuentran esos 32 nuevos barrios de la ciudad, también deberá garantizar la reubicación de las viviendas a las cuales ni las obras libran de las amenazas por derrumbes.

Precisamente los mismos estudios determinaron, en el caso de la zona sur, que el 30 por ciento de las casi 70 hectáreas que componen esos 13 barrios, con obras o sin ellas siguen estando en alto riesgo. No obstante, ese 30 por ciento entró en la legalización.

Según Mauricio Mejía, el entonces secretario de Planeación de la Alcaldía, se hizo la salvedad e incluso se socializó con las comunidades, que las viviendas que quedaron en ‘zona roja’ debían reubicarse.

La Silla conoció que en el Concejo se están preparando para un debate de control político porque quieren conocer al detalle los estudios que se hicieron para adelantar las legalizaciones y mirar su fidelidad. También quieren saber cómo va a hacer la Alcaldía para terminar con la política a medias que dejó Lucho en su administración.

 

Viernes, Febrero 19, 2016 - 12:29
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Aunque el Gobierno Nacional ha dicho que no tenía ni idea de que los jefes de las Farc harían proselitismo armado entre los ciudadanos, cada vez es más evidente que tuvieron a la mano varios indicios y no hicieron nada.

Ayer 18 de febrero, día de la sorpresiva jornada en la que cuatro comandantes de la guerrilla llegaron a Conejo (La Guajira) para hablar de paz rodeados de más de 300 hombres uniformados y armados, el local Diario del Norte publicó una amplia noticia titulada: ‘Evento por la paz reunirá delegaciones del Gobierno y las Farc en el corregimiento Conejo’.

El texto cita a uno de los organizadores del evento, quien detalla que la idea del mismo es que la población pueda interactuar con voceros del Gobierno y las Farc. Y, específicamente, el periódico informa que estará presente el guajiro alias Joaquín Gómez

Aunque a Conejo nunca llegaron voceros del Gobierno, como anunciaba la noticia, y la reunión en realidad fue sólo de las Farc, es curioso que la historia así sea con esa imprecisión no hubiese llamado la atención de nadie en el Gobierno.

El Diario de Norte es uno de los principales periódicos guajiros y, aunque no circula a nivel nacional, sí lo hace en Riohacha y por estos días el departamento está lleno de medios nacionales y de altos funcionarios gubernamentales que van y vienen a cada rato, atentos al doloroso drama de los wayuu. Por no ir lejos, para hoy viernes está anunciada la visita del presidente Juan Manuel Santos y del ministro de Vivienda Luis Felipe Henao, entre otros.  

A eso hay que sumarle la versión del alcalde de Fonseca (municipio del que es corregimiento Conejo), Misael Velásquez, quien asegura que cuando empezaron los rumores del evento en la plaza central del poblado dio aviso en el Ministerio del Interior y en las comandancias de la Policía de La Guajira y del batallón mecanizado Rondón del Ejército.

En el Diario del Norte se enteraron de la inusual jornada vía los rumores que estaban encendidos hace varios días en Fonseca, en donde vive gente cercana al jefe de las Farc Joaquín Gómez.

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