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Miércoles Diciembre 08, 2021

El lunes arranca en París la cumbre anual de Naciones Unidas sobre cambio climático con la misión crucial de poner de acuerdo a todos los países del mundo en cómo frenarlo. Y Colombia (con cinco países aliados que formaron hace dos años un bloque de negociación llamado la Asociación Independiente de Latinoamérica y el Caribe. Ailac) puso sobre la mesa una propuesta polémica que promete agitar la discusión, que lleva seis años empantanada.

En París habrá dos grandes pulsos políticos que definirán si se logra un nuevo acuerdo y qué tanto alcance tendrá.

El primer gran debate es si el acuerdo cobijará a todos los países con unas metas obligatorias y medibles para la reducción de emisión de gases de efecto invernadero, pues las del protocolo vigente, el de Kioto, no son obligatorias. En este un punto están enfrentados los países ricos (que creen que deben ser obligatorias para todos) y algunas potencias en desarrollo como China e India (que creen que solo deben ser obligatorias para los ricos, que tienen una mayor responsabilidad histórica).

En esa discusión la Ailac (Colombia más Perú, Chile, Costa Rica, Guatemala y Panamá) no juega un papel protagónico, pero propuso que una vez los países alcancen las nuevas metas, no puedan reemplazarlas más adelante con unas más suaves, pero que no sean obligatorias. “Por ejemplo, todos sabemos que China alcanzará su pico máximo de emisiones en 2030, pero de ahí en adelante no sabemos qué van a proponer”, dice una persona que conoce las negociaciones.

Esa idea, que en el lenguaje diplomático se llama el “principio de no backsliding” (de no deslizarse), causa mucho recelo pero podría ayudar a acercar las posiciones de los países porque hace que no sean obligatorias para nadie, pero sí que no se puedan echar para atrás.

El otro debate fuerte es de dónde saldrán la plata, tecnología y habilidades técnicas que se necesitan para aterrizar las estrategias en mitigación y adaptación y que los países menos desarrollados no tienen.

Los europeos y gringos buscan que el aporte en plata sea voluntario, Canadá y Australia se niegan, y China e India insistien en que si los ricos no se meten la mano al bolsillo, ellos no tienen por qué ponerse metas para reducir los gases.

Allí Colombia y Ailac están proponiendo que haya un mecanismo para compartir la información de lo que está haciendo cada país en esos frentes, como una manera de avanzar sin la pelea por la plata.

Si alguna de esas dos idea prosperan, sería el segundo triunfo consecutivo de Ailac que hace un año, en una cumbre en Lima en la que se redactó un borrador de acuerdo, logró meter los temas de adaptación al cambio climático, a pesar de que los países ricos querían un acuerdo solo en el frente de mitigación (los esfuerzos para reducir las emisiones). Aunque esas metas serán voluntarias, su inclusión es clave para países como Colombia, con emisiones de gases relativamente bajas pero -como demostró la ola invernal de 2010 y 2011-  pero muy vulnerables a los efectos del cambio climático, por lo que deben invertir en adaptarse a él.

Dependiendo de esos compromisos y del éxito de las progresistas ideas de la Cancillería, comenzará en Colombia la puja por ver qué prácticas tendrán que cambiar los sectores productivos que más contibuyen al cambio climático y el gobierno Santos tendrá que demostrar si tiene realmente la voluntad política para aterrizarlos, algo que en la elección de directores de las CAR demostró no es su prioridad.

Por eso, si la Ailac logra meter una de sus propuestas, se habrá convertido en un jugador furnamental en la diplomacia ambiental. Y Colombia, con ella.

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Vie, 2015-11-27 21:13
Si cuando se aprobó el protocolo de Kyoto en 2008, se estimo un fondo cercano a los $30.000 millones de dólares a 20 años para financiar la mitigación de aquellos países más vulnerables y no hubo acuerdo, cuánto costará el nuevo presupuesto de aquí a 2025, cuando se aspira contra reloj a mantener la temperatura mundial a menos de 2 grados Celsius y los mayores emisores son tan mezquinos (incluidos por supuesto China e india) ? Colombia en el entretanto es uno de los 7 países más vulnerables al calentamiento global, la agricultura, ganadería y deforestación aportan más del 50% de los GEI, no renuncia al crecimiento minero-energético en zonas sensibles, se embarco en un ambicioso programa de infraestructura pública, precisamente en las zonas de mayor riesgo geológico y no es muy convencida de las energías renovables, ahora que el fenómeno del niño demostrará que las fuentes hidráulicas no son muy confiables ? Qué tendrá que decirle al mundo en París?
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Lunes, Febrero 22, 2016 - 11:52
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Aunque el Concejo de Bogotá decidió montarse en la ola del posconflicto con una comisión de paz y posconflicto, su presidente Roberto Hinestrosa decidió dejar por fuera al principal partido de izquierda, a la bancada del partido que se opone al proceso de paz y al único concejal que ha estado en un grupo armado.

Lo más curioso es que lo hizo a pesar de que la idea de armar la comisión no fue de él sino de un grupo de concejales de casi todas las bancadas, incluyendo a Celio Nieves, del Polo; y a Antonio Sanguino, de la Alianza Verde y desmovilizado de la Corriente de Renovación Socialista.

