LA SILLA VACIA

El martes pasado, la gobernadora Oneida Pinto escogió al abogado Edwin López Fuentes como el nuevo director en propiedad del ICBF de La Guajira. Aunque hasta ahora en ese departamento ha caído bien la elección de López, porque allí lo reconocen como un experto en contratación sin filiación política particular, la directora nacional del ICBF Cristina Plazas no quedó contenta y ayer hizo público su malestar en Riohacha.

Plazas y la gobernadora Pinto se reunieron con los directores de las IPS y EPS para recordarles que, como parte de la lucha contra la desnutrición infantil wayuu, deben realizar más actividades de promoción y prevención en las rancherías.

A la reunión también asistió López Fuentes, quien aprovechó para presentarse como el nuevo director regional del ICBF ante las directivas médicas y diputados asistentes. Esa presentación, que generó aplausos, a Plazas no le gustó porque el abogado la hizo sin haber hablado antes con ella y porque todavía no está lista la resolución de su nombramiento.

Tanto le disgustó a Plazas la presencia de López que no permitió que pronunciara unas palabras al cierre del evento. Y hasta regañó a la presentadora por haber anunciado ese discurso como parte de la programación.

La Silla supo que, más allá de ese impasse, Plazas está molesta porque quería que el escogido fuera el administrador público y funcionario de carrera del ICBF Félix Orozco Mejía, quien tenía el mayor puntaje de la terna que ella misma envió y a quien puso el año pasado como director encargado de la regional Magdalena.

Esta mañana, la gobernadora Oneida Pinto le dijo a La FM que había escogido a López por ser el único guajiro de la terna, de la que también hacía parte el médico Óscar Alberto Pernía Maldonado, exgerente de Caprecom en Tolima.

La mandataria dijo que para el cargo del ICBF, especialmente en una coyuntura de crisis como la actual, se necesita a un profesional que conozca la cultura guajira y entienda a la etnia wayuu. Y en la misma entrevista negó haberlo escogido por recomendaciones políticas, como publicó el portal Las Dos Orillas.

La Silla consultó con cuatro fuentes del mundo político guajiro y todas, por aparte, coincidieron en que el nuevo director del ICBF no milita ni en el movimiento Nueva Guajira del presidente de la Cámara Alfredo Deluque ni en la Gran Alianza, del exgobernador Jorge Ballesteros. Y en cambio, lo describieron como un abogado y académico que trabajó hasta hace poco en la Universidad de La Guajira, donde dirigió la Oficina de Relaciones Internacionales y fue profesor.

Esas fuentes también nos dijeron que es uno de los pocos expertos en contratación de ese departamento, por lo que ha sido asesor de la Alcaldía de Riohacha y de la Gobernación, sin que al ocupar esos cargos fuera considerado cuota política.

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Martes, Febrero 23, 2016 - 13:04
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Ayer, luego de varias reuniones, el ministro consejero para el Posconflicto, Rafael Pardo, terminó de ultimar detalles con el general Rafael Colón, de la Dirección para la Acción Integral contra Minas Antipersonal (DAICMA), y llegaron a los 20 municipios de la primera fase de desminado para este año. La Silla conoció cuales son. Aquí está la lista.

Martes, Febrero 23, 2016 - 10:58
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Desde el 25 de enero, cuando la Corte Constitucional le reactivó una orden de captura por sus vínculos con los paramilitares, al médico zenú Pedro ‘el Indio’ Pestana no le han faltado las manifestaciones de apoyo entre los miembros de esa etnia indígena, en Córdoba y Sucre, donde los últimos 15 años ha construido su fortín político. Este fin de semana, los militantes de su grupo aprovecharon las corralejas que se celebraron en el municipio sucreño de San Antonio de Palmito, que hace parte del área de influencia del ‘Indio’, para expresarle su respaldo público.

En esa población del Golfo de Morrosquillo, algunos habitantes visten desde la semana pasada camisetas con el mensaje “De corazón soy pestanista y martinista”, en honor a Pestana y a su socio político Antonio Martínez Hernández, también indígena y requerido por la justicia por nexos con los paramilitares.

Ese apoyo “de corazón” se trasladó a las corralejas, que terminaron ayer. Allí los pestanistas y martinistas salieron al ruedo con pancartas en honor a los dos políticos prófugos, como lo muestran estas fotografías.

 

A Pestana y a su socio Martínez, el Tribunal Superior de Bogotá los condenó a seis años de prisión en 2009 porque en 2006 acordaron con el ex jefe paramilitar alias Don Antonio trabajar desde la etnia zenú a favor de las autodefensas. Pero, no han estado ni un solo día en prisión porque argumentaron haber pagado su condena en una cárcel indígena, en San Andrés de Sotavento. Ese argumento la Corte Constitucional lo dejó sin validez en enero pasado y de inmediato les ordenó a las autoridades la captura de ambos y su traslado a una cárcel ordinaria.

Como contó La Caribe, Pedro Pestana es un súper poder en Córdoba y Sucre porque ha consolidado una engrasada maquinaria electoral en los municipios de San Andrés de Sotavento, Chimá, Tuchín, Momil, Sampués y San Antonio de Palmito, gracias a la IPS Manexka, que fundó en 1998. Esa entidad le presta servicios de salud a unos 250 mil indígenas, quienes elección tras elección se convierten en potenciales votos para los candidatos respaldados por Pestana.

Pestana tiene hoy una curul en el Senado y otra en la Asamblea de Sucre, a través de sus hermanas Yamina y Ana, respectivamente; participación en el gabinete del gobernador de Sucre Edgar Martínez con la secretaria administrativa Acela Calderín, un diputado en Córdoba y la Alcaldía de Tuchín.

Lunes, Febrero 22, 2016 - 23:10
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Aunque el alcalde de Bucaramanga, Rodolfo Hernández, en campaña se había declarado en oposición a la valorización, la decisión de un juez de la ciudad que tumbó esa contribución en su administración lo obligó a cambiarse de bando.

Hernández le confirmó a La Silla que la decisión, que en términos prácticos lo que hace es echar para atrás el cobro de la contribución con la que se recaudaron $190 mil millones que están invertidos en obras viales en Bucaramanga, será apelada para salvaguardar los intereses de la ciudad.

“Ya no es el criterio mío lo que debe pesar, yo no estaba de acuerdo con la valorización porque estaban despilfarrando toda esa plata y entregándola en licitaciones de único oferente. Esa plata ya se la gastaron y si no apelara, pues prácticamente hay que cerrar al Municipio. Yo soy el representante legal de la ciudad y tengo que pensar en el beneficio de todos los ciudadanos”, aseguró Hernández.

La posición de Hernández, que según abogados consultados por La Silla, es la que debe defender el Alcalde, porque de lo contrario podría ser investigado por actuar en contra de los intereses del Municipio, no ha caído bien en los opositores a la valorización, quienes empezaron a cuestionar la nuevaposición del Alcalde.

Este medio, conoció el texto completo de la decisión, que en líneas generales lo que hizo fue validar todos los argumentos de la Procuraduría relacionados con las fallas de forma y de fondo que existieron en el proceso previo a la entrega de los recibos para el recaudo de esa contribución.

Por una parte, el Juez le dio la razón al Ministerio Público en cuanto a que la Alcaldía en 2011 omitió hacer dos publicaciones en diarios de amplia circulación de las convocatorias para la conformación de la Junta de Propietarios y Poseedores, órgano que se encargaría de socializar en diferentes partes de la ciudad los alcances de la valorización.

Por otra, señaló que sí existieron irregularidades en las actas de los escrutinios de las votaciones en las que se eligieron a los integrantes de esa junta, debido a que no existió comisión escrutadora y a que las actas de resultados no están firmadas por todos los delegados.

En este sentido, el Juez declaró la nulidad del documento que le permitió a la Alcaldía de Bucaramanga iniciar el cobro de la valorización en 2013, porque el procedimiento previo a su expedición no se cumplió de acuerdo a la norma.

El Tribunal Administrativo de Santander será el encargado de fallar la segunda instancia. Si la decisión se confirma, la Alcaldía de Bucaramanga tendría que entrar a devolver la plata a los bumangueses y reiniciar el proceso de cobro desde la convocatoria para la Junta de Propietarios. 

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