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Domingo Mayo 28, 2023

El lunes arranca en París la cumbre anual de Naciones Unidas sobre cambio climático con la misión crucial de poner de acuerdo a todos los países del mundo en cómo frenarlo. Y Colombia (con cinco países aliados que formaron hace dos años un bloque de negociación llamado la Asociación Independiente de Latinoamérica y el Caribe. Ailac) puso sobre la mesa una propuesta polémica que promete agitar la discusión, que lleva seis años empantanada.

En París habrá dos grandes pulsos políticos que definirán si se logra un nuevo acuerdo y qué tanto alcance tendrá.

El primer gran debate es si el acuerdo cobijará a todos los países con unas metas obligatorias y medibles para la reducción de emisión de gases de efecto invernadero, pues las del protocolo vigente, el de Kioto, no son obligatorias. En este un punto están enfrentados los países ricos (que creen que deben ser obligatorias para todos) y algunas potencias en desarrollo como China e India (que creen que solo deben ser obligatorias para los ricos, que tienen una mayor responsabilidad histórica).

En esa discusión la Ailac (Colombia más Perú, Chile, Costa Rica, Guatemala y Panamá) no juega un papel protagónico, pero propuso que una vez los países alcancen las nuevas metas, no puedan reemplazarlas más adelante con unas más suaves, pero que no sean obligatorias. “Por ejemplo, todos sabemos que China alcanzará su pico máximo de emisiones en 2030, pero de ahí en adelante no sabemos qué van a proponer”, dice una persona que conoce las negociaciones.

Esa idea, que en el lenguaje diplomático se llama el “principio de no backsliding” (de no deslizarse), causa mucho recelo pero podría ayudar a acercar las posiciones de los países porque hace que no sean obligatorias para nadie, pero sí que no se puedan echar para atrás.

El otro debate fuerte es de dónde saldrán la plata, tecnología y habilidades técnicas que se necesitan para aterrizar las estrategias en mitigación y adaptación y que los países menos desarrollados no tienen.

Los europeos y gringos buscan que el aporte en plata sea voluntario, Canadá y Australia se niegan, y China e India insistien en que si los ricos no se meten la mano al bolsillo, ellos no tienen por qué ponerse metas para reducir los gases.

Allí Colombia y Ailac están proponiendo que haya un mecanismo para compartir la información de lo que está haciendo cada país en esos frentes, como una manera de avanzar sin la pelea por la plata.

Si alguna de esas dos idea prosperan, sería el segundo triunfo consecutivo de Ailac que hace un año, en una cumbre en Lima en la que se redactó un borrador de acuerdo, logró meter los temas de adaptación al cambio climático, a pesar de que los países ricos querían un acuerdo solo en el frente de mitigación (los esfuerzos para reducir las emisiones). Aunque esas metas serán voluntarias, su inclusión es clave para países como Colombia, con emisiones de gases relativamente bajas pero -como demostró la ola invernal de 2010 y 2011-  pero muy vulnerables a los efectos del cambio climático, por lo que deben invertir en adaptarse a él.

Dependiendo de esos compromisos y del éxito de las progresistas ideas de la Cancillería, comenzará en Colombia la puja por ver qué prácticas tendrán que cambiar los sectores productivos que más contibuyen al cambio climático y el gobierno Santos tendrá que demostrar si tiene realmente la voluntad política para aterrizarlos, algo que en la elección de directores de las CAR demostró no es su prioridad.

Por eso, si la Ailac logra meter una de sus propuestas, se habrá convertido en un jugador furnamental en la diplomacia ambiental. Y Colombia, con ella.

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Vie, 2015-11-27 21:13
Si cuando se aprobó el protocolo de Kyoto en 2008, se estimo un fondo cercano a los $30.000 millones de dólares a 20 años para financiar la mitigación de aquellos países más vulnerables y no hubo acuerdo, cuánto costará el nuevo presupuesto de aquí a 2025, cuando se aspira contra reloj a mantener la temperatura mundial a menos de 2 grados Celsius y los mayores emisores son tan mezquinos (incluidos por supuesto China e india) ? Colombia en el entretanto es uno de los 7 países más vulnerables al calentamiento global, la agricultura, ganadería y deforestación aportan más del 50% de los GEI, no renuncia al crecimiento minero-energético en zonas sensibles, se embarco en un ambicioso programa de infraestructura pública, precisamente en las zonas de mayor riesgo geológico y no es muy convencida de las energías renovables, ahora que el fenómeno del niño demostrará que las fuentes hidráulicas no son muy confiables ? Qué tendrá que decirle al mundo en París?
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Lunes, Febrero 22, 2016 - 23:10
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Aunque el alcalde de Bucaramanga, Rodolfo Hernández, en campaña se había declarado en oposición a la valorización, la decisión de un juez de la ciudad que tumbó esa contribución en su administración lo obligó a cambiarse de bando.

