LA SILLA VACIA

Con la sentencia de la Corte Constitucional que prohibió la minería en los páramos, el Comité por la Defensa del Agua y el Páramo de Santurbán se rearma para la pelea jurídica.

El colectivo de abogados Luis Carlos Pérez, que pertenece al Comité y ya tiene una tutela en revisión ante la Corte Constitucional por la delimitación de Santurbán, está preparando dos nuevas acciones para presionar la aplicación de la sentencia ante el Ministerio de Ambiente.

Específicamente, lo que el colectivo buscará es que se revoquen dos artículos de la resolución que delimitó Santurbán y que con la sentencia se quedarían sin piso jurídico.

Se tratan del que le da vigencia a los títulos mineros otorgados antes de 2009 para que sigan en el páramo hasta que caduque su concesión (hasta 30 años), y del que contempla la posibilidad de hacer minería en algunas zonas de restauración del páramo en Vetas, California y Suratá.

Este último artículo es especialmente delicado debido a que una vez se aplique implicará la extinción de los mineros artesanales en esos municipios, quienes como lo contó La Silla han extraído oro por cientos de años y no tienen otra manera de sostenerse.

Precisamente, se teme que su aplicación desencadene un problema social en la zona, debido a que toda la minería pasaría a ser ilegal y ya no tendría el control al que está siendo sometida por autoridades ambientales del país.

Frente a esta situación, el colectivo ha manifestado su preocupación frente al acompañamiento que el Estado va a dar a las comunidades de Santurbán, teniendo en cuenta que si bien quieren que se priorice la defensa del agua, también esperan que el gobierno garantice los derechos de los pequeños mineros.

Ahora bien, si el Ministerio no admite la solicitud de revocatoria de los artículos, el equipo del colectivo también piensa presionar con derechos de petición (mecanismo que caduca en 15 días) para que se aplique la sentencia en Santurbán, específicamente, sobre el acto administrativo que le dio vida a la delimitación.  

Mientras eso sucede, en el lado de los municipios (especialmente en Vetas, que tiene su casco urbano dentro del Páramo y prácticamente desaparecería con la aplicación de la sentencia) se están preparando acciones propias para pedirle al Estado que proteja los derechos de sus habitantes.

El colectivo ha manifestado una preocupación frente al tratamiento y acompañamiento que debe realizar de manera inmediata a las comunidades del páramo. Porque no se puede pensar que los que están viviendo allí de la actividad minera, son la gran amenaza al ecosistema.

Nota de la editora: luego de la publicación de este artículo el colectivo Luis Carlos Pérez se comunicó con La Silla para aclarar que su posición no va en contra de la minería artesanal. La versión fue incluída en el texto a las 2:00 pm del mismo día. 

Otros confidenciales recientes

Miércoles, Febrero 10, 2016 - 19:45
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Ayer, en su primera reunión de bancada del año, La U tomó la decisión de jugársela por la Defensoría del Pueblo.

Roy Barreras, co-presidente del partido, le dijo a La Silla que por unanimidad los 50 congresistas que estaban en la reunión de ayer acordaron pedirle al Gobierno la cabeza de esa entidad que quedó vacante tras el escándalo de Jorge Armando Otálora. Para eso, le pedirán que elija la terna que deberá presentar a la Cámara entre las hojas de vida que ellos pongan a su consideración.

“Sería un reconocimiento a la bancada más importante de la Cámara. Esperamos que el Presidente tenga la deferencia de considerar nuestra mejor propuesta”, agregó el representante de La U Didier Burgos a La Silla. “Tomamos la decisión de reclamar este reconocimiento a la bancada de La U”.

Por ahora suenan entre sus candidatos el secretario del partido, Carlos Negret, el ex candidato al concejo de Bogotá e hijo del senador Géchem, Eduardo Géchem. También el ex secretario del Partido, Oscar Rueda (aunque según Burgos se está postulando para la embajada China). Aunque algunos quisieran ver allí también al ex ministro Sergio Díaz Granados, esa aspiración no parece muy viable. 

A finales del año pasado La U se le rebeló al Presidente parándose de dos plenarias en las que discutían proyectos importantes como la ley de Zidres y el cupo de endeudamiento con el fin de que les de mayor representación en el Gobierno. Su presión se suma a la de los conservadores, que como contó La Silla, quieren mantener bajo su ala a la Procuraduría si finalmente cae Alejandro Ordóñez.

Miércoles, Febrero 10, 2016 - 17:13
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Las dos fuerzas que de unos años para acá se enfrentan por el poder en La Guajira hoy están unidas por la magia de los acuerdos burocráticos y en medio del drama nacional por la crisis del pueblo wayuu.

