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Viernes Diciembre 03, 2021

Esta tarde el nuevo Consejo Nacional Electoral -posesionado hace ya más de un mes- llegará a su tercera sesión sin tener aún presidente en propiedad y con una lista de temas clave que tampoco se han podido resolver porque están enredados o demorados. Las personerías de la UP y del partido del polémico Yahir Acuña y la posible revocatoria de la herramienta Cuentas Claras están entre ellos.

El primer punto sensible es la personería del partido de Acuña. Como no pasó el umbral por la circunscripción ordinaria, el representante sucreño está pidiendo al CNE que le mantenga la personería argumentando que su colectividad nació de una minoría en 2010. La Silla supo por dos fuentes conocedoras que la semana pasada el presidente encargado del CNE Carlos Camargo Assís presentó para aprobación un proyecto de resolución a favor de los intereses de Acuña.

Camargo Assís, quien es novato en el CNE, viene de ser secretario general de la Registraduría (es de la cuerda del registrador Carlos Ariel Sánchez) y su campaña en el Congreso para ser magistrado se la ayudaron a hacer su primo segundo David Barguil Assís y su suegra Nora García, ambos godos.

Fue con el aval de los conservadores que llegó al tribunal electoral y su presidencia por encargo se debe a que su apellido era el primero en orden alfabético, que es como se decide la cabeza del CNE mientras se escoge a alguien en propiedad.

La senadora Nora García, suegra de Camargo, es aliada política de Yahir Acuña, quien le puso votos en Sucre y gestionó junto a ella un millonario proyecto para recuperar la zona costanera de ese departamento en Tolú y Coveñas. La iniciativa ya fue aprobada vía Ocad (el órgano que decide el destino de las regalías) por 16 mil millones de pesos aunque en total vale 38 mil millones.

La resolución que presentó Camargo, y que había sido proyectada en el periodo pasado del CNE, iba a ser pupitreada, según le contó a La Silla una fuente que conoce por dentro el tribunal. Pero al final, no se tomó decisión porque el magistrado Armando Novoa (de la alianza entre los partidos verde, Polo y Mira) propuso hacer una audiencia pública para que la sociedad civil pueda discutir el tema. La audiencia fue aprobada pero hoy los magistrados deberán darle el visto bueno al temario y los invitados.

En el caso de la personería de la UP, el CNE decidió mantener vivo ese partido que tampoco pasó el umbral como una forma de reparación para que tenga la oportunidad de medirse en las próximas regionales. Sin embargo, esa determinación tampoco se ha concretado porque antes se hará otra audiencia en la que magistrados como Novoa y Héctor Helí Rojas plantearán que el gesto vaya acompañado por medidas integrales de resarcimiento. Hoy también se votarán las características de ese evento.

En la lista de chicharrones del CNE para hoy también está la propuesta de la presidencia del tribunal de revocar la resolución que obliga a los candidatos a usar la herramienta Cuentas Claras para presentar sus movimientos de plata en elecciones. Una fuente del CNE le dijo a La Silla que parece que el software de la herramienta les queda difícil de utilizar a los aspirantes de los pueblos más pequeños.

Sin embargo, Cuentas Claras es considerada como una forma de generar transparencia en época electoral y su eliminación, si se da, causará más de un cuestionamiento.

Por último, el CNE deberá salir hoy del lío de las dignidades durante los próximos cuatro años en el tribunal. Los nueve magistrados no han podido ponerse de acuerdo en quiénes ejercerán la presidencia durante ese tiempo. Los partidos mayoritarios (La U, Cambio Radical, Liberal y godos) quieren que a cada uno le toque un año y en concreto La U y los liberales piden que su turno sea en 2015 y 2018. Es decir, en época de elecciones regionales y a Presidencia, cuando su papel es más clave.

También se han escuchado voces en el tribunal que proponen que a todos los jueces les toque la presidencia por una vez al menos. El problema es que eso dejaría presidencias de más o menos seis meses para cada uno, un periodo corto en el que no se podrían liderar mayores procesos dentro del CNE.

La sala de hoy arrancaba a las 3 y seguramente la discusión estará a la orden del día.

