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Lunes Diciembre 06, 2021

La semana pasada el ex viceministro Guillermo Reyes, uno de los favoritos al puesto de Registrador, se defendió de las acusaciones de plagio al fallecido jurista Juan Fernando Jaramillo y le dijo a La Silla que éste “jamás pensó en hacer una discusión jurídica o legal, porque él nunca sintió que se le estaban soslayando sus derechos como autor”. Sin embargo, su viuda Gabriela Vargas dice que eso no es cierto.

Como contó La Silla, el libro "El nuevo orden político y electoral en Colombia" que Reyes lanzó en 2004 -cuando era magistrado del Consejo Nacional Electoral- incluyó casi cuatro capítulos copiados al pie de la letra de un texto que Jaramillo había publicado siete años antes, sin ninguna cita a pie de página o referencia bibliográfica que hiciera explícita la fuente original.

A pesar de que el ex magistrado auxiliar de la Corte Constitucional y fundador de Dejusticia le escribió una carta a la Fundación Konrad Adenauer alemana -que editó el libro- protestando por el plagio, Reyes volvió a copiar varios de esos mismos pasajes en un artículo de 2014, de nuevo sin citarlo. Dos plagios que, como planteó el jurista Rodrigo Uprimny en su columna ayer, ponen en duda la idoneidad de Reyes para el cargo de Registrador.

Reyes explicó ambas situaciones como omisiones, diciéndole a La Silla que había conversado largamente del tema con el jurista antioqueño, que había presentado una fe de erratas apenas le llegó su carta, que esos errores se habían corregido en una reedición del libro publicada por la editorial familiar de los Jaramillo y que la editorial que publicó su artículo el año pasado tuvo la culpa de que no se incorporara la fe de erratas que él les había entregado.

Esas explicaciones motivaron a su viuda a responderle públicamente.

“El señor Reyes, en su respuesta a la noticia de plagio publicada por ustedes, da a entender que Juan no vio problema alguno, como tampoco lo ve su familia hoy en día, en la utilización indebida de apartes de su libro.  Pero eso no es cierto; todos nosotros hemos sentido un gran disgusto con el plagio hecho por el señor Reyes”, escribió Gabriela Vargas, la esposa de Juan Jaramillo, en una carta que le envió a La Silla, señalando que si hubiera sido una omisión habría por lo menos una referencia bibliográfica.

También explicó que Unión Gráfica no es una editorial sino una impresora y que, por lo tanto, no puede tener responsabilidad por los textos de Reyes.

“Juan estuvo muy mortificado por el plagio, lo comentó en repetidas ocasiones con amigos y colegas (...) Creo que siete años son suficientes para corregir cualquier omisión y me atrevo a decir que, al ver nuevamente vulnerados sus derechos de autor Juan sí hubiera pensado en una discusión jurídica y legal y en este sentido me parece irrespetuoso que el señor Reyes hable en su nombre afirmando lo contrario”, remata Vargas.

Esta es su carta:

Respuesta Reyes LSV by lasillavacia

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Lun, 2015-10-05 21:06
El que diga que Reyes no es el mejor candidato a Registrador, no se ha detenido a examinar todas las virtudes que adornan a este egregio varón. A mi juicio, él es el masindicado. Si, sindicado. Además quién mejor que él para reemplazar a Ariel, otro espejo de virtud ciudadana y ejemplo vivo de un demócrata consumado. O consumido, ....por el licor. Cuanto registrador se vió envuelto en acusaciones graves por alterar los resultados locales, Ariel lo castigó con severidad, no abriéndole nin guna investigación disciplinaria, sino ascendiéndolo a otra registraduría de mayor rango. Era muy duro cuando impartía castigos. Lo grave es que esa conducta ha hecho que cada vez que tenemos elecciones, los electores se subleven y haya incendios y conatos de asonadas y nunca nadie dijo nada. Nunca lo investigaron, ni le abrieron procesos, porque eso de premiar a los registradores delictuosos, pudo llevar a este país a un incendio de grandes proporciones. Desde su cargo se convirtió en un instigador.
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Lunes, Febrero 22, 2016 - 11:52
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Aunque el Concejo de Bogotá decidió montarse en la ola del posconflicto con una comisión de paz y posconflicto, su presidente Roberto Hinestrosa decidió dejar por fuera al principal partido de izquierda, a la bancada del partido que se opone al proceso de paz y al único concejal que ha estado en un grupo armado.

Lo más curioso es que lo hizo a pesar de que la idea de armar la comisión no fue de él sino de un grupo de concejales de casi todas las bancadas, incluyendo a Celio Nieves, del Polo; y a Antonio Sanguino, de la Alianza Verde y desmovilizado de la Corriente de Renovación Socialista.

