Menú principal

Martes Diciembre 07, 2021

El martes, cuando la Sala Plena del Consejo de Estado asumió el estudio de las demandas contra la reelección de Alejandro Ordóñez como Procurador, la presidenta de ese tribunal se declaró impedida porque su hijo trabaja en la Procuraduría.

Ese acto de transparencia de María Claudia Rojas seguramente no será el único. O por lo menos hay argumentos similares a los de ella para que otros magistrados se declaren impedidos - o para que se sumen más recusaciones a las que ya planteó la Procuraduría contra los magistrados Alberto Yepes Barreiro y Lucy Jeannette Bermúdez.

En nuestra investigación sobre las fichas que tenía Ordóñez para su reelección hace un año y medio, encontramos otros casos de consejeros de Estado que tenían familiares nombrados en la Procuraduría.

Olga Lucía García González, Procuradora Quinta Judicial II para la Restitución (un cargo muy jugoso porque tiene la misma remuneración que un magistrado de Tribunal, unos 20 millones de pesos) fue nombrada en ese cargo por Ordóñez. Es la hermana de María Elizabeth García, magistrada de la Sección Tercera, y quien ha sido cercana a Ordóñez. La consejera ya se ha declarado impedida por esa relación en el pasado.

Carmen Helena Gómez Segura, asesora del despacho del Procurador, es la hija del magistrado Gustavo Gómez Aranguren y también fue nombrada por Ordóñez. Gómez, aunque de origen conservador, ha ido tomando distancia del Procurador y fue el ponente de la decisión que tumbó la destitución de Alonso Salazar, el ex alcalde de Medellín inhabilitado por Ordóñez.

Juliana Valencia Andrade, quien es o fue procuradora judicial I en lo administrativo, es sobrina del consejero Hernán Andrade Rincón, uno de los aliados de Ordóñez en el Consejo de Estado. Valencia fue nombrada por Ordóñez en ese cargo.

Además de esos tres casos claros, hay otros que pueden llegar a la mesa.

Por ejemplo, el hijo del magistrado Hugo Fernando Bastidas, Felipe Bastidas, fue nombrado por Ordóñez en la Procuraduría Delegada para lo Administrativo, pero renunció hace casi tres años.

Otro caso es el de Andrés Ramírez Páez, hijo de la magistrada Bertha Lucía Ramírez de Páez, trabaja como asesora de la Procuraduría Delegada para el Medio Ambiente. Pero está en el cargo desde antes de la llegada de Ordóñez.

Y el tercer caso es el único que no jugaría contra Ordóñez, sino a su favor: se ha dicho que el magistrado Danilo Rojas podría ser recusado porque fue fundador de Dejusticia y una de las demandas a estudiar está firmada por Rodrigo Uprimny, director de esa entidad (y bloguero de La Silla), y por Paula Rangel, investigadora de Dejusticia.

Los otros casos podrían ser un doble golpe para Ordóñez porque no solo pueden quitarle votos de aliados sino que, además, demuestran que uno de los cargos contra su reelección (las cuotas de los magistrados de las Altas Cortes que participaron en su nominación) es tan cierta que éstos terminan impedidos o recusados.

Y eso, con una Sala Plena que no pinta muy a su favor, puede resultar en que Ordóñez pierda la pelea para mantenerse en el cargo.

¿Tiene algo que decirle a Ordóñez? Aproveche sus 15 segundos y hágalo aquí. 

Actualización: El lunes 21 de julio, cuatro días después de publicado este confidencial, Dejusticia recusó a seis magistrados. Este es su escrito

Recusación magistrados sala plena .pdf by Juan Lewin

Comentarios - Cada usuario tiene la posibilidad de incluir solo tres comentarios
Sáb, 2014-07-19 01:54
El que la debe la paga.
Vie, 2014-07-18 09:33
Por muy torcido que sea y por mucha rosca que tenga y que por la mala suerte para los colombianos usted se quede, el daño que le ha causado a ese de control no tiene calificativo razonable. Señor Ordoñez, le haría un gran favor a la patria si renunciara y se alejara del país por lo menos por unos años, pueda que Panamá lo reciba y con Hurtado haría una buena pareja, o buscar el paradero de restrepito o uribito y con ellos formar un buen combo pero fuera de Colombia.
Añadir nuevo comentario

Otros confidenciales recientes

Jueves, Marzo 3, 2016 - 03:09
0
21361
Cuando estaba a punto de iniciar la campaña local, Richard Aguilar y Hugo Aguilar sabían que iban a ir por caminos diferentes. Esta fofo fue tomada en junio de 2015 en la celebración del día del padre de la familia Aguilar. 

