LA SILLA VACIA

Hace cuatro años, Magangué fue protagonista de las regionales en todo el país, luego de que un candidato independiente lograra la hazaña de ganarle la Alcaldía a la carta de la entonces súper poderosa Enilce López alias La Gata (hoy condenada por homicidio y concierto para delinquir). Esta vez, la historia es otra. El aspirante que ganó el domingo fue apoyado por el combo de los gatos. Tres días después de esa elección, un grupo de magangueleños salió a las calles a gritar que hubo trampa.

Se trata de unas 200 personas (según nos dijeron dos fuentes distintas que están allí), que se plantaron sobre la avenida Diego de Carvajal, frente al coliseo cubierto de la ciudad, en donde se realizan los escrutinios.

Buena parte de esas personas hacen parte de la campaña o simpatizan con el candidato perdedor: el exalcalde Alfredo Posada, quien compitió avalado por la ASI y por el Partido de La U. También hay varios espontáneos, como le contó a La Silla un taxista de nuestra confianza.

El plantón está animado por las declaraciones de Posada, quien está diciendo a los medios locales que en Magangué se dio el domingo “uno de los más grandes fraudes que se hayan visto en la historia reciente de Colombia. A más de tres mil personas que no estaban habilitadas para votar, les fue permitido el voto por todas las autoridades”.

Según el candidato, las cédulas que dio de baja en Magangué el Consejo Nacional Electoral por trashumancia no fueron sacadas nunca del censo físico y todas esas personas pudieron votar.

Su campaña nos mandó como ejemplo esta cédula que aparecía para votar en Barranquilla y votó en Magangué.

Posada le dijo a La Silla que él mismo sirve de evidencia a ese hecho pues, como hasta el año pasado vivía en Bogotá, su cédula fue dada de baja en la página de la Registraduría, pero aún así apareció apto para votar en una mesa de Magangué. Y que también son señales de trashumancia las decenas de buses que se vieron el domingo en el pueblo llevando gente de afuera a votar allí. Ese dato fue confirmado por La Caribe con cuatro personas más que no están en su campaña.

Estas son imágenes de buses llevando gente el domingo a Magangué. La persona señalada por la flecha es, según la campaña Posada, un funcionario.

Sobre el tema de las cédulas, le preguntamos al presidente del Consejo Nacional Electoral, Emiliano Rivera, y él nos dijo que el Registrador Nacional les había confirmado que las cédulas dadas de baja habían quedado excluidas del censo físico, y por tanto es imposible que lo que denuncia Posada haya pasado.

Sin embargo, La Silla confirmó que al despacho de Armando Novoa, otro magistrado del CNE, han llegado denuncias de otras partes del país según las cuales al parecer las personas que no podían votar en unos sitios por trashumancia pudieron hacerlo.

Rivera dijo que en todo caso para salir de dudas habría que comparar los formularios E11 (que contienen el registro de votantes anotados por los jurados) con la resolución del CNE excluyendo cédulas de Magangué por trashumancia. Y agregó que en varios despachos habilitaron de oficio a los candidatos de las regionales para que todos pudieran votar, lo que explica que Posada haya aparecido apto para sufragar en Magangué.

En sentido parecido, el registrador Carlos Ariel Sánchez nos explicó que los E11 están en custodia  de las comisiones escrutadoras, y que de todas maneras él no ha oído nada sobre el tema de Magangué.

Posada llama la atención sobre el hecho de que las cédulas dadas de baja en Magangué “sean 3.600 y la diferencia entre el primero y el segundo son unos 4000 votos”.

Su campaña también denuncia otras presuntas irregularidades como supuestos tarjetones marcados.

Por otro lado, La Silla conoció a través de una profesional de Magangué el testimonio de un testigo electoral, cuyo nombre omitimos por su seguridad, que dice que en la mesa 21 del puesto electoral escuela comunal del barrio Versalles había 360 personas habilitadas para votar, pero a las 2 de la tarde, cuando apenas habían votado 230, “se habían acabado los tarjetones”.

El nuevo alcalde de Magangué se llama Pedro Alí y sacó 28 mil votos, frente a 23.400 de Alfredo Posada. Como lo contó La Caribe, el mandatario electo -quien tiene grupo político propio- contó con el aval de Cambio Radical y el apoyo del alcalde barranquillero Álex Char.

Además, a Alí lo respaldó la estructura del combo de La Gata, representado en el exalcalde Arcesio Pérez, el excandidato Giovanni Meza (quien perdió hace cuatro años con el independiente Marcelo Torres), la representante Karen Cure y los primos Javid Benavides y Elsi Sampayo Benavides.

