Menú principal

Lunes Octubre 25, 2021

Como el Consejo de Estado tiene entre sus manos el futuro del Procurador General ha pasado de agache otra decisión clave que también está sobre la mesa de esta corporación y es la elección del nuevo Auditor General, que enfrenta al candidato del continuismo con otro que tiene muy buenas relaciones con la Fiscalía.

La Auditoría General es una entidad poderosa porque vigila a todas las contralorías del país, suele pasar bajo del radar y tiene un presupuesto de unos 25 mil millones de pesos.

La terna, que armó la Corte Suprema para que el Consejo de Estado elija, incluye al ex vicecontralor de Sandra Morelli, Carlos Felipe Córdoba Larrarte.

Córdoba es un profesional en Gobierno y Relaciones Internacionales que arrancó en política con el grupo del ex alcalde de Pereira César Castillo y fue secretario de gobierno de esa ciudad del liberal Juan Manuel Arango y de Risaralda, del conservador Victor Manuel Tamayo.

Es un uribista de vieja data: estuvo en las juventudes de la campaña presidencial de Álvaro Uribe 2002 y apoyó a Óscar Iván Zuluaga en las elecciones presidenciales de 2014.

Córdoba Larrarte fue uno de los grandes escuderos de la ex contralora Morelli. Pero renunció y se distanció de ella en 2013, en plena pelea de ésta con el fiscal Eduardo Montealegre, porque, según dijo, se mostró en desacuerdo con decisiones de la Contralora.

Pero también porque su esposa, Marcela María Yepes, pasó de ser Gerente Administrativa y Financiera de la Contraloría a serlo en la Fiscalía.

Yepes, hija del exsenador y cacique conservador de caldas Ómar Yepes, es una testigo clave en la investigación penal que adelanta la Fiscalía contra Morelli por el arrendamiento de la sede de la Contraloría. Morelli ha dicho que ella y Córdoba eran los encargados de realizar ese contrato y por eso ha dicho que si hay un delito, ellos son los responsables.

Aunque Córdoba cuenta con el apoyo del poderoso Fiscal, su aspiración también tiene la debilidad de que tendría que declararse impedido para vigilar las actuaciones que emepezó la Contraloría General cuando él trabajó allí.

El segundo candidato fuerte es José Luis Franco, un abogado de la Universidad Santo Tomás que es Director de Vigilancia Fiscal de la Auditoría. Llegó a la entidad hace seis años después de trabajar en las contralorías del Vaupés y el Vichada, en el Ministerio de Educación y de haber sido juez administrativo en Tunja. Lo hizo con el apoyo del ex presidente del Consejo de Estado, Gustavo Gómez Aranguren, y tiene muy buenas relaciones en esa Corte.

Este candidato fue el funcionario que, encargado del despacho antes de la posesión de la actual Auditora, Laura Marulanda (pero con ella ya elegida), archivó el proceso de responsabilidad fiscal contra el ex contralor Julio César Turbay por la compra de una camioneta blindada de lujo, lo que le valió fuertes críticas de la Auditora Auxiliar de la época.

Después de que Marulanda asumió el cargo -al que llegó gracias al apoyo de Turbay-, lo ascendió a su actual cargo. Y ahora le dio vacaciones justo a tiempo para hacer su campaña. Por eso es visto hoy como su candidato.

Entre ellos dos, en principio, está la pelea.

La tercera, que es la mujer que por ley debe incluir de la terna, no tiene grandes apoyos. Se trata de Alma Carmenza Erazo, una administradora de empresas de la Universidad Santiago de Cali, que fue contralora del Valle entre 2004 y 2007, de Cali entre 2008 y 2011 y ha trabajado con la Contraloría General. Actualmente es contratista de la Superintendencia de Servicios Públicos.

En todo caso, Erazo tiene dos problemas. Uno es que su elección como contralora de Cali estuvo rodeada de una serie de críticas y dudas jurídicas  porque venía de ser contralora departamental por lo que podría haber estado inhabilitada. Su elección fue demandada, y, aunque perdió en primera instancia, apeló esa decisión y ganó.

El segundo es más grave: no solo fue secretaria de Gobierno del Valle del destituido Héctor Fabio Useche sino que, según CM&, lo hizo como cuota del parapolítico senador Juan Carlos Martínez, a quien además habría visitado frecuentemente en La Picota.

Otros confidenciales recientes

Miércoles, Febrero 24, 2016 - 00:23
0
6330

En medio de versiones confusas, el hoy director de Gestión Riesgo de Santander y copresidente del Centro Democrático en el departamento, Ramón Ramírez, ha salido a defender la nota de Caracol Noticias en la que lo señalan de recibir más de $60 millones como miembro de la Unidad de Trabajo Legislativo del Senador Alfredo Ramos sin trabajar en ella. 

Primero dijo que durante todo el año pasado sí había continuado haciendo las labores por las que le pagaron legalmente desde agosto de 2014 (luego de su fallida candidatura a la Cámara) a enero de 2015 (fecha en la que le pidireron la renuncia, según las declaraciones del mismo senador Ramos, por malo); luego dijo que estaba trabajando para todo el Centro Democrático y no solo para el senador Ramos y completó diciendo que despachaba desde Santander. 