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Mié, 2014-10-15 17:06
Vale la pena tener presente que en el 2011 Cuentas Claras se utilizó en todas las circunscripciones e incluso el 83 % del total de candidatos pudo hacer su reporte de ingresos y gastos a través de este aplicativo, dentro del límite establecido por Ley. En tanto los pueblos pequeños tengan acceso a Internet el uso software no debería ser un problema. Sí implica un mayor esfuerzo para candidatos, organizaciones políticas y el CNE, pero es una apuesta por la transparencia que no se debería echar para atrás, sino que, por el contrario, hay que continuar fortaleciendo.
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Otros confidenciales recientes

Jueves, Marzo 3, 2016 - 03:09
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Cuando estaba a punto de iniciar la campaña local, Richard Aguilar y Hugo Aguilar sabían que iban a ir por caminos diferentes. Esta fofo fue tomada en junio de 2015 en la celebración del día del padre de la familia Aguilar. 

El Presidente Juan Manuel Santos bajó del bus de su gabinete al exgobernador de Santander Richard Aguilar Villa y lo dejó sin el pan y sin el queso.

La Silla conoció que una reunión privada que sostuvieron los directores de los medios de comunicación en Santander con Santos, el mandatario aseguró que el exgobernador no va a ser parte de su Gobierno y que ni siquiera está considerando su hoja de vida.

La afirmación, que le fue confirmada a La Silla por tres de los asistentes al encuentro,  la hizo Santos luego de que lo interrogaran por los rumores que había sobre la posibilidad de que Aguilar llegara a dirigir el Departamento de la Prosperidad Social, DPS.

Pero lo que realmente sorprendió en la reunión fue que Santos también negara que Richard Aguilar hubiera sido cercano a él y a su gobierno, cuando el exgobernador de Santander hasta cambió de preferencias políticas por él.

La Silla contó cómo en plena campaña de reelección de Santos, desde la Gobernación de Santander (dirigida por Richard) les ordenaron a los contratistas llevar al menos diez personas al evento de cierre de la candidatura del entonces presidente-candidato en Bucaramanga.

Esa fue la primera vez que se hizo evidente que Richard Aguilar había saltado a la orilla de Santos y que estaba tomando un camino diferente al de su papá -el parapolítico Hugo Aguilar- quien apoyó a través de su otro hijo, el senador Mauricio Aguilar, la aspiración del uribista Óscar Iván Zuluaga.

De hecho, fue la cercanía de Richard Aguilar a Santos la que terminó desbaratando el fortín político de los Aguilar en 2015. Mientras que el candidato a la gobernación de Santander del grupo de Richard Aguilar fue avalado por La U, el de Hugo Aguilar se lanzó por firmas y luego sumó el apoyo del Centro Democrático.

Eso dividió los votos que habían amasado los Aguilar en los últimos años, y le abrió el camino a Didier Tavera, quien aunque era el enemigo en común, terminó quedándose con el Palacio Amarillo.

La derrota de Richard Aguilar en las urnas, y lo que dijo Santos en esa reunión, además, le dio  la razón a su papá, quien a lo largo de la campaña dijo que a su hijo lo estaban “engatusando” y que no le iban a cumplir.

En la reunión con los directores de los medios Santos también habló del aterrizaje de la paz, la inversión en el departamento y la situación económica del país, el discurso que ha venido dando en todas sus intervenciones públicas.

Miércoles, Marzo 2, 2016 - 14:36
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Este sábado El Tiempo contó que hay un candidato a la presidencia de la Asociación de Oficiales Retirados (Acore) cuya visión de la justicia transicional coincide con la del uribismo mucho más que la del actual presidente de esa asociación, y que de ganar se podría convertir en un dolor de cabeza para el gobierno de Juan Manuel Santos.

Curiosamente, ese candidato estuvo a punto de quedarse sin ascender a general por dos decisiones del entonces presidente Álvaro Uribe Vélez, y en cambio ascendió sin problemas durante el primer mandato de Santos.

El candidato es el general Gustavo Rincón Rivera, quien hace tres semanas presentó su aspiración para reemplazar al general Jaime Ruiz Barrera en Acore. Ruiz busca su segunda reelección y ha dicho que la justicia transicional que acordó el gobierno Santos con las Farc en La Habana puede ser una salida a la difícil situación jurídica de decenas de militares investigados por los falsos positivos y otros delitos.

Rincón Rivera, que ha empezado a posicionar su candidatura diciendo que esa justicia transicional "es para bandidos" y que es rechazada por la mayoría de militares, mantuvo una larga lucha jurídica para avanzar en su carrera en la que se enfrentó más de una vez contra el gobierno Uribe.

Siendo coronel, destapó un escándalo de contratación en el Fondo Rotatorio del Ejército a mediados de los años 90 y a pesar de eso, unos años después, el gobierno de Andrés Pastrana decidió no llamarlo al curso de ascenso a general, y lo retiró del Ejército.

