La demanda que ayer falló la Corte Constitucional y que tumba la facultad del gobierno para fijar parte del precio de la gasolina, no solo fue una derrota para el gobierno, sino para el Procurador. Mientras Alejandro Ordoñez se opuso a la demanda, ésta la ganó uno de sus subalternos quien estaba en la orilla opuesta del argumento.
Camilo Araque y Juan David Mesa, abogados del Externado y funcionarios de la Personería y de la Procuraduría, respectivamente, eran compañeros de especialización de Derecho Contencioso Administrativo en esa misma universidad. Allí se dieron cuanta que podría ser inconstitucional el artículo del Plan de Desarrollo que le daba al Ministerio de Minas la facultad de definir parte del precio de la gasolina para alimentar el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles, porque equivalía a fijar el monto de un impuesto y eso solo lo puede hacer el Congreso. Y decidieron demandarlo.
En su intervención en el proceso, el Procurador General Alejandro Ordóñez le pidió a la Corte que se declarara inhibida porque, a su juicio, la demanda no lograba demostrar por qué podía ser inconstitucional. Mejor dicho, dijo que el escrito de Araque y Mesa era débil.
Finalmente, la Corte le dio la razón a Mesa, que tiene un cargo de nivel medio en la Procuraduría (es abogado sustenciador) y no a su jefe. Y le dio otra victoria a Araque, quien en 2008, cuando aún no se había graduado como abogado, logró suspender la elección del Defensor del Pueblo por violación a la Ley de Cuotas y luego tumbarla. Más adelante, cuando fue asesor de Armando Benedetti en el Senado, demandó las condiciones laborales del entonces Secretario del Senado, Emilio Otero.
