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Domingo Julio 03, 2022

Hoy se anunciaron los ganadores de los Premios Alejandro Ángel Escobar, los más prestigiosos del mundo científico en Colombia. Y el primer puesto en la categoría de medio ambiente se lo ganó el atlas de páramos que hizo el Instituto Humboldt a una escala de 1 a 100 mil, un exhaustivo trabajo cartográfico que el Ministerio de Ambiente encargó pero que no ha querido adoptar oficialmente.

Colombia tiene oficialmente 1,9 millones de hectáreas de páramo, pero -como contó La Silla en abril- esta nueva actualización cartográfica que el Ministerio le encargó al Humboldt demostró que en realidad hay 900 mil hectáreas más que no aparecían en el anterior atlas, elaborado a una escala menos precisa de 1 a 250 mil.

El problema es que el Ministerio no ha querido adoptarla oficialmente mientras se hace el atlas definitivo de 1 a 25 mil, que ordena el Plan Nacional de Desarrollo del presidente Juan Manuel Santos pero que hasta ahora arrancó y que puede demorar unos tres años.

Y esa decisión es clave porque los páramos y los humedales fueron declarados -por su importancia hídrica- como zonas vetadas para cualquier tipo de explotación minera por el Plan de Desarrollo. Pero esa protección sólo cobija a los páramos que aparecen en el viejo atlas, que la ex ministra Beatriz Uribe adoptó oficialmente y que aún sigue vigente.

Así que por ahora estas 900 mil hectáreas nuevas de páramo están hoy desprotegidas de actividades como la minería, debido a que estos últimos mapas se han topado con una fuerte resistencia por parte de algunos sectores dentro y fuera del Gobierno, que no quieren que sean blindadas contra actividades económicas. Al menos no todavía.

Este hecho ha generado una pelea dentro de la misma institución -que pagó 650 millones de pesos por este nuevo atlas- porque los más ambientalistas creen que ellos, comenzando por el Ministro Juan Gabriel Uribe, son quienes deberían liderar esa pelea de la protección de los páramos.

¿Será que el prestigio académico del Premio Alejandro Ángel Escobar y el aval de la comunidad científica en el país ayudan al Gobierno a tomar la decisión de adoptarlo?

(Para ver cuáles páramos crecen en el último atlas vea este mapa de La Silla y para todos los mapas del Humboldt acá).