En una carta ese grupo le pidió armar la comisión con representantes de las 12 bancadas que tiene el Concejo, para que la Comisión no tuviera un tinte partidista

SOLICITUD COMISIÓN by lasillavacia

Al final, Hinestrosa designó una comisión con solo 5 concejales, cuyas bancadas solo suman 21 de los 45 concejales, y dejó por fuera al Polo y a la Alianza Verde. La bancada del Centro Democrático tampoco quedó representada pero, según supo La Silla, porque no quisieron.

Eso produjo una molestia más con Hinestrosa, en el concejo: ya ha sido criticado por la demora en sacar las resoluciones que regulan la elección de Personero y Contralor, por el contenido de éstas (algunos concejales han dicho que debía haber incluido mayores exigencias a los aspirantes y otros se quejaron por haber incluido requisitos aparentemente superfluos, lo que llevó a Hinestrosa a echarse para atrás en ese punto) y por haber unificado tres proyectos de acuerdo.

Lunes, Febrero 22, 2016 - 11:46
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El exalcalde de Cimitarra Hermán Rodríguez Guerrero, quien el pasado 12 de febrero llegó a la dirección de la regional oriente de la Superintendencia de Servicios Públicos  (Santander, Norte de Santander y Arauca), tiene cuentas pendientes con la justicia.

Desde hace cuatro meses, la Fiscalía está tratando de imputarlo por el presunto delito de peculado.

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La investigación surge por el pago de unas bonificaciones que hizo a sus escoltas cuando era Alcalde en 2011, pese a que ellos eran policías y tenían un sueldo propio.  

Al respecto, Rodríguez Guerrero aseguró: "La Gobernación de Santander también venía pagando una bonificación a los escoltas desde 2011 hasta el año pasado".

Esta es la segunda vez que la Fiscalía llama al nuevo superintendente para imputarlo. La primera citación la hizo ese ente de control cuando Rodríguez Guerrero, quien es cercano al senador rojo Jaime Durán Barrera, se encontraba en plena campaña para llegar por cuarta vez a la alcaldía de Cimitarra con el aval del Partido Liberal. Esa audiencia no se realizó porque el abogado del entonces candidato estaba fuera del país.

 

Sábado, Febrero 20, 2016 - 17:46
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Aunque la administración del exalcalde de Bucaramanga Lucho Bohórquez, dejó como uno de sus legados la legalización de 32 barrios en la ciudad, lo cierto es que esa política terminó más en una jugada electoral, que en una que realmente impactará a cientos de familias de la ciudad.

De los 32 asentamientos que Lucho legalizó durante su administración, 20 de los cuales coincidieron con el arranque de las campañas electorales en julio de 2015, solo uno, Rincón de la Paz, tiene contratadas las obras de mitigación del riesgo.

Si bien, los procesos de legalización que adelantó Bohórquez sirvieron para que esos barrios se reconocieran como parte de Bucaramanga y para que entre otras cosas, pudieran tener acceso a servicios públicos y a inversión estatal, lo cierto es que ese es solo uno de los primeros pasos que se deben dar para impactar a las familias que habitan en zonas de riesgo.

Para que ese primer paso se pudiera cumplir se tenían que determinar los niveles de riesgo de las áreas en dónde estaban esos barrios, por lo que la Alcaldía de Lucho en 2014 contrató dos consultorías: una por $1600 millones para la zona norte y otra por $1390 millones para la zona sur.

El resultado en la zona sur de la ciudad, por ejemplo, fue que de los 13 asentamientos revisados, todos tenían áreas en alto riesgo e incluso algunos como Villas del Nogal o Brisas de Provenza estaban totalmente en riesgo. Los mismos estudios determinaron que para no reubicarlos, el riesgo se podía reducir a través de obras de mitigación.

Sin embargo, hasta hoy esa reducción de amenazas está en el papel porque las obras, que van desde pantallas y muros de contención, hasta gaviones, suman $103 mil millones y la Alcaldía no tiene plata para hacerlas.

El otro problema está en que aún cuando Rodolfo Hernández logre hacer todas las obras de mitigación para frenar el riesgo en el que se encuentran esos 32 nuevos barrios de la ciudad, también deberá garantizar la reubicación de las viviendas a las cuales ni las obras libran de las amenazas por derrumbes.

Precisamente los mismos estudios determinaron, en el caso de la zona sur, que el 30 por ciento de las casi 70 hectáreas que componen esos 13 barrios, con obras o sin ellas siguen estando en alto riesgo. No obstante, ese 30 por ciento entró en la legalización.

Según Mauricio Mejía, el entonces secretario de Planeación de la Alcaldía, se hizo la salvedad e incluso se socializó con las comunidades, que las viviendas que quedaron en ‘zona roja’ debían reubicarse.

La Silla conoció que en el Concejo se están preparando para un debate de control político porque quieren conocer al detalle los estudios que se hicieron para adelantar las legalizaciones y mirar su fidelidad. También quieren saber cómo va a hacer la Alcaldía para terminar con la política a medias que dejó Lucho en su administración.

 

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