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Martes Noviembre 30, 2021

El martes, cuando la Sala Plena del Consejo de Estado asumió el estudio de las demandas contra la reelección de Alejandro Ordóñez como Procurador, la presidenta de ese tribunal se declaró impedida porque su hijo trabaja en la Procuraduría.

Ese acto de transparencia de María Claudia Rojas seguramente no será el único. O por lo menos hay argumentos similares a los de ella para que otros magistrados se declaren impedidos - o para que se sumen más recusaciones a las que ya planteó la Procuraduría contra los magistrados Alberto Yepes Barreiro y Lucy Jeannette Bermúdez.

En nuestra investigación sobre las fichas que tenía Ordóñez para su reelección hace un año y medio, encontramos otros casos de consejeros de Estado que tenían familiares nombrados en la Procuraduría.

Olga Lucía García González, Procuradora Quinta Judicial II para la Restitución (un cargo muy jugoso porque tiene la misma remuneración que un magistrado de Tribunal, unos 20 millones de pesos) fue nombrada en ese cargo por Ordóñez. Es la hermana de María Elizabeth García, magistrada de la Sección Tercera, y quien ha sido cercana a Ordóñez. La consejera ya se ha declarado impedida por esa relación en el pasado.

Carmen Helena Gómez Segura, asesora del despacho del Procurador, es la hija del magistrado Gustavo Gómez Aranguren y también fue nombrada por Ordóñez. Gómez, aunque de origen conservador, ha ido tomando distancia del Procurador y fue el ponente de la decisión que tumbó la destitución de Alonso Salazar, el ex alcalde de Medellín inhabilitado por Ordóñez.

Juliana Valencia Andrade, quien es o fue procuradora judicial I en lo administrativo, es sobrina del consejero Hernán Andrade Rincón, uno de los aliados de Ordóñez en el Consejo de Estado. Valencia fue nombrada por Ordóñez en ese cargo.

Además de esos tres casos claros, hay otros que pueden llegar a la mesa.

Por ejemplo, el hijo del magistrado Hugo Fernando Bastidas, Felipe Bastidas, fue nombrado por Ordóñez en la Procuraduría Delegada para lo Administrativo, pero renunció hace casi tres años.

Otro caso es el de Andrés Ramírez Páez, hijo de la magistrada Bertha Lucía Ramírez de Páez, trabaja como asesora de la Procuraduría Delegada para el Medio Ambiente. Pero está en el cargo desde antes de la llegada de Ordóñez.

Y el tercer caso es el único que no jugaría contra Ordóñez, sino a su favor: se ha dicho que el magistrado Danilo Rojas podría ser recusado porque fue fundador de Dejusticia y una de las demandas a estudiar está firmada por Rodrigo Uprimny, director de esa entidad (y bloguero de La Silla), y por Paula Rangel, investigadora de Dejusticia.

Los otros casos podrían ser un doble golpe para Ordóñez porque no solo pueden quitarle votos de aliados sino que, además, demuestran que uno de los cargos contra su reelección (las cuotas de los magistrados de las Altas Cortes que participaron en su nominación) es tan cierta que éstos terminan impedidos o recusados.

Y eso, con una Sala Plena que no pinta muy a su favor, puede resultar en que Ordóñez pierda la pelea para mantenerse en el cargo.

¿Tiene algo que decirle a Ordóñez? Aproveche sus 15 segundos y hágalo aquí. 