Comentarios - Cada usuario tiene la posibilidad de incluir solo tres comentarios
Sáb, 2013-10-19 19:40
Debe ser mejor esperar a tener la nueva cartografia porque si la diferencia n el numero de hectareas es la misma que la que hubo entre la cartografia 1:250.000 y 1:100.000 (1'000.000 hectareas) entonces estamos ante un porcentaje bastante alto de subestimacion de las areas y por consiguiebte de error en la toma de desiciones.
Mié, 2013-09-04 12:46
Eso de esperar a que el otro salga es precisamente lo que pretenden las multinacionales mineras y el gobierno al rechazar el Atlas actual. Las acciones de conservación se deben tomar con la mejor información disponible no esperar a que salga el atlas de 1:1000...
Mié, 2013-09-04 10:27
Es muy amañada la actitud del gobierno al desechar este trabajo donde se invirtió tanto dinero, qué sentido tenia apoyarlo si serviría para nada. Por qué no darle credibilidad y proteger esas reservas mientras se elabora el que si les satisfaga. El actuar del gobierno no es por desconocimiento, y esta actitud siempre será amañada.
Mié, 2013-09-04 08:22
Pero si el Ministerio de Medio Ambiente se encuentra en manos de un conservador, cuyo partido se caracteriza por su antiambientalismo....
Mié, 2013-09-04 01:53
El Atlas es fantástico en términos de la información que provee *a la escala que fue elaborado*. Pero la calidad del Atlas es fundamentalmente independiente de su resolución espacial. Por ejemplo, para ciertas aplicaciones mapas excelentes con resolución relativamente baja (e.g., 1:250.000) son indispensables, y mapas (también excelentes) con mayor resolución (e.g., 1:100.000) inútiles. Si el Atlas no tiene la resolución para caracterizar pertinentemente las areas/predios de interés, pues hay razón para que el Ministerio de Medio Ambiente dude en adoptarlo, independientemente de la excelente calidad del Atlas. ¿Qué hacer ante la incertidumbre, ante la ausencia de mapas con resolución pertinente? El “principio de precaución” podría invocarse para adoptar el Atlas (potencialmente previniendo daños al medio ambiente), o para no adoptarlo (potencialmente previniendo daños socio-económicos). LSV parecería inclinarse por la primera opción, pero sin presentar argumentos válidos.
Mié, 2013-09-04 21:27
Excelente pregunta, tatianalujanr! Si la resolución es adecuada, mi comentario arriba no sería válido. Sería útil conocer los criterios que llevaron a decidir cual es la resolución requerida. Mi comentario (arriba) supone que la resolución es inadecuada, tal como sugiere la nota relacionada de LSV titulada "Los páramos de la discordia," que dice: "Por su importancia hídrica, los páramos -así como los humedales- fueron declarados como zonas vetadas para cualquier tipo de explotación minera por el Plan Nacional de Desarrollo del presidente Juan Manuel Santos. El problema es que ubicar con exactitud dónde comienzan y terminan es una tarea difícil. Por esta razón el Gobierno ordenó delimitarlos a una escala de 1 : 25.000, un complejo trabajo cartográfico donde cada metro del mapa corresponde a 25.000 en la realidad y que permitirá saber exactamente qué tan grandes son en realidad. Pero que se demorará al menos dos o tres años en los 35 complejos de páramos del país."
Mié, 2013-09-04 09:21
El principio de precaución se aplica cuando las consecuencias de una acción son inciertas, cuando hay un riesgo sospechado. Los efectos socioeconómicos de delimitar el páramo NO son inciertos; limitar el impacto productivo sobre el páramo claramente tendrá impactos sociales que sí se conocen. PERO la forma de evitar esos impactos NO ES dejando de adoptar una delimitación sino ASUMIENDO LA RESPONSABILIDAD SOCIAL que ésta implica. Dejar de adoptar el límite simplemente permite que el Estado delegue la responsabilidad del bienestar de la sociedad en unas empresas multinacionales, dejándolas explotar el páramo. Adoptarlo implicaría trabajar en alternativas productivas y de compensación para las comunidades locales, revisar o reglamentar la ley del plan de desarrollo y ponerse las botas. Usar el principio de precaución como argumento en contra de la delimitación es un error sospechosamente conveniente en términos electorales.
Mié, 2013-09-04 21:38
Estimada Julieta,creo que estamos hablando de incertidumbres diferentes. La incertidumbre a la que yo me refiero es la de saber dónde comienzan y terminan los páramos, como lo explica la nota relacionada de LSV titulada "Los páramos de la discordia". Por otra parte, ud. habla de la (ausencia de) incertidumbre de los efectos socioeconómicos de delimitar el páramo. ¿Deacuerdo?
Jue, 2013-09-05 20:21
Rectifico. También hay incertidumbre sobre los efectos sociales de excluir cualquier actividad productiva del páramo. Pero mi argumento central es que la solución a esa perspectiva de impacto social no consiste en no adoptar la delimitación y permitir cualquier actividad en esa franja incierta, sino en revisar las implicaciones normativas de reconocer la existencia de un ecosistema frágil y vital. Si el estado está preocupándose por fin por los habitantes del páramo (históricamente marginados; su marginación no se le puede achacar al ambientalismo), hay que celebrarlo; pero esta preocupación no puede manifestarse simplemente en "dejar hacer" ("subiendo la línea"), que en la práctica significa dejarlos a merced del mercado internacional de materias primas.
Sáb, 2013-09-07 00:43
Una iniciativa potencialmente valiosa en ese sentido es el oro 'fairmined' del que habló LSV: http://www.lasillavacia.com/queridodiario/el-oro-fairmined-la-apuesta-del-bid-para-formalizar-pequenos-mineros-45510
