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Lunes Noviembre 29, 2021

En la reunión de la delegación colombiana en la Ocde la semana pasada, que incluía a Juan Manuel Santos y a su hijo Martín, comités de expertos de ese ‘club de las buenas prácticas’ presentaron varios documentos con recomendaciones para Colombia. Y una de ellas le puede dar un impulso a la intención de Santos de quitarle al Procurador sus funciones más poderosas.

Entre los 23 comités que están revisando diferentes aspectos del país como parte del proceso para entrar a la Ocde, que es una de las prioridades de Santos, el de gobierno corporativo presentó su informe.

En ese informe, el comité cuestionó que una autoridad no judicial pudiera tomar decisiones en contra de un funcionario por decisiones de éste en asuntos de su competencia. Es decir, criticaron que la Procuraduría pueda sancionar funcionarios por decisiones que toman y que les corresponden.

Hicieron énfasis sobre todo en el caso del Superintendente Financiero Gerardo Hernández, a quien el Procurador Alejandro Ordóñez destituyó por no haber actuado antes en el caso de Interbolsa.

También mencionaron el caso de la destitución de Gustavo Petro, aunque de pasada: mientras que Petro no ha tenido nada que ver con la Ocde el Superfinanciero ya ha hablado de implementar una recomendación de la Ocde sobre protección a accionistas minoritarios en el sector, de la que ya presentó una propuesta concreta.

Esa recomendación le da más gasolina a la propuesta del Gobierno de eliminar la función de la Procuraduría de destituir funcionarios cuando cometan delitos (y dejársela a los jueces), que estaba en el borrador inicial del proyecto de equilibrio de poderes que cursa en el Congreso.

Pero Ordóñez ha criticado fuertemente esa inicitiva, que en el Congreso fue eliminada porque los conservadores (partido del que Ordóñez es miembro) se opusieron firmemente .

La recomendación de la Ocde puede reabrir el tema. Como entrar a esa organización es una de las mayores prioridades de Santos II, el Gobierno tiene un nuevo motivo para revivir esa iniciativa. Aunque se queda con la disyuntiva de a quién darle el caramelo: si a un Procurador que puede destituir sus funcionarios o a la organización a la que Santos sueña entrar.

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Mié, 2014-11-12 07:02
La OCDE, alguien sabía de ella? Colombia se ha comportado como la muchachita que añora estar en cuanto club hay, solo por que estar allí está de moda. Hemos pagado caro esa actitud y si no recordemos cómo nos recortaron nuestro territorio. Los tribunales internacionales saben de sobra que pueden condenar a Colombia pues nunca osaremos desconocer los desbordes de estas organizaciones. Hemos pagado en indemnizaciones solo para enriquecer a un puñado de abogados y que hubiera servido para apoyar a muchas regiones. Cuando se ha probado que dichos tribunales han cometido un error, entonces basta que digan que no se puede revisar el caso y asunto terminado. Claro, los abogados ladrones no devuelven los recursos mal habidos por errores a los que ellos mismos han contribuido. El problema de los dominicanos condenados por un tribunal de derechos humanos y que favorece a los haitianos me recordó lo injustos que han sido con nuestro país, solo que allá la CC se pronunció y no aceptó la sentencia.
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Jueves, Marzo 10, 2016 - 12:23
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A pesar de que el presidente Juan Manuel Santos aceptó la renuncia del Ministro de Minas, tras endilgarle la responsabilidad de un eventual apagón, Tomás González recibió un espaldarazo público de un grupo muy diverso y prestigioso de personas relacionadas con el sector minero que le expresan su respaldo por su trabajo y la experticia que demostró durante el año y medio que fue la cabeza del sector.

Se trata de casi todos los miembros del Grupo de Diálogo sobre la Minería, Gdiam, un grupo de alto nivel creado por la Fundación Ford (que financia el cubrimiento minero de La Silla) para convenir una visión de la minería a largo plazo que apoye el desarrollo socioeconómico del país  y la construcción de paz.

Entre los firmantes están personas tan diversas como Fabio Arjona, el director ejecutivo de la Ong ambiental Conservación Internacional en Colombia hasta el ex ministro y el ex viceministro de minas Luis Ernesto Mejía y Henry Medina pasando por líderes del sector como Claudia Jiménez, la ex directora ejecutiva del gremio de minería a gran escala y León Teicher, el ex presidente del Cerrejón y líderes sociales como Alcibíades Escué, líder de la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte en el Cauca, Benjamín Mosquera, representante legal del Consejo Comunitario del Río Anchicayá y Fabio Velásquez, presidente ejecutivo la Fundación Foro Nacional por Colombia.

