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Sábado Agosto 13, 2022

Esta tarde el nuevo Consejo Nacional Electoral -posesionado hace ya más de un mes- llegará a su tercera sesión sin tener aún presidente en propiedad y con una lista de temas clave que tampoco se han podido resolver porque están enredados o demorados. Las personerías de la UP y del partido del polémico Yahir Acuña y la posible revocatoria de la herramienta Cuentas Claras están entre ellos.

El primer punto sensible es la personería del partido de Acuña. Como no pasó el umbral por la circunscripción ordinaria, el representante sucreño está pidiendo al CNE que le mantenga la personería argumentando que su colectividad nació de una minoría en 2010. La Silla supo por dos fuentes conocedoras que la semana pasada el presidente encargado del CNE Carlos Camargo Assís presentó para aprobación un proyecto de resolución a favor de los intereses de Acuña.

Camargo Assís, quien es novato en el CNE, viene de ser secretario general de la Registraduría (es de la cuerda del registrador Carlos Ariel Sánchez) y su campaña en el Congreso para ser magistrado se la ayudaron a hacer su primo segundo David Barguil Assís y su suegra Nora García, ambos godos.

Fue con el aval de los conservadores que llegó al tribunal electoral y su presidencia por encargo se debe a que su apellido era el primero en orden alfabético, que es como se decide la cabeza del CNE mientras se escoge a alguien en propiedad.

La senadora Nora García, suegra de Camargo, es aliada política de Yahir Acuña, quien le puso votos en Sucre y gestionó junto a ella un millonario proyecto para recuperar la zona costanera de ese departamento en Tolú y Coveñas. La iniciativa ya fue aprobada vía Ocad (el órgano que decide el destino de las regalías) por 16 mil millones de pesos aunque en total vale 38 mil millones.

La resolución que presentó Camargo, y que había sido proyectada en el periodo pasado del CNE, iba a ser pupitreada, según le contó a La Silla una fuente que conoce por dentro el tribunal. Pero al final, no se tomó decisión porque el magistrado Armando Novoa (de la alianza entre los partidos verde, Polo y Mira) propuso hacer una audiencia pública para que la sociedad civil pueda discutir el tema. La audiencia fue aprobada pero hoy los magistrados deberán darle el visto bueno al temario y los invitados.

En el caso de la personería de la UP, el CNE decidió mantener vivo ese partido que tampoco pasó el umbral como una forma de reparación para que tenga la oportunidad de medirse en las próximas regionales. Sin embargo, esa determinación tampoco se ha concretado porque antes se hará otra audiencia en la que magistrados como Novoa y Héctor Helí Rojas plantearán que el gesto vaya acompañado por medidas integrales de resarcimiento. Hoy también se votarán las características de ese evento.

En la lista de chicharrones del CNE para hoy también está la propuesta de la presidencia del tribunal de revocar la resolución que obliga a los candidatos a usar la herramienta Cuentas Claras para presentar sus movimientos de plata en elecciones. Una fuente del CNE le dijo a La Silla que parece que el software de la herramienta les queda difícil de utilizar a los aspirantes de los pueblos más pequeños.

Sin embargo, Cuentas Claras es considerada como una forma de generar transparencia en época electoral y su eliminación, si se da, causará más de un cuestionamiento.

Por último, el CNE deberá salir hoy del lío de las dignidades durante los próximos cuatro años en el tribunal. Los nueve magistrados no han podido ponerse de acuerdo en quiénes ejercerán la presidencia durante ese tiempo. Los partidos mayoritarios (La U, Cambio Radical, Liberal y godos) quieren que a cada uno le toque un año y en concreto La U y los liberales piden que su turno sea en 2015 y 2018. Es decir, en época de elecciones regionales y a Presidencia, cuando su papel es más clave.

También se han escuchado voces en el tribunal que proponen que a todos los jueces les toque la presidencia por una vez al menos. El problema es que eso dejaría presidencias de más o menos seis meses para cada uno, un periodo corto en el que no se podrían liderar mayores procesos dentro del CNE.

La sala de hoy arrancaba a las 3 y seguramente la discusión estará a la orden del día.

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Mié, 2014-10-15 17:06
Vale la pena tener presente que en el 2011 Cuentas Claras se utilizó en todas las circunscripciones e incluso el 83 % del total de candidatos pudo hacer su reporte de ingresos y gastos a través de este aplicativo, dentro del límite establecido por Ley. En tanto los pueblos pequeños tengan acceso a Internet el uso software no debería ser un problema. Sí implica un mayor esfuerzo para candidatos, organizaciones políticas y el CNE, pero es una apuesta por la transparencia que no se debería echar para atrás, sino que, por el contrario, hay que continuar fortaleciendo.
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Lunes, Febrero 22, 2016 - 11:52
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Aunque el Concejo de Bogotá decidió montarse en la ola del posconflicto con una comisión de paz y posconflicto, su presidente Roberto Hinestrosa decidió dejar por fuera al principal partido de izquierda, a la bancada del partido que se opone al proceso de paz y al único concejal que ha estado en un grupo armado.

Lo más curioso es que lo hizo a pesar de que la idea de armar la comisión no fue de él sino de un grupo de concejales de casi todas las bancadas, incluyendo a Celio Nieves, del Polo; y a Antonio Sanguino, de la Alianza Verde y desmovilizado de la Corriente de Renovación Socialista.