El Presidente Juan Manuel Santos bajó del bus de su gabinete al exgobernador de Santander Richard Aguilar Villa y lo dejó sin el pan y sin el queso.

La Silla conoció que una reunión privada que sostuvieron los directores de los medios de comunicación en Santander con Santos, el mandatario aseguró que el exgobernador no va a ser parte de su Gobierno y que ni siquiera está considerando su hoja de vida.

La afirmación, que le fue confirmada a La Silla por tres de los asistentes al encuentro,  la hizo Santos luego de que lo interrogaran por los rumores que había sobre la posibilidad de que Aguilar llegara a dirigir el Departamento de la Prosperidad Social, DPS.

Pero lo que realmente sorprendió en la reunión fue que Santos también negara que Richard Aguilar hubiera sido cercano a él y a su gobierno, cuando el exgobernador de Santander hasta cambió de preferencias políticas por él.

La Silla contó cómo en plena campaña de reelección de Santos, desde la Gobernación de Santander (dirigida por Richard) les ordenaron a los contratistas llevar al menos diez personas al evento de cierre de la candidatura del entonces presidente-candidato en Bucaramanga.

Esa fue la primera vez que se hizo evidente que Richard Aguilar había saltado a la orilla de Santos y que estaba tomando un camino diferente al de su papá -el parapolítico Hugo Aguilar- quien apoyó a través de su otro hijo, el senador Mauricio Aguilar, la aspiración del uribista Óscar Iván Zuluaga.

De hecho, fue la cercanía de Richard Aguilar a Santos la que terminó desbaratando el fortín político de los Aguilar en 2015. Mientras que el candidato a la gobernación de Santander del grupo de Richard Aguilar fue avalado por La U, el de Hugo Aguilar se lanzó por firmas y luego sumó el apoyo del Centro Democrático.

Eso dividió los votos que habían amasado los Aguilar en los últimos años, y le abrió el camino a Didier Tavera, quien aunque era el enemigo en común, terminó quedándose con el Palacio Amarillo.

La derrota de Richard Aguilar en las urnas, y lo que dijo Santos en esa reunión, además, le dio  la razón a su papá, quien a lo largo de la campaña dijo que a su hijo lo estaban “engatusando” y que no le iban a cumplir.

En la reunión con los directores de los medios Santos también habló del aterrizaje de la paz, la inversión en el departamento y la situación económica del país, el discurso que ha venido dando en todas sus intervenciones públicas.

Miércoles, Marzo 2, 2016 - 14:36
5
11051

Este sábado El Tiempo contó que hay un candidato a la presidencia de la Asociación de Oficiales Retirados (Acore) cuya visión de la justicia transicional coincide con la del uribismo mucho más que la del actual presidente de esa asociación, y que de ganar se podría convertir en un dolor de cabeza para el gobierno de Juan Manuel Santos.

Curiosamente, ese candidato estuvo a punto de quedarse sin ascender a general por dos decisiones del entonces presidente Álvaro Uribe Vélez, y en cambio ascendió sin problemas durante el primer mandato de Santos.

El candidato es el general Gustavo Rincón Rivera, quien hace tres semanas presentó su aspiración para reemplazar al general Jaime Ruiz Barrera en Acore. Ruiz busca su segunda reelección y ha dicho que la justicia transicional que acordó el gobierno Santos con las Farc en La Habana puede ser una salida a la difícil situación jurídica de decenas de militares investigados por los falsos positivos y otros delitos.

Rincón Rivera, que ha empezado a posicionar su candidatura diciendo que esa justicia transicional "es para bandidos" y que es rechazada por la mayoría de militares, mantuvo una larga lucha jurídica para avanzar en su carrera en la que se enfrentó más de una vez contra el gobierno Uribe.

Siendo coronel, destapó un escándalo de contratación en el Fondo Rotatorio del Ejército a mediados de los años 90 y a pesar de eso, unos años después, el gobierno de Andrés Pastrana decidió no llamarlo al curso de ascenso a general, y lo retiró del Ejército.

Ante eso, Rincón demandó para que fuera reintegrado y llamado al curso de general, y en 2002 el Consejo de Estado le dio la razón. Uribe, en ese entonces ya Presidente, sí lo reintegró  - pero no lo incluyó en el decreto de ascenso.

