LA SILLA VACIA

Hace cuatro años, Magangué fue protagonista de las regionales en todo el país, luego de que un candidato independiente lograra la hazaña de ganarle la Alcaldía a la carta de la entonces súper poderosa Enilce López alias La Gata (hoy condenada por homicidio y concierto para delinquir). Esta vez, la historia es otra. El aspirante que ganó el domingo fue apoyado por el combo de los gatos. Tres días después de esa elección, un grupo de magangueleños salió a las calles a gritar que hubo trampa.

Se trata de unas 200 personas (según nos dijeron dos fuentes distintas que están allí), que se plantaron sobre la avenida Diego de Carvajal, frente al coliseo cubierto de la ciudad, en donde se realizan los escrutinios.

Buena parte de esas personas hacen parte de la campaña o simpatizan con el candidato perdedor: el exalcalde Alfredo Posada, quien compitió avalado por la ASI y por el Partido de La U. También hay varios espontáneos, como le contó a La Silla un taxista de nuestra confianza.

El plantón está animado por las declaraciones de Posada, quien está diciendo a los medios locales que en Magangué se dio el domingo “uno de los más grandes fraudes que se hayan visto en la historia reciente de Colombia. A más de tres mil personas que no estaban habilitadas para votar, les fue permitido el voto por todas las autoridades”.

Según el candidato, las cédulas que dio de baja en Magangué el Consejo Nacional Electoral por trashumancia no fueron sacadas nunca del censo físico y todas esas personas pudieron votar.

Su campaña nos mandó como ejemplo esta cédula que aparecía para votar en Barranquilla y votó en Magangué.

Posada le dijo a La Silla que él mismo sirve de evidencia a ese hecho pues, como hasta el año pasado vivía en Bogotá, su cédula fue dada de baja en la página de la Registraduría, pero aún así apareció apto para votar en una mesa de Magangué. Y que también son señales de trashumancia las decenas de buses que se vieron el domingo en el pueblo llevando gente de afuera a votar allí. Ese dato fue confirmado por La Caribe con cuatro personas más que no están en su campaña.

Estas son imágenes de buses llevando gente el domingo a Magangué. La persona señalada por la flecha es, según la campaña Posada, un funcionario.

Sobre el tema de las cédulas, le preguntamos al presidente del Consejo Nacional Electoral, Emiliano Rivera, y él nos dijo que el Registrador Nacional les había confirmado que las cédulas dadas de baja habían quedado excluidas del censo físico, y por tanto es imposible que lo que denuncia Posada haya pasado.

Sin embargo, La Silla confirmó que al despacho de Armando Novoa, otro magistrado del CNE, han llegado denuncias de otras partes del país según las cuales al parecer las personas que no podían votar en unos sitios por trashumancia pudieron hacerlo.

Rivera dijo que en todo caso para salir de dudas habría que comparar los formularios E11 (que contienen el registro de votantes anotados por los jurados) con la resolución del CNE excluyendo cédulas de Magangué por trashumancia. Y agregó que en varios despachos habilitaron de oficio a los candidatos de las regionales para que todos pudieran votar, lo que explica que Posada haya aparecido apto para sufragar en Magangué.

En sentido parecido, el registrador Carlos Ariel Sánchez nos explicó que los E11 están en custodia  de las comisiones escrutadoras, y que de todas maneras él no ha oído nada sobre el tema de Magangué.

Posada llama la atención sobre el hecho de que las cédulas dadas de baja en Magangué “sean 3.600 y la diferencia entre el primero y el segundo son unos 4000 votos”.

Su campaña también denuncia otras presuntas irregularidades como supuestos tarjetones marcados.

Por otro lado, La Silla conoció a través de una profesional de Magangué el testimonio de un testigo electoral, cuyo nombre omitimos por su seguridad, que dice que en la mesa 21 del puesto electoral escuela comunal del barrio Versalles había 360 personas habilitadas para votar, pero a las 2 de la tarde, cuando apenas habían votado 230, “se habían acabado los tarjetones”.

El nuevo alcalde de Magangué se llama Pedro Alí y sacó 28 mil votos, frente a 23.400 de Alfredo Posada. Como lo contó La Caribe, el mandatario electo -quien tiene grupo político propio- contó con el aval de Cambio Radical y el apoyo del alcalde barranquillero Álex Char.

Además, a Alí lo respaldó la estructura del combo de La Gata, representado en el exalcalde Arcesio Pérez, el excandidato Giovanni Meza (quien perdió hace cuatro años con el independiente Marcelo Torres), la representante Karen Cure y los primos Javid Benavides y Elsi Sampayo Benavides.