Actualización: El lunes 21 de julio, cuatro días después de publicado este confidencial, Dejusticia recusó a seis magistrados. Este es su escrito

Recusación magistrados sala plena .pdf by Juan Lewin

Comentarios - Cada usuario tiene la posibilidad de incluir solo tres comentarios
Sáb, 2014-07-19 01:54
El que la debe la paga.
Vie, 2014-07-18 09:33
Por muy torcido que sea y por mucha rosca que tenga y que por la mala suerte para los colombianos usted se quede, el daño que le ha causado a ese de control no tiene calificativo razonable. Señor Ordoñez, le haría un gran favor a la patria si renunciara y se alejara del país por lo menos por unos años, pueda que Panamá lo reciba y con Hurtado haría una buena pareja, o buscar el paradero de restrepito o uribito y con ellos formar un buen combo pero fuera de Colombia.
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Otros confidenciales recientes

Jueves, Marzo 17, 2016 - 21:43
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Los $150 mil millones en cuentas por pagar que heredó la administración de Lucho Bohórquez en la Alcaldía de Bucaramanga, tienen a Rodolfo Hernández literalmente poniéndole la totuma hasta a los contratistas para recaudar dinero.

Una particular estrategia que consiste en solicitarles a los contratistas con cuentas por cobrar en el Municipio que donen un porcentaje de los recursos que van a recibir, tiene descontentos a muchos de los que prestaron sus servicios a la pasada administración y que están esperando desde hace varios meses su pago.

Si bien la estrategia ya le ha generado réditos a Hernández, y en el municipio se han contabilizado varios cientos de millones de pesos en donaciones, entre esos los entregados por Valco (firma de los hermanos Valderrama Cordero que donó $470 millones) y por Vanguardia Liberal, que donó el 20% de cuentas que le adeudaban, también ha generado controversia y empresarios están denunciando que la petición de Hernández es  más una camisa de fuerza que una solicitud.

En una rueda de prensa que dio ayer en la Cámara de Comercio de Bucaramanga, el Alcalde aseguró, que lo que les está diciendo a los contratistas " es que colaboren con la ciudad" y negó que los estuviera presionando para hacerlo porque era una donación; sin embargo, a renglón seguido dijo: “para que (los contratistas) reciban el cheque toca que traigan la donación”. 

Esas declaraciones calentaron aún más los ánimos de quienes llevan todo el año esperando su pago, y de hecho en gremios como el de los periodistas (al que Lucho Bohórquez le quedó debiendo una buena partida por concepto de pauta y producción audiovisual y radial), han empezado a proponer que reclamaciones colectivas a la nueva administración para que les pague lo que les corresponde y no se "burle de su trabajo".

Hasta esta semana, la Alcaldía había recaudado $130 mil millones en impuestos. De esa suma $30 mil millones ya se han ido a pagar las cuentas de los contratistas con los que adquirió compromisos Lucho Bohórquez sin tener el respaldo financiero, y los $100 mil millones restantes están siendo administrados para generar flujo de caja en la Alcaldía, porque de lo contrario se paralizaría completamente su funcionamiento.

 

Miércoles, Marzo 16, 2016 - 00:39
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Desde que se posesionó como gobernador de Santander, Didier Tavera se dio a la tarea de exponer la administración de Richard Aguilar.

Si bien, la mayoría de las denuncias no son nuevas y en gran parte habían sido dadas a conocer por medios de comunicación el cuatrienio pasado, la voz de Tavera hizo mella y logró que la Fiscalía se empezara a mover en tiempo récord y desde Bogotá.

La Silla conoció documentos de dos visitas que fueron realizadas en febrero por la Fiscalía Décima Delegada ante el Tribunal de Bogotá a la Gobernación de Santander para obtener copias de todos los documentos relacionados con los contratos que las empresas del grupo Valderrama firmaron y ejecutaron en la administración de Richard Aguilar.

En la solicitud que hizo la Fiscalía, se le pidió a la Gobernación que relacionara los contratos de la Constructora Valderrama, VG Constructores, Valco Constructores y Iron Equipment Rental, firmas de propiedad de Mario, Ricardo y Fernando Valderra Cordero, contratistas que fueron superpoderosos en la administración de Aguilar, y quienes entre 2012 y 2014 se quedaron con la ejecución de cerca de $400 mil millones (la mitad del presupuesto de un año en Bucaramanga).

Si bien no es irregular que esas firmas hayan ejecutado ese cifra, lo que hizo visibles a los hermanos Valderrama en Santander fue que la mayoría de las licitaciones en las que compitieron se las ganaron en medio de denuncias sobre favorecimientos de la Gobernación a sus propuestas. En el último año también han sonado por cuenta de denuncias hechas, además de la Gobernación, por el diputado Édgar Suárez, sobre irregularidades en la ejecución de los contratos que tienen a su cargo.

De la vía San Gil – Charalá – Límites ($185 mil millones), el Tercer Carril de la autopista ($138 mil millones con adiciones) y el banco de maquinaria ($56 mil millones), fueron los documentos suscritos en la administración de Aguilar que la Fiscalía se llevó.

En medio de la ola de cuestionamientos, los Valderrama se han mantenido en que se han ganado los millonarios recursos que ejecutan en franca lid y que no han existido irregularidades en su inversión.

La contratación de los Valderrama, no fue la única información que solicitó la Fiscalía. La Silla conoció que ese ente de control también pidió documentos relacionados con el Contrato Plan, sus soportes y una relación del dinero que se ha comprometido en el marco de ese acuerdo con la Nación.

Aunque esa visita de la Fiscalía solo hace parte de una indagación preliminar, que determinará si existe la posibilidad de que se haya cometido un delito y sus posibles responsables o si se archivan las denuncias contra los Valderrama  y la administración de Aguilar, sí muestra que entes de control empezaron a moverse y desde Bogotá.

Falta ver hasta dónde llega el impulso de las investigaciones y si el efecto de las denuncias de Tavera (que tuvieron más alcance en la Fiscalía que las de los medios de comunicación) es de largo aliento o si se queda a mitad de camino.

Martes, Marzo 15, 2016 - 12:53
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El decreto que sacó hoy el presidente Juan Manuel Santos creando una convocatoria pública para armar la terna para Fiscal es un saludo a la bandera que, además, le cae como anillo al dedo para cambiar el tema en los días en los que se va a incumplir el plazo que él mismo puso para firmar un Acuerdo Final en La Habana.

El decreto retoma lo que ya había hecho Santos en la terna para la Corte Constitucional a mediados del año pasado: creó un proceso para definir los ternados que incluye una convocatoria para que cualquier persona se postule, se dio a si mismo la posibilidad de sumarle a los postulados sus propios candidatos y obligó a publicar todas las hojas de vida para que haya críticas y comentarios de la ciudadanía.

En el caso de la Corte, de todo ese proceso terminó con una terna con un candidato muy cercano a Santos, el hoy magistrado Alejandro Linares.

En esta ocasión el Gobierno estableció plazos más cortos, lo que hace que el proceso justo coincida con el 23 de marzo, cuando se vence el plazo que le había dado Santos a los negociadores para tener un acuerdo definitivo en La Habana que él mismo ha aplazado.

Después de publicado el decreto el Gobierno debe sacar un aviso en la prensa con la convocatoria, lo que seguramente saldrá mañana. Y de ahí se cuentan siete días calendario para que presenten las hojas de vida, lo que ocurriría justo el 23 de marzo.

A partir de ese momento Santos tiene dos días calendario para armar la lista definitiva de candidatos, agregando los nombres que él quiera, lo que hace de la convocatoria un saludo a la bandera. Encima, esos dos días serían justo los festivos de jueves y viernes santos, por lo que ese cambio seguramente pasará de agache.

A continuación esa lista debe ser publicada "inmediatamente" por la Secretaría Jurídica de Palacio. Como eso sería el sábado de Semana Santa, el Gobierno pondrá en la agenda de los medios los nombres de los candidatos a la Fiscalía justo para el regreso de las vacaciones, lo que le puede quitar espacio a las noticias de la no firma el 23.

Después de esa publicación eso Santos tendrá otro par de semanas para mandarle a la Corte la terna definitiva, por lo que hacia mediados de abril empezará al campaña en serio.

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