Con el cambio de reglamentación del Consejo Nacional Electoral, que ahora permite que los candidatos a las alcaldías pauten en televisión, las campañas se encarecieron.
Tanto que en Bogotá Clara López va a vender parte de un lote que tiene en compañía de su hermano para tener con qué sufragar los mil millones de pesos de más que, aproximadamente, se va a gastar en la campaña.
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Viernes, Enero 29, 2016 - 16:23
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 Hoy Francisco Cruz, el Secretario de ambiente de Peñalosa, volvió a ser noticia en Caldas. En un mismo día se supo que se declaró nula la investigación fiscal contra él por el descalabro del Aeropuerto del Café, lo que, al menos por ahora, le quita de encima la principal sombra que tenía. Pero también que la Fiscalía lo acusó formalmente por peculado y celebración indebida de un contrato cuando era director de Corpocaldas, lo que le pone encima una nueva. La buena noticia para él es que, como contó La Patria hoy, el pasado 22 de enero la Contraloría anuló cinco años de una investigación en la que ya estaban imputadas 21 personas por responsabilidad fiscal, incluido Cruz. La razón que expone la Contraloría es que en el momento en el que se abrió el proceso, el contrato que se estaba investigando aún no había terminado y por esta razón, "no podía hablarse de incumplimiento contractual ni de detrimento para predicar la existencia de daño patrimonial". En principio esto no implica el archivo del proceso sino que si se abre una nueva investigación ésta tendría que arrancar de cero. El mismo diario dijo que "en los próximos días se liberaría el informe de una auditoría en el que se recogen hallazgos que alcanzarían una suma cercana a los $90 mil millones", es decir, una suma mucho más alta de la que se estaba investigando hasta ahora. Esa información la corroboró La Silla con otra fuente de la Contraloría. En todo caso, por ahora, Cruz queda desvinculado de esta investigación. Pero la mala noticia para el Secretario de Peñalosa es que la Fiscalía Quinta Seccional lo acusó formalmente (junto a otros dos ex funcionarios de Corpocaldas) por peculado por apropiación y celebración indebida de contratos cuando cuando él era director de la autoridad ambiental del departamento. Se trata de un convenio que firmó Corpocaldas, según supo La Silla, con la fundación Cendhus cuyo representante legal era Víctor Segundo Mejía, un líder de negritudes del municipio de Supía. El proyecto por unos 17 millones de pesos era para realizar capacitaciones en el desarrollo de actividades productivas sostenibles en cultivos de caña panelera en los municipios de Supía, Victoria y La Dorada y que incluía además trabajos de protección de microcuencas. El proceso fue cuestionado porque parte de la plata del convenio se gastó en unas danzas de las comunidades y porque ni en La Dorada ni en Victoria se cultiva caña. Además, porque se pagaron unas actividades que no se hicieron, según una fuente que conoce el proceso de cerca. La fuente agregó que Víctor Segundo Mejía aceptó los cargos. Cruz fue quien firmó el convenio y los estudios previos para hacerlo en el 2006. "Para mí es una sorpresa que el día de ayer la Contraloría anuló la investigación en mi contra por Aerocafé y hoy la Fiscalía me acusa de una actividad de hace 10 años y por cuatro millones de pesos aduciendo que en el convenio de capacitación se invirtieron unos recursos en unas danzas que no debieron haberse invertido", le dijo Cruz a La Silla. |
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Jueves, Enero 28, 2016 - 20:17
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 Luego de que la Contraloría de Bucaramanga hubiera dado a conocer en noviembre del año pasado que el déficit de tesorería de la Alcaldía llegaría a los $200 mil millones al finalizar la administración de Lucho Bohórquez, en una movida inusual el nuevo encargado del ente de control, Héctor Rolando Noriega Leal, salió en defensa del exalcalde. Noriega Leal, quien no solo fue asesor jurídico en contratación de la administración de su ahora defendido, sino que además es amigo personal del sobrino del exalcalde, Cristian Bautista Bohórquez, presentó un informe para contrarrestar las denuncias de la nueva administración relacionadas con que el hueco fiscal de la Alcaldía es de $600 mil millones. En los documentos que hizo públicos, el otrora contratista de Lucho dijo que el hueco fiscal real era de $370 mil millones ($153 mil de déficit de tesorería y $217 mil de deuda pública), indicó que las finanzas del municipio estaban sanas y señaló al equipo del nuevo alcalde, Rodolfo Hernández, de generar pánico sobre el verdadero estado contable de la ciudad. No obstante, la inesperada defensa de la Contraloría a la administración de Bohórquez dejó más dudas que respuestas. Tres expertos en finanzas le dijeron a La Silla que las cifras que presentó el contralor encargado son “parcialmente ciertas” porque no contemplaron todos los ítems dentro del balance. Y es que lo que no contó Noriega es que existen varias decenas de miles de millones en reservas presupuestales, que no son otra cosa que cuentas por pagar que dejó la administración de Lucho Bohórquez y que deberán ser asumidas por el Municipio. Noriega Leal también omitió mencionar que de las fuentes de financiación que, según el informe, tendría la Alcaldía para tapar el hueco financiero, dos (que suman $129 mil millones) hacen referencia a créditos, lo que equivaldría a endeudarse para pagar otra deuda, y que una (por $71 mil millones), está relacionada con el cobro a los morosos, que es plata de difícil recaudo. Es decir, que del balance que hizo Noriega y que concluyó que la Alcaldía tenía $205 mil millones para pagar la deuda de tesorería ($153 mil millones), solo están disponibles $5 mil millones, los restantes o no existen en las arcas del municipio físicamente (para el caso de la cartera), o solo solucionarían el pago inmediato y además ahondarían el hueco debido a que generarían intereses (para el caso de los créditos). Las declaraciones de Noriega Leal fueron respaldadas por Diego Martínez Melo, quien llegó a la Contraloría de Bucaramanga tras haberle hecho campaña a Lucho Bohórquez en 2011 y haber sido asesor de su despacho buena parte del cuatrienio pasado. La Silla encontró varias fotografías que unen a los nuevos vigilantes de Lucho a su administración. |
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Jueves, Enero 28, 2016 - 16:51
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 Desde este miércoles el ex representante Yahir Acuña es el nuevo presidente de Opción Ciudadana y con ese cargo estrecha aún más sus lazos con el parapolítico Luis Alberto el ‘Tuerto’ Gil, fundador y dueño de ese partido. Y sigue demostrando que su influencia trasciende Sucre. Ahora Yahir tiene ese cargo en cuerpo propio porque el anterior director, Edison Bioscar, ya era de su grupo político. Y como presidente podrá liderar a nombre del viejo PIN las negociaciones burocráticas con el Gobierno, decidir las alianzas en todo el país e intentar jugar, incluso, en las presidenciales con el apoyo de la colectividad, que tiene cinco senadores. Sin contar la exposición mediática que en adelante le dará ser el jefe de un partido, aunque esté bastante desprestigiado. Como contó La Silla, Yahir llegó a Opción Ciudadana el año pasado después de haber sido rechazado públicamente por la Unidad Nacional y de haber perdido la personería de su partido Cien por Ciento Colombia. Ese aterrizaje le permitió obtener el aval para la Gobernación de Sucre, que terminó usando para inscribir a su esposa Milene Jarava como candidata, y lo logró tras sellar una alianza con el Tuerto Gil. Ese acuerdo lo convirtió en el dueño del viejo PIN en el Caribe. Por eso ahora, como jefe, seguirá su expansión de poder a nivel nacional. (En la fotografía de portada Yahir Acuña aparece con el veedor nacional del partido Antonio Rocha) |
