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Domingo Octubre 24, 2021

Como el Consejo de Estado tiene entre sus manos el futuro del Procurador General ha pasado de agache otra decisión clave que también está sobre la mesa de esta corporación y es la elección del nuevo Auditor General, que enfrenta al candidato del continuismo con otro que tiene muy buenas relaciones con la Fiscalía.

La Auditoría General es una entidad poderosa porque vigila a todas las contralorías del país, suele pasar bajo del radar y tiene un presupuesto de unos 25 mil millones de pesos.

La terna, que armó la Corte Suprema para que el Consejo de Estado elija, incluye al ex vicecontralor de Sandra Morelli, Carlos Felipe Córdoba Larrarte.

Córdoba es un profesional en Gobierno y Relaciones Internacionales que arrancó en política con el grupo del ex alcalde de Pereira César Castillo y fue secretario de gobierno de esa ciudad del liberal Juan Manuel Arango y de Risaralda, del conservador Victor Manuel Tamayo.

Es un uribista de vieja data: estuvo en las juventudes de la campaña presidencial de Álvaro Uribe 2002 y apoyó a Óscar Iván Zuluaga en las elecciones presidenciales de 2014.

Córdoba Larrarte fue uno de los grandes escuderos de la ex contralora Morelli. Pero renunció y se distanció de ella en 2013, en plena pelea de ésta con el fiscal Eduardo Montealegre, porque, según dijo, se mostró en desacuerdo con decisiones de la Contralora.

Pero también porque su esposa, Marcela María Yepes, pasó de ser Gerente Administrativa y Financiera de la Contraloría a serlo en la Fiscalía.

Yepes, hija del exsenador y cacique conservador de caldas Ómar Yepes, es una testigo clave en la investigación penal que adelanta la Fiscalía contra Morelli por el arrendamiento de la sede de la Contraloría. Morelli ha dicho que ella y Córdoba eran los encargados de realizar ese contrato y por eso ha dicho que si hay un delito, ellos son los responsables.

Aunque Córdoba cuenta con el apoyo del poderoso Fiscal, su aspiración también tiene la debilidad de que tendría que declararse impedido para vigilar las actuaciones que emepezó la Contraloría General cuando él trabajó allí.

El segundo candidato fuerte es José Luis Franco, un abogado de la Universidad Santo Tomás que es Director de Vigilancia Fiscal de la Auditoría. Llegó a la entidad hace seis años después de trabajar en las contralorías del Vaupés y el Vichada, en el Ministerio de Educación y de haber sido juez administrativo en Tunja. Lo hizo con el apoyo del ex presidente del Consejo de Estado, Gustavo Gómez Aranguren, y tiene muy buenas relaciones en esa Corte.

Este candidato fue el funcionario que, encargado del despacho antes de la posesión de la actual Auditora, Laura Marulanda (pero con ella ya elegida), archivó el proceso de responsabilidad fiscal contra el ex contralor Julio César Turbay por la compra de una camioneta blindada de lujo, lo que le valió fuertes críticas de la Auditora Auxiliar de la época.

Después de que Marulanda asumió el cargo -al que llegó gracias al apoyo de Turbay-, lo ascendió a su actual cargo. Y ahora le dio vacaciones justo a tiempo para hacer su campaña. Por eso es visto hoy como su candidato.

Entre ellos dos, en principio, está la pelea.

La tercera, que es la mujer que por ley debe incluir de la terna, no tiene grandes apoyos. Se trata de Alma Carmenza Erazo, una administradora de empresas de la Universidad Santiago de Cali, que fue contralora del Valle entre 2004 y 2007, de Cali entre 2008 y 2011 y ha trabajado con la Contraloría General. Actualmente es contratista de la Superintendencia de Servicios Públicos.

En todo caso, Erazo tiene dos problemas. Uno es que su elección como contralora de Cali estuvo rodeada de una serie de críticas y dudas jurídicas  porque venía de ser contralora departamental por lo que podría haber estado inhabilitada. Su elección fue demandada, y, aunque perdió en primera instancia, apeló esa decisión y ganó.

El segundo es más grave: no solo fue secretaria de Gobierno del Valle del destituido Héctor Fabio Useche sino que, según CM&, lo hizo como cuota del parapolítico senador Juan Carlos Martínez, a quien además habría visitado frecuentemente en La Picota.