Mié, 2013-09-04 22:23
Estimada tatianalujanr, ¿Porqué absurdo? El argumento supone que: (i) Los páramos deben blindarse contra actividades económicas (lenguaje de LSV) porque los costos ambientales rebasan los beneficios socio-económicos. (ii) Las zonas que no están en los páramos (ni en zonas ambientales sensitivas) no deben blindarse contra actividades económicas porque los beneficios socio-económicos rebasan los costos ambientales. (iii) Hay incertidumbre: no se sabe si una zona determinada, digamos zona “A”, está dentro o fuera de un páramo. Bajo estas suposiciones, me parece que el principio de precaución tiene dos versiones. Una es blindar a “A”, potencialmente previniendo un costo ambiental y aceptando el riesgo de perdidas socio-económicas. La otra es no blindar a “A”, potencialmente previniendo pérdidas socio-económicas y aceptando el riesgo de un costo ambiental.
Jue, 2013-09-05 20:40
La dicotomía costo ambiental versus costo social es incorrecta. El "costo ambiental" también es socioeconómico, pues se refiere a la potencial pérdida del servicio de provisión de agua y de regulación climática, entre otros, PARA LA SOCIEDAD. Hay conflictos entre niveles de la escala temporal: el costo de limitar la actividad productiva tiende a ser inmediato; el costo de ir agotando el recurso hídrico tiende a ser en el mediano y largo plazo. Por otra parte, me parece que "el riesgo socioeconómico" parece un eufemismo para hablar de las pérdidas monetarias en un modelo extractivista. Si hay un interés real en "disminuir el riesgo socioeconómico" ¿no deberíamos estar hablando más bien de adoptar medidas para el bienestar de la sociedad (que podrían no implicar gran minería y agroindustria) y que implican también bienestar en términos ambientales?
Jue, 2013-09-05 18:59
En su forma general principio de precaución (PP) puede presentarse como: los beneficios esperados de una decision irreversible deben ajustarse para reflejar la pérdida de opciones que la decisión implica (Arrow and Fisher. 1974. Environmental Preservation, Uncertainty, and Irreversibility. The Quarterly Journal of Economics 88: 312-319). Arrow y Fisher dicen explicitamente que el PP no se restringe a efectos ambientales. Otra versión general del PP va más o menos así: cuando en duda sobre que acción adoptar se debe escoger la alternativa que tiene menor probabilidad de causar daño (p. 207 en: Sarkar. 2005. Biodiversity and environmental philosophy, Cambridge university press). Blindar el páramo puede tener costos de oportunidad socio-económicos irreversibles. Por ejemplo, para una comunidad necesitada, la perdida de una ganancia económica inmediata derivada de actividades extractivas puede causar daño irreparable al futuro de la comunidad (p. 31 en: Sarkar, 2005).
Jue, 2013-09-05 19:04
Ahora, bien, es posible que la ley colombiana haya adoptado una versión estrecha (y por ende tal vez cuestionable) del principio de precaución (PP), enfocada exclusivamente en asuntos ambientales. Pero lo único que la aplicación de tal versión del PP implica es que la incertidumbre no debe presentarse como argumento para postergar medidas de protección ambiental. No implica que las medidas de protección ambiental deban aplicarse necesariamente. Tampoco impide que consideraciones distintas a la incertidumbre (e.g., aspectos socio-económicos) hagan parte de la toma de decisiones. Este punto es elaborado en: Driesen. 2013. Cost-Benefit Analysis and the Precautionary Principle: Can They be Reconciled? (http://works.bepress.com/david_driesen/8/)
Sáb, 2013-09-07 00:36
tatianalujanr, gracias a ti por una discusión interesante. Tus preguntas y comentarios me hicieron pensar.
Mié, 2013-09-04 10:34
Esto es la repetición de la repetidera, el NUNCA acabar. La intención es clara, proyectar a futuro lo que ocurre con los baldíos y los mineros etc. etc. solo que dentro del mismo AMBIENTE, tocar otra arista hasta agotarlas todas. Es gradual señores ,si lo hacen del todo se quedan sin justificar los altísimos salarios que devengan por regalar la nación.
Mar, 2013-09-03 20:09
Muy sencillo señores: necesitamos esperar el atlas definitivo, ese que está en escala más exacta de 1: 25 mil--en este gobierno nos gustan las cosas correctas, exacticas, las cuentas clara y el chocolate espeso---, y que no sabemos cuándo esté listo, es más ni siquiera podemos garantizar que se logre, y de paso esperamos, quien quita que sean más de 900 mil que estemos feriando, eh eso es mucho lo bueno; para que proteger ya esos paramos, ah que pereza omee, mientras tanto dejamos en libertad a quien quiera tomarse las 900 mil hectáreas ,así no perdemos la costumbre de repetir la historia con lo ilegales, las empresas enfrentándose con la población y sobre todo para que demos las soluciones “salomónicas” que ya tenemos planeadas para ese entonces; por ahora muy bonito el atlas pero si no es el 1:25 mil "no me lo pongo", no digo más, suerte con todos pues. Esos 650 mil millones, fresco no es nada, Uds. ponen,....... yo dispoongo.
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Martes, Marzo 1, 2016 - 11:02
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Después de un largo proceso lleno de tutelas y acusaciones públicas entre los aspirantes, el Concejo de Valledupar eligió ayer al personero de esa ciudad para los próximos cuatro años. Los 19 concejales unánimemente reeligieron al abogado Alfonso Campo Martínez, hermano del exrepresentante conservador Juan Manuel Campo y quien en 2012 llegó a esa silla con el respaldo del entonces alcalde Fredys Socarrás. Con la reelección de Campