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Martes Diciembre 07, 2021

Con los cambios que se darán esta semana en el Incoder, el nuevo hombre fuerte en los temas de tierras ligados a La Habana será el Supernotariado Jorge Enrique Vélez.

Los principales cargos en temas de tierras del Incoder quedarán ahora en manos de personas que vienen de trabajar en la Superintendencia de notariado y registro, que es la entidad que se encarga de la parte legal de la propiedad de la tierra y que ahora también tirará línea en su parte técnica.

A la subgerencia de tierras que coordina todos los temas claves para el Fondo de tierras de la paz llegará Carlos Carmona Moreno, un abogado antioqueño que lleva cuatro años trabajando en Supernotariado con el número dos de Vélez -Jairo Mesa- para temas de tierras.

A dos de las direcciones claves, que estarán bajo las órdenes de Carmona, llegarán dos personas que vienen de trabajar en la oficina de tierras de la Supernotariado. En procesos agrarios -que documenta los casos de recuperación de baldíos indebidamente ocupados, extinción administrativa del dominio y deslinde de predios que engrosarán el fondo de la paz- estará Milena Gómez Pineda, que antes de trabajar con Vélez había estado ya en temas de promoción en el Incoder.

Y a baldíos -que se encarga de llevar el catálogo de todas las tierras de reforma agraria que tiene el Estado- llegará Natalia Hincapié Cardona, otra abogada antioqueña que lleva todo el gobierno Santos en Supernotariado, primero en su oficina en Medellín y desde hace dos años en su oficina de tierras en Bogotá.

Con ello, el que pierde poder es el actual gerente Rey Ariel Borbón, que -como ha contado La Silla- es el recomendado político del senador conservador Hernán Andrade. Y muchos de cuyos nombramientos tenían un corte político, como el saliente subgerente de tierras Raúl Gonzalo Gómez que hizo política -y tuvo una palomita en el Congreso- con el ex senador huilense Jaime Bravo Motta.

Y aumenta el de Vélez, que fue uno de los líderes de las investigaciones sobre tierras durante el gobierno Santos I -junto con el ex ministro Juan Camilo Restrepo y la ex gerenta del Incoder Miriam Villegas- pero que luego, cuando estalló el escándalo de las compras irregulares de antiguos baldíos, dio un viraje en su discurso

Así, si se firma la paz, Vélez -que viene de Cambio Radical- tendrá súper poderes en el aterrizaje de todas las políticas de tierras acordadas en La Habana.

Comentarios - Cada usuario tiene la posibilidad de incluir solo tres comentarios
Mar, 2014-10-28 06:11
Gracias Juanita-en solo El municipio de Puerto Gaitan' el piloto de la Recuperación de baldios Indebidamente ocupados hay cerca de 250 mil hectare as que Incoder ya registro en ESA condicion,por ejemplo los predios caneyes y veladero de las her manas Enciso que firmando como "propietarias" de baldios de la Nacion por cerca de 40.000 hectareas- le cobraron hasta $ 80.000 .000 por pozo de petroleo a Pacific Rubiales..y si son mas de 100 pozos...como revelo la Revista Dinero de Agosto..y no son campesinas.especulan con la Tierra del Estado..veremos que en zonas petroleras hay Muchos FALSOS reclmantes de tierra enganando a la Unidad de restitucion de tierras regional Meta..quedo enterado senor Presidente y superintendente
Lun, 2014-10-27 20:57
JAIRO MESA¿¿¿ especialista en compra de tierras MIRIBEL-LA PALMA en el Copey -Cesar.!!!!!!!
Mar, 2014-10-28 06:15
En el Departamento del Vichada hay Una pequena vereda que HOY que se llama Nueva Antioquia ojala no crezca mucho...
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Lunes, Febrero 22, 2016 - 23:10
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Aunque el alcalde de Bucaramanga, Rodolfo Hernández, en campaña se había declarado en oposición a la valorización, la decisión de un juez de la ciudad que tumbó esa contribución en su administración lo obligó a cambiarse de bando.

Hernández le confirmó a La Silla que la decisión, que en términos prácticos lo que hace es echar para atrás el cobro de la contribución con la que se recaudaron $190 mil millones que están invertidos en obras viales en Bucaramanga, será apelada para salvaguardar los intereses de la ciudad.

“Ya no es el criterio mío lo que debe pesar, yo no estaba de acuerdo con la valorización porque estaban despilfarrando toda esa plata y entregándola en licitaciones de único oferente. Esa plata ya se la gastaron y si no apelara, pues prácticamente hay que cerrar al Municipio. Yo soy el representante legal de la ciudad y tengo que pensar en el beneficio de todos los ciudadanos”, aseguró Hernández.