Esta es la carta:

 

Carta Tomás González by lasillavacia

Martes, Marzo 8, 2016 - 12:02
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El viernes pasado, el alcalde de Valledupar Augusto 'Tuto' Uhía volvió a demostrar con la adjudicación del contrato de transporte escolar que es agradecido con quienes lo apoyaron en campaña y que los ‘lleva en coche’ desde los primeros meses de su mandato. Después que el Concejo, donde la coalición mayoritaria lo respalda, escogió como contralor municipal a uno de los financiadores de su proyecto político, Uhía premió con un contrato de $2.084 millones de pesos a otro hombre clave de su candidatura.

Se trata de Reinaldo Carvajal Riveira, quien junto a su hermano Rubén ‘Ava’ Carvajal (exalcalde de Valledupar y constructor), respaldó públicamente la candidatura del actual mandatario. De hecho, ‘Ava’ tiene desde el primero de enero participación en el gabinete a través del secretario de Obras Juan Pablo Morón.

Ahora el turno fue para Reinaldo, representante legal del consorcio Transportes Especiales de Valledupar y quien ha sido contratista en administraciones anteriores y en varios municipios del Cesar. La Alcaldía de Uhía le adjudicó, para todo 2016, el servicio de transporte escolar de los niños y adolescentes que viven en el área rural y los sectores menos favorecidos de Valledupar.

La empresa Transportes Carvajal Ltda, propiedad de Carvajal Riveira, tiene el 75% de participación en el consorcio, mientras que el 25% restante está en manos de la Sociedad de Transportes del Caribe SAS, empresa con Cámara de Comercio guajira que también ha sido contratista en otros municipios del Cesar.

El consorcio ganador se impuso sobre otros dos proponentes, a los que la Alcaldía terminó rechazando (Unión Temporal Valledupar Unida) y declarando  inhabilitados (Cooperativa de Transportes Colectivos del Cesar), después de las evaluaciones técnicas, jurídicas y financieras.

Desde que se hizo público el nombre del ganador del contrato, la adjudicación ha sido interpretada en Valledupar como un agradecimiento más que, de frente, el alcalde le hace a otro de sus amigos de campaña, tal como ocurrió con la elección del contralor municipal, en enero.

Como contó La Caribe, el Concejo de Valledupar eligió para el puesto de contralor al abogado Álvaro Luis Castilla Fragoso, uno de los financiadores de la campaña de Uhía: le puso $120 millones, según registros del portal Cuentas Claras. Y es también miembro del comité inscriptor del grupo significativo 'Avanzar es posible', que avaló la candidatura de Uhía.

El actual alcalde de Valledupar le debe, principalmente, su silla al representante conservador Alfredo Ape Cuello, quien lo financió, le puso votos y le brindó apoyo logístico.

Lunes, Marzo 7, 2016 - 16:56
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Aunque lo usual es que lo hagan dos funcionarios, con seis guardias en el Hospital Cardiovascular del Niño de Cundinamarca, en el municipio de Soacha, el Inpec vigila que el exgobernador guajiro Juan Francisco ‘Kiko’ Gómez no se vaya a escapar. Como se sabe, desde el pasado 26 de febrero está allí en una habitación por problemas cardíacos y bajo observación porque los médicos no descartan tener que operarlo.

En principio, Kiko fue trasladado al hospital para que le realizaran una valoración cardíaca (un cateterismo), le dijo el Inpec a La Silla. Pero los médicos optaron por no regresarlo a La Picota porque encontraron que padece angina inestable y arritmia cardíaca. Por ese diagnóstico, y según cómo evolucione, el exmandatario podría ser intervenido los próximos días.

Consultados sobre las garantías de seguridad de Kiko en el hospital, el Inpec -la entidad encargada de responderle al país si un recluso huye- le aseguró a La Silla que el exfuncionario está fuertemente custodiado por los hombres del grupo especializado en remisiones y custodias clínicas, Gropes. Se trata de funcionarios que cuentan con un entrenamiento especial y dotación distinta a la usada por el resto de guardianes del Inpec.

El abogado Iván Cancino, que defiende a Kiko en la investigación por el crimen del exconcejal de Barrancas Luis López Peralta, le dijo a La Silla que el exmandatario está tan custodiado que ni la esposa ha podido verlo.

A Diana López Zuleta, hija del exconcejal asesinado, le causa suspicacia la hospitalización de Kiko. En su cuenta de Twitter escribió que “se le da por  enfermarse días antes de los alegatos de conclusión por el homicidio de mi papá, entre otros delitos”.

Al desprestigiado político la justicia lo procesa además por posibles vínculos con bandas criminales y por otros 14 homicidios.

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