Hace una semana el ministro de Ambiente Gabriel Vallejo firmó un decreto que permite que las truchas y las tilapias sean considerados como especies locales, lo que para muchos expertos pone en riesgo la biodiversidad del país, aunque le facilita la vida a los cultivadores de esos peces.
El decreto, que también firmaron los ministros de Agricultura Aurelio Iragorri y de Comercio Cecilia Álvarez-Correa, busca fomentar la acuicultura. Para ello, declara esas dos especies como peces domésticos (a pesar de que la trucha llegó a Colombia en los años 30 y la tilapia en 1986) lo que, según los científicos, significa que para criarlas ya no se necesitará licencia ambiental.
Eso le facilitará la vida a quienes las crían, que hoy tienen otras restricciones que revisan las CAR: no pueden liberarlas a la naturaleza, tienen que hacer las piscinas lejos de cuerpos de agua y tienen que pedirle a las corporaciones autónomas un permiso conocido como concesión de agua.
Con el decreto, las CAR saldrían del panorama y solo los vigilaría la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca.
El lío es que esa decisión, en el caso de truchas y tilapias, va en contravía de la opinión de los expertos y del mismo gobierno.
Hay al menos cuatro libros publicados por el gobierno Santos- que señalan que la trucha y la tilapia son especies de alto riesgo y a que la introducción de especies invasoras (como eran consideradas hasta ahora) es la segunda mayor causa de pérdida de biodiversidad en el país. Y en una resolución en 2008, el Ministerio de Ambiente incluyó dos tipos de rucha y dos de tilapia dentro de una lista de las 20 especies invasoras de mayor cuidado.
Además, la medida dejaría sin piso el protocolo de análisis de riesgo para especies introducidas y trasplantadas, que elaboraron en 2011 los institutos de investigación del Gobierno y varias universidades.
“Es ética y moralmente un adefesio y no debió firmarla el ministro de Ambiente, que debe proteger la biodiversidad. Viola todas las normas de control y manejo de biodiversidad, que pasan a un segundo plano en función de una decisión de intereses económicos, y viola la Convención Internacional sobre Biodiversidad”, le dijo a La Silla el biólogo marino Francisco Gutiérrez, profesor especialista en acuicultura de la Universidad Jorge Tadeo Lozano que hizo su tesis doctoral sobre especies introducidas y foráneas.