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Domingo Julio 03, 2022

Hace tres semanas la Alianza Verde y los liberales sellaron una alianza que los deja como jugadores fuertes en Boyacá en octubre. Pero esta alianza está tambaleando por cuenta de una pelea entre dos hermanas.

Esa alianza -que sellaron en un evento con 4 mil personas en la Cámara de Comercio de Tunja y con la presencia del senador liberal Horacio Serpa y el verde Antonio Navarro- volvió viables las cartas de ambos partidos.

A cambio de que los rojos apoyen al ex representante Carlos Andrés Amaya a la Gobernación, los verdes se comprometieron a respaldar a dos candidatos liberales: en Tunja a Gilberto Rondón, el ex candidato del ex presidente César Gaviria a la Contraloría, y en Sogamoso (la segunda ciudad del departamento) a Alejandro Gutiérrez, quien fue la segunda votación roja a la Cámara en 2014.

A Amaya le ayuda que los liberales -agrupados en torno al representante Rafael Romero-  son la segunda fuerza política en el departamento, sacando 61 mil votos a la Cámara el año pasado. Y a los liberales, que los verdes tienen actualmente la alcaldía de Tunja con Fernando Flórez y sacaron la tercera votación allí en la Cámara.

El acuerdo parecía sólido hasta que entró en escena la representante verde Sandra Ortiz. Hace unos días ella le dijo al periódico Boyacá 7 Días que sus bases prefieren a Pablo Cepeda de Cambio Radical en Tunja y a Enrique Camargo de la ASI en Sogamoso en cambio de los candidatos liberales.

Dos personas de la Alianza Verde le dijeron a La Silla que es muy probable que ella pida en la reunión de la comisión nacional de avales esta tarde que no haya aval compartido para Rondón y Gutiérrez, sino que la dejen a ella en libertad de voto.

El tema es que, si se cae el aval verde para los dos rojos, es muy posible que también se caiga el liberal para Amaya.

El trasfondo de esa pelea es de carácter familiar: Sandra está peleada con su hermana María Elena, quien fue secretaria privada de Carlos Andrés Amaya en la Cámara y ahora es la candidata liberal a la alcaldía de Paz del Río, el pueblo de donde son oriundos los tres.

Según le dijo Sandra al periódico boyacense, ese aval nunca le fue consultado y, si María Elena sale elegida (fue segunda en 2011 con los verdes), ella no podría repetir Congreso en tres años. Eso hizo que Sandra le ayudara a buscar un aval a su hermana en Cambio Radical, que María Elena no aceptó (aunque, curiosamente, eso tampoco le hubiera impedido una inhabilidad).

Más allá de cómo resuelva el caso la Alianza Verde, Ortiz es la segunda congresista verde que se pelea con su partido y sus padrinos. Al igual que el representante Óscar Ospina en el Cauca, la decisión de Ortiz va en contravía de la alianza que tejieron los verdes y su padrino Jorge Londoño, el ex senador verde y ex gobernador de origen liberal que sirve de bisagra entre ambos partidos y que apadrinó a Amaya.

Actualización: Al final de la tarde la comisión nacional de avales decidió que se mantiene la alianza con los liberales y no avalará candidatos distintos en Boyacá, con lo que Ortiz perdió la pelea. 

Perfiles relacionados: 
Carlos Andrés Amaya

Otros confidenciales recientes

Jueves, Marzo 10, 2016 - 12:23
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A pesar de que el presidente Juan Manuel Santos aceptó la renuncia del Ministro de Minas, tras endilgarle la responsabilidad de un eventual apagón, Tomás González recibió un espaldarazo público de un grupo muy diverso y prestigioso de personas relacionadas con el sector minero que le expresan su respaldo por su trabajo y la experticia que demostró durante el año y medio que fue la cabeza del sector.

Se trata de casi todos los miembros del Grupo de Diálogo sobre la Minería, Gdiam, un grupo de alto nivel creado por la Fundación Ford (que financia el cubrimiento minero de La Silla) para convenir una visión de la minería a largo plazo que apoye el desarrollo socioeconómico del país  y la construcción de paz.

Entre los firmantes están personas tan diversas como Fabio Arjona, el director ejecutivo de la Ong ambiental Conservación Internacional en Colombia hasta el ex ministro y el ex viceministro de minas Luis Ernesto Mejía y Henry Medina pasando por líderes del sector como Claudia Jiménez, la ex directora ejecutiva del gremio de minería a gran escala y León Teicher, el ex presidente del Cerrejón y líderes sociales como Alcibíades Escué, líder de la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte en el Cauca, Benjamín Mosquera, representante legal del Consejo Comunitario del Río Anchicayá y Fabio Velásquez, presidente ejecutivo la Fundación Foro Nacional por Colombia.