Se trata de La Gran Alianza que llevó al desprestigiado Kiko Gómez y a Oneida Pinto al poder (liderada por el exsenador Jorge Ballesteros) y Nueva Guajira (cuya cabeza más visible hoy es el actual presidente de la Cámara Alfredo Deluque). Desde ayer ambos movimientos convergen en el gabinete de la gobernadora Pinto, a quien Nueva Guajira enfrentó en las pasadas regionales con el exalcalde de Maicao Ovidio Mejía.

Oneida, cuyo partido es Cambio Radical, le entregó a Nueva Guajira la dirección del Instituto Departamental de Cultura, en cabeza del publicista Rubén Magdaniel Pabón. El nuevo funcionario ya había estado en esa silla durante el gobierno de Jorge Pérez Bernier, otro de los líderes de ese grupo. Y había sido también precandidato a la Alcaldía de Riohacha para las regionales de 2011.

Este acuerdo político lo lideró el diputado de La U y de Nueva Guajira Gabriel Pinto Redondo.

Un miembro de Nueva Guajira y otro de La Gran Alianza le aseguraron a La Silla Caribe, por separado, que ante los problemas que hay en ese departamento, especialmente la sequía y la muerte por desnutrición de niños wayuu, hay un ambiente generalizado de "jalar para el mismo lado" y dejar atrás las históricas rencillas políticas.

Sin embargo, otros guajiros del mundillo político creen que detrás de esa "paz política" hay una estrategia de la recién llegada mandataria y su grupo para neutralizar a la oposición y evitarse críticas entregando puestos.

Miércoles, Febrero 10, 2016 - 06:38
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Aunque la mayoría de cargos importantes en Santander ya se habían dividido y entregado a los congresistas y políticos que en campaña se sumaron a la elección del gobernador Didier Tavera, la puja por el poder continúa y en algunos casos ha desatado hasta competencias internas.

El último cargo que entró a jugar bajo esas condiciones fue el de la subcontraloría departamental, que tal y como se lo confirmaron tres fuentes a La Silla, le correspondió al viejo PIN, ahora Opción Ciudadana, el partido del parapolítico Luis Alberto ‘el tuerto’ Gil.

Pese a que esa nominación no suena mucho en los círculos de poder, sí es trascendental. Quien ocupe ese cargo será el encargado de fallar en primera instancia todos los procesos de responsabilidad fiscal que abra la Contraloría, y por ende tendrá el primer filtro y la capacidad de meterle el acelerador (o frenar) la acción de ese ente de control.

Así las cosas, y aunque todo estaba dado para que Julio Villate Jessen, el exdiputado del viejo PIN, fuera nombrado allí para apoyar a Diego Fran Ariza (el socio político de Didier que llegó a vigilarlo), le salió competencia de última hora y en su propio partido.

Se trata del nombre del exmagistrado del Consejo Nacional Electoral, CNE, José Joaquín Plata, quien en los últimos meses ha competido por varios cargos en Santander, entre esos, el de Contralor Departamental y director de la Cdmb.

Las versiones que existen sobre el nombre de quien llegaría a ese cargo son dos. Por una parte, dos fuentes de adentro de Opción Ciudadana le dijeron a La Silla que Plata, era el más opcionado por su hoja de vida y por la experiencia; no obstante, otras dos fuentes de ese mismo partido, aseguran que hay molestia con el nombre del exmagistrado porque no hizo campaña con Tavera ni con su propio partido.

“Plata no está bien parado con el Partido, y aunque su hoja de vida es buena, el hecho de que se hubiera desaparecido en las elecciones no cayó nada bien. Es más, Luis Alberto Gil tuvo que frenarlo cuando se inscribió para contralor de Santander y empezó a decir que era su candidato, porque eso no era así”, le dijo a La Silla una de esas fuentes.

En el lado de Villate las dudas sobre su llegada también son varias. Por un lado está el escándalo que afrontó el año pasado por haber sido nombrado en agosto de 2012 como Secretario de Educación de Santander sin cumplir los requisitos, y por otra hay dudas sobre si apoyó a más de un candidato para las elecciones regionales del 25 de octubre, algo que Villate siempre ha negado.

La Silla logró establecer que lo que sí es un hecho es que la hoja de vida de Villate está en la Gobernación y que está esperando a que lo designen en algún cargo.

La tarea de definir el aterrizaje tanto de Plata como de Villate estará en manos del ‘Tuerto’ Gil, que tal y como se lo dijeron a este medio tres fuentes internas de Opción Ciudadana, es el que está acomodando las fichas del Partido en la administración de Tavera. Sin embargo, la decisión no es de poca monta, porque si hay algo que históricamente ha generado divisiones en el viejo PIN es que los que "suman votos en las campañas o se quedan sin cargos o con los peores puestos en las administraciones".

 

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