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Martes Diciembre 07, 2021

En la reunión de la delegación colombiana en la Ocde la semana pasada, que incluía a Juan Manuel Santos y a su hijo Martín, comités de expertos de ese ‘club de las buenas prácticas’ presentaron varios documentos con recomendaciones para Colombia. Y una de ellas le puede dar un impulso a la intención de Santos de quitarle al Procurador sus funciones más poderosas.

Entre los 23 comités que están revisando diferentes aspectos del país como parte del proceso para entrar a la Ocde, que es una de las prioridades de Santos, el de gobierno corporativo presentó su informe.

En ese informe, el comité cuestionó que una autoridad no judicial pudiera tomar decisiones en contra de un funcionario por decisiones de éste en asuntos de su competencia. Es decir, criticaron que la Procuraduría pueda sancionar funcionarios por decisiones que toman y que les corresponden.

Hicieron énfasis sobre todo en el caso del Superintendente Financiero Gerardo Hernández, a quien el Procurador Alejandro Ordóñez destituyó por no haber actuado antes en el caso de Interbolsa.

También mencionaron el caso de la destitución de Gustavo Petro, aunque de pasada: mientras que Petro no ha tenido nada que ver con la Ocde el Superfinanciero ya ha hablado de implementar una recomendación de la Ocde sobre protección a accionistas minoritarios en el sector, de la que ya presentó una propuesta concreta.

Esa recomendación le da más gasolina a la propuesta del Gobierno de eliminar la función de la Procuraduría de destituir funcionarios cuando cometan delitos (y dejársela a los jueces), que estaba en el borrador inicial del proyecto de equilibrio de poderes que cursa en el Congreso.

Pero Ordóñez ha criticado fuertemente esa inicitiva, que en el Congreso fue eliminada porque los conservadores (partido del que Ordóñez es miembro) se opusieron firmemente .

La recomendación de la Ocde puede reabrir el tema. Como entrar a esa organización es una de las mayores prioridades de Santos II, el Gobierno tiene un nuevo motivo para revivir esa iniciativa. Aunque se queda con la disyuntiva de a quién darle el caramelo: si a un Procurador que puede destituir sus funcionarios o a la organización a la que Santos sueña entrar.

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Mié, 2014-11-12 07:02
La OCDE, alguien sabía de ella? Colombia se ha comportado como la muchachita que añora estar en cuanto club hay, solo por que estar allí está de moda. Hemos pagado caro esa actitud y si no recordemos cómo nos recortaron nuestro territorio. Los tribunales internacionales saben de sobra que pueden condenar a Colombia pues nunca osaremos desconocer los desbordes de estas organizaciones. Hemos pagado en indemnizaciones solo para enriquecer a un puñado de abogados y que hubiera servido para apoyar a muchas regiones. Cuando se ha probado que dichos tribunales han cometido un error, entonces basta que digan que no se puede revisar el caso y asunto terminado. Claro, los abogados ladrones no devuelven los recursos mal habidos por errores a los que ellos mismos han contribuido. El problema de los dominicanos condenados por un tribunal de derechos humanos y que favorece a los haitianos me recordó lo injustos que han sido con nuestro país, solo que allá la CC se pronunció y no aceptó la sentencia.
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Miércoles, Febrero 24, 2016 - 00:23
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En medio de versiones confusas, el hoy director de Gestión Riesgo de Santander y copresidente del Centro Democrático en el departamento, Ramón Ramírez, ha salido a defender la nota de Caracol Noticias en la que lo señalan de recibir más de $60 millones como miembro de la Unidad de Trabajo Legislativo del Senador Alfredo Ramos sin trabajar en ella. 

Primero dijo que durante todo el año pasado sí había continuado haciendo las labores por las que le pagaron legalmente desde agosto de 2014 (luego de su fallida candidatura a la Cámara) a enero de 2015 (fecha en la que le pidireron la renuncia, según las declaraciones del mismo senador Ramos, por malo); luego dijo que estaba trabajando para todo el Centro Democrático y no solo para el senador Ramos y completó diciendo que despachaba desde Santander. 

Ramírez  fue elegido en mayo de 2015, en la víspera del arranque de la campaña electoral de ese año, como copresidente del Centro Democrático, y pese a que al menos en el papel era funcionario público, participó activamente de todas las campañas a las que se sumó ese partido, incluida la de Didier Tavera, quien como contraprestación lo nombró en el cargo que hoy tiene.

Sin embargo, Ramírez, por estar cobrando salario en el Congreso como UTL, no podía hacer campaña política. Es decir, además de responder por haberse quedado con un salario que presuntamente no debía, (en eso coinciden desde el Senador, hasta la Oficina de Control Interno del Congreso que remitió la investigación a la Contraloría), la Procuraduría también podría entrar a mirarlo por participar en política y al mismo tiempo ser funcionario en el Congreso.