Todos ellos son reconocidos como “gatos” en la Magangué política porque por años han jugado a favor de los intereses de La Gata y han sido patrocinados o impulsados por ella.

El domingo, esa campaña salió a celebrar un triunfo que hasta ahora ninguna autoridad pone en duda. Sólo la campaña contraria y un grupo ciudadano.

Perfiles relacionados: 
Enilse de Jesús López Romero

Otros confidenciales recientes

Lunes, Marzo 7, 2016 - 07:17
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Esta es la imagen que está circulando en redes sociales y que pone en el sonajero presidencial al Procurador Alejandro Ordóñez.

En las últimas semanas el nombre del Procurador Alejandro Ordóñez Maldonado empezó a moverse más que de costumbre en el país.

Además de las imágenes que empezaron a circular en redes sociales preguntando sobre la aceptación que tendría su eventual candidatura a la Presidencia, los rumores sobre que ya estaría listo el fallo del Consejo de Estado que lo podría tumbar empezaron a tomar fuerza.

Con ese telón de fondo, La Silla supo que el alto funcionario está buscando acercamientos con la prensa regional, cuando por lo general su relación con medios locales no es muy cercana.

En el evento que tendrá lugar esta semana en Bucaramanga con todos los alcaldes de Santander y que es organizado por el ente de control que Ordóñez dirige, además de hacer su típica salida en rueda de prensa, el Procurador también dará entrevistas privadas.

De hecho Ordóñez estaría indagando por los medios con más rating y hasta estaría pensando en hacer una ronda para irlos a visitar, cuando por lo menos en los últimos cuatro años, no había hecho algo parecido en las regiones.

La inusual movida de Ordóñez le servirá en doble vía. Si el fallo del Consejo de Estado lo tumba podrá desde ya empezar a amortiguar los efectos de la decisión en su imagen; si lo que está pensando es en las presidenciales también le servirá de precampaña. Falta ver cuál de las dos es la que lo motiva más.

Viernes, Marzo 4, 2016 - 19:03
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Esta semana ocurrió un hecho que volvió a sacar a flote la crisis financiera que desde hace años atraviesa el Hospital Universitario del Caribe, en Cartagena. El diputado de Cambio Radical Manuel Berrio Scaff presentó una queja de 394 páginas ante la Procuraduría Regional de Bolívar por presuntos malos manejos en la contratación. También pidió la suspensión de la gerente Elga Ehrhardt Gutiérrez. Los problemas de infraestructura y el déficit financiero del principal hospital de Bolívar terminaron enfrentando a dos pesos pesados de la política bolivarense: los exsenadores condenados por parapolítica Vicente Blel Saad y William Montes, poderes detrás de Berrio y Ehrhard, respectivamente.

Manuel Berrio Scaff es un debutante en la Asamblea y miembro de una de las casas políticas más poderosas de Bolívar, en cabeza de su tío Vicente Blel. Mientras que Elga Ehrhardt Gutiérrez es una bacterióloga momposina que llegó en julio de 2012 a la gerencia del hospital, después de ganar un concurso de méritos. Aunque en la Cartagena política no es un secreto que tiene el respaldo del parapolítico William Montes.

El enfrentamiento entre Berrio y Ehrhard comenzó en enero pasado, cuando el diputado ingresó al Portal Único de Contratación para revisar los contratos de 2016 del hospital, pero solo encontró tres. Vía derecho de petición, le solicitó a la gerente copia de todos los contratos que hasta entonces, primera semana de febrero, hubiese firmado. El diputado recibió 44 contratos.

Tras revisarlos uno por uno, Berrio Scaff acusa a la gerente de haber fraccionado la contratación para evadir la convocatoria pública y adjudicar a dedo. El diputado asegura que solo, en enero, la gerente firmó 20 mil millones de pesos en contratos. Y que a todos les encontró irregularidades.

El diputado dice haber encontrado que tres proponentes de uno de esos contratos expidieron el mismo día y a la misma hora sus certificados de Cámara de Comercio. Lo que a su juicio prueba la estrategia de un mismo grupo de personas para mostrarse como tres firmas distintas. Berrio también denunció que varias de las pólizas fueron expedidas semanas después de la firma de los contratos, cuando por ley deben haber sido adquiridas antes de la firma.

Ante esas inconsistencias, Berrio citó a la gerente a un debate de control político el pasado 18 de febrero. Ese día, durante casi seis horas,  Ehrhard les explicó a los diputados el estado financiero del hospital y las condiciones en que esa institución terminó el 2015. Diez de los 14 diputados aprobaron el informe, uno no asistió y tres, incluido Berrio Scaff, se mostraron insatisfechos.

