Ayer circuló la noticia de que el Consejo de Estado admitió una demanda contra la investidura del senador liberal Juan Manuel Galán. La demanda se sustenta en que Galán habría puesto sus intereses personales por encima de los del país en la reforma penitenciaria, al buscar que ésta no incluyera un artículo que permitía la excarcelación de los mayores de 65 años. El interés personal de Galán, según la demanda, era que no saliera libre el excongresista Alberto Santofimio, condenado por el asesinato de Luis Carlos Galán.
Quien presentó la demanda, como anunciaron algunos medios, fue el abogado de Santofimio, Ricardo Cifuentes Salamanca. Lo llamativo es que si Cifuentes tiene éxito (más allá de que los titulares de ayer ya son una suerte de éxito), podría haber encontrado un camino para ayudar a sus otros clientes: varios parapolíticos.
Resulta que Cifuentes, abogado y político cristiano, ha hecho suya la defensa de varios políticos condenados o investigados por parapolítica. A través de una ONG llamada Corporación Foro Ciudadano, Cifuentes ha sido el apoderado de Iván Díaz Mateus ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU; y de Luis Alberto Gil, Miguel Pinedo Vidal, Luis Alberto Gómez Gallo, Odín Sánchez Montes de Oca y el mismo Santofimio ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
En todos los casos alega que tenían derecho a una segunda instancia y que hubo motivaciones políticas en sus sentencias, como contó El Espectador. Hasta ahora esos casos no han avanzado en la CIDH según el sistema informativo de esa entidad. Pero si en el caso de Santofimio logra la muerte política de un rival político, es otro servicio que le podría prestar a estos parapolíticos.
Cifuentes también tuvo una breve carrera política. Fue alcalde local de Santa Fe, en Bogotá, entre 1991 y 1994, durante las alcaldías liberales de Juan Martín Caicedo y Jaime Castro. En 1994 renunció para ser reelegido, pero con la llegada de Antanas Mockus a la Alcaldía y el cambio en el manejo de la política distrital, no lo logró.
Al salir del cargo resultó enredado en varias investigaciones de la Contraloría Distrital por varios contratos presuntamente irregulares. A la postre salió bien librado en algunas de ellas, como el de la contratación con Hisaja Ltda., pero terminó pagando por su responsabilidad fiscal en otros casos, como los de Aro Ltda. y Dysel Ltda.
Cifuentes siguió la pelea, interpuso varias tutelas contra la Contraloría y contra todos los fallos en su contra pero las perdió. Y terminó incluso condenado penalmente por peculado por apropiación, por el juzgado 14 penal del Circuito de Bogotá, en mayo de 2006. Ese proceso lo perdió en segunda instancia en noviembre de 2007 y , de forma definitiva, cuando la Corte Suprema inadmitió el recurso de casación en septiembre de 2008.
El abogado señala que un testigo en su contra en ese caso, Néstor Prieto, está hoy enjuiciado por falso testimonio, lo que demuestra que su condena fue injusta. Además, presentó una denuncia por ese motivo ante la CIDH.
Después de salir de la alcaldía local, Cifuentes se convirtió en un litigante contra el Estado. Ha ganado algunas acciones populares, como una en 2002 contra Puerto Salgar y Fómeque, municipios de Cundinamarca cuyo acueducto no proveía de agua con buenos estándares de calidad.
También ganó otra en 2003 que obliga al Distrito a relocalizar los vendedores ambulantes de la plaza del 20 de julio. Como no se cumplió, en 2012 volvió a la carga con un incidente de desacato contra el Distrito y una acción de grupo de los vecinos. Como dijo el asesor jurídico de la localidad de Tunjuelito en una sesión de la JAL de esa localidad en 2009, “este señor es especialista en acciones populares“.
También intentó un regreso a la política: para las elecciones de 2006 alcanzó a estar en una primera lista del partido Colombia Viva al Senado, pero, debido a que para ese momento estaba inhabilitado (y según Semana aparecía en el boletín de moroso del Estado), finalmente quien se presentó (y se quemó con mil votos) fue su hermano Hugo Guillermo.
En esa lista también estuvo el pastor cristiano y exsenador Víctor Velásquez Reyes, con quien Cifuentes intervino ante la Corte Constitucional para que ésta no se pronunciara sobre el aborto en la sentencia en la que se despenalizó esa conducta en tres casos, incluso con un recurso de reposición para tumbar la admisión de la demanda.
Pero eso no es todo. Según informó El Espectador en 2009, Cifuentes presentó una acción popular vinculada con contratos que él firmó cuando era alcalde local. La acción popular alegaba que el Estado había violado la moralidad y el patrimonio público en un contrato que él mismo había firmado siendo alcalde y pedía que la localidad pagara 50 millones de pesos. El detalle es que quien ganaba una acción popular en ese entonces percibía parte de la sanción, como un incentivo económico.
Sin embargo, según le explicó Cifuentes a La W, su intención era que la Alcaldía Local demandara dos contratos de 1994 que nunca fueron liquidados.
Cifuentes también intervino para defender el incentivo de las acciones populares. Por una parte fue uno de los tres demandantes de la ley que eliminó ese incentivo ante la Corte Constitucional, pero étsta ya se había pronunciado en otro proceso. Y en ése Cifuentes intervino para apoyar los argumentos de los demandantes, pero la Corte no tumbó la norma y el incentivo se acabó.
Después de eso, Cifuentes intentó redirigirse al Derecho de Familia, con paáginas web enfocadas en las herencias, llamada www.herencia.com.co
También montó una página para brindar asesoría jurídica en divorcios, llamada www.DivorcioFacilPorInternet.com, que ya no existe
Y Cifuentes no se queda ahí. Está preparando otra página llamada LaPrivacionInjustadelaLibertad.com, hace pocos días presentó una demanda contra Juan Manuel Santos por presunta participación en política y en febrero denunció penalmente a la Contralora Sandra Morelli por el millonario y polémico contrato del arriendo de su sede.
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