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Martes Diciembre 07, 2021

El martes, cuando la Sala Plena del Consejo de Estado asumió el estudio de las demandas contra la reelección de Alejandro Ordóñez como Procurador, la presidenta de ese tribunal se declaró impedida porque su hijo trabaja en la Procuraduría.

Ese acto de transparencia de María Claudia Rojas seguramente no será el único. O por lo menos hay argumentos similares a los de ella para que otros magistrados se declaren impedidos - o para que se sumen más recusaciones a las que ya planteó la Procuraduría contra los magistrados Alberto Yepes Barreiro y Lucy Jeannette Bermúdez.

En nuestra investigación sobre las fichas que tenía Ordóñez para su reelección hace un año y medio, encontramos otros casos de consejeros de Estado que tenían familiares nombrados en la Procuraduría.

Olga Lucía García González, Procuradora Quinta Judicial II para la Restitución (un cargo muy jugoso porque tiene la misma remuneración que un magistrado de Tribunal, unos 20 millones de pesos) fue nombrada en ese cargo por Ordóñez. Es la hermana de María Elizabeth García, magistrada de la Sección Tercera, y quien ha sido cercana a Ordóñez. La consejera ya se ha declarado impedida por esa relación en el pasado.

Carmen Helena Gómez Segura, asesora del despacho del Procurador, es la hija del magistrado Gustavo Gómez Aranguren y también fue nombrada por Ordóñez. Gómez, aunque de origen conservador, ha ido tomando distancia del Procurador y fue el ponente de la decisión que tumbó la destitución de Alonso Salazar, el ex alcalde de Medellín inhabilitado por Ordóñez.

Juliana Valencia Andrade, quien es o fue procuradora judicial I en lo administrativo, es sobrina del consejero Hernán Andrade Rincón, uno de los aliados de Ordóñez en el Consejo de Estado. Valencia fue nombrada por Ordóñez en ese cargo.

Además de esos tres casos claros, hay otros que pueden llegar a la mesa.

Por ejemplo, el hijo del magistrado Hugo Fernando Bastidas, Felipe Bastidas, fue nombrado por Ordóñez en la Procuraduría Delegada para lo Administrativo, pero renunció hace casi tres años.

Otro caso es el de Andrés Ramírez Páez, hijo de la magistrada Bertha Lucía Ramírez de Páez, trabaja como asesora de la Procuraduría Delegada para el Medio Ambiente. Pero está en el cargo desde antes de la llegada de Ordóñez.

Y el tercer caso es el único que no jugaría contra Ordóñez, sino a su favor: se ha dicho que el magistrado Danilo Rojas podría ser recusado porque fue fundador de Dejusticia y una de las demandas a estudiar está firmada por Rodrigo Uprimny, director de esa entidad (y bloguero de La Silla), y por Paula Rangel, investigadora de Dejusticia.

Los otros casos podrían ser un doble golpe para Ordóñez porque no solo pueden quitarle votos de aliados sino que, además, demuestran que uno de los cargos contra su reelección (las cuotas de los magistrados de las Altas Cortes que participaron en su nominación) es tan cierta que éstos terminan impedidos o recusados.

Y eso, con una Sala Plena que no pinta muy a su favor, puede resultar en que Ordóñez pierda la pelea para mantenerse en el cargo.

¿Tiene algo que decirle a Ordóñez? Aproveche sus 15 segundos y hágalo aquí. 

Actualización: El lunes 21 de julio, cuatro días después de publicado este confidencial, Dejusticia recusó a seis magistrados. Este es su escrito

Recusación magistrados sala plena .pdf by Juan Lewin

Comentarios - Cada usuario tiene la posibilidad de incluir solo tres comentarios
Sáb, 2014-07-19 01:54
El que la debe la paga.
Vie, 2014-07-18 09:33
Por muy torcido que sea y por mucha rosca que tenga y que por la mala suerte para los colombianos usted se quede, el daño que le ha causado a ese de control no tiene calificativo razonable. Señor Ordoñez, le haría un gran favor a la patria si renunciara y se alejara del país por lo menos por unos años, pueda que Panamá lo reciba y con Hurtado haría una buena pareja, o buscar el paradero de restrepito o uribito y con ellos formar un buen combo pero fuera de Colombia.
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Otros confidenciales recientes

Jueves, Marzo 10, 2016 - 12:23
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A pesar de que el presidente Juan Manuel Santos aceptó la renuncia del Ministro de Minas, tras endilgarle la responsabilidad de un eventual apagón, Tomás González recibió un espaldarazo público de un grupo muy diverso y prestigioso de personas relacionadas con el sector minero que le expresan su respaldo por su trabajo y la experticia que demostró durante el año y medio que fue la cabeza del sector.

Se trata de casi todos los miembros del Grupo de Diálogo sobre la Minería, Gdiam, un grupo de alto nivel creado por la Fundación Ford (que financia el cubrimiento minero de La Silla) para convenir una visión de la minería a largo plazo que apoye el desarrollo socioeconómico del país  y la construcción de paz.