En una carta ese grupo le pidió armar la comisión con representantes de las 12 bancadas que tiene el Concejo, para que la Comisión no tuviera un tinte partidista

SOLICITUD COMISIÓN by lasillavacia

Al final, Hinestrosa designó una comisión con solo 5 concejales, cuyas bancadas solo suman 21 de los 45 concejales, y dejó por fuera al Polo y a la Alianza Verde. La bancada del Centro Democrático tampoco quedó representada pero, según supo La Silla, porque no quisieron.

Eso produjo una molestia más con Hinestrosa, en el concejo: ya ha sido criticado por la demora en sacar las resoluciones que regulan la elección de Personero y Contralor, por el contenido de éstas (algunos concejales han dicho que debía haber incluido mayores exigencias a los aspirantes y otros se quejaron por haber incluido requisitos aparentemente superfluos, lo que llevó a Hinestrosa a echarse para atrás en ese punto) y por haber unificado tres proyectos de acuerdo.

Lunes, Febrero 22, 2016 - 11:46
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El exalcalde de Cimitarra Hermán Rodríguez Guerrero, quien el pasado 12 de febrero llegó a la dirección de la regional oriente de la Superintendencia de Servicios Públicos  (Santander, Norte de Santander y Arauca), tiene cuentas pendientes con la justicia.

Desde hace cuatro meses, la Fiscalía está tratando de imputarlo por el presunto delito de peculado.

Aunque para mañana estaba citada la nueva audiencia para iniciar el proceso en su contra formalmente, La Silla conoció que el nuevo funcionario pidió el aplazamiento argumentando que tenía otras prioridades en Bucaramanga.

La investigación surge por el pago de unas bonificaciones que hizo a sus escoltas cuando era Alcalde en 2011, pese a que ellos eran policías y tenían un sueldo propio.  

Al respecto, Rodríguez Guerrero aseguró: "La Gobernación de Santander también venía pagando una bonificación a los escoltas desde 2011 hasta el año pasado".

Esta es la segunda vez que la Fiscalía llama al nuevo superintendente para imputarlo. La primera citación la hizo ese ente de control cuando Rodríguez Guerrero, quien es cercano al senador rojo Jaime Durán Barrera, se encontraba en plena campaña para llegar por cuarta vez a la alcaldía de Cimitarra con el aval del Partido Liberal. Esa audiencia no se realizó porque el abogado del entonces candidato estaba fuera del país.

 

Sábado, Febrero 20, 2016 - 17:46
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Aunque la administración del exalcalde de Bucaramanga Lucho Bohórquez, dejó como uno de sus legados la legalización de 32 barrios en la ciudad, lo cierto es que esa política terminó más en una jugada electoral, que en una que realmente impactará a cientos de familias de la ciudad.

De los 32 asentamientos que Lucho legalizó durante su administración, 20 de los cuales coincidieron con el arranque de las campañas electorales en julio de 2015, solo uno, Rincón de la Paz, tiene contratadas las obras de mitigación del riesgo.

Si bien, los procesos de legalización que adelantó Bohórquez sirvieron para que esos barrios se reconocieran como parte de Bucaramanga y para que entre otras cosas, pudieran tener acceso a servicios públicos y a inversión estatal, lo cierto es que ese es solo uno de los primeros pasos que se deben dar para impactar a las familias que habitan en zonas de riesgo.

Para que ese primer paso se pudiera cumplir se tenían que determinar los niveles de riesgo de las áreas en dónde estaban esos barrios, por lo que la Alcaldía de Lucho en 2014 contrató dos consultorías: una por $1600 millones para la zona norte y otra por $1390 millones para la zona sur.

El resultado en la zona sur de la ciudad, por ejemplo, fue que de los 13 asentamientos revisados, todos tenían áreas en alto riesgo e incluso algunos como Villas del Nogal o Brisas de Provenza estaban totalmente en riesgo. Los mismos estudios determinaron que para no reubicarlos, el riesgo se podía reducir a través de obras de mitigación.

Sin embargo, hasta hoy esa reducción de amenazas está en el papel porque las obras, que van desde pantallas y muros de contención, hasta gaviones, suman $103 mil millones y la Alcaldía no tiene plata para hacerlas.

El otro problema está en que aún cuando Rodolfo Hernández logre hacer todas las obras de mitigación para frenar el riesgo en el que se encuentran esos 32 nuevos barrios de la ciudad, también deberá garantizar la reubicación de las viviendas a las cuales ni las obras libran de las amenazas por derrumbes.

Precisamente los mismos estudios determinaron, en el caso de la zona sur, que el 30 por ciento de las casi 70 hectáreas que componen esos 13 barrios, con obras o sin ellas siguen estando en alto riesgo. No obstante, ese 30 por ciento entró en la legalización.

Según Mauricio Mejía, el entonces secretario de Planeación de la Alcaldía, se hizo la salvedad e incluso se socializó con las comunidades, que las viviendas que quedaron en ‘zona roja’ debían reubicarse.

La Silla conoció que en el Concejo se están preparando para un debate de control político porque quieren conocer al detalle los estudios que se hicieron para adelantar las legalizaciones y mirar su fidelidad. También quieren saber cómo va a hacer la Alcaldía para terminar con la política a medias que dejó Lucho en su administración.

 

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