LA SILLA VACIA

Desde que llegó a la dirección nacional del ICBF, Cristina Plazas ha dicho que su misión es acabar con la corrupción en esa entidad. Y una de sus primeras acciones fue cambiar el modelo de contratación para evitar que las fundaciones y asociaciones relacionadas con los políticos en las regiones siguieran como operadores de los hogares infantiles. Por eso, desde enero pasado hay expectativa por conocer los nombres de las organizaciones con las que el ICBF contrató para este 2016. Sin embargo, todavía no están disponibles todos los contratos en el Portal Único de Contratación, pese a que por ley ya deberían estar publicados.

Según la Ley de Contratación Estatal, las entidades públicas tienen tres días, una vez suscritos los contratos, para subir esa información al sitio web contratos.gov.co. Esto, como parte del principio de transparencia de las instituciones para brindarle confianza al ciudadano sobre el uso de los dineros públicos.

Hace dos semanas, el ICBF le dijo a La Silla que la contratación de los operadores en la región Caribe ya iba en un 95% y que para la primera semana de febrero ya quedaba lista. Por eso, La Silla le pidió a la Dirección Nacional del ICBF, en Bogotá, detalles sobre los nuevos operadores. Allí nos respondieron que la información no está todavía centralizada, pero que está disponible en el Portal de Contratación, ya que es responsabilidad de cada dirección regional subirla a la web.

Esta tarde, al buscar en cada departamento del Caribe, encontramos que Magdalena, Cesar y Bolívar no han subido todavía la información sobre los contratos de atención para primera infancia; Atlántico solo tiene en línea dos contratos; Córdoba, 19; San Andrés, 20. Mientras que La Guajira y Sucre son los que más información tienen en línea: la primera regional tiene 70 contratos y Sucre 220.

La expectativa por conocer detalles de todos los operadores aumenta porque en muchas regiones comienza a rumorarse que varias de las fundaciones seleccionadas son igual de políticas que las que venían operando hasta el año pasado. Pero, la única forma de saberlo es teniendo acceso a toda la información.

Como contó La Caribe, con el cambio de contratación los niños han sido los damnificados porque, a diferencia de otros años, recién están comenzando a recibir atención en varios departamentos del Caribe. Lo usual es que para el primero de febrero los hogares infantiles ya estén abiertos porque la contratación de los operadores queda definida en enero.

El calendario se alteró porque el ICBF habilitó un banco de oferentes para que las instituciones interesadas se sometieran a un proceso de evaluación. De cuatro mil postulantes, solo quedaron 2.200 elegibles, de los que salen los nombres de los nuevos operadores.

Perfiles relacionados: 
Cristina Plazas Michelsen

Otros confidenciales recientes

Lunes, Febrero 22, 2016 - 23:10
0
10363

Aunque el alcalde de Bucaramanga, Rodolfo Hernández, en campaña se había declarado en oposición a la valorización, la decisión de un juez de la ciudad que tumbó esa contribución en su administración lo obligó a cambiarse de bando.

Hernández le confirmó a La Silla que la decisión, que en términos prácticos lo que hace es echar para atrás el cobro de la contribución con la que se recaudaron $190 mil millones que están invertidos en obras viales en Bucaramanga, será apelada para salvaguardar los intereses de la ciudad.

“Ya no es el criterio mío lo que debe pesar, yo no estaba de acuerdo con la valorización porque estaban despilfarrando toda esa plata y entregándola en licitaciones de único oferente. Esa plata ya se la gastaron y si no apelara, pues prácticamente hay que cerrar al Municipio. Yo soy el representante legal de la ciudad y tengo que pensar en el beneficio de todos los ciudadanos”, aseguró Hernández.

La posición de Hernández, que según abogados consultados por La Silla, es la que debe defender el Alcalde, porque de lo contrario podría ser investigado por actuar en contra de los intereses del Municipio, no ha caído bien en los opositores a la valorización, quienes empezaron a cuestionar la nuevaposición del Alcalde.

