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Martes Mayo 24, 2022

A pesar de que la política de restituirle las tierras a los campesinos que fueron despojados avanza muy lentamente y por ahora ha beneficiado a muy pocos, un estudio que no se ha publicado muestra que la mayoría de víctimas sabe que existen estos beneficios pero siguen con mucho temor de regresar.

Eso según la primera encuesta que se hace entre víctimas del despojo de tierras, que lideró el Observatorio sobre Restitución de Tierras dirigido por el sociólogo Francisco Gutiérrez Sanín y montado por cinco universidades, que usó un modelo estadístico especial para poder mapear a una población muy dispersa. Hasta ahora sus resultados sólo han sido compartidos con los funcionarios del Gobierno que trabajan con víctimas.

La encuesta muestra que aproximadamente cuatro de cada cinco campesinos despojados ya saben que la ley de restitución (que cumplió tres años) existe y que pueden convertirse en sus beneficiarios, en su gran mayoría porque se enteraron vía televisión y radio. Eso significa que las Unidades de Restitución y de Víctimas han hecho un trabajo exitoso en divulgación.

Sin embargo, el miedo sigue siendo el gran palo en la rueda de una de las políticas bandera del gobierno Santos. Un 83 por ciento de los encuestados dice que, tras recuperar sus tierras, teme verse obligado a volver a abandonarlas. 

Ese porcentaje es un par de puntos más alto entre las mujeres y es más alto en la Costa Caribe y en Bogotá.

Dos de cada cinco campesinos desplazados en Bogotá reportaron haber sido amenazado y el 91 por ciento teme ser victimizado de nuevo, cifras que son de uno de cada cinco y del 79 por ciento en los departamentos caribeños. Por esta razón, solo piensan seriamente en regresar el 28 por ciento de los despojados que viven en la Costa y el 36 por ciento de los que están en Bogotá.

Como las víctimas despojadas y desplazadas son un grupo muy disperso y difícil de identificar, Gutiérrez Sanín y su equipo recurrieron a una metodología poco convencional llamada marco muestral de redes (o RDS por 'respondent driven sample'), que permite construir la red de relaciones de una persona y que es muy útil para mapear a las poblaciones que permanecen ocultas -por estigmas sociales o porque son difíciles de detectar- como consumidores de drogas o enfermos de VIH / Sida.

Es decir, según esos resultados, la restitución muestra avances en términos de llegarle a las víctimas pero sigue existiendo mucho escepticismo sobre el retorno.

Este es el informe preliminar.

Comentarios - Cada usuario tiene la posibilidad de incluir solo tres comentarios
Dom, 2014-12-07 15:35
En la vereda Tillava del municipio de Puerto Gaitan Meta 'la gran mayoria de los casos son promovidos por falsos reclamantes, quieren olvidar que fueron raspachines de Coca,y con mentiras ante restitucion de tierras regional Meta, pretender quitarle la tierra a Campesinos y VICTIMAS del conflicto armado, ES un caso para analizarlo el 9 de diciembre DÍA anticorrupion de las Naciones Unidas
Vie, 2014-11-07 11:49
La Encuesta Nacional de Victimas realizada (pero aun no difundida) en el 2013 por la Contraloria tiene los mismos datos. Ademas, aunque las condiciones eran mejores para las personas en su lugar de origen en términos de familia, productvidad y vivienda, no quieren retornar por tres razones: seguridad, salud y educación. http://www.contraloriagen.gov.co/web/seguimiento-en-tiempo-real/encuesta-victimas Esos resultados obligan a una urgente revision de la política de retorno y a la politica de restitución del Gobierno.
Jue, 2014-11-06 21:21
Psss si los medios, oposición, ONGs, etc etc sienten miedos constantes y q tienen la posibilidad de ser protegidos x lo menos más rápido q tarde, q podemos esperar de los dsplazAdos. Paralelo a este temor creo q la encuesta se quedo corTa al no consultar sobre esos desplazados q ya la ciudad absorvio con todas sus ventajas y desventajas. Dentro de estos " ya absorbidos" deben aparecer los grupos de edad más jóvenes, a los q las ciudades les queda más fácil adaptarse x lo llamativo de lo novedoso, cosa diferente en los grupos de mayor edad q si añoran regresar a su tierra. Como sea, creo q aún en el estado más optimista de la restitución, serán muchos los campesinos q definitivamente serán CIUDAD..DANOS.
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Viernes, Febrero 19, 2016 - 12:29
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Aunque el Gobierno Nacional ha dicho que no tenía ni idea de que los jefes de las Farc harían proselitismo armado entre los ciudadanos, cada vez es más evidente que tuvieron a la mano varios indicios y no hicieron nada.

Ayer 18 de febrero, día de la sorpresiva jornada en la que cuatro comandantes de la guerrilla llegaron a Conejo (La Guajira) para hablar de paz rodeados de más de 300 hombres uniformados y armados, el local Diario del Norte publicó una amplia noticia titulada: ‘Evento por la paz reunirá delegaciones del Gobierno y las Farc en el corregimiento Conejo’.

El texto cita a uno de los organizadores del evento, quien detalla que la idea del mismo es que la población pueda interactuar con voceros del Gobierno y las Farc. Y, específicamente, el periódico informa que estará presente el guajiro alias Joaquín Gómez

Aunque a Conejo nunca llegaron voceros del Gobierno, como anunciaba la noticia, y la reunión en realidad fue sólo de las Farc, es curioso que la historia así sea con esa imprecisión no hubiese llamado la atención de nadie en el Gobierno.

El Diario de Norte es uno de los principales periódicos guajiros y, aunque no circula a nivel nacional, sí lo hace en Riohacha y por estos días el departamento está lleno de medios nacionales y de altos funcionarios gubernamentales que van y vienen a cada rato, atentos al doloroso drama de los wayuu. Por no ir lejos, para hoy viernes está anunciada la visita del presidente Juan Manuel Santos y del ministro de Vivienda Luis Felipe Henao, entre otros.  

A eso hay que sumarle la versión del alcalde de Fonseca (municipio del que es corregimiento Conejo), Misael Velásquez, quien asegura que cuando empezaron los rumores del evento en la plaza central del poblado dio aviso en el Ministerio del Interior y en las comandancias de la Policía de La Guajira y del batallón mecanizado Rondón del Ejército.

En el Diario del Norte se enteraron de la inusual jornada vía los rumores que estaban encendidos hace varios días en Fonseca, en donde vive gente cercana al jefe de las Farc Joaquín Gómez.

Jueves, Febrero 18, 2016 - 18:50
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Esta mañana se celebró en el municipio de Ciénaga una audiencia pública en la que la Sociedad Ruta del Sol II presentó los detalles de la variante que construirá en esa población, como parte de la segunda calzada Ciénaga - Barranquilla. En el evento participaron los ciudadanos que habitan los predios por donde pasará la obra, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla), el Ministerio Público, ambientalistas, funcionarios de la Gobernación y el alcalde de Ciénaga Edgardo Pérez. Fue justamente el discurso del mandatario el que más sorprendió porque se mostró en desacuerdo con las condiciones actuales del proyecto, que tuvo como principal promotor al exgobernador Luis Miguel ‘el Mello’ Cotes, de quien Pérez es aliado político.

Resulta que tal como está concebida hoy, la construcción de la variante no contempla la reubicación de unas 10 mil familias que viven a la orilla de la Ciénaga Grande, por lo que quedarían atrapadas entre la nueva carretera y ese cuerpo de agua. Es a esa situación a la que el alcalde se opone y así lo expresó durante su intervención. 

Micrófono en mano, el alcalde dijo que no estaba de acuerdo con que la construcción de la variante solo incluya, para la zona donde viven las familias, unos pasos peatonales con compuertas para evitar que se les inunden las viviendas en época de lluvias.

"Muchos dirán que el alcalde de Ciénaga se está atravesando en la obra más importante de la historia del municipio, pero me dolerá más cómo tantas familias se van a quedar entre la carretera y la Ciénaga", dijo el alcalde durante su intervención, en la que también le pidió al Gobierno Nacional considerar la reubicación de las familias. Especialmente, porque no hacerlo, le dijo el mandatario a La Silla, es condenar a esos pobladores a seguir viviendo en condiciones de extrema pobreza.

El exgobernador Cotes fue uno de los que más impulsó la construcción de la segunda calzada Ciénaga  -Barranquilla, a la que le dio luz verde en enero de 2015 el vicepresidente Germán Vargas Lleras, de quien Cotes es aliado.

