Este fin de semana un desconocido asesinó en su casa a Luis Hernández, líder de víctimas afro de Tierralta. Su asesinato muestra que el Alto Sinú cordobés, donde están Tierralta y su municipio vecino de Valencia, es una de las zonas más peligrosas para los líderes que se han formado al son de la Ley de Víctimas que el presidente Juan Manuel Santos convirtió en una de sus banderas.
Entre los dos municipios -que son la salida al mar de la coca producida en el nudo de Paramillo y donde las comunidades han denunciado las disputas territoriales entre el clan Úsuga y las Farc- tienen el triste récord de haber visto a seis de sus líderes más conocidos asesinados en los últimos tres años.
Aparte del de Hernández, Tierralta ha vivido los asesinatos de varios de los líderes indígenas del Alto Sinú: primero Seferino Domicó -cabeza del resguardo embera katío de Antadó- en abril de 2013 y luego Clímaco Arias, líder embera de Pawarandó que en agosto de ese año fue asesinado en la cuenca del río Verde frente a su comunidad.
Valencia, que como contó La Silla fue uno de los últimos pueblos en tener su mesa municipal de víctimas por el nivel de riesgo que enfrentan los líderes, también vio asesinados a tres de sus líderes.
El primero fue Ermes Enrique Vidal, un líder campesino de 60 años de la vereda de San Rafael de Pirú que había sido desplazado de su finca por parte de paramilitares y venía amenazado por intentar recuperarla. Vidal, que trabajaba con desplazados y estaba en la mesa municipal, desapareció en marzo del 2013 cerca de su casa y su cuerpo apareció cuatro días después a orillas del río Sinú, en un corregimiento de Tierralta, con señales de tortura.
Apenas 20 días después, Ever Antonio Cordero -que era el otro delegado de víctimas municipal- fue asesinado en momentos en que ultimaba los detalles de una marcha en favor de las víctimas que nunca comenzó y un día antes de que Santos viajara a Montería para entregar los títulos a las primeras familias restituidas en la emblemática Hacienda Santa Paula que perteneció al clan Castaño. A sus 45 años, Cordero era el líder más visible del municipio y se preparaba para llegar -con el apoyo de otros seis municipios- a la mesa departamental.
Luego, en noviembre de 2013, Gildardo Padilla viajaba en moto por una carretera rural de Valencia cuando un par de hombres lo abordaron y lo acribillaron, dejándolo tirado en medio de la vía. Padilla estaba en proceso de reclamar dos fincas en el cercano municipio antioqueño de San Pedro de Urabá, de la que habían tenido que salir desplazados por las AUC. En ese proceso fueron asesinados doce miembros de su familia en San Pedro y en San Pelayo (Córdoba), incluyendo a sus padres y a tres de sus hermanos (crímenes por los que fue condenado Salvatore Mancuso).
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