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Sábado Mayo 21, 2022

A pesar de que la política de restituirle las tierras a los campesinos que fueron despojados avanza muy lentamente y por ahora ha beneficiado a muy pocos, un estudio que no se ha publicado muestra que la mayoría de víctimas sabe que existen estos beneficios pero siguen con mucho temor de regresar.

Eso según la primera encuesta que se hace entre víctimas del despojo de tierras, que lideró el Observatorio sobre Restitución de Tierras dirigido por el sociólogo Francisco Gutiérrez Sanín y montado por cinco universidades, que usó un modelo estadístico especial para poder mapear a una población muy dispersa. Hasta ahora sus resultados sólo han sido compartidos con los funcionarios del Gobierno que trabajan con víctimas.

La encuesta muestra que aproximadamente cuatro de cada cinco campesinos despojados ya saben que la ley de restitución (que cumplió tres años) existe y que pueden convertirse en sus beneficiarios, en su gran mayoría porque se enteraron vía televisión y radio. Eso significa que las Unidades de Restitución y de Víctimas han hecho un trabajo exitoso en divulgación.

Sin embargo, el miedo sigue siendo el gran palo en la rueda de una de las políticas bandera del gobierno Santos. Un 83 por ciento de los encuestados dice que, tras recuperar sus tierras, teme verse obligado a volver a abandonarlas. 

Ese porcentaje es un par de puntos más alto entre las mujeres y es más alto en la Costa Caribe y en Bogotá.

Dos de cada cinco campesinos desplazados en Bogotá reportaron haber sido amenazado y el 91 por ciento teme ser victimizado de nuevo, cifras que son de uno de cada cinco y del 79 por ciento en los departamentos caribeños. Por esta razón, solo piensan seriamente en regresar el 28 por ciento de los despojados que viven en la Costa y el 36 por ciento de los que están en Bogotá.

Como las víctimas despojadas y desplazadas son un grupo muy disperso y difícil de identificar, Gutiérrez Sanín y su equipo recurrieron a una metodología poco convencional llamada marco muestral de redes (o RDS por 'respondent driven sample'), que permite construir la red de relaciones de una persona y que es muy útil para mapear a las poblaciones que permanecen ocultas -por estigmas sociales o porque son difíciles de detectar- como consumidores de drogas o enfermos de VIH / Sida.

Es decir, según esos resultados, la restitución muestra avances en términos de llegarle a las víctimas pero sigue existiendo mucho escepticismo sobre el retorno.

Este es el informe preliminar.

Comentarios - Cada usuario tiene la posibilidad de incluir solo tres comentarios
Dom, 2014-12-07 15:35
En la vereda Tillava del municipio de Puerto Gaitan Meta 'la gran mayoria de los casos son promovidos por falsos reclamantes, quieren olvidar que fueron raspachines de Coca,y con mentiras ante restitucion de tierras regional Meta, pretender quitarle la tierra a Campesinos y VICTIMAS del conflicto armado, ES un caso para analizarlo el 9 de diciembre DÍA anticorrupion de las Naciones Unidas
Vie, 2014-11-07 11:49
La Encuesta Nacional de Victimas realizada (pero aun no difundida) en el 2013 por la Contraloria tiene los mismos datos. Ademas, aunque las condiciones eran mejores para las personas en su lugar de origen en términos de familia, productvidad y vivienda, no quieren retornar por tres razones: seguridad, salud y educación. http://www.contraloriagen.gov.co/web/seguimiento-en-tiempo-real/encuesta-victimas Esos resultados obligan a una urgente revision de la política de retorno y a la politica de restitución del Gobierno.
Jue, 2014-11-06 21:21
Psss si los medios, oposición, ONGs, etc etc sienten miedos constantes y q tienen la posibilidad de ser protegidos x lo menos más rápido q tarde, q podemos esperar de los dsplazAdos. Paralelo a este temor creo q la encuesta se quedo corTa al no consultar sobre esos desplazados q ya la ciudad absorvio con todas sus ventajas y desventajas. Dentro de estos " ya absorbidos" deben aparecer los grupos de edad más jóvenes, a los q las ciudades les queda más fácil adaptarse x lo llamativo de lo novedoso, cosa diferente en los grupos de mayor edad q si añoran regresar a su tierra. Como sea, creo q aún en el estado más optimista de la restitución, serán muchos los campesinos q definitivamente serán CIUDAD..DANOS.
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Lunes, Febrero 22, 2016 - 11:52
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Aunque el Concejo de Bogotá decidió montarse en la ola del posconflicto con una comisión de paz y posconflicto, su presidente Roberto Hinestrosa decidió dejar por fuera al principal partido de izquierda, a la bancada del partido que se opone al proceso de paz y al único concejal que ha estado en un grupo armado.

Lo más curioso es que lo hizo a pesar de que la idea de armar la comisión no fue de él sino de un grupo de concejales de casi todas las bancadas, incluyendo a Celio Nieves, del Polo; y a Antonio Sanguino, de la Alianza Verde y desmovilizado de la Corriente de Renovación Socialista.