Esta es la carta:

 

Carta Tomás González by lasillavacia

Martes, Marzo 8, 2016 - 12:02
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El viernes pasado, el alcalde de Valledupar Augusto 'Tuto' Uhía volvió a demostrar con la adjudicación del contrato de transporte escolar que es agradecido con quienes lo apoyaron en campaña y que los ‘lleva en coche’ desde los primeros meses de su mandato. Después que el Concejo, donde la coalición mayoritaria lo respalda, escogió como contralor municipal a uno de los financiadores de su proyecto político, Uhía premió con un contrato de $2.084 millones de pesos a otro hombre clave de su candidatura.

Se trata de Reinaldo Carvajal Riveira, quien junto a su hermano Rubén ‘Ava’ Carvajal (exalcalde de Valledupar y constructor), respaldó públicamente la candidatura del actual mandatario. De hecho, ‘Ava’ tiene desde el primero de enero participación en el gabinete a través del secretario de Obras Juan Pablo Morón.

Ahora el turno fue para Reinaldo, representante legal del consorcio Transportes Especiales de Valledupar y quien ha sido contratista en administraciones anteriores y en varios municipios del Cesar. La Alcaldía de Uhía le adjudicó, para todo 2016, el servicio de transporte escolar de los niños y adolescentes que viven en el área rural y los sectores menos favorecidos de Valledupar.

La empresa Transportes Carvajal Ltda, propiedad de Carvajal Riveira, tiene el 75% de participación en el consorcio, mientras que el 25% restante está en manos de la Sociedad de Transportes del Caribe SAS, empresa con Cámara de Comercio guajira que también ha sido contratista en otros municipios del Cesar.

El consorcio ganador se impuso sobre otros dos proponentes, a los que la Alcaldía terminó rechazando (Unión Temporal Valledupar Unida) y declarando  inhabilitados (Cooperativa de Transportes Colectivos del Cesar), después de las evaluaciones técnicas, jurídicas y financieras.

Desde que se hizo público el nombre del ganador del contrato, la adjudicación ha sido interpretada en Valledupar como un agradecimiento más que, de frente, el alcalde le hace a otro de sus amigos de campaña, tal como ocurrió con la elección del contralor municipal, en enero.

Como contó La Caribe, el Concejo de Valledupar eligió para el puesto de contralor al abogado Álvaro Luis Castilla Fragoso, uno de los financiadores de la campaña de Uhía: le puso $120 millones, según registros del portal Cuentas Claras. Y es también miembro del comité inscriptor del grupo significativo 'Avanzar es posible', que avaló la candidatura de Uhía.

El actual alcalde de Valledupar le debe, principalmente, su silla al representante conservador Alfredo Ape Cuello, quien lo financió, le puso votos y le brindó apoyo logístico.

Lunes, Marzo 7, 2016 - 16:56
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Aunque lo usual es que lo hagan dos funcionarios, con seis guardias en el Hospital Cardiovascular del Niño de Cundinamarca, en el municipio de Soacha, el Inpec vigila que el exgobernador guajiro Juan Francisco ‘Kiko’ Gómez no se vaya a escapar. Como se sabe, desde el pasado 26 de febrero está allí en una habitación por problemas cardíacos y bajo observación porque los médicos no descartan tener que operarlo.

En principio, Kiko fue trasladado al hospital para que le realizaran una valoración cardíaca (un cateterismo), le dijo el Inpec a La Silla. Pero los médicos optaron por no regresarlo a La Picota porque encontraron que padece angina inestable y arritmia cardíaca. Por ese diagnóstico, y según cómo evolucione, el exmandatario podría ser intervenido los próximos días.

Consultados sobre las garantías de seguridad de Kiko en el hospital, el Inpec -la entidad encargada de responderle al país si un recluso huye- le aseguró a La Silla que el exfuncionario está fuertemente custodiado por los hombres del grupo especializado en remisiones y custodias clínicas, Gropes. Se trata de funcionarios que cuentan con un entrenamiento especial y dotación distinta a la usada por el resto de guardianes del Inpec.

El abogado Iván Cancino, que defiende a Kiko en la investigación por el crimen del exconcejal de Barrancas Luis López Peralta, le dijo a La Silla que el exmandatario está tan custodiado que ni la esposa ha podido verlo.

A Diana López Zuleta, hija del exconcejal asesinado, le causa suspicacia la hospitalización de Kiko. En su cuenta de Twitter escribió que “se le da por  enfermarse días antes de los alegatos de conclusión por el homicidio de mi papá, entre otros delitos”.

Al desprestigiado político la justicia lo procesa además por posibles vínculos con bandas criminales y por otros 14 homicidios.

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