Entre los firmantes están personas tan diversas como Fabio Arjona, el director ejecutivo de la Ong ambiental Conservación Internacional en Colombia hasta el ex ministro y el ex viceministro de minas Luis Ernesto Mejía y Henry Medina pasando por líderes del sector como Claudia Jiménez, la ex directora ejecutiva del gremio de minería a gran escala y León Teicher, el ex presidente del Cerrejón y líderes sociales como Alcibíades Escué, líder de la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte en el Cauca, Benjamín Mosquera, representante legal del Consejo Comunitario del Río Anchicayá y Fabio Velásquez, presidente ejecutivo la Fundación Foro Nacional por Colombia.

Esta es la carta:

 

Carta Tomás González by lasillavacia

Martes, Marzo 8, 2016 - 12:02
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El viernes pasado, el alcalde de Valledupar Augusto 'Tuto' Uhía volvió a demostrar con la adjudicación del contrato de transporte escolar que es agradecido con quienes lo apoyaron en campaña y que los ‘lleva en coche’ desde los primeros meses de su mandato. Después que el Concejo, donde la coalición mayoritaria lo respalda, escogió como contralor municipal a uno de los financiadores de su proyecto político, Uhía premió con un contrato de $2.084 millones de pesos a otro hombre clave de su candidatura.

Se trata de Reinaldo Carvajal Riveira, quien junto a su hermano Rubén ‘Ava’ Carvajal (exalcalde de Valledupar y constructor), respaldó públicamente la candidatura del actual mandatario. De hecho, ‘Ava’ tiene desde el primero de enero participación en el gabinete a través del secretario de Obras Juan Pablo Morón.

Ahora el turno fue para Reinaldo, representante legal del consorcio Transportes Especiales de Valledupar y quien ha sido contratista en administraciones anteriores y en varios municipios del Cesar. La Alcaldía de Uhía le adjudicó, para todo 2016, el servicio de transporte escolar de los niños y adolescentes que viven en el área rural y los sectores menos favorecidos de Valledupar.

La empresa Transportes Carvajal Ltda, propiedad de Carvajal Riveira, tiene el 75% de participación en el consorcio, mientras que el 25% restante está en manos de la Sociedad de Transportes del Caribe SAS, empresa con Cámara de Comercio guajira que también ha sido contratista en otros municipios del Cesar.

El consorcio ganador se impuso sobre otros dos proponentes, a los que la Alcaldía terminó rechazando (Unión Temporal Valledupar Unida) y declarando  inhabilitados (Cooperativa de Transportes Colectivos del Cesar), después de las evaluaciones técnicas, jurídicas y financieras.

Desde que se hizo público el nombre del ganador del contrato, la adjudicación ha sido interpretada en Valledupar como un agradecimiento más que, de frente, el alcalde le hace a otro de sus amigos de campaña, tal como ocurrió con la elección del contralor municipal, en enero.

Como contó La Caribe, el Concejo de Valledupar eligió para el puesto de contralor al abogado Álvaro Luis Castilla Fragoso, uno de los financiadores de la campaña de Uhía: le puso $120 millones, según registros del portal Cuentas Claras. Y es también miembro del comité inscriptor del grupo significativo 'Avanzar es posible', que avaló la candidatura de Uhía.

El actual alcalde de Valledupar le debe, principalmente, su silla al representante conservador Alfredo Ape Cuello, quien lo financió, le puso votos y le brindó apoyo logístico.

Lunes, Marzo 7, 2016 - 16:56
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Aunque lo usual es que lo hagan dos funcionarios, con seis guardias en el Hospital Cardiovascular del Niño de Cundinamarca, en el municipio de Soacha, el Inpec vigila que el exgobernador guajiro Juan Francisco ‘Kiko’ Gómez no se vaya a escapar. Como se sabe, desde el pasado 26 de febrero está allí en una habitación por problemas cardíacos y bajo observación porque los médicos no descartan tener que operarlo.

En principio, Kiko fue trasladado al hospital para que le realizaran una valoración cardíaca (un cateterismo), le dijo el Inpec a La Silla. Pero los médicos optaron por no regresarlo a La Picota porque encontraron que padece angina inestable y arritmia cardíaca. Por ese diagnóstico, y según cómo evolucione, el exmandatario podría ser intervenido los próximos días.

Consultados sobre las garantías de seguridad de Kiko en el hospital, el Inpec -la entidad encargada de responderle al país si un recluso huye- le aseguró a La Silla que el exfuncionario está fuertemente custodiado por los hombres del grupo especializado en remisiones y custodias clínicas, Gropes. Se trata de funcionarios que cuentan con un entrenamiento especial y dotación distinta a la usada por el resto de guardianes del Inpec.

El abogado Iván Cancino, que defiende a Kiko en la investigación por el crimen del exconcejal de Barrancas Luis López Peralta, le dijo a La Silla que el exmandatario está tan custodiado que ni la esposa ha podido verlo.

A Diana López Zuleta, hija del exconcejal asesinado, le causa suspicacia la hospitalización de Kiko. En su cuenta de Twitter escribió que “se le da por  enfermarse días antes de los alegatos de conclusión por el homicidio de mi papá, entre otros delitos”.

Al desprestigiado político la justicia lo procesa además por posibles vínculos con bandas criminales y por otros 14 homicidios.

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