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Lunes Octubre 18, 2021

Como el Consejo de Estado tiene entre sus manos el futuro del Procurador General ha pasado de agache otra decisión clave que también está sobre la mesa de esta corporación y es la elección del nuevo Auditor General, que enfrenta al candidato del continuismo con otro que tiene muy buenas relaciones con la Fiscalía.

La Auditoría General es una entidad poderosa porque vigila a todas las contralorías del país, suele pasar bajo del radar y tiene un presupuesto de unos 25 mil millones de pesos.

La terna, que armó la Corte Suprema para que el Consejo de Estado elija, incluye al ex vicecontralor de Sandra Morelli, Carlos Felipe Córdoba Larrarte.

Córdoba es un profesional en Gobierno y Relaciones Internacionales que arrancó en política con el grupo del ex alcalde de Pereira César Castillo y fue secretario de gobierno de esa ciudad del liberal Juan Manuel Arango y de Risaralda, del conservador Victor Manuel Tamayo.

Es un uribista de vieja data: estuvo en las juventudes de la campaña presidencial de Álvaro Uribe 2002 y apoyó a Óscar Iván Zuluaga en las elecciones presidenciales de 2014.

Córdoba Larrarte fue uno de los grandes escuderos de la ex contralora Morelli. Pero renunció y se distanció de ella en 2013, en plena pelea de ésta con el fiscal Eduardo Montealegre, porque, según dijo, se mostró en desacuerdo con decisiones de la Contralora.

Pero también porque su esposa, Marcela María Yepes, pasó de ser Gerente Administrativa y Financiera de la Contraloría a serlo en la Fiscalía.

Yepes, hija del exsenador y cacique conservador de caldas Ómar Yepes, es una testigo clave en la investigación penal que adelanta la Fiscalía contra Morelli por el arrendamiento de la sede de la Contraloría. Morelli ha dicho que ella y Córdoba eran los encargados de realizar ese contrato y por eso ha dicho que si hay un delito, ellos son los responsables.

Aunque Córdoba cuenta con el apoyo del poderoso Fiscal, su aspiración también tiene la debilidad de que tendría que declararse impedido para vigilar las actuaciones que emepezó la Contraloría General cuando él trabajó allí.

El segundo candidato fuerte es José Luis Franco, un abogado de la Universidad Santo Tomás que es Director de Vigilancia Fiscal de la Auditoría. Llegó a la entidad hace seis años después de trabajar en las contralorías del Vaupés y el Vichada, en el Ministerio de Educación y de haber sido juez administrativo en Tunja. Lo hizo con el apoyo del ex presidente del Consejo de Estado, Gustavo Gómez Aranguren, y tiene muy buenas relaciones en esa Corte.

Este candidato fue el funcionario que, encargado del despacho antes de la posesión de la actual Auditora, Laura Marulanda (pero con ella ya elegida), archivó el proceso de responsabilidad fiscal contra el ex contralor Julio César Turbay por la compra de una camioneta blindada de lujo, lo que le valió fuertes críticas de la Auditora Auxiliar de la época.

Después de que Marulanda asumió el cargo -al que llegó gracias al apoyo de Turbay-, lo ascendió a su actual cargo. Y ahora le dio vacaciones justo a tiempo para hacer su campaña. Por eso es visto hoy como su candidato.

Entre ellos dos, en principio, está la pelea.

La tercera, que es la mujer que por ley debe incluir de la terna, no tiene grandes apoyos. Se trata de Alma Carmenza Erazo, una administradora de empresas de la Universidad Santiago de Cali, que fue contralora del Valle entre 2004 y 2007, de Cali entre 2008 y 2011 y ha trabajado con la Contraloría General. Actualmente es contratista de la Superintendencia de Servicios Públicos.

En todo caso, Erazo tiene dos problemas. Uno es que su elección como contralora de Cali estuvo rodeada de una serie de críticas y dudas jurídicas  porque venía de ser contralora departamental por lo que podría haber estado inhabilitada. Su elección fue demandada, y, aunque perdió en primera instancia, apeló esa decisión y ganó.

El segundo es más grave: no solo fue secretaria de Gobierno del Valle del destituido Héctor Fabio Useche sino que, según CM&, lo hizo como cuota del parapolítico senador Juan Carlos Martínez, a quien además habría visitado frecuentemente en La Picota.

