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Lunes Octubre 18, 2021

Este lunes la Policía capturó a cuatro directivos del Fondo Ganadero de Córdoba, incluyendo a su mayor accionista Benito Molina Velarde, por compras irregulares de tierra en alianza con los paramilitares y por ser uno de los mayores propietarias de terrenos que alguna vez fueron despojados a campesinos y que ahora se encuentran en proceso de restitución.

Lo que no se ha mencionado es que el Fondo Ganadero está en el ojo del huracán por prácticamente todos los tipos de irregularidades que hay en temas de tierras, incluyendo la apropiación ilegal de baldíos que pertenecen al Estado (es decir, por haberle hecho trampa al Incoder con los terrenos que se reservan para campesinos sin tierra) y por acumulación indebida de antiguos baldíos que tuvieron ese mismo origen, a la manera del 'modelo Riopaila'.

Hasta ahora la Unidad de Restitución ha presentado demandas contra el Fondo Ganadero -que en su momento fue uno de los más importantes del país- por haber comprado, como documentó Verdad Abierta, más de 4 mil hectáreas de tierra en el Urabá antioqueño. Esas tierras fueron despojadas por el clan de los Castaño -con ayuda de su cuñada Sor Teresa Gómez- y luego entregadas al Fondo. Restitución calcula que sólo en Turbo hubo 800 familias desplazadas.

Pero ahí no paran los líos de tierras del Fondo. En abril pasado, el Incoder recuperó cuatro terrenos baldíos -y, por lo tanto, propiedad de la Nación y destinados a la reforma agraria- que habían sido fraudulentamente entregados al Fondo en Turbo. Lo había logrado con falsas resoluciones de adjudicación en la época del antiguo Incora, usando papelería y firmas irregulares pero que se habían validado.

Y también es una de las 13 empresas que el Incoder demandó, en tiempos de Miriam Villegas, por apropiación de antiguos baldíos, usando estrategias jurídicas similares a las de Riopaila Castilla, Mónica Semillas y Poligrow para saltarse los topes legales en la Unidad Agrícola Familiar (UAF).

Esas fueron las investigaciones que, como ha contado La Silla, terminaron costándole el puesto a Villegas y su subgerente de tierras Jhenifer Mojica después de que el Gobierno cambiara de opinión sobre un trabajo que habían adelantado el Incoder, Supernotariado y el Ministerio de Agricultura.

En particular, el Fondo acumuló irregularmente 3770 hectáreas originalmente destinadas para campesinos sin tierra en Turbo y Necoclí, donde la UAF es de 68 hectáreas, como consta en el informe final de gestión de tierras del ex ministro de Agricultura Juan Camilo Restrepo. Esas 3770 hectáreas son parte de las que están en proceso de restitución.

El Incoder presentó una demanda de nulidad contra las compras del Fondo en junio del año pasado, que inicialmente fue devuelta por el juez por considerar que no debían juntarse todas las compras en un caso y que fue vuelta a presentar en noviembre. Actualmente está en el Juzgado Civil del circuito de Montería.

La foto de portada es parte del trabajo fotográfigo de Stephen Ferry para el informe sobre restitución de tierras de Human Rights Watch.

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Mié, 2014-02-12 11:58
Yo no entiendo cual es el problema, si Riopaila y Mónica Semillas pudieron acumular miles más de hectáreas para sus empresas. ¿ por qué no dejan a este fondo hacerse con las tierras y que las trabajen como lo hicieron con las compañías anteriormente mencionadas?
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Otros confidenciales recientes

Miércoles, Marzo 23, 2016 - 11:25
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La prestigiosa revista Harper´s, en su edición de abril -la cual acaba de salir- trae un artículo demoledor para Colombia. Porque, aunque muchos ya lo sospechaban, tener la prueba fehaciente duele más.

En un artículo sobre la futilidad de la guerra contra las drogas, el periodista Dan Baum le pregunta a John Ehrlichman, el asesor de política doméstica del ex presidente de Estados Unidos Richard Nixon, sobre la guerra contra las drogas iniciada por su jefe de entonces ¿Su respuesta?

“¿Quiere saber de que se trató realmente?”... “La campaña de Nixon en 1968, y la Casa Blanca de Nixon después de eso, tenía dos enemigos: la izquierda que estaba en contra de la guerra y la gente negra ¿Entiende lo que le estoy diciendo? Sabíamos que no podíamos prohibir estar en contra de la guerra o ser negro, pero si lográbamos que el público asociara a los hippies con la marihuana y a los negros con la heroína, y luego criminalizábamos ambos fuertemente, podíamos golpear ambas comunidades. Podíamos arrestar a sus líderes, allanar sus casas, intervenir sus reuniones y estigmatizarlos noche tras noche en los noticieros de la tarde ¿Sabíamos que estabamos mintiendo acerca de las drogas? Claro que sí”.

La guerra contra las drogas - cuyas motivaciones reales conocemos ahora- le ha costado a Colombia miles de vidas, cientos de miles de millones de pesos destinados a pelearla y ha financiado a paramilitares, guerrillas y delincuentes comunes.

Solo entre entre 1994 y 2008, según el estudio realizado por el experto en drogas Daniel Mejía, la guerra contra las drogas era responsable del 25 por ciento de la tasa de homicidios.

Eso traducido en personas, significa que solo en ese período -que no incluye los finales de los ochenta y principios de los noventa, cuando más intensa fue la guerra contra las drogas- fueron asesinadas 53.200 personas. Esto sin contar las que murieron por cuenta de la guerrilla o los paramilitares. O las que pasaron su vida en la cárcel.

Ese fue el precio del cinismo de Nixon y sus asesores y de la forma como Colombia lo interiorizó.