Antes esa decisión, el hoy general presentó otra tutela en la que la Corte Constitucional le dio la razón en 2004.

Sin embargo, ese mismo año el gobierno Uribe, encabezado por el entonces ministro de Defensa Jorge Alberto Uribe, lo retiró de nuevo del Ejército, esta vez porque había llegado a la edad límite para ser coronel activo. Rincón demandó esa nueva decisión exigiendo que lo reintegraran de nuevo y lo ascendieran a general.

En 2008 el Consejo de Estado le dio la razón. En consecuencia, el gobierno Uribe lo reintegró por segunda vez en 2009. Luego, la junta asesora de ascensos (en la que hay generales pero que maneja el Gobierno) lo incluyó en el decreto diciendo explícitamente que lo hacía cumpliendo esa sentencia.

En el Congreso, los opositores a Uribe lo defendieron y aprovecharon para criticar las decisiones de no ascenderlo de ese Gobierno: así lo hizo el hoy alcalde de Ibagué y en ese entonces senador del Polo, Guillermo Alfonso Jaramillo, y los senadores liberales Cecilia López y Juan Manuel Galán.

Ese calvario para ascender desapareció en el gobierno Santos, cuando fue designado jefe de control interno de la Inspección General del Ejército y secretario general del Estado Mayor. Además, Santos lo ascendió a Mayor General:

Ahora, de ganarle a Ruiz las elecciones internas de Acore la próxima semana, Rincón pasaría a convertirse en un crítico visible de la principal apuesta política de Santos, el presidente que lo ascendió, y a terminar alineado con Uribe, el mandatario que no lo quiso ascender y lo sacó del Ejército.

Miércoles, Marzo 2, 2016 - 06:03
0
3096

Con la sentencia de la Corte Constitucional que prohibió la minería en los páramos, el Comité por la Defensa del Agua y el Páramo de Santurbán se rearma para la pelea jurídica.

El colectivo de abogados Luis Carlos Pérez, que pertenece al Comité y ya tiene una tutela en revisión ante la Corte Constitucional por la delimitación de Santurbán, está preparando dos nuevas acciones para presionar la aplicación de la sentencia ante el Ministerio de Ambiente.

Específicamente, lo que el colectivo buscará es que se revoquen dos artículos de la resolución que delimitó Santurbán y que con la sentencia se quedarían sin piso jurídico.

Se tratan del que le da vigencia a los títulos mineros otorgados antes de 2009 para que sigan en el páramo hasta que caduque su concesión (hasta 30 años), y del que contempla la posibilidad de hacer minería en algunas zonas de restauración del páramo en Vetas, California y Suratá.

Este último artículo es especialmente delicado debido a que una vez se aplique implicará la extinción de los mineros artesanales en esos municipios, quienes como lo contó La Silla han extraído oro por cientos de años y no tienen otra manera de sostenerse.

Precisamente, se teme que su aplicación desencadene un problema social en la zona, debido a que toda la minería pasaría a ser ilegal y ya no tendría el control al que está siendo sometida por autoridades ambientales del país.

Frente a esta situación, el colectivo ha manifestado su preocupación frente al acompañamiento que el Estado va a dar a las comunidades de Santurbán, teniendo en cuenta que si bien quieren que se priorice la defensa del agua, también esperan que el gobierno garantice los derechos de los pequeños mineros.

Ahora bien, si el Ministerio no admite la solicitud de revocatoria de los artículos, el equipo del colectivo también piensa presionar con derechos de petición (mecanismo que caduca en 15 días) para que se aplique la sentencia en Santurbán, específicamente, sobre el acto administrativo que le dio vida a la delimitación.  

Mientras eso sucede, en el lado de los municipios (especialmente en Vetas, que tiene su casco urbano dentro del Páramo y prácticamente desaparecería con la aplicación de la sentencia) se están preparando acciones propias para pedirle al Estado que proteja los derechos de sus habitantes.

El colectivo ha manifestado una preocupación frente al tratamiento y acompañamiento que debe realizar de manera inmediata a las comunidades del páramo. Porque no se puede pensar que los que están viviendo allí de la actividad minera, son la gran amenaza al ecosistema.

Nota de la editora: luego de la publicación de este artículo el colectivo Luis Carlos Pérez se comunicó con La Silla para aclarar que su posición no va en contra de la minería artesanal. La versión fue incluída en el texto a las 2:00 pm del mismo día. 

Páginas