Otros confidenciales recientes

Jueves, Febrero 25, 2016 - 15:14
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Con el nombramiento del ex alcalde de Montería Carlos Eduardo Correa como viceministro de Agua, Cambio Radical se gana un aliado importante en el único departamento Caribe donde no es fuerte.

Correa, que es amigo personal del ministro de Vivienda Luis Felipe Henao, fue elegido sobre el ex alcalde de Manizales Jorge Eduardo Rojas. Henao, que es de Cambio, le explicó a La Silla que lo eligió porque "Correa fue uno de los alcaldes estrella del país (...) ya conoce como ejecutar, ahora será de gran apoyo para llevar estas ejecutorias a nivel Nacional, será un gran viceministro."

Efectivamente, Correa salió de la alcaldía con la imagen de ser un buen gerente y resultados notorios en cobertura de acueducto y alcantarillado y reducción de pobreza, como señaló hoy el presidente Juan Manuel Santos. Y de vivienda, pues la ciudad fue una de las grandes beneficiadas del programa bandera del vicepresidente Germán Vargas y de Henao.

Eso ha hecho que Correa se convierta en una carta fuerte en la política cordobesa, a la que le suma dos atributos.

Uno es su relación con El Meridiano de Córdoba, el principal medio de ese departamento y del vecino Sucre. El nuevo vice está casado con María Victoria Salleg, hija del dueño del diario William Salleg.

Y la otra, es que se puede mover con independencia de quienes fueron sus padrinos electorales para llegar a la alcaldía en 2011 en su primera campaña electoral: ya en la segunda vuelta de 2014 él apoyó a Santos, mientras que el hoy alcalde Marcos Daniel Pineda, la senadora Nora García y el representante David Barguil, todos conservadores y quienes le pusieron los votos, estuvieron con Óscar Iván Zuluaga.

Aunque el nombramiento no significa automáticamente que Correa entre a Cambio Radical, sí deja a ese partido con una nueva pata en Córdoba. Y a los conservadores, específicamente al grupo de Barguil, García y Correa, con un nuevo aliado en el Gobierno, justo cuando están debatiendo la entrada a la Unidad Nacional o a la gaseosa Unidad para la Paz.

Jueves, Febrero 25, 2016 - 13:38
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La ex senadora de La U Piedad Zuccardi, que está detenida hace dos años en un proceso por parapolítica cuyo juicio no ha iniciado, acaba de recibir una manito del magistrado de la Corte Constitucional Jorge Pretelt.

Este miércoles Pretelt presentó una insistencia para que la Corte revise una tutela que interpuso la defensa de Zuccardi en agosto pasado para que quede libre. Esa tutela, que argumenta que mantenerla detenida viola sus derechos porque ha pasado demasiado tiempo y no ha iniciado el juicio, fue negada por las salas Civil y Laboral de la Corte Suprema.

El 25 de enero los magistrados Maria Victoria Calle y Alberto Rojas, que estaban encargados de elegir qué tutelas revisa la Corte Constitucional, decidieron que ese caso no cumple con los requisitos para revisarla. Es decir, que no es un caso en el que haya una violación grosera de los derechos de Zuccardi, ni es un caso en el que sea necesario crear jurisprudencia. Pero Pretelt insistió.

La insistencia de Pretelt se suma a otra del defensor del pueblo encargado, Alfonso Cajiao, y significa que la próxima sala de selección de tutelas, en la que estarán los magistrados Gloria Stella Ortiz y Luis Ernesto Vargas, deberá decidir por última vez si la Corte la revisa.

Si lo hace, se abriría un camino para que Zuccardi quede en libertad.

Miércoles, Febrero 24, 2016 - 15:00
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La ‘Unidad por la paz’ que anunció el presidente Juan Manuel Santos anoche, con la presencia de las cabezas de todos los partidos del Congreso, menos el Centro Democrático, flaqueó en su estreno.

Hoy arrancó el debate en comisiones primeras conjuntas de la reforma a la ley de orden público que presentó el Gobierno de Santos para crear las zonas de concentración de la guerrilla de las Farc una vez se firme el Acuerdo Final y comience la dejación de las armas.

Sin embargo, la plenaria se levantó hace unos minutos por falta de quórum y se convocó para el próximo martes. Faltó un voto en Senado para poder continuar con la votación del proyecto de ley. La Silla supo que algunos congresistas dijeron que no podían quedarse y dieron toda clase de excusas. 

Así, queda probado que la 'Unidad por la Paz' sigue siendo una idea gaseosa

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