En una carta ese grupo le pidió armar la comisión con representantes de las 12 bancadas que tiene el Concejo, para que la Comisión no tuviera un tinte partidista

SOLICITUD COMISIÓN by lasillavacia

Al final, Hinestrosa designó una comisión con solo 5 concejales, cuyas bancadas solo suman 21 de los 45 concejales, y dejó por fuera al Polo y a la Alianza Verde. La bancada del Centro Democrático tampoco quedó representada pero, según supo La Silla, porque no quisieron.

Eso produjo una molestia más con Hinestrosa, en el concejo: ya ha sido criticado por la demora en sacar las resoluciones que regulan la elección de Personero y Contralor, por el contenido de éstas (algunos concejales han dicho que debía haber incluido mayores exigencias a los aspirantes y otros se quejaron por haber incluido requisitos aparentemente superfluos, lo que llevó a Hinestrosa a echarse para atrás en ese punto) y por haber unificado tres proyectos de acuerdo.

Lunes, Febrero 22, 2016 - 11:46
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El exalcalde de Cimitarra Hermán Rodríguez Guerrero, quien el pasado 12 de febrero llegó a la dirección de la regional oriente de la Superintendencia de Servicios Públicos  (Santander, Norte de Santander y Arauca), tiene cuentas pendientes con la justicia.

Desde hace cuatro meses, la Fiscalía está tratando de imputarlo por el presunto delito de peculado.

Aunque para mañana estaba citada la nueva audiencia para iniciar el proceso en su contra formalmente, La Silla conoció que el nuevo funcionario pidió el aplazamiento argumentando que tenía otras prioridades en Bucaramanga.

La investigación surge por el pago de unas bonificaciones que hizo a sus escoltas cuando era Alcalde en 2011, pese a que ellos eran policías y tenían un sueldo propio.  

Al respecto, Rodríguez Guerrero aseguró: "La Gobernación de Santander también venía pagando una bonificación a los escoltas desde 2011 hasta el año pasado".

Esta es la segunda vez que la Fiscalía llama al nuevo superintendente para imputarlo. La primera citación la hizo ese ente de control cuando Rodríguez Guerrero, quien es cercano al senador rojo Jaime Durán Barrera, se encontraba en plena campaña para llegar por cuarta vez a la alcaldía de Cimitarra con el aval del Partido Liberal. Esa audiencia no se realizó porque el abogado del entonces candidato estaba fuera del país.

 

Sábado, Febrero 20, 2016 - 17:46
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Aunque la administración del exalcalde de Bucaramanga Lucho Bohórquez, dejó como uno de sus legados la legalización de 32 barrios en la ciudad, lo cierto es que esa política terminó más en una jugada electoral, que en una que realmente impactará a cientos de familias de la ciudad.

De los 32 asentamientos que Lucho legalizó durante su administración, 20 de los cuales coincidieron con el arranque de las campañas electorales en julio de 2015, solo uno, Rincón de la Paz, tiene contratadas las obras de mitigación del riesgo.

Si bien, los procesos de legalización que adelantó Bohórquez sirvieron para que esos barrios se reconocieran como parte de Bucaramanga y para que entre otras cosas, pudieran tener acceso a servicios públicos y a inversión estatal, lo cierto es que ese es solo uno de los primeros pasos que se deben dar para impactar a las familias que habitan en zonas de riesgo.

Para que ese primer paso se pudiera cumplir se tenían que determinar los niveles de riesgo de las áreas en dónde estaban esos barrios, por lo que la Alcaldía de Lucho en 2014 contrató dos consultorías: una por $1600 millones para la zona norte y otra por $1390 millones para la zona sur.

El resultado en la zona sur de la ciudad, por ejemplo, fue que de los 13 asentamientos revisados, todos tenían áreas en alto riesgo e incluso algunos como Villas del Nogal o Brisas de Provenza estaban totalmente en riesgo. Los mismos estudios determinaron que para no reubicarlos, el riesgo se podía reducir a través de obras de mitigación.

Sin embargo, hasta hoy esa reducción de amenazas está en el papel porque las obras, que van desde pantallas y muros de contención, hasta gaviones, suman $103 mil millones y la Alcaldía no tiene plata para hacerlas.

El otro problema está en que aún cuando Rodolfo Hernández logre hacer todas las obras de mitigación para frenar el riesgo en el que se encuentran esos 32 nuevos barrios de la ciudad, también deberá garantizar la reubicación de las viviendas a las cuales ni las obras libran de las amenazas por derrumbes.

Precisamente los mismos estudios determinaron, en el caso de la zona sur, que el 30 por ciento de las casi 70 hectáreas que componen esos 13 barrios, con obras o sin ellas siguen estando en alto riesgo. No obstante, ese 30 por ciento entró en la legalización.

Según Mauricio Mejía, el entonces secretario de Planeación de la Alcaldía, se hizo la salvedad e incluso se socializó con las comunidades, que las viviendas que quedaron en ‘zona roja’ debían reubicarse.

La Silla conoció que en el Concejo se están preparando para un debate de control político porque quieren conocer al detalle los estudios que se hicieron para adelantar las legalizaciones y mirar su fidelidad. También quieren saber cómo va a hacer la Alcaldía para terminar con la política a medias que dejó Lucho en su administración.

 

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