Ramírez  fue elegido en mayo de 2015, en la víspera del arranque de la campaña electoral de ese año, como copresidente del Centro Democrático, y pese a que al menos en el papel era funcionario público, participó activamente de todas las campañas a las que se sumó ese partido, incluida la de Didier Tavera, quien como contraprestación lo nombró en el cargo que hoy tiene.

Sin embargo, Ramírez, por estar cobrando salario en el Congreso como UTL, no podía hacer campaña política. Es decir, además de responder por haberse quedado con un salario que presuntamente no debía, (en eso coinciden desde el Senador, hasta la Oficina de Control Interno del Congreso que remitió la investigación a la Contraloría), la Procuraduría también podría entrar a mirarlo por participar en política y al mismo tiempo ser funcionario en el Congreso.

Sobre eso Ramírez también cambió la versión, y pese a que en toda la campaña el año pasado le dio declaraciones a medios en Santander, entre esos a La Silla, como copresidente del Centro Democrático, ahora dice que no hizo política; y las fotos en diferentes campañas se las atribuye a reuniones privadas.

En conversación con La Silla sobre su participación en política, se defendió preguntando si había dado algún discurso. Este medio encontró que sí lo hizo en un acto de adhesión de la campaña de Iván Aguilar (el entonces candidato del uribismo que fue sacado de la contienda por la Gobernación tras un fallo del CNE) a la de Didier Tavera.

Este es el primero de los nombramientos de Tavera que empieza a tambalear por presuntas irregularidades; falta ver si lo mantiene o si lo retira mientras los entes de control lo investigan. 

Ramón Ramírez (tercero de derecha a izquierda) durante la adhesión de una facción del Centro Democrático a la campaña liberal de Carlos Ibáñez por la Alcaldía de Bucaramanga. Foto tomada de redes sociales. 
Ramón Ramírez junto a candidatos al Concejo de Floridablanca en el cierre de campaña de Héctor Mantilla, en Floridablanca. Foto tomada de redes sociales.
Ramón Ramírez (primero de izquierda a derecha) junto a otros miembros de Centro Democrático en Santander y Danny Ramírez, alcalde de Piedecuesta. Foto tomada de redes sociales. 

 

Conversación de La Silla con Ramón Ramírez a través de whatsapp. 
Martes, Febrero 23, 2016 - 13:04
0
7567

Ayer, luego de varias reuniones, el ministro consejero para el Posconflicto, Rafael Pardo, terminó de ultimar detalles con el general Rafael Colón, de la Dirección para la Acción Integral contra Minas Antipersonal (DAICMA), y llegaron a los 20 municipios de la primera fase de desminado para este año. La Silla conoció cuales son. Aquí está la lista.

Martes, Febrero 23, 2016 - 10:58
1
3996

Desde el 25 de enero, cuando la Corte Constitucional le reactivó una orden de captura por sus vínculos con los paramilitares, al médico zenú Pedro ‘el Indio’ Pestana no le han faltado las manifestaciones de apoyo entre los miembros de esa etnia indígena, en Córdoba y Sucre, donde los últimos 15 años ha construido su fortín político. Este fin de semana, los militantes de su grupo aprovecharon las corralejas que se celebraron en el municipio sucreño de San Antonio de Palmito, que hace parte del área de influencia del ‘Indio’, para expresarle su respaldo público.

En esa población del Golfo de Morrosquillo, algunos habitantes visten desde la semana pasada camisetas con el mensaje “De corazón soy pestanista y martinista”, en honor a Pestana y a su socio político Antonio Martínez Hernández, también indígena y requerido por la justicia por nexos con los paramilitares.

Ese apoyo “de corazón” se trasladó a las corralejas, que terminaron ayer. Allí los pestanistas y martinistas salieron al ruedo con pancartas en honor a los dos políticos prófugos, como lo muestran estas fotografías.

 

A Pestana y a su socio Martínez, el Tribunal Superior de Bogotá los condenó a seis años de prisión en 2009 porque en 2006 acordaron con el ex jefe paramilitar alias Don Antonio trabajar desde la etnia zenú a favor de las autodefensas. Pero, no han estado ni un solo día en prisión porque argumentaron haber pagado su condena en una cárcel indígena, en San Andrés de Sotavento. Ese argumento la Corte Constitucional lo dejó sin validez en enero pasado y de inmediato les ordenó a las autoridades la captura de ambos y su traslado a una cárcel ordinaria.

Como contó La Caribe, Pedro Pestana es un súper poder en Córdoba y Sucre porque ha consolidado una engrasada maquinaria electoral en los municipios de San Andrés de Sotavento, Chimá, Tuchín, Momil, Sampués y San Antonio de Palmito, gracias a la IPS Manexka, que fundó en 1998. Esa entidad le presta servicios de salud a unos 250 mil indígenas, quienes elección tras elección se convierten en potenciales votos para los candidatos respaldados por Pestana.

Pestana tiene hoy una curul en el Senado y otra en la Asamblea de Sucre, a través de sus hermanas Yamina y Ana, respectivamente; participación en el gabinete del gobernador de Sucre Edgar Martínez con la secretaria administrativa Acela Calderín, un diputado en Córdoba y la Alcaldía de Tuchín.

Páginas