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Viernes Agosto 12, 2022

El lunes arranca en París la cumbre anual de Naciones Unidas sobre cambio climático con la misión crucial de poner de acuerdo a todos los países del mundo en cómo frenarlo. Y Colombia (con cinco países aliados que formaron hace dos años un bloque de negociación llamado la Asociación Independiente de Latinoamérica y el Caribe. Ailac) puso sobre la mesa una propuesta polémica que promete agitar la discusión, que lleva seis años empantanada.

En París habrá dos grandes pulsos políticos que definirán si se logra un nuevo acuerdo y qué tanto alcance tendrá.

El primer gran debate es si el acuerdo cobijará a todos los países con unas metas obligatorias y medibles para la reducción de emisión de gases de efecto invernadero, pues las del protocolo vigente, el de Kioto, no son obligatorias. En este un punto están enfrentados los países ricos (que creen que deben ser obligatorias para todos) y algunas potencias en desarrollo como China e India (que creen que solo deben ser obligatorias para los ricos, que tienen una mayor responsabilidad histórica).

En esa discusión la Ailac (Colombia más Perú, Chile, Costa Rica, Guatemala y Panamá) no juega un papel protagónico, pero propuso que una vez los países alcancen las nuevas metas, no puedan reemplazarlas más adelante con unas más suaves, pero que no sean obligatorias. “Por ejemplo, todos sabemos que China alcanzará su pico máximo de emisiones en 2030, pero de ahí en adelante no sabemos qué van a proponer”, dice una persona que conoce las negociaciones.

Esa idea, que en el lenguaje diplomático se llama el “principio de no backsliding” (de no deslizarse), causa mucho recelo pero podría ayudar a acercar las posiciones de los países porque hace que no sean obligatorias para nadie, pero sí que no se puedan echar para atrás.

El otro debate fuerte es de dónde saldrán la plata, tecnología y habilidades técnicas que se necesitan para aterrizar las estrategias en mitigación y adaptación y que los países menos desarrollados no tienen.

Los europeos y gringos buscan que el aporte en plata sea voluntario, Canadá y Australia se niegan, y China e India insistien en que si los ricos no se meten la mano al bolsillo, ellos no tienen por qué ponerse metas para reducir los gases.

Allí Colombia y Ailac están proponiendo que haya un mecanismo para compartir la información de lo que está haciendo cada país en esos frentes, como una manera de avanzar sin la pelea por la plata.

Si alguna de esas dos idea prosperan, sería el segundo triunfo consecutivo de Ailac que hace un año, en una cumbre en Lima en la que se redactó un borrador de acuerdo, logró meter los temas de adaptación al cambio climático, a pesar de que los países ricos querían un acuerdo solo en el frente de mitigación (los esfuerzos para reducir las emisiones). Aunque esas metas serán voluntarias, su inclusión es clave para países como Colombia, con emisiones de gases relativamente bajas pero -como demostró la ola invernal de 2010 y 2011-  pero muy vulnerables a los efectos del cambio climático, por lo que deben invertir en adaptarse a él.

Dependiendo de esos compromisos y del éxito de las progresistas ideas de la Cancillería, comenzará en Colombia la puja por ver qué prácticas tendrán que cambiar los sectores productivos que más contibuyen al cambio climático y el gobierno Santos tendrá que demostrar si tiene realmente la voluntad política para aterrizarlos, algo que en la elección de directores de las CAR demostró no es su prioridad.

Por eso, si la Ailac logra meter una de sus propuestas, se habrá convertido en un jugador furnamental en la diplomacia ambiental. Y Colombia, con ella.

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Vie, 2015-11-27 21:13
Si cuando se aprobó el protocolo de Kyoto en 2008, se estimo un fondo cercano a los $30.000 millones de dólares a 20 años para financiar la mitigación de aquellos países más vulnerables y no hubo acuerdo, cuánto costará el nuevo presupuesto de aquí a 2025, cuando se aspira contra reloj a mantener la temperatura mundial a menos de 2 grados Celsius y los mayores emisores son tan mezquinos (incluidos por supuesto China e india) ? Colombia en el entretanto es uno de los 7 países más vulnerables al calentamiento global, la agricultura, ganadería y deforestación aportan más del 50% de los GEI, no renuncia al crecimiento minero-energético en zonas sensibles, se embarco en un ambicioso programa de infraestructura pública, precisamente en las zonas de mayor riesgo geológico y no es muy convencida de las energías renovables, ahora que el fenómeno del niño demostrará que las fuentes hidráulicas no son muy confiables ? Qué tendrá que decirle al mundo en París?
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Jueves, Febrero 4, 2016 - 13:44
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Hasta el domingo pasado la seguridad de Bogotá se pensaba en un centro de estudios con más de 50 personas. Desde esta semana, esa labor la harán muchos menos funcionarios, en uno de los primeros pasos para preparar la creación de la Secretaría de Seguridad que quiere crear Enrique Peñalosa.

Va a cambiar radicalmente el Centro de estudios y análisis en convivencia y seguridad ciudadana, Ceascs, que durante ocho años ayudó a crear programas bandera de las alcaldías de izquierda, como los Camad (los Centros de Atención Médica a Drogadictos) de Gustavo Petro, las políticas de desarme o las restricciones a la venta de alcohol de la alcaldía de Clara López.

Según dos de los funcionarios salientes, 53 de sus miembros terminaron labores el domingo.Y su director Rubén Darío Ramírez, cerebro de esas políticas de seguridad de los últimos tres alcaldes, renunció el 10 de enero, 20 días  antes de la terminación de su contrato.