La posición de Hernández, que según abogados consultados por La Silla, es la que debe defender el Alcalde, porque de lo contrario podría ser investigado por actuar en contra de los intereses del Municipio, no ha caído bien en los opositores a la valorización, quienes empezaron a cuestionar la nuevaposición del Alcalde.

Este medio, conoció el texto completo de la decisión, que en líneas generales lo que hizo fue validar todos los argumentos de la Procuraduría relacionados con las fallas de forma y de fondo que existieron en el proceso previo a la entrega de los recibos para el recaudo de esa contribución.

Por una parte, el Juez le dio la razón al Ministerio Público en cuanto a que la Alcaldía en 2011 omitió hacer dos publicaciones en diarios de amplia circulación de las convocatorias para la conformación de la Junta de Propietarios y Poseedores, órgano que se encargaría de socializar en diferentes partes de la ciudad los alcances de la valorización.

Por otra, señaló que sí existieron irregularidades en las actas de los escrutinios de las votaciones en las que se eligieron a los integrantes de esa junta, debido a que no existió comisión escrutadora y a que las actas de resultados no están firmadas por todos los delegados.

En este sentido, el Juez declaró la nulidad del documento que le permitió a la Alcaldía de Bucaramanga iniciar el cobro de la valorización en 2013, porque el procedimiento previo a su expedición no se cumplió de acuerdo a la norma.

El Tribunal Administrativo de Santander será el encargado de fallar la segunda instancia. Si la decisión se confirma, la Alcaldía de Bucaramanga tendría que entrar a devolver la plata a los bumangueses y reiniciar el proceso de cobro desde la convocatoria para la Junta de Propietarios. 

Lunes, Febrero 22, 2016 - 22:18
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Santander se metió en la puja por una partida de los $6,48 billones que le dejó a la Nación la controvertida venta de Isagen.

En una carta que fue enviada al Presidente Juan Manuel Santos el pasado viernes, el gobernador de ese departamento, Didier Tavera, solicitó formalmente que $648 mil millones (el 10 por ciento de la transacción) sean destinados a proyectos de inversión en Santander.

La petición se basa en que en la región está la represa de Hidrosogamoso, hidroeléctrica que produce el 60 por ciento de la energía de Isagen, lo que le daría derecho al departamento, según una ley expedida en el 95, de quedarse con la décima parte de los rendimientos que generaron la venta de las acciones.

Según el secretario de Planeación del departamento, Sergio Muñoz, “la ley es clara y señala que para recibir el beneficio la principal actividad de la empresa enajenada deberá estar en su territorio. Santander cumple esas características y por eso estamos reclamando la participación de esos recursos”.

A esa solicitud se sumaron todos los congresistas de Santander, quienes serían los encargados de presionar a Santos para que desembolsara la plata.

No obstante, Santander no es el único que está peleando esa posibilidad. La Gobernación de Antioquia  le hizo esa misma solicitud a Santos el pasado 29 de enero bajo el argumento de que en ese departamento funciona la sede principal de Isagén.

Lo particular es que ninguno de los dos departamentos está consultando la posibilidad de acceder a los recursos, sino que le están reclamando a la Presidencia su participación directa, algo que no estaba dentro de las cuentas de la Nación, que como lo contó La Silla, tiene dadas sus prioridades en la financiación de las vías 4G y en darle un alivio al déficit fiscal de los programas de Santos.

Lunes, Febrero 22, 2016 - 14:48
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La semana pasada hubo un cambio en la cabeza de la secretaría de Productividad de Antioquia que pasó de agache, sin comunicado de prensa y solo con dos breves menciones en medios: Llanedt Martínez, esposa del político condenado por narcotráfico Luis Javier Castaño, salió de su cargo después de que La Silla reveló esa relación y algunos medios la retomaron.

En su reemplazo llegó la abogada eespecializada en derecho administrativo y contratación Liz Margaret Álvarez Calderón, quien fue secretaria de servicios administrativos y gobierno de los municipios de San Jerónimo y Caramanta  hace casi una década y trabajó en la procuraduría Provincial de Puerto Berrío en 2013,

Lo curioso es que, según el diario El Mundo, Álvarez es esposa del representante conservador a la Cámara Horacio Gallón, aliado del llamado Grupo de Itagüí en el conservatismo antioqueño y quien apoyó la campaña del gobernador Luis Pérez.

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