Aunque la columna de Daniel Coronell ayer en Semana calentó de nuevo el debate sobre los baldíos, según la información que tiene La Silla Vacía, el debate dentro del Gobierno sobre el decreto que él menciona ya fue superado y aparentemente ya hay una decisión tomada, y no es favorable a los empresarios. La prueba más grande es que el sábado de la semana pasada, miembros del Gobierno tranquilizaron a las Farc en La Habana explicándoles que el proyecto de ley y lo acordado sobre el campo en la mesa de negociación irán en la misma vía.
Las Farc hace dos semanas habían advertido que la “supuesta solución salomónica” de la que había hablado la revista Semana tiene como fin “que los forajidos enmascarados (…) no vayan a perder su inversión”.
Como contó La Silla, hace una semana se reunieron funcionarios del Ministerio de Agricultura y la Secretaría Jurídica de Presidencia para discutir el tema. Al final de esa reunión llegaron a la conclusión de que no existe una fórmula viable que pueda solucionarle el problema a las empresas como Cargill, Riopaila Castilla, Mónica Semillas y Poligrow, que compraron tierras en el Vichada y en el Meta en los últimos años acumulando antiguos baldíos y saltándose los topes que fija la ley 160 de 1994.
La conclusión fue que, más bien, el Gobierno debería aprovechar el proyecto para sacar adelante las condiciones para desarrollar las 4 millones de hectáreas de la Altillanura sin poner en riesgo el discurso que ha vendido -tanto en La Habana como al resto de colombianos- de que Santos está comprometido con una reforma agraria que beneficie a los campesinos. Pero que, para hacerlo, no podrían salvar a los 'cacaos' que compraron las tierras cuestionadas.
Es decir, Santos sigue teniendo un dilema entre los ‘cacaos’ y el discurso agrario, pero, a juzgar por el mensaje de tranquilidad del Gobierno a las Farc, todo parece indicar que ya tiene claro cuál es la prioridad.