Sobre eso Ramírez también cambió la versión, y pese a que en toda la campaña el año pasado le dio declaraciones a medios en Santander, entre esos a La Silla, como copresidente del Centro Democrático, ahora dice que no hizo política; y las fotos en diferentes campañas se las atribuye a reuniones privadas.

En conversación con La Silla sobre su participación en política, se defendió preguntando si había dado algún discurso. Este medio encontró que sí lo hizo en un acto de adhesión de la campaña de Iván Aguilar (el entonces candidato del uribismo que fue sacado de la contienda por la Gobernación tras un fallo del CNE) a la de Didier Tavera.

Este es el primero de los nombramientos de Tavera que empieza a tambalear por presuntas irregularidades; falta ver si lo mantiene o si lo retira mientras los entes de control lo investigan. 

Ramón Ramírez (tercero de derecha a izquierda) durante la adhesión de una facción del Centro Democrático a la campaña liberal de Carlos Ibáñez por la Alcaldía de Bucaramanga. Foto tomada de redes sociales. 
Ramón Ramírez junto a candidatos al Concejo de Floridablanca en el cierre de campaña de Héctor Mantilla, en Floridablanca. Foto tomada de redes sociales.
Ramón Ramírez (primero de izquierda a derecha) junto a otros miembros de Centro Democrático en Santander y Danny Ramírez, alcalde de Piedecuesta. Foto tomada de redes sociales. 

 

Conversación de La Silla con Ramón Ramírez a través de whatsapp. 
Martes, Febrero 23, 2016 - 13:04
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Ayer, luego de varias reuniones, el ministro consejero para el Posconflicto, Rafael Pardo, terminó de ultimar detalles con el general Rafael Colón, de la Dirección para la Acción Integral contra Minas Antipersonal (DAICMA), y llegaron a los 20 municipios de la primera fase de desminado para este año. La Silla conoció cuales son. Aquí está la lista.

Martes, Febrero 23, 2016 - 10:58
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Desde el 25 de enero, cuando la Corte Constitucional le reactivó una orden de captura por sus vínculos con los paramilitares, al médico zenú Pedro ‘el Indio’ Pestana no le han faltado las manifestaciones de apoyo entre los miembros de esa etnia indígena, en Córdoba y Sucre, donde los últimos 15 años ha construido su fortín político. Este fin de semana, los militantes de su grupo aprovecharon las corralejas que se celebraron en el municipio sucreño de San Antonio de Palmito, que hace parte del área de influencia del ‘Indio’, para expresarle su respaldo público.

En esa población del Golfo de Morrosquillo, algunos habitantes visten desde la semana pasada camisetas con el mensaje “De corazón soy pestanista y martinista”, en honor a Pestana y a su socio político Antonio Martínez Hernández, también indígena y requerido por la justicia por nexos con los paramilitares.

Ese apoyo “de corazón” se trasladó a las corralejas, que terminaron ayer. Allí los pestanistas y martinistas salieron al ruedo con pancartas en honor a los dos políticos prófugos, como lo muestran estas fotografías.

 

A Pestana y a su socio Martínez, el Tribunal Superior de Bogotá los condenó a seis años de prisión en 2009 porque en 2006 acordaron con el ex jefe paramilitar alias Don Antonio trabajar desde la etnia zenú a favor de las autodefensas. Pero, no han estado ni un solo día en prisión porque argumentaron haber pagado su condena en una cárcel indígena, en San Andrés de Sotavento. Ese argumento la Corte Constitucional lo dejó sin validez en enero pasado y de inmediato les ordenó a las autoridades la captura de ambos y su traslado a una cárcel ordinaria.

Como contó La Caribe, Pedro Pestana es un súper poder en Córdoba y Sucre porque ha consolidado una engrasada maquinaria electoral en los municipios de San Andrés de Sotavento, Chimá, Tuchín, Momil, Sampués y San Antonio de Palmito, gracias a la IPS Manexka, que fundó en 1998. Esa entidad le presta servicios de salud a unos 250 mil indígenas, quienes elección tras elección se convierten en potenciales votos para los candidatos respaldados por Pestana.

Pestana tiene hoy una curul en el Senado y otra en la Asamblea de Sucre, a través de sus hermanas Yamina y Ana, respectivamente; participación en el gabinete del gobernador de Sucre Edgar Martínez con la secretaria administrativa Acela Calderín, un diputado en Córdoba y la Alcaldía de Tuchín.

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