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Viernes Diciembre 03, 2021

A mediados de julio la Ministra de Ambiente Luz Helena Sarmiento le dijo a Vanguardia que la largamente esperada delimitación del páramo de Santurbán estará lista en un mes. En esa misma entrevista, ella dijo que el proceso de delimitación de los páramos está siendo muy engorroso y que “adoptar la escala a 1:100.000 sería ideal”. Esas dos declaraciones, que han pasado de agache, son las dos caras de una misma moneda: la promesa de proteger todos los páramos sigue congelada.

Hoy casi un millón de hectáreas de páramo -la tercera parte- están en un limbo y el Gobierno no ha dado ningún indicio de que el tema sea prioritario, pese a que prometió presentar un proyecto de ley de páramos para protegerlos por su importancia hídrica y a que el Plan de Desarrollo de Santos protege por ley todos los páramos, pero solo aquellos 'adoptados oficialmente'.

La explicación el lío es una cuestión de mapas, como contó La Silla. Hace un año y medio el Instituto Von Humboldt entregó al Ministerio una nueva cartografía hecha a una escala de 1 : 100.000, en la que venía trabajando desde antes de la discusión sobre minería en los páramos, y que es a la que se refiere Sarmiento.

Esos mapas arrojaron una conclusión crucial: Colombia tiene casi un millón de hectáreas más, de páramos de lo que se creía. Pero esas son las que están completamente vulnerables.

Ni el ex ministro Juan Gabriel Uribe ni Sarmiento adoptaron oficialmente la nueva catrografía por la fuerte oposición de los gremios económicos que temen las restricciones

Y las reservas naturales temporales, una figura que se inventaron el año pasado Minas y Ambiente para blindar de solicitudes de títulos mineros a las áreas en proceso de ser protegidas, cubre potenciales parques nacionales y humedales Ramsar. Pero no, como muestra este mapa, a los páramos.

Eso significa que, aunque dentro de tres años que se termine la delimitación obligatoria esas 900 mil hectáreas quedarían blindadas, en este momento se podría solicitar un título minero allí y sembrar la semilla de un conflicto en potencia.

Además, el Gobierno ordenó en 2011 dar un paso más y delimitar los páramos según unos mapas con escala de 1: 25.000, un trabajo cartográfico complejo para saber más exactamente qué tan grandes son. Pero, como lo muestra el caso Santurbán, se demorará mucho más de los dos o tres años originalmente presupuestados para cubrir los 35 complejos de páramos del país.

Por eso es llamativa la entrevista de Sarmiento. “La delimitación de los páramos tiene que cambiar de alguna manera. No podemos tener unos modelos tan desgastantes, porque ese plan de 1 :25.000 no es tan viable”, dijo.

Para cumplir sus deseos la ministra Sarmiento podría adoptar la cartografía más reciente y protegerlos mientras logra sacar adelante la más complicada ¿Será que esas 900 mil hectáreas de páramo recibirán su salvavidas?

Otros confidenciales recientes

Jueves, Marzo 10, 2016 - 12:23
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A pesar de que el presidente Juan Manuel Santos aceptó la renuncia del Ministro de Minas, tras endilgarle la responsabilidad de un eventual apagón, Tomás González recibió un espaldarazo público de un grupo muy diverso y prestigioso de personas relacionadas con el sector minero que le expresan su respaldo por su trabajo y la experticia que demostró durante el año y medio que fue la cabeza del sector.

Se trata de casi todos los miembros del Grupo de Diálogo sobre la Minería, Gdiam, un grupo de alto nivel creado por la Fundación Ford (que financia el cubrimiento minero de La Silla) para convenir una visión de la minería a largo plazo que apoye el desarrollo socioeconómico del país  y la construcción de paz.

Entre los firmantes están personas tan diversas como Fabio Arjona, el director ejecutivo de la Ong ambiental Conservación Internacional en Colombia hasta el ex ministro y el ex viceministro de minas Luis Ernesto Mejía y Henry Medina pasando por líderes del sector como Claudia Jiménez, la ex directora ejecutiva del gremio de minería a gran escala y León Teicher, el ex presidente del Cerrejón y líderes sociales como Alcibíades Escué, líder de la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte en el Cauca, Benjamín Mosquera, representante legal del Consejo Comunitario del Río Anchicayá y Fabio Velásquez, presidente ejecutivo la Fundación Foro Nacional por Colombia.