Todos ellos son reconocidos como “gatos” en la Magangué política porque por años han jugado a favor de los intereses de La Gata y han sido patrocinados o impulsados por ella.

El domingo, esa campaña salió a celebrar un triunfo que hasta ahora ninguna autoridad pone en duda. Sólo la campaña contraria y un grupo ciudadano.

Perfiles relacionados: 
Enilse de Jesús López Romero

Otros confidenciales recientes

Jueves, Marzo 3, 2016 - 03:09
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Cuando estaba a punto de iniciar la campaña local, Richard Aguilar y Hugo Aguilar sabían que iban a ir por caminos diferentes. Esta fofo fue tomada en junio de 2015 en la celebración del día del padre de la familia Aguilar. 

El Presidente Juan Manuel Santos bajó del bus de su gabinete al exgobernador de Santander Richard Aguilar Villa y lo dejó sin el pan y sin el queso.

La Silla conoció que una reunión privada que sostuvieron los directores de los medios de comunicación en Santander con Santos, el mandatario aseguró que el exgobernador no va a ser parte de su Gobierno y que ni siquiera está considerando su hoja de vida.

La afirmación, que le fue confirmada a La Silla por tres de los asistentes al encuentro,  la hizo Santos luego de que lo interrogaran por los rumores que había sobre la posibilidad de que Aguilar llegara a dirigir el Departamento de la Prosperidad Social, DPS.

Pero lo que realmente sorprendió en la reunión fue que Santos también negara que Richard Aguilar hubiera sido cercano a él y a su gobierno, cuando el exgobernador de Santander hasta cambió de preferencias políticas por él.

La Silla contó cómo en plena campaña de reelección de Santos, desde la Gobernación de Santander (dirigida por Richard) les ordenaron a los contratistas llevar al menos diez personas al evento de cierre de la candidatura del entonces presidente-candidato en Bucaramanga.

Esa fue la primera vez que se hizo evidente que Richard Aguilar había saltado a la orilla de Santos y que estaba tomando un camino diferente al de su papá -el parapolítico Hugo Aguilar- quien apoyó a través de su otro hijo, el senador Mauricio Aguilar, la aspiración del uribista Óscar Iván Zuluaga.

De hecho, fue la cercanía de Richard Aguilar a Santos la que terminó desbaratando el fortín político de los Aguilar en 2015. Mientras que el candidato a la gobernación de Santander del grupo de Richard Aguilar fue avalado por La U, el de Hugo Aguilar se lanzó por firmas y luego sumó el apoyo del Centro Democrático.

Eso dividió los votos que habían amasado los Aguilar en los últimos años, y le abrió el camino a Didier Tavera, quien aunque era el enemigo en común, terminó quedándose con el Palacio Amarillo.

La derrota de Richard Aguilar en las urnas, y lo que dijo Santos en esa reunión, además, le dio  la razón a su papá, quien a lo largo de la campaña dijo que a su hijo lo estaban “engatusando” y que no le iban a cumplir.

En la reunión con los directores de los medios Santos también habló del aterrizaje de la paz, la inversión en el departamento y la situación económica del país, el discurso que ha venido dando en todas sus intervenciones públicas.

Miércoles, Marzo 2, 2016 - 14:36
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Este sábado El Tiempo contó que hay un candidato a la presidencia de la Asociación de Oficiales Retirados (Acore) cuya visión de la justicia transicional coincide con la del uribismo mucho más que la del actual presidente de esa asociación, y que de ganar se podría convertir en un dolor de cabeza para el gobierno de Juan Manuel Santos.

Curiosamente, ese candidato estuvo a punto de quedarse sin ascender a general por dos decisiones del entonces presidente Álvaro Uribe Vélez, y en cambio ascendió sin problemas durante el primer mandato de Santos.

El candidato es el general Gustavo Rincón Rivera, quien hace tres semanas presentó su aspiración para reemplazar al general Jaime Ruiz Barrera en Acore. Ruiz busca su segunda reelección y ha dicho que la justicia transicional que acordó el gobierno Santos con las Farc en La Habana puede ser una salida a la difícil situación jurídica de decenas de militares investigados por los falsos positivos y otros delitos.

Rincón Rivera, que ha empezado a posicionar su candidatura diciendo que esa justicia transicional "es para bandidos" y que es rechazada por la mayoría de militares, mantuvo una larga lucha jurídica para avanzar en su carrera en la que se enfrentó más de una vez contra el gobierno Uribe.

Siendo coronel, destapó un escándalo de contratación en el Fondo Rotatorio del Ejército a mediados de los años 90 y a pesar de eso, unos años después, el gobierno de Andrés Pastrana decidió no llamarlo al curso de ascenso a general, y lo retiró del Ejército.