Hernández le confirmó a La Silla que la decisión, que en términos prácticos lo que hace es echar para atrás el cobro de la contribución con la que se recaudaron $190 mil millones que están invertidos en obras viales en Bucaramanga, será apelada para salvaguardar los intereses de la ciudad.

“Ya no es el criterio mío lo que debe pesar, yo no estaba de acuerdo con la valorización porque estaban despilfarrando toda esa plata y entregándola en licitaciones de único oferente. Esa plata ya se la gastaron y si no apelara, pues prácticamente hay que cerrar al Municipio. Yo soy el representante legal de la ciudad y tengo que pensar en el beneficio de todos los ciudadanos”, aseguró Hernández.

La posición de Hernández, que según abogados consultados por La Silla, es la que debe defender el Alcalde, porque de lo contrario podría ser investigado por actuar en contra de los intereses del Municipio, no ha caído bien en los opositores a la valorización, quienes empezaron a cuestionar la nuevaposición del Alcalde.

Este medio, conoció el texto completo de la decisión, que en líneas generales lo que hizo fue validar todos los argumentos de la Procuraduría relacionados con las fallas de forma y de fondo que existieron en el proceso previo a la entrega de los recibos para el recaudo de esa contribución.

Por una parte, el Juez le dio la razón al Ministerio Público en cuanto a que la Alcaldía en 2011 omitió hacer dos publicaciones en diarios de amplia circulación de las convocatorias para la conformación de la Junta de Propietarios y Poseedores, órgano que se encargaría de socializar en diferentes partes de la ciudad los alcances de la valorización.

Por otra, señaló que sí existieron irregularidades en las actas de los escrutinios de las votaciones en las que se eligieron a los integrantes de esa junta, debido a que no existió comisión escrutadora y a que las actas de resultados no están firmadas por todos los delegados.

En este sentido, el Juez declaró la nulidad del documento que le permitió a la Alcaldía de Bucaramanga iniciar el cobro de la valorización en 2013, porque el procedimiento previo a su expedición no se cumplió de acuerdo a la norma.

El Tribunal Administrativo de Santander será el encargado de fallar la segunda instancia. Si la decisión se confirma, la Alcaldía de Bucaramanga tendría que entrar a devolver la plata a los bumangueses y reiniciar el proceso de cobro desde la convocatoria para la Junta de Propietarios. 

Lunes, Febrero 22, 2016 - 22:18
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Santander se metió en la puja por una partida de los $6,48 billones que le dejó a la Nación la controvertida venta de Isagen.

En una carta que fue enviada al Presidente Juan Manuel Santos el pasado viernes, el gobernador de ese departamento, Didier Tavera, solicitó formalmente que $648 mil millones (el 10 por ciento de la transacción) sean destinados a proyectos de inversión en Santander.

La petición se basa en que en la región está la represa de Hidrosogamoso, hidroeléctrica que produce el 60 por ciento de la energía de Isagen, lo que le daría derecho al departamento, según una ley expedida en el 95, de quedarse con la décima parte de los rendimientos que generaron la venta de las acciones.

Según el secretario de Planeación del departamento, Sergio Muñoz, “la ley es clara y señala que para recibir el beneficio la principal actividad de la empresa enajenada deberá estar en su territorio. Santander cumple esas características y por eso estamos reclamando la participación de esos recursos”.

A esa solicitud se sumaron todos los congresistas de Santander, quienes serían los encargados de presionar a Santos para que desembolsara la plata.

No obstante, Santander no es el único que está peleando esa posibilidad. La Gobernación de Antioquia  le hizo esa misma solicitud a Santos el pasado 29 de enero bajo el argumento de que en ese departamento funciona la sede principal de Isagén.

Lo particular es que ninguno de los dos departamentos está consultando la posibilidad de acceder a los recursos, sino que le están reclamando a la Presidencia su participación directa, algo que no estaba dentro de las cuentas de la Nación, que como lo contó La Silla, tiene dadas sus prioridades en la financiación de las vías 4G y en darle un alivio al déficit fiscal de los programas de Santos.

Lunes, Febrero 22, 2016 - 14:48
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La semana pasada hubo un cambio en la cabeza de la secretaría de Productividad de Antioquia que pasó de agache, sin comunicado de prensa y solo con dos breves menciones en medios: Llanedt Martínez, esposa del político condenado por narcotráfico Luis Javier Castaño, salió de su cargo después de que La Silla reveló esa relación y algunos medios la retomaron.

En su reemplazo llegó la abogada eespecializada en derecho administrativo y contratación Liz Margaret Álvarez Calderón, quien fue secretaria de servicios administrativos y gobierno de los municipios de San Jerónimo y Caramanta  hace casi una década y trabajó en la procuraduría Provincial de Puerto Berrío en 2013,

Lo curioso es que, según el diario El Mundo, Álvarez es esposa del representante conservador a la Cámara Horacio Gallón, aliado del llamado Grupo de Itagüí en el conservatismo antioqueño y quien apoyó la campaña del gobernador Luis Pérez.

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