Esta es la carta:

 

Carta Tomás González by lasillavacia

Martes, Marzo 8, 2016 - 12:02
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El viernes pasado, el alcalde de Valledupar Augusto 'Tuto' Uhía volvió a demostrar con la adjudicación del contrato de transporte escolar que es agradecido con quienes lo apoyaron en campaña y que los ‘lleva en coche’ desde los primeros meses de su mandato. Después que el Concejo, donde la coalición mayoritaria lo respalda, escogió como contralor municipal a uno de los financiadores de su proyecto político, Uhía premió con un contrato de $2.084 millones de pesos a otro hombre clave de su candidatura.

Se trata de Reinaldo Carvajal Riveira, quien junto a su hermano Rubén ‘Ava’ Carvajal (exalcalde de Valledupar y constructor), respaldó públicamente la candidatura del actual mandatario. De hecho, ‘Ava’ tiene desde el primero de enero participación en el gabinete a través del secretario de Obras Juan Pablo Morón.

Ahora el turno fue para Reinaldo, representante legal del consorcio Transportes Especiales de Valledupar y quien ha sido contratista en administraciones anteriores y en varios municipios del Cesar. La Alcaldía de Uhía le adjudicó, para todo 2016, el servicio de transporte escolar de los niños y adolescentes que viven en el área rural y los sectores menos favorecidos de Valledupar.

La empresa Transportes Carvajal Ltda, propiedad de Carvajal Riveira, tiene el 75% de participación en el consorcio, mientras que el 25% restante está en manos de la Sociedad de Transportes del Caribe SAS, empresa con Cámara de Comercio guajira que también ha sido contratista en otros municipios del Cesar.

El consorcio ganador se impuso sobre otros dos proponentes, a los que la Alcaldía terminó rechazando (Unión Temporal Valledupar Unida) y declarando  inhabilitados (Cooperativa de Transportes Colectivos del Cesar), después de las evaluaciones técnicas, jurídicas y financieras.

Desde que se hizo público el nombre del ganador del contrato, la adjudicación ha sido interpretada en Valledupar como un agradecimiento más que, de frente, el alcalde le hace a otro de sus amigos de campaña, tal como ocurrió con la elección del contralor municipal, en enero.

Como contó La Caribe, el Concejo de Valledupar eligió para el puesto de contralor al abogado Álvaro Luis Castilla Fragoso, uno de los financiadores de la campaña de Uhía: le puso $120 millones, según registros del portal Cuentas Claras. Y es también miembro del comité inscriptor del grupo significativo 'Avanzar es posible', que avaló la candidatura de Uhía.

El actual alcalde de Valledupar le debe, principalmente, su silla al representante conservador Alfredo Ape Cuello, quien lo financió, le puso votos y le brindó apoyo logístico.

Lunes, Marzo 7, 2016 - 16:56
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Aunque lo usual es que lo hagan dos funcionarios, con seis guardias en el Hospital Cardiovascular del Niño de Cundinamarca, en el municipio de Soacha, el Inpec vigila que el exgobernador guajiro Juan Francisco ‘Kiko’ Gómez no se vaya a escapar. Como se sabe, desde el pasado 26 de febrero está allí en una habitación por problemas cardíacos y bajo observación porque los médicos no descartan tener que operarlo.

En principio, Kiko fue trasladado al hospital para que le realizaran una valoración cardíaca (un cateterismo), le dijo el Inpec a La Silla. Pero los médicos optaron por no regresarlo a La Picota porque encontraron que padece angina inestable y arritmia cardíaca. Por ese diagnóstico, y según cómo evolucione, el exmandatario podría ser intervenido los próximos días.

Consultados sobre las garantías de seguridad de Kiko en el hospital, el Inpec -la entidad encargada de responderle al país si un recluso huye- le aseguró a La Silla que el exfuncionario está fuertemente custodiado por los hombres del grupo especializado en remisiones y custodias clínicas, Gropes. Se trata de funcionarios que cuentan con un entrenamiento especial y dotación distinta a la usada por el resto de guardianes del Inpec.

El abogado Iván Cancino, que defiende a Kiko en la investigación por el crimen del exconcejal de Barrancas Luis López Peralta, le dijo a La Silla que el exmandatario está tan custodiado que ni la esposa ha podido verlo.

A Diana López Zuleta, hija del exconcejal asesinado, le causa suspicacia la hospitalización de Kiko. En su cuenta de Twitter escribió que “se le da por  enfermarse días antes de los alegatos de conclusión por el homicidio de mi papá, entre otros delitos”.

Al desprestigiado político la justicia lo procesa además por posibles vínculos con bandas criminales y por otros 14 homicidios.

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