En entrevista con La Silla Vacía expresó que con la administración actual vio la llegada de una visión radicalmente diferente a cómo se ha manejado durante los últimos 12 años, y por eso se fue.

Ramírez considera que la aproximación social que se viene dando a temas como los habitantes de calle y los vendedores ambulantes, no va a tener continuidad. Y teme que la nueva administración vaya a realizar operativos de recuperación del espacio público a punta de represión.

Daniel Mejía, actual Subsecretario de Seguridad de Peñalosa y quien va a ser su Secretario de seguridad una vez se cree esa entidad, le dijo a La Silla que el Ceascs “malgastaba recursos” en una nómina demasiado grande. También dijo que ese centro “no le daba información absolutamente a nadie”, por lo cual no estaba cumpliendo con su función de orientar a las secretarías del Distrito.

Según dijo, la administración actual va a contratar personal mejor calificado para producir estudios más técnicos y transparentes.

Ese modelo recuerda el que existió en las administraciones de Mockus y Peñalosa, entre 1995 y el 2003, cuando el Sistema de Información de Violencia y Delincuencia tenía un equipo de trabajo de uno seis analistas, cada uno enfocado en un delito diferente.

Además de esa reducción en la nómina, Mejía está evaluando qué programas del Centro se van a mantener. Por ahora, se decidió que sigue el de Gestores de Convivencia, que capacitó a más de 9.000 jóvenes en la resolución de conflictos y el acompañamiento de eventos, protestas y manifestaciones.

El organismo que reemplace al Ceascs tendrá que lidiar con una ciudad que, si bien tiene menos homicidios, también vive una crisis de la percepción de seguridad. Según Bogotá Cómo Vamos, en el 2015 el 59% de los bogotanos aseguraron que se sentían inseguros en el espacio público.

 

Miércoles, Febrero 3, 2016 - 17:46
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Esta tarde, un juez de Cartagena dejó sin efectos la elección de la contralora distrital Nubia Fontalvo Hernández y le ordenó al Concejo devolver el concurso a la etapa de las entrevistas. Con esta decisión judicial, el alcalde Manolo Duque sufre a menos de mes y medio de mandato su primer gran golpe porque, por lo pronto, se queda sin la aliada a la que su grupo político puso para hacerle control fiscal.

La tutela que tumbó a Fontalvo fue interpuesta por el abogado Rafael Camargo Jiménez y coadyuvada por Iván Sierra Porto, miembro de la lista de elegibles a contralor. Ambos argumentaron que el Concejo de Cartagena violó el debido proceso en la elección porque la entrevista a los aspirantes debió hacerla la mesa directiva del Cabildo que se posesionó el primero de enero pasado y no la del que terminó periodo el 31 de diciembre.

Ahora la nueva mesa directiva tiene 10 días para volver a hacerles las entrevistas a Fontalvo y a Porto Sierra, consolidar los puntajes y votar una vez más para designar al titular de la Contraloría. Solo competirán ellos dos porque el tercer miembro de la lista de elegibles había renunciado días antes de la elección, que se realizó la primera semana de enero.

Como contó La Caribe, la abogada Fontalvo fue escogida por la gestión que hicieron el hermano del alcalde Manolo Duque, José Julián Vásquez, y el senador liberal Lidio García, quien respaldó la candidatura de Duque.

Fueron Vásquez y García quienes la noche del 7 de enero lograron cambiar la votación porque ese mismo día, por la tarde, los concejales habían decidido en reunión en un hotel de Bocagrande que el contralor sería el conservador Sierra Porto, según le contaron a La Silla dos políticos cartageneros.

Sierra Porto, hermano del exmagistrado Humberto Sierra Porto, representa una amenaza para el alcalde Duque porque es más afín al excandidato conservador Antonio Quinto Guerra, a quien el actual mandatario venció el 25 de octubre.

Miércoles, Febrero 3, 2016 - 14:24
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Uno de los preacuerdos que estaban buscando tres de los implicados en el ‘carrusel de contratos’ que tuvo lugar en la administración de Héctor Moreno Galvis en la Alcaldía de Bucaramanga se cayó.

La Fiscalía Cuarta Delegada ante el Tribunal radicó el escrito de acusación e inició el juicio formal contra dos exfuncionarios del Municipio y el representante legal de la fundación Corsoder, por su participación en la ejecución presuntamente irregular de un contrato para capacitar líderes comunales que no tiene soportada la inversión del 60% de su valor tptal que fue de $55 millones.

Los implicados son José Ludbin Gómez Martínez, exsecretario de Desarrollo Social, Ulises Dueñas, supervisor del  contrato, y Libardo Jaramillo Sarmiento,  representante legal de Corsoder, quienes se negaron a devolver a las arcas del Estado los más de $33 millones que, al parecer, no fueron ejecutados en el contrato, a cambio de beneficios.

Los delitos por los que la Fiscalía los investiga son peculado por apropiación, celebración de contratos sin el cumplimiento de los requisitos legales y falsedad ideológica en documento público y privado.

Los tres investigados ya tienen medida de aseguramiento por su participación en la ejecución de más contratos investigados  por el escándalo del ‘carrusel’.

Ese escándalo de contratación en Bucaramanga también tiene privados de la libertad al exalcalde Moreno Galvis, así como a varios exfuncionarios, contratistas y supervisores.

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