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Martes Diciembre 07, 2021

Después de la dura columna de Daniel Coronell denunciando el abuso y maltrato del Defensor del Pueblo, Jorge Armando Otálora, a sus subalternos, ayer renunció su Secretaría Privada.

Astrid Helena Cristancho escribió en su carta de renuncia al Defensor, que La Silla obtuvo a través de un tercero, que ya no podía aguantar más maltrato. "Me encontré desde el principio con una inclemente violencia verbal y sicológica, gritos, zapateos, manoteos, amenazas, pataletas, malos tratos en general. Un comportamiento denigrante no solo para mí sino para muchos de mis compañeros", escribe.

Luego dice que tenía la esperanza de que cuando los directivos fueron citados el 17 de noviembre a una reunión extraordinaria, posterior al artículo de Coronel, el Defensor les iba a pedir disculpas.

"Lamentablemente y lejos de cumplirse mis anhelos, me sentí en una encrucijada donde casi que nos sugerían hacer un comunicado respaldando su labor desde el discurso sin sentido de que si hablan mal de usted eso impacta negativamente la labor ardua y sin precedentes de todos los directivos".

Cristancho elogia la labor misional que ha cumplido el Defensor pero dice que ese argumento era inaceptable porque "induce a la gente a pensar, y actuar desde el miedo".

Esta renuncia se suma a la del Defensor Delegado para las Víctimas, Juan Manuel Osorio, quien en RCN Radio dijo que "me fui asqueado, me fui porque no soporté más el maltrato laboral del que son víctimas mis compañeros, mis colegas y del que personal fui víctima yo, me sentía avergonzado de ser parte de la administración y a raíz de un episodio violento, de insultos, groserías y malas palabras dije ¡No más! me tengo que ir y tengo que dejar una constancia de lo que está pasando aquí".

Y a la columna de Juan Diego Restrepo, quien fue el primero en denunciar esta situación de maltrato y a la de Coronel que la recogió y lo volvió un escándalo.

Con todo esto ya no hay duda de que los empleados de la Defensoría necesitan quién los defienda de su Defensor.

defensoria by lasillavacia

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Lun, 2015-11-23 12:10
Paradógico que el Defensor del Pueblo, internamente, omita los deberes que le corresponden. Pero, no es solo faltar a sus deberes sino a la caballerosidad y señorío que debe caracterizar a funcionarios públicos. Este, el maltrato, parece ser característica de quienes se desempeñan en el sector público. Pareciera como si por serlo, tienen patente de corzo para irrespetar y tratar mal a subalternos y público en general, cuando debiera ser lo contrario. Lo peor de esta permanente costumbre es que no existe autoridad o superior que ponga fin a estos procedceres de mal gusto y salidas de tono. Es triste pero es real.
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Lunes, Febrero 22, 2016 - 23:10
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Aunque el alcalde de Bucaramanga, Rodolfo Hernández, en campaña se había declarado en oposición a la valorización, la decisión de un juez de la ciudad que tumbó esa contribución en su administración lo obligó a cambiarse de bando.

Hernández le confirmó a La Silla que la decisión, que en términos prácticos lo que hace es echar para atrás el cobro de la contribución con la que se recaudaron $190 mil millones que están invertidos en obras viales en Bucaramanga, será apelada para salvaguardar los intereses de la ciudad.

“Ya no es el criterio mío lo que debe pesar, yo no estaba de acuerdo con la valorización porque estaban despilfarrando toda esa plata y entregándola en licitaciones de único oferente. Esa plata ya se la gastaron y si no apelara, pues prácticamente hay que cerrar al Municipio. Yo soy el representante legal de la ciudad y tengo que pensar en el beneficio de todos los ciudadanos”, aseguró Hernández.

La posición de Hernández, que según abogados consultados por La Silla, es la que debe defender el Alcalde, porque de lo contrario podría ser investigado por actuar en contra de los intereses del Municipio, no ha caído bien en los opositores a la valorización, quienes empezaron a cuestionar la nuevaposición del Alcalde.

