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Domingo Julio 03, 2022

Hace tres semanas la Alianza Verde y los liberales sellaron una alianza que los deja como jugadores fuertes en Boyacá en octubre. Pero esta alianza está tambaleando por cuenta de una pelea entre dos hermanas.

Esa alianza -que sellaron en un evento con 4 mil personas en la Cámara de Comercio de Tunja y con la presencia del senador liberal Horacio Serpa y el verde Antonio Navarro- volvió viables las cartas de ambos partidos.

A cambio de que los rojos apoyen al ex representante Carlos Andrés Amaya a la Gobernación, los verdes se comprometieron a respaldar a dos candidatos liberales: en Tunja a Gilberto Rondón, el ex candidato del ex presidente César Gaviria a la Contraloría, y en Sogamoso (la segunda ciudad del departamento) a Alejandro Gutiérrez, quien fue la segunda votación roja a la Cámara en 2014.

A Amaya le ayuda que los liberales -agrupados en torno al representante Rafael Romero-  son la segunda fuerza política en el departamento, sacando 61 mil votos a la Cámara el año pasado. Y a los liberales, que los verdes tienen actualmente la alcaldía de Tunja con Fernando Flórez y sacaron la tercera votación allí en la Cámara.

El acuerdo parecía sólido hasta que entró en escena la representante verde Sandra Ortiz. Hace unos días ella le dijo al periódico Boyacá 7 Días que sus bases prefieren a Pablo Cepeda de Cambio Radical en Tunja y a Enrique Camargo de la ASI en Sogamoso en cambio de los candidatos liberales.

Dos personas de la Alianza Verde le dijeron a La Silla que es muy probable que ella pida en la reunión de la comisión nacional de avales esta tarde que no haya aval compartido para Rondón y Gutiérrez, sino que la dejen a ella en libertad de voto.

El tema es que, si se cae el aval verde para los dos rojos, es muy posible que también se caiga el liberal para Amaya.

El trasfondo de esa pelea es de carácter familiar: Sandra está peleada con su hermana María Elena, quien fue secretaria privada de Carlos Andrés Amaya en la Cámara y ahora es la candidata liberal a la alcaldía de Paz del Río, el pueblo de donde son oriundos los tres.

Según le dijo Sandra al periódico boyacense, ese aval nunca le fue consultado y, si María Elena sale elegida (fue segunda en 2011 con los verdes), ella no podría repetir Congreso en tres años. Eso hizo que Sandra le ayudara a buscar un aval a su hermana en Cambio Radical, que María Elena no aceptó (aunque, curiosamente, eso tampoco le hubiera impedido una inhabilidad).

Más allá de cómo resuelva el caso la Alianza Verde, Ortiz es la segunda congresista verde que se pelea con su partido y sus padrinos. Al igual que el representante Óscar Ospina en el Cauca, la decisión de Ortiz va en contravía de la alianza que tejieron los verdes y su padrino Jorge Londoño, el ex senador verde y ex gobernador de origen liberal que sirve de bisagra entre ambos partidos y que apadrinó a Amaya.

Actualización: Al final de la tarde la comisión nacional de avales decidió que se mantiene la alianza con los liberales y no avalará candidatos distintos en Boyacá, con lo que Ortiz perdió la pelea. 

Perfiles relacionados: 
Carlos Andrés Amaya

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Miércoles, Febrero 24, 2016 - 00:23
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En medio de versiones confusas, el hoy director de Gestión Riesgo de Santander y copresidente del Centro Democrático en el departamento, Ramón Ramírez, ha salido a defender la nota de Caracol Noticias en la que lo señalan de recibir más de $60 millones como miembro de la Unidad de Trabajo Legislativo del Senador Alfredo Ramos sin trabajar en ella. 

Primero dijo que durante todo el año pasado sí había continuado haciendo las labores por las que le pagaron legalmente desde agosto de 2014 (luego de su fallida candidatura a la Cámara) a enero de 2015 (fecha en la que le pidireron la renuncia, según las declaraciones del mismo senador Ramos, por malo); luego dijo que estaba trabajando para todo el Centro Democrático y no solo para el senador Ramos y completó diciendo que despachaba desde Santander. 

Ramírez  fue elegido en mayo de 2015, en la víspera del arranque de la campaña electoral de ese año, como copresidente del Centro Democrático, y pese a que al menos en el papel era funcionario público, participó activamente de todas las campañas a las que se sumó ese partido, incluida la de Didier Tavera, quien como contraprestación lo nombró en el cargo que hoy tiene.