Este medio, conoció el texto completo de la decisión, que en líneas generales lo que hizo fue validar todos los argumentos de la Procuraduría relacionados con las fallas de forma y de fondo que existieron en el proceso previo a la entrega de los recibos para el recaudo de esa contribución.

Por una parte, el Juez le dio la razón al Ministerio Público en cuanto a que la Alcaldía en 2011 omitió hacer dos publicaciones en diarios de amplia circulación de las convocatorias para la conformación de la Junta de Propietarios y Poseedores, órgano que se encargaría de socializar en diferentes partes de la ciudad los alcances de la valorización.

Por otra, señaló que sí existieron irregularidades en las actas de los escrutinios de las votaciones en las que se eligieron a los integrantes de esa junta, debido a que no existió comisión escrutadora y a que las actas de resultados no están firmadas por todos los delegados.

En este sentido, el Juez declaró la nulidad del documento que le permitió a la Alcaldía de Bucaramanga iniciar el cobro de la valorización en 2013, porque el procedimiento previo a su expedición no se cumplió de acuerdo a la norma.

El Tribunal Administrativo de Santander será el encargado de fallar la segunda instancia. Si la decisión se confirma, la Alcaldía de Bucaramanga tendría que entrar a devolver la plata a los bumangueses y reiniciar el proceso de cobro desde la convocatoria para la Junta de Propietarios. 

Lunes, Febrero 22, 2016 - 22:18
0
7177

Santander se metió en la puja por una partida de los $6,48 billones que le dejó a la Nación la controvertida venta de Isagen.

En una carta que fue enviada al Presidente Juan Manuel Santos el pasado viernes, el gobernador de ese departamento, Didier Tavera, solicitó formalmente que $648 mil millones (el 10 por ciento de la transacción) sean destinados a proyectos de inversión en Santander.

La petición se basa en que en la región está la represa de Hidrosogamoso, hidroeléctrica que produce el 60 por ciento de la energía de Isagen, lo que le daría derecho al departamento, según una ley expedida en el 95, de quedarse con la décima parte de los rendimientos que generaron la venta de las acciones.

Según el secretario de Planeación del departamento, Sergio Muñoz, “la ley es clara y señala que para recibir el beneficio la principal actividad de la empresa enajenada deberá estar en su territorio. Santander cumple esas características y por eso estamos reclamando la participación de esos recursos”.

A esa solicitud se sumaron todos los congresistas de Santander, quienes serían los encargados de presionar a Santos para que desembolsara la plata.

No obstante, Santander no es el único que está peleando esa posibilidad. La Gobernación de Antioquia  le hizo esa misma solicitud a Santos el pasado 29 de enero bajo el argumento de que en ese departamento funciona la sede principal de Isagén.

Lo particular es que ninguno de los dos departamentos está consultando la posibilidad de acceder a los recursos, sino que le están reclamando a la Presidencia su participación directa, algo que no estaba dentro de las cuentas de la Nación, que como lo contó La Silla, tiene dadas sus prioridades en la financiación de las vías 4G y en darle un alivio al déficit fiscal de los programas de Santos.

Lunes, Febrero 22, 2016 - 14:48
0
17604

La semana pasada hubo un cambio en la cabeza de la secretaría de Productividad de Antioquia que pasó de agache, sin comunicado de prensa y solo con dos breves menciones en medios: Llanedt Martínez, esposa del político condenado por narcotráfico Luis Javier Castaño, salió de su cargo después de que La Silla reveló esa relación y algunos medios la retomaron.

En su reemplazo llegó la abogada eespecializada en derecho administrativo y contratación Liz Margaret Álvarez Calderón, quien fue secretaria de servicios administrativos y gobierno de los municipios de San Jerónimo y Caramanta  hace casi una década y trabajó en la procuraduría Provincial de Puerto Berrío en 2013,

Lo curioso es que, según el diario El Mundo, Álvarez es esposa del representante conservador a la Cámara Horacio Gallón, aliado del llamado Grupo de Itagüí en el conservatismo antioqueño y quien apoyó la campaña del gobernador Luis Pérez.

Páginas