Martes, Marzo 22, 2016 - 16:10
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El senador barranquillero de La U José David Name lanzó en las últimas horas una convocatoria para marchar este 2 de abril en contra de Electricaribe, la criticada prestadora del servicio de energía en siete de ocho departamentos caribe. Lo increíble es que ese mismo día es la marcha del uribismo en contra del Gobierno Santos, por lo que la movida de Name va a terminar ayudando a los opositores del Gobierno que dice defender.

Por los continuos cortes y problemas de voltaje, Electricaribe es una de las empresas menos queridas en la Costa, en donde sienten que Santos no ha sido capaz de meterla en cintura. Como el uribismo convocó su marcha con el lema “Yo tengo razones para decir no más ¿Cuál es tu razón?”, el llamado de Name parece ser una respuesta a los uribistas.

Evidencia de esa concidencia se puede ver ya en Twitter.

La coincidencia sorprende porque Name no es un senador cualquiera, sino de uno que acaba de ser presidente del Congreso por la coalición de Gobierno.

Por ello, ya se empiezan a despertar suspicacias, como la de un congresista importante de la Unidad Nacional que nos dijo: “No sé a qué juega Name, a lo mejor no está contento con algo en el Gobierno y esta es su forma de expresarlo”.

Consultado al respecto, Name nos dijo que no le pusiéramos “misterio” a su convocatoria, que él tiene las mejores relaciones con el Presidente y que “si no es el 2, que sea otro día, pero tenemos que protestar. Uribistas o no uribistas, estamos sufriendo con el tema eléctrico”.

No es la primera vez que Name termina de alguna manera relacionado con el uribismo. Al igual que casi toda la Unidad Nacional santista (incluyendo al Presidente) fue uribista en el pasado y en 2014, siendo presidente del Congreso, tuvo que salir a aclarar que no lo seguía siendo sino que estaba del lado del Gobierno, luego de que se hundiera un debate de control sobre parapolítica en contra del expresidente Álvaro Uribe.

Domingo, Marzo 20, 2016 - 19:23
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Aunque para la designación de los gerentes de los hospitales en el país tiene que mediar un concurso de méritos que en el papel asegure que los más idóneos son los que van a llegar a dirigirlos, varios intereses políticos ya se están moviendo detrás de esas vacantes en Santander.

Así como la familia Aguilar, con la llegada de Richard Aguilar al ‘Palacio Amarillo’ en 2012 se quedó con esos cargos en el departamento, y en el periodo de Serpa los dirigentes de los hospitales fueron cercanos al Partido Liberal, en esta ocasión la administración de Didier Tavera también estaría moviéndose para poner fichas propias en los hospitales y devolverlos a su partido.

Si bien el concurso está siendo adelantado por la Universidad de Pamplona, cinco fuentes políticas, una de las cuales ha tenido injerencia en el sector de la salud, señalaron que esa no es una prenda de transparencia para la escogencia.

“Hay maneras de influenciar ese tipo de concursos. Solo basta mirar lo que está pasando con las elecciones de contralores y personeros en muchas partes del país para darse cuenta de lo que pasa con los concursos de méritos en muchas ocasiones”, le dijo a La Silla una de esas fuentes.

Aunque la crisis de la red hospitalaria de Santander en diciembre tocó fondo en todo el departamento y hay 19 centros en riesgo financiero, así como cuatro que entraron en un plan de recuperación fiscal que busca evitar que se cierren, los intereses detrás de los hospitales siguen siendo muchos.

Por una parte, manejan multimillonarios presupuestos que pueden invertir bajo un régimen de contratación mucho más laxo y por otra tienen bajo su mando un abultado personal (que se vuelve muy útil en temporada de campaña).

Pese a que la Secretaría de Salud del departamento llegó Claudia Amaya como ficha del senador de Cambio Radical, Bernabé Celis, cuatro fuentes que se mueven en círculos políticos de Santander le dijeron a La Silla que la funcionaria se quedó sin la intervención directa en la coordinación del concurso para seleccionar a los gerentes.

El rol protagónico lo habría tomado Wilson Peña, asesor del despacho de Tavera, quien además de haber sido secretario de salud de Santander en el periodo de Horacio Serpa, está enfrentando cuestionamientos por la contratación de estudios que no sirvieron para la construcción de hospitales en el departamento cuando estaba a cargo de ese despacho.

La Silla conoció que la puja de intereses por los cargos en los hospitales ya pasó por un primer filtro.

Tres fuentes de adentro de Opción Ciudadana, le dijeron a este medio que aunque inicialmente se había planteado la posibilidad de que al grupo de Luis Alberto ‘el Tuerto’ Gil le dieran la gerencia del Hospital Universitario de Santander, ese escenario ya fue completamente descartado.

“Los liberales y específicamente Serpa cerraron todos esos espacios y los tienen completamente acaparados”, señaló una de las fuentes. Las otras dos dieron la misma versión.

Al ser consultado por La Silla, Peña negó que existieran intereses políticos en el proceso, explicó que su función para el caso del concurso es la coordinación de “algunos aspectos” (pero no precisó cuáles), y dijo que el “proceso de selección está blindado”.

Sobre su designación como asesor de Tavera y su cercanía con Serpa indicó que llegó por mérito propio al cargo y que el Senador “no tiene ningún tipo de influencia en el concurso”.

El 31 de marzo se vence el plazo para la salida de los gerentes actuales de los hospitales en todo el país; sin embargo, el concurso para esa fecha no estará completamente listo, por lo que deberán haber nombramientos provisionales

Mientras la crisis hospitalaria sigue latente y trabajadores del sector de la salud, así como estudiantes piden que se prioricen criterios técnicos para los nombramientos, los intereses políticos están llamados a tener peso decisivo en la selección de los gerentes.

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