Sin embargo, Ramírez, por estar cobrando salario en el Congreso como UTL, no podía hacer campaña política. Es decir, además de responder por haberse quedado con un salario que presuntamente no debía, (en eso coinciden desde el Senador, hasta la Oficina de Control Interno del Congreso que remitió la investigación a la Contraloría), la Procuraduría también podría entrar a mirarlo por participar en política y al mismo tiempo ser funcionario en el Congreso.

Sobre eso Ramírez también cambió la versión, y pese a que en toda la campaña el año pasado le dio declaraciones a medios en Santander, entre esos a La Silla, como copresidente del Centro Democrático, ahora dice que no hizo política; y las fotos en diferentes campañas se las atribuye a reuniones privadas.

En conversación con La Silla sobre su participación en política, se defendió preguntando si había dado algún discurso. Este medio encontró que sí lo hizo en un acto de adhesión de la campaña de Iván Aguilar (el entonces candidato del uribismo que fue sacado de la contienda por la Gobernación tras un fallo del CNE) a la de Didier Tavera.

Este es el primero de los nombramientos de Tavera que empieza a tambalear por presuntas irregularidades; falta ver si lo mantiene o si lo retira mientras los entes de control lo investigan. 

Ramón Ramírez (tercero de derecha a izquierda) durante la adhesión de una facción del Centro Democrático a la campaña liberal de Carlos Ibáñez por la Alcaldía de Bucaramanga. Foto tomada de redes sociales. 
Ramón Ramírez junto a candidatos al Concejo de Floridablanca en el cierre de campaña de Héctor Mantilla, en Floridablanca. Foto tomada de redes sociales.
Ramón Ramírez (primero de izquierda a derecha) junto a otros miembros de Centro Democrático en Santander y Danny Ramírez, alcalde de Piedecuesta. Foto tomada de redes sociales. 

 

Conversación de La Silla con Ramón Ramírez a través de whatsapp. 
Martes, Febrero 23, 2016 - 13:04
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Ayer, luego de varias reuniones, el ministro consejero para el Posconflicto, Rafael Pardo, terminó de ultimar detalles con el general Rafael Colón, de la Dirección para la Acción Integral contra Minas Antipersonal (DAICMA), y llegaron a los 20 municipios de la primera fase de desminado para este año. La Silla conoció cuales son. Aquí está la lista.

Martes, Febrero 23, 2016 - 10:58
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Desde el 25 de enero, cuando la Corte Constitucional le reactivó una orden de captura por sus vínculos con los paramilitares, al médico zenú Pedro ‘el Indio’ Pestana no le han faltado las manifestaciones de apoyo entre los miembros de esa etnia indígena, en Córdoba y Sucre, donde los últimos 15 años ha construido su fortín político. Este fin de semana, los militantes de su grupo aprovecharon las corralejas que se celebraron en el municipio sucreño de San Antonio de Palmito, que hace parte del área de influencia del ‘Indio’, para expresarle su respaldo público.

En esa población del Golfo de Morrosquillo, algunos habitantes visten desde la semana pasada camisetas con el mensaje “De corazón soy pestanista y martinista”, en honor a Pestana y a su socio político Antonio Martínez Hernández, también indígena y requerido por la justicia por nexos con los paramilitares.

Ese apoyo “de corazón” se trasladó a las corralejas, que terminaron ayer. Allí los pestanistas y martinistas salieron al ruedo con pancartas en honor a los dos políticos prófugos, como lo muestran estas fotografías.

 

A Pestana y a su socio Martínez, el Tribunal Superior de Bogotá los condenó a seis años de prisión en 2009 porque en 2006 acordaron con el ex jefe paramilitar alias Don Antonio trabajar desde la etnia zenú a favor de las autodefensas. Pero, no han estado ni un solo día en prisión porque argumentaron haber pagado su condena en una cárcel indígena, en San Andrés de Sotavento. Ese argumento la Corte Constitucional lo dejó sin validez en enero pasado y de inmediato les ordenó a las autoridades la captura de ambos y su traslado a una cárcel ordinaria.

Como contó La Caribe, Pedro Pestana es un súper poder en Córdoba y Sucre porque ha consolidado una engrasada maquinaria electoral en los municipios de San Andrés de Sotavento, Chimá, Tuchín, Momil, Sampués y San Antonio de Palmito, gracias a la IPS Manexka, que fundó en 1998. Esa entidad le presta servicios de salud a unos 250 mil indígenas, quienes elección tras elección se convierten en potenciales votos para los candidatos respaldados por Pestana.

Pestana tiene hoy una curul en el Senado y otra en la Asamblea de Sucre, a través de sus hermanas Yamina y Ana, respectivamente; participación en el gabinete del gobernador de Sucre Edgar Martínez con la secretaria administrativa Acela Calderín, un diputado en Córdoba y la Alcaldía de Tuchín.

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