Ante eso, Rincón demandó para que fuera reintegrado y llamado al curso de general, y en 2002 el Consejo de Estado le dio la razón. Uribe, en ese entonces ya Presidente, sí lo reintegró  - pero no lo incluyó en el decreto de ascenso.

Antes esa decisión, el hoy general presentó otra tutela en la que la Corte Constitucional le dio la razón en 2004.

Sin embargo, ese mismo año el gobierno Uribe, encabezado por el entonces ministro de Defensa Jorge Alberto Uribe, lo retiró de nuevo del Ejército, esta vez porque había llegado a la edad límite para ser coronel activo. Rincón demandó esa nueva decisión exigiendo que lo reintegraran de nuevo y lo ascendieran a general.

En 2008 el Consejo de Estado le dio la razón. En consecuencia, el gobierno Uribe lo reintegró por segunda vez en 2009. Luego, la junta asesora de ascensos (en la que hay generales pero que maneja el Gobierno) lo incluyó en el decreto diciendo explícitamente que lo hacía cumpliendo esa sentencia.

En el Congreso, los opositores a Uribe lo defendieron y aprovecharon para criticar las decisiones de no ascenderlo de ese Gobierno: así lo hizo el hoy alcalde de Ibagué y en ese entonces senador del Polo, Guillermo Alfonso Jaramillo, y los senadores liberales Cecilia López y Juan Manuel Galán.

Ese calvario para ascender desapareció en el gobierno Santos, cuando fue designado jefe de control interno de la Inspección General del Ejército y secretario general del Estado Mayor. Además, Santos lo ascendió a Mayor General:

Ahora, de ganarle a Ruiz las elecciones internas de Acore la próxima semana, Rincón pasaría a convertirse en un crítico visible de la principal apuesta política de Santos, el presidente que lo ascendió, y a terminar alineado con Uribe, el mandatario que no lo quiso ascender y lo sacó del Ejército.

Miércoles, Marzo 2, 2016 - 06:03
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Con la sentencia de la Corte Constitucional que prohibió la minería en los páramos, el Comité por la Defensa del Agua y el Páramo de Santurbán se rearma para la pelea jurídica.

El colectivo de abogados Luis Carlos Pérez, que pertenece al Comité y ya tiene una tutela en revisión ante la Corte Constitucional por la delimitación de Santurbán, está preparando dos nuevas acciones para presionar la aplicación de la sentencia ante el Ministerio de Ambiente.

Específicamente, lo que el colectivo buscará es que se revoquen dos artículos de la resolución que delimitó Santurbán y que con la sentencia se quedarían sin piso jurídico.

Se tratan del que le da vigencia a los títulos mineros otorgados antes de 2009 para que sigan en el páramo hasta que caduque su concesión (hasta 30 años), y del que contempla la posibilidad de hacer minería en algunas zonas de restauración del páramo en Vetas, California y Suratá.

Este último artículo es especialmente delicado debido a que una vez se aplique implicará la extinción de los mineros artesanales en esos municipios, quienes como lo contó La Silla han extraído oro por cientos de años y no tienen otra manera de sostenerse.

Precisamente, se teme que su aplicación desencadene un problema social en la zona, debido a que toda la minería pasaría a ser ilegal y ya no tendría el control al que está siendo sometida por autoridades ambientales del país.

Frente a esta situación, el colectivo ha manifestado su preocupación frente al acompañamiento que el Estado va a dar a las comunidades de Santurbán, teniendo en cuenta que si bien quieren que se priorice la defensa del agua, también esperan que el gobierno garantice los derechos de los pequeños mineros.

Ahora bien, si el Ministerio no admite la solicitud de revocatoria de los artículos, el equipo del colectivo también piensa presionar con derechos de petición (mecanismo que caduca en 15 días) para que se aplique la sentencia en Santurbán, específicamente, sobre el acto administrativo que le dio vida a la delimitación.  

Mientras eso sucede, en el lado de los municipios (especialmente en Vetas, que tiene su casco urbano dentro del Páramo y prácticamente desaparecería con la aplicación de la sentencia) se están preparando acciones propias para pedirle al Estado que proteja los derechos de sus habitantes.

El colectivo ha manifestado una preocupación frente al tratamiento y acompañamiento que debe realizar de manera inmediata a las comunidades del páramo. Porque no se puede pensar que los que están viviendo allí de la actividad minera, son la gran amenaza al ecosistema.

Nota de la editora: luego de la publicación de este artículo el colectivo Luis Carlos Pérez se comunicó con La Silla para aclarar que su posición no va en contra de la minería artesanal. La versión fue incluída en el texto a las 2:00 pm del mismo día. 

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