Ante eso, Rincón demandó para que fuera reintegrado y llamado al curso de general, y en 2002 el Consejo de Estado le dio la razón. Uribe, en ese entonces ya Presidente, sí lo reintegró  - pero no lo incluyó en el decreto de ascenso.

Antes esa decisión, el hoy general presentó otra tutela en la que la Corte Constitucional le dio la razón en 2004.

Sin embargo, ese mismo año el gobierno Uribe, encabezado por el entonces ministro de Defensa Jorge Alberto Uribe, lo retiró de nuevo del Ejército, esta vez porque había llegado a la edad límite para ser coronel activo. Rincón demandó esa nueva decisión exigiendo que lo reintegraran de nuevo y lo ascendieran a general.

En 2008 el Consejo de Estado le dio la razón. En consecuencia, el gobierno Uribe lo reintegró por segunda vez en 2009. Luego, la junta asesora de ascensos (en la que hay generales pero que maneja el Gobierno) lo incluyó en el decreto diciendo explícitamente que lo hacía cumpliendo esa sentencia.

En el Congreso, los opositores a Uribe lo defendieron y aprovecharon para criticar las decisiones de no ascenderlo de ese Gobierno: así lo hizo el hoy alcalde de Ibagué y en ese entonces senador del Polo, Guillermo Alfonso Jaramillo, y los senadores liberales Cecilia López y Juan Manuel Galán.

Ese calvario para ascender desapareció en el gobierno Santos, cuando fue designado jefe de control interno de la Inspección General del Ejército y secretario general del Estado Mayor. Además, Santos lo ascendió a Mayor General:

Ahora, de ganarle a Ruiz las elecciones internas de Acore la próxima semana, Rincón pasaría a convertirse en un crítico visible de la principal apuesta política de Santos, el presidente que lo ascendió, y a terminar alineado con Uribe, el mandatario que no lo quiso ascender y lo sacó del Ejército.

Miércoles, Marzo 2, 2016 - 06:03
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Con la sentencia de la Corte Constitucional que prohibió la minería en los páramos, el Comité por la Defensa del Agua y el Páramo de Santurbán se rearma para la pelea jurídica.

El colectivo de abogados Luis Carlos Pérez, que pertenece al Comité y ya tiene una tutela en revisión ante la Corte Constitucional por la delimitación de Santurbán, está preparando dos nuevas acciones para presionar la aplicación de la sentencia ante el Ministerio de Ambiente.

Específicamente, lo que el colectivo buscará es que se revoquen dos artículos de la resolución que delimitó Santurbán y que con la sentencia se quedarían sin piso jurídico.

Se tratan del que le da vigencia a los títulos mineros otorgados antes de 2009 para que sigan en el páramo hasta que caduque su concesión (hasta 30 años), y del que contempla la posibilidad de hacer minería en algunas zonas de restauración del páramo en Vetas, California y Suratá.

Este último artículo es especialmente delicado debido a que una vez se aplique implicará la extinción de los mineros artesanales en esos municipios, quienes como lo contó La Silla han extraído oro por cientos de años y no tienen otra manera de sostenerse.

Precisamente, se teme que su aplicación desencadene un problema social en la zona, debido a que toda la minería pasaría a ser ilegal y ya no tendría el control al que está siendo sometida por autoridades ambientales del país.

Frente a esta situación, el colectivo ha manifestado su preocupación frente al acompañamiento que el Estado va a dar a las comunidades de Santurbán, teniendo en cuenta que si bien quieren que se priorice la defensa del agua, también esperan que el gobierno garantice los derechos de los pequeños mineros.

Ahora bien, si el Ministerio no admite la solicitud de revocatoria de los artículos, el equipo del colectivo también piensa presionar con derechos de petición (mecanismo que caduca en 15 días) para que se aplique la sentencia en Santurbán, específicamente, sobre el acto administrativo que le dio vida a la delimitación.  

Mientras eso sucede, en el lado de los municipios (especialmente en Vetas, que tiene su casco urbano dentro del Páramo y prácticamente desaparecería con la aplicación de la sentencia) se están preparando acciones propias para pedirle al Estado que proteja los derechos de sus habitantes.

El colectivo ha manifestado una preocupación frente al tratamiento y acompañamiento que debe realizar de manera inmediata a las comunidades del páramo. Porque no se puede pensar que los que están viviendo allí de la actividad minera, son la gran amenaza al ecosistema.

Nota de la editora: luego de la publicación de este artículo el colectivo Luis Carlos Pérez se comunicó con La Silla para aclarar que su posición no va en contra de la minería artesanal. La versión fue incluída en el texto a las 2:00 pm del mismo día. 

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