En una carta ese grupo le pidió armar la comisión con representantes de las 12 bancadas que tiene el Concejo, para que la Comisión no tuviera un tinte partidista

SOLICITUD COMISIÓN by lasillavacia

Al final, Hinestrosa designó una comisión con solo 5 concejales, cuyas bancadas solo suman 21 de los 45 concejales, y dejó por fuera al Polo y a la Alianza Verde. La bancada del Centro Democrático tampoco quedó representada pero, según supo La Silla, porque no quisieron.

Eso produjo una molestia más con Hinestrosa, en el concejo: ya ha sido criticado por la demora en sacar las resoluciones que regulan la elección de Personero y Contralor, por el contenido de éstas (algunos concejales han dicho que debía haber incluido mayores exigencias a los aspirantes y otros se quejaron por haber incluido requisitos aparentemente superfluos, lo que llevó a Hinestrosa a echarse para atrás en ese punto) y por haber unificado tres proyectos de acuerdo.

Lunes, Febrero 22, 2016 - 11:46
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El exalcalde de Cimitarra Hermán Rodríguez Guerrero, quien el pasado 12 de febrero llegó a la dirección de la regional oriente de la Superintendencia de Servicios Públicos  (Santander, Norte de Santander y Arauca), tiene cuentas pendientes con la justicia.

Desde hace cuatro meses, la Fiscalía está tratando de imputarlo por el presunto delito de peculado.

Aunque para mañana estaba citada la nueva audiencia para iniciar el proceso en su contra formalmente, La Silla conoció que el nuevo funcionario pidió el aplazamiento argumentando que tenía otras prioridades en Bucaramanga.

La investigación surge por el pago de unas bonificaciones que hizo a sus escoltas cuando era Alcalde en 2011, pese a que ellos eran policías y tenían un sueldo propio.  

Al respecto, Rodríguez Guerrero aseguró: "La Gobernación de Santander también venía pagando una bonificación a los escoltas desde 2011 hasta el año pasado".

Esta es la segunda vez que la Fiscalía llama al nuevo superintendente para imputarlo. La primera citación la hizo ese ente de control cuando Rodríguez Guerrero, quien es cercano al senador rojo Jaime Durán Barrera, se encontraba en plena campaña para llegar por cuarta vez a la alcaldía de Cimitarra con el aval del Partido Liberal. Esa audiencia no se realizó porque el abogado del entonces candidato estaba fuera del país.

 

Sábado, Febrero 20, 2016 - 17:46
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Aunque la administración del exalcalde de Bucaramanga Lucho Bohórquez, dejó como uno de sus legados la legalización de 32 barrios en la ciudad, lo cierto es que esa política terminó más en una jugada electoral, que en una que realmente impactará a cientos de familias de la ciudad.

De los 32 asentamientos que Lucho legalizó durante su administración, 20 de los cuales coincidieron con el arranque de las campañas electorales en julio de 2015, solo uno, Rincón de la Paz, tiene contratadas las obras de mitigación del riesgo.

Si bien, los procesos de legalización que adelantó Bohórquez sirvieron para que esos barrios se reconocieran como parte de Bucaramanga y para que entre otras cosas, pudieran tener acceso a servicios públicos y a inversión estatal, lo cierto es que ese es solo uno de los primeros pasos que se deben dar para impactar a las familias que habitan en zonas de riesgo.

Para que ese primer paso se pudiera cumplir se tenían que determinar los niveles de riesgo de las áreas en dónde estaban esos barrios, por lo que la Alcaldía de Lucho en 2014 contrató dos consultorías: una por $1600 millones para la zona norte y otra por $1390 millones para la zona sur.

El resultado en la zona sur de la ciudad, por ejemplo, fue que de los 13 asentamientos revisados, todos tenían áreas en alto riesgo e incluso algunos como Villas del Nogal o Brisas de Provenza estaban totalmente en riesgo. Los mismos estudios determinaron que para no reubicarlos, el riesgo se podía reducir a través de obras de mitigación.

Sin embargo, hasta hoy esa reducción de amenazas está en el papel porque las obras, que van desde pantallas y muros de contención, hasta gaviones, suman $103 mil millones y la Alcaldía no tiene plata para hacerlas.

El otro problema está en que aún cuando Rodolfo Hernández logre hacer todas las obras de mitigación para frenar el riesgo en el que se encuentran esos 32 nuevos barrios de la ciudad, también deberá garantizar la reubicación de las viviendas a las cuales ni las obras libran de las amenazas por derrumbes.

Precisamente los mismos estudios determinaron, en el caso de la zona sur, que el 30 por ciento de las casi 70 hectáreas que componen esos 13 barrios, con obras o sin ellas siguen estando en alto riesgo. No obstante, ese 30 por ciento entró en la legalización.

Según Mauricio Mejía, el entonces secretario de Planeación de la Alcaldía, se hizo la salvedad e incluso se socializó con las comunidades, que las viviendas que quedaron en ‘zona roja’ debían reubicarse.

La Silla conoció que en el Concejo se están preparando para un debate de control político porque quieren conocer al detalle los estudios que se hicieron para adelantar las legalizaciones y mirar su fidelidad. También quieren saber cómo va a hacer la Alcaldía para terminar con la política a medias que dejó Lucho en su administración.

 

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