Otros confidenciales recientes

Martes, Marzo 1, 2016 - 11:02
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Después de un largo proceso lleno de tutelas y acusaciones públicas entre los aspirantes, el Concejo de Valledupar eligió ayer al personero de esa ciudad para los próximos cuatro años. Los 19 concejales unánimemente reeligieron al abogado Alfonso Campo Martínez, hermano del exrepresentante conservador Juan Manuel Campo y quien en 2012 llegó a esa silla con el respaldo del entonces alcalde Fredys Socarrás. Con la reelección de Campo, el principal derrotado es el representante conservador Ape Cuello, uno de los súper poderes del Cesar tras las regionales de octubre, porque no logró que su candidata fuera la escogida.

Con 83,81 puntos sobre 100 posibles, Campo Martínez obtuvo la calificación más alta del concurso de méritos y se impuso ante la también abogada Lorena Cabrera. Ella obtuvo 76,27 puntos e interpuso una acción de tutela buscando que la Universidad Autónoma del Caribe, institución contratada por el Concejo para poner en marcha el proceso, evaluara nuevamente su hoja de vida. Sin embargo, aunque la tutela le fue fallada a su favor y la universidad tuvo que volver a revisar la experiencia profesional y los estudios acreditados, Campo Martínez terminó con un puntaje más alto.

Para este concurso, Cabrera tenía el apoyo del representante Cuello, quien es el nuevo poder en ascenso del Cesar después de haber sido el principal financiador y promotor del proyecto político que hoy tiene a Tuto Uhía en la Alcaldía de Valledupar. Además, Cabrera trabajó en la campaña de Uhía. Por eso, con la derrota de la abogada, también pierde el mandatario porque queda con un personero que no es de su cuerda política sino de la del exalcalde Fredys Socarrás, quien en las regionales pasadas le puso votos a uno de sus contrincantes: el exconcejal de Cambio Radical Jaime González.

El tercer derrotado con la reelección de Campo Martínez es su propio hermano, el exrepresentante Juan Manuel Campo, quien queda inhabilitado para las legislativas de 2018 en su aspiración de regresar al Congreso. En Valledupar se daba por descontado que el conservador Juan Manuel sería la fórmula del también conservador Ape Cuello, quien ha manifestado en reuniones privadas que quiere dar el salto al Senado. Sin embargo, el personero no desistió de su aspiración de quedarse cuatro años más en el cargo y terminó atravesándole a su hermano.  

Dos políticos activos del Cesar le contaron a La Silla que los 19 concejales prefirieron elegir a Campo Martínez para evitarse nuevas investigaciones de la Procuraduría porque fue él quien obtuvo el mayor puntaje, pese a las negociaciones que desde diciembre venía haciendo con ellos el representante Ape Cuello.

En enero, la Procuraduría Regional del Cesar ya les había advertido a los 19 concejales que vulneraban el debido proceso de la elección al decidir que sería la mesa directiva y no todos los concejales, como estaba estipulado desde el inicio del concurso de méritos, los que tendrían la facultad de evaluar las entrevistas de los aspirantes.

Esa modificación generó suspicacias en la Valledupar política porque el representante Ape Cuello tiene influencia sobre la mesa directiva: el actual presidente de ese organismo es de su cuerda política, el conservador Guido Castilla. La etapa final valía un 10% y era clave para los participantes, especialmente para los dos que desde el comienzo se perfilaron como los más opcionados a la silla de personero: Campo Martínez y Cabrera.

Los concejales también llegaron temerosos a la elección de ayer porque la Procuraduría les abrió, en enero, una indagación preliminar por posibles irregularidades y conflicto de interés en la elección de Álvaro Castilla Fragoso como contralor de Valledupar.

Castilla Fragoso fue uno de los financiadores de Uhía, según los reportes que esa campaña presentó al portal Cuentas Claras, y es miembro del comité inscriptor del grupo significativo 'Avanzar es posible', que lo avaló como candidato a la Alcaldía.

Viernes, Febrero 26, 2016 - 15:17
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Otro liberal terminó enredado en el escándalo del ‘carrusel’ de contratación en el Instituto Municipal de Fomento y Empleo de Bucaramanga, Imebú.

A cinco días de que Augusto Rueda González, quien llegó a la Personería impulsado por los liberales en 2012, entregue su cargo como personero de Bucaramanga,  la Procuraduría Regional de Santander le abrió un proceso verbal por su presunta participación en el escándalo de contratación que vincula a fundaciones que jamás ejecutaron recursos destinados a población vulnerable.

La Silla conoció copia de la citación que le fue hecha al funcionario y en ella se señala que el ente de control entrará a investigarlo por participar como enlace entre el Imebú y una de las fundaciones contratistas, cuyo representante legal ya fue condenado por la ejecución irregular de recursos.