El alcalde Pérez le dijo a La Silla que el exgobernador Cotes es su "amigo" y siempre le estará agradecido por "gestionar esa obra que le traerá desarrollo a su municipio", pero resaltó que esa amistad y gratitud no son obstáculos para expresar públicamente las dudas que le genera el proyecto.

La variante de 14 kilómetros, que tendrá un costo global de 317 mil millones de pesos y de 19 mil millones en ese tramo, bordeará la Ciénaga Grande para evitar que la actual troncal siga dividiendo el casco urbano de Ciénaga.

Tanto el anuncio de la construcción de la doble calzada como de la variante preocupan a los ambientalistas porque ambos proyectos atravesarán un humedal costero, cobijado por la Convención Ramsar. Mucho más, cuando en el país todavía están frescos los estragos ambientales que causó la primera calzada entre Barranquilla y Ciénaga.

Esos 60 kilómetros iniciales, que se construyeron entre 1959 y 1960, acabaron con los manglares y con el parque Isla Salamanca porque interrumpieron la comunicación natural entre las aguas dulces y saladas. Aunque hubo una intervención posterior para que el ecosistema se recuperara, todavía hoy esa recuperación no es completa.

Sandra Villardy, una de las ambientalistas que más ha alertado sobre las consecuencias ambientales de la segunda calzada, manifestó vía Twitter que el Estudio de Impacto Ambiental de la obra es bastante débil. Además, genera dudas porque en el documento se confunde a uno de los corregimientos por los que pasará la vía con el sector La Boquilla, de Cartagena.

A la preocupación ambiental se suma la denuncia que el año pasado hizo La W Radio de una conversación en la que posiblemente se estaban acordando coimas por la construcción de la vía. Uno de los participantes de la grabación a la que ese medio tuvo acceso sería Álvaro Cotes, papá del exgobernador Luis Miguel 'el Mello' Cotes. Tanto el exmandatario como su papá negaron la veracidad de la grabación.

Jueves, Febrero 18, 2016 - 14:10
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La Procuraduría se le metió al rancho a la Contraloría y hoy inició una investigación contra altos exfuncionarios de ese ente de control por presunto enriquecimiento ilícito y presunta omisión a la hora de investigar presuntas irregularidades en varias entidades públicas del departamento.

La investigación de la Procuraduría a un ente de control regional, no tiene precedentes en el pasado reciente del departamento.

La Silla conoció que las denuncias fueron interpuestas por funcionarios que trabajan al interior de la misma Contraloría, quienes afirmaron que a cambio de archivar o no adelantar procesos de responsabilidad fiscal, personal que se desempeñaba en altos cargos de esa entidad habría recibido dinero.

Precisamente, desde las 9 de la mañana de hoy, los funcionarios de la Procuraduría están revisando documentos en la Contraloría relacionados con los procesos que se archivaron, las cuentas que se fenecieron (vencieron o se saldaron), así como las copias de las auditorías que se hicieron en 15 entidades públicas durante el periodo de Argemiro Castro Granados.

Las alcaldías de Girón, Piedecuesta, San Gil y Cimitarra, el Área Metropolitana de Bucaramanga, el Indersantander, varios hospitales del departamento y la Corporación Panachi, también serán investigadas por esas denuncias.

 

Respecto a los funcionarios de la Contraloría vinculados en la investigación, entre los que se encuentra el excontralor Castro, La Silla conoció que la Procuraduría ordenó que se pidieran copias a la DIAN de las declaraciones de renta, al RUT de los registros de vehículos que están a nombre de ellos, así como a la oficina de Instrumentos Públicos para determinar las propiedades que tienen registradas.

Al ser consultado por La Silla, Castro desestimó todas las acusaciones y señaló que es "absurdo" decir que eso pasó en su administración. También dijo que cuando en la Contraloría existían quejas de ese tipo los funcionarios eran separados de la auditoría.

"Tenemos todos los expedientes de memorandos que les fueron enviados a auditores cuando existían las denuncias y también pruebas de que abrimos procesos disciplinarios por esos hechos. Respecto a los procesos de responsabilidad fiscal, yo hacía seguimiento para que no prescribieran algo que era muy común antes", indicó.
 

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