Tras ese debate y de terminar de documentar las inconsistencias que dice haber encontrado, el diputado Berrio Scaff redactó un extenso documento que le presentó este martes a la Procuraduría Regional de Bolívar.  Como contó La Caribe, esa entidad está en manos de Raúl Guerrero, un reconocido abogado y profesor universitario de Cartagena que es cercano al grupo de los Blel, dada su amistad con el concejal Vicente Blel Scaff, primo del diputado Berrio.

Aunque en la Cartagena política aplauden que el hospital vuelva a estar en la agenda política, no han faltado los que ven detrás de esas denuncias de Berrio intereses de su grupo político para presionar al gobernador de Bolívar Dumek Turbay por burocracia en su gabinete. Esto porque el hospital depende de la administración departamental y los Blel apoyaron a Turbay en las regionales pasadas, pero todavía no tienen participación en el equipo del mandatario liberal. Interpretaciones que el diputado Berrio le negó tajantemente a La Silla.

Las críticas a la gerente justo se dan en momentos en que el hospital suma pasivos cercanos a los 100 mil millones de pesos y por cuyas débiles finanzas el gobernador Turbay convocó, la semana pasada, a una reunión de emergencia, que contó con la presencia del ministro de Salud Alejandro Gaviria. Allí se despejó el fantasma del cierre y se prometieron acciones para sacar a la institución de la crisis.

Mientras las soluciones de fondo llegan y se conocen las consecuencias de lo denunciado por el diputado Berrio, los estudiantes de medicina de la Universidad de Cartagena iniciaron este lunes una asamblea permanente para exigirles a los gobiernos departamental y nacional mejores condiciones de infraestructura para el buen desarrollo de sus prácticas profesionales. Hoy, por ejemplo, no pudieron operar a varios de los pacientes porque en el hospital se agotaron las batas con las que las personas deben ingresar al quirófano, para no violar los protocolos de seguridad médica.

Viernes, Marzo 4, 2016 - 14:28
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Hoy llegó a la Corte Constitucional la demanda en contra de la ley que crea las Zidres, un esquema para hacer megaproyectos en la Altillanura. La presentó un grupo de congresistas del Polo y Alianza Verde que, por lo menos en otras cuatro ocasiones, han actuado en bloque  en diferentes instancias, las más visibles litigando ante la Corte.

El combo lo conforman los congresistas del Polo Iván Cepeda, Alirio Uribe y Alberto Castilla y por los lados de Alianza Verde, Inti Asprilla y Ángela María Robledo. Es decir, el grupo que conforma la izquierda más “política” y menos “económica”, y que se distancia tanto del liderazgo de Jorge Enrique Robledo en el Polo, como de los de Sergio Fajardo, Claudia López y Antonio Navarro entre los viejos verdes.

Como contamos a comienzos de febrero, el famoso frenazo que le puso la Corte Constitucional a los megaproyectos del vicepresidente Germán Vargas provino de una demanda contra el Plan de Desarrollo de Santos presentada por el mismo grupo.

“Ese bloque se creó en el Congreso”, explica un asesor cercano a uno de los congresistas “Los asesores jurídicos de todos tienen un chat colectivo y de ahí han salido las demandas”.

Pero la convergencia no se queda en esas demandas.

El 23 de febrero, ese grupo, más el antioqueño Víctor Javier Correa, envió una carta al procurador Alejandro Ordóñez para contarle de la visita de unos eurodiputados que querían hablar del proceso de paz y de la situación de Iván Cepeda.

Lo mismo hicieron en enero cuando le escribieron una carta al entonces Defensor del Pueblo, Jorge Armando Otálora, pidiéndole su renuncia. En ese caso también firmaron los verdes Angélica Lozano, Claudia López y Oscar Ospina.

Y es que la unión, si bien no tiene un propósito electoral explícito, va más allá de las demandas y sí puede llegar allá.

“Nosotros tenemos unas afinidades políticas que van más allá de las organizaciones a las que pertenecemos. Compartimos una posición sobre el proceso de paz, sobre el modelo económico. Pero que hayamos planteado una estrategia con algún propósito electoral, no” dice el senador del Polo, Iván Cepeda.

“El grupo está actuando junto en más temas, como lo de insistir en la negociación con el ELN” explica la representante Robledo. “Por ahora no tiene una pretensión de construir una precandidatura, pero si llega allá, en una convergencia con grupos del Verde, del Polo y de otros movimientos políticos o sociales, pues bienvenido”.

 

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