Este medio, conoció el texto completo de la decisión, que en líneas generales lo que hizo fue validar todos los argumentos de la Procuraduría relacionados con las fallas de forma y de fondo que existieron en el proceso previo a la entrega de los recibos para el recaudo de esa contribución.

Por una parte, el Juez le dio la razón al Ministerio Público en cuanto a que la Alcaldía en 2011 omitió hacer dos publicaciones en diarios de amplia circulación de las convocatorias para la conformación de la Junta de Propietarios y Poseedores, órgano que se encargaría de socializar en diferentes partes de la ciudad los alcances de la valorización.

Por otra, señaló que sí existieron irregularidades en las actas de los escrutinios de las votaciones en las que se eligieron a los integrantes de esa junta, debido a que no existió comisión escrutadora y a que las actas de resultados no están firmadas por todos los delegados.

En este sentido, el Juez declaró la nulidad del documento que le permitió a la Alcaldía de Bucaramanga iniciar el cobro de la valorización en 2013, porque el procedimiento previo a su expedición no se cumplió de acuerdo a la norma.

El Tribunal Administrativo de Santander será el encargado de fallar la segunda instancia. Si la decisión se confirma, la Alcaldía de Bucaramanga tendría que entrar a devolver la plata a los bumangueses y reiniciar el proceso de cobro desde la convocatoria para la Junta de Propietarios. 

Lunes, Febrero 22, 2016 - 22:18
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Santander se metió en la puja por una partida de los $6,48 billones que le dejó a la Nación la controvertida venta de Isagen.

En una carta que fue enviada al Presidente Juan Manuel Santos el pasado viernes, el gobernador de ese departamento, Didier Tavera, solicitó formalmente que $648 mil millones (el 10 por ciento de la transacción) sean destinados a proyectos de inversión en Santander.

La petición se basa en que en la región está la represa de Hidrosogamoso, hidroeléctrica que produce el 60 por ciento de la energía de Isagen, lo que le daría derecho al departamento, según una ley expedida en el 95, de quedarse con la décima parte de los rendimientos que generaron la venta de las acciones.

Según el secretario de Planeación del departamento, Sergio Muñoz, “la ley es clara y señala que para recibir el beneficio la principal actividad de la empresa enajenada deberá estar en su territorio. Santander cumple esas características y por eso estamos reclamando la participación de esos recursos”.

A esa solicitud se sumaron todos los congresistas de Santander, quienes serían los encargados de presionar a Santos para que desembolsara la plata.

No obstante, Santander no es el único que está peleando esa posibilidad. La Gobernación de Antioquia  le hizo esa misma solicitud a Santos el pasado 29 de enero bajo el argumento de que en ese departamento funciona la sede principal de Isagén.

Lo particular es que ninguno de los dos departamentos está consultando la posibilidad de acceder a los recursos, sino que le están reclamando a la Presidencia su participación directa, algo que no estaba dentro de las cuentas de la Nación, que como lo contó La Silla, tiene dadas sus prioridades en la financiación de las vías 4G y en darle un alivio al déficit fiscal de los programas de Santos.

Lunes, Febrero 22, 2016 - 14:48
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La semana pasada hubo un cambio en la cabeza de la secretaría de Productividad de Antioquia que pasó de agache, sin comunicado de prensa y solo con dos breves menciones en medios: Llanedt Martínez, esposa del político condenado por narcotráfico Luis Javier Castaño, salió de su cargo después de que La Silla reveló esa relación y algunos medios la retomaron.

En su reemplazo llegó la abogada eespecializada en derecho administrativo y contratación Liz Margaret Álvarez Calderón, quien fue secretaria de servicios administrativos y gobierno de los municipios de San Jerónimo y Caramanta  hace casi una década y trabajó en la procuraduría Provincial de Puerto Berrío en 2013,

Lo curioso es que, según el diario El Mundo, Álvarez es esposa del representante conservador a la Cámara Horacio Gallón, aliado del llamado Grupo de Itagüí en el conservatismo antioqueño y quien apoyó la campaña del gobernador Luis Pérez.

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