La participación de Rueda González en la controvertida contratación, se remite a que habría sido intermediario entre un exasesor de su despacho (Joel Molina) y la Fundación para el Desarrollo Comunitario, Fundecom, de la que es cofundadora la mamá de uno de sus hijos.  

Según los relatos del entonces asesor de Rueda, y de varios de los testigos que fueron citados a entregar su versión, fue el Personero quien recomendó el nombre de esa fundación para que se pudiera ejecutar un contrato por $45 millones con el fin de realizar talleres de emprendimiento a población vulnerable de Bucaramanga, objeto que no se cumplió.

A Rueda González también lo investigarán por no hacer las denuncias por el enredo de ese contrato y omitir la apertura de la investigación en el ente de control que él mismo dirige.

Precisamente, según los testigos, el saliente Personero conocía de las irregularidades en la ejecución del contrato y le prestó plata a su entonces asesor (se la descontó posteriormente de los honorarios que recibía en la Personería), para que este último la devolviera, debido a las investigaciones que se adelantaban. 

La versión de Rueda se ha mantenido en que él no hizo nada irregular, y aunque ha reconocido que fue intermediario tanto en el contrato como en la recuperación del dinero que se comprometió, ha señalado que el problema es de su exasesor debido a que él fue el que no ejecutó bien el contrato.

Al caso de Rueda, se suma el del exdirector de ese instituto Cristian Rueda, quien es cuñado de la concejala roja Nancy Lora, y quien está privado de la libertad por las investigaciones en su contra por ese 'carrusel'. Por su parte, Leonardo Vásquez, integrante del directorio Liberal en Santander, es el defensor de varios de los salpicados en el escándalo.

Jueves, Febrero 25, 2016 - 15:16
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El martes pasado, la gobernadora Oneida Pinto escogió al abogado Edwin López Fuentes como el nuevo director en propiedad del ICBF de La Guajira. Aunque hasta ahora en ese departamento ha caído bien la elección de López, porque allí lo reconocen como un experto en contratación sin filiación política particular, la directora nacional del ICBF Cristina Plazas no quedó contenta y ayer hizo público su malestar en Riohacha.

Plazas y la gobernadora Pinto se reunieron con los directores de las IPS y EPS para recordarles que, como parte de la lucha contra la desnutrición infantil wayuu, deben realizar más actividades de promoción y prevención en las rancherías.

A la reunión también asistió López Fuentes, quien aprovechó para presentarse como el nuevo director regional del ICBF ante las directivas médicas y diputados asistentes. Esa presentación, que generó aplausos, a Plazas no le gustó porque el abogado la hizo sin haber hablado antes con ella y porque todavía no está lista la resolución de su nombramiento.

Tanto le disgustó a Plazas la presencia de López que no permitió que pronunciara unas palabras al cierre del evento. Y hasta regañó a la presentadora por haber anunciado ese discurso como parte de la programación.

La Silla supo que, más allá de ese impasse, Plazas está molesta porque quería que el escogido fuera el administrador público y funcionario de carrera del ICBF Félix Orozco Mejía, quien tenía el mayor puntaje de la terna que ella misma envió y a quien puso el año pasado como director encargado de la regional Magdalena.

Esta mañana, la gobernadora Oneida Pinto le dijo a La FM que había escogido a López por ser el único guajiro de la terna, de la que también hacía parte el médico Óscar Alberto Pernía Maldonado, exgerente de Caprecom en Tolima.

La mandataria dijo que para el cargo del ICBF, especialmente en una coyuntura de crisis como la actual, se necesita a un profesional que conozca la cultura guajira y entienda a la etnia wayuu. Y en la misma entrevista negó haberlo escogido por recomendaciones políticas, como publicó el portal Las Dos Orillas.

La Silla consultó con cuatro fuentes del mundo político guajiro y todas, por aparte, coincidieron en que el nuevo director del ICBF no milita ni en el movimiento Nueva Guajira del presidente de la Cámara Alfredo Deluque ni en la Gran Alianza, del exgobernador Jorge Ballesteros. Y en cambio, lo describieron como un abogado y académico que trabajó hasta hace poco en la Universidad de La Guajira, donde dirigió la Oficina de Relaciones Internacionales y fue profesor.

Esas fuentes también nos dijeron que es uno de los pocos expertos en contratación de ese departamento, por lo que ha sido asesor de la Alcaldía de Riohacha y de la Gobernación, sin que al ocupar esos cargos fuera considerado cuota política.

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