En los últimos dos días una serie de cuestionamientos sobre la administración del alcalde de Bucaramanga, Rodolfo Hernández, han salido a flote por el rasero que se está utilizando en la administración para definir el personal.
Aunque en campaña Hernández abrió una convocatoria para que todos los ciudadanos interesados en trabajar en la Alcaldía le hicieran llegar su hoja de vida con el fin de buscar entre sus perfiles a los nuevos funcionarios y contratistas, esa promesa se ha quedado corta.
Si bien, y según aseguró el jefe de gabinete de Hernández, Manolo Azuero (ex editor de la Silla Santander), esa política está en etapa de implementación y señaló que algunos de los nuevos integrantes del equipo de la Alcaldía han sido seleccionados a partir de esa base de datos, personal cuestionado de la pasada administración volvió al ruedo.
La Silla revisó el portal único de contratación y encontró que en los 22 reportes que se han hecho de la vinculación de personal, ya hay un nombre que sonó en el cuatrienio pasado por escándalos.
Se trata del de Adriana Milena Sanabria Hernández, quien fue nombrada en un artículo de la Unidad Investigativa de Vanguardia Liberal, por ser una de las contratistas de la era de Lucho Bohórquez que obtuvo varios contratos de prestación de servicios sin presuntamente tener la experiencia ni la idoneidad para ejecutarlos.
Para el caso de los funcionarios de libre nombramiento y remoción, ha generado suspicacias el nombramiento de Lía Patricia Carrillo, quien es la subsecretaria administrativa de la Alcaldía y quien es afín, según tres fuentes que conocen la movida política en la ciudad, a la cuerda del diputado liberal Honorio Galvis.
Precisamente,según versiones de dos fuentes que están dentro de la administración, Lía Patricia ha enfrentado acusaciones de acoso laboral y es señalada de mover el personal a su acomodo. No obstante, la funcionaria señaló que las afirmaciones en su contra no son ciertas, e indicó que de los seis sindicatos que existen en la Alcaldía de Bucaramanga uno solo es el que se ha quejado de su labor.
"Yo me ciño estrictamente a la ley, el acoso laboral del que ellos hablan es porque se exigen cumplimiento de horarios y tareas y eso no es acoso laboral. Yo no muevo a nadie de los cargos, yo soy una subordinada y recibo órdenes y cuando ha existido traslado de personal todo está completamente soportado y con solicitudes de jefes de cada oficina", indicó.
Al respecto, Azuero le dijo a La Silla que las personas que continuaron de la administración pasada no están en esos cargos por su procedencia política sino “porque saben del tema que están manejando”.
Sobre la base de datos el jefe de gabinete indicó que esperan que esté en funcionamiento a mediados de febrero, para a partir de ella seleccionar los perfiles del personal, en razón a que la mayoría de los contratos que se han suscrito solo son por 5 meses.
A ese escenario se ha sumado la contratación de Pedro Porras Porras como conductor privado de Rodolfo Hernández con honorarios mensuales de $4 millones.
Según la explicación que entregó la Alcaldía, el pago que recibirá es proporcional a sus funciones debido a que deberá acompañar todos los días al mandatario y a que si lo vinculaban directamente en la planta de personal, el salario aumentaría por el pago de horas extras, dominicales y nocturnos.
Desde la administración de Hernández también se dijo que el nuevo conductor cuando estaba en el sector privado recibía el mismo sueldo, y se aseguró que fue él el elegido porque era del círculo de confianza de Hernández y las autoridades habían recomendado que alguien con ese plus llegara a ese cargo debido a las amenazas que recibió el Alcalde.
Sin embargo, el tema de fondo está dado en que la Alcaldía de Hernández estableció un estándar para definir el pago de honorarios a contratistas que está basado en la experiencia y en el nivel académico de cada persona que se vincula.
Aunque, según lo reconoce la misma Alcaldía, esa escala no es de obligatorio cumplimiento, sí es el rasero que se está teniendo como punto de referencia para definir el valor de la prestación de los servicios del personal.
La Silla comparó los honorarios del nuevo conductor, que según los estudios previos de la Alcaldía debe tener estudios primarios para ser contratado, con los de los abogados y profesionales de diferentes especialidades que se vincularán a la administración, y encontró que la diferencia en algunos casos es solo de $500 mil mensuales.
Nota de la Editora: Después de la publicación de este artículo, Lía Carrillo se comunicó con este medio y nos dio su versión sobre los señalamientos que le hacen. La actualización se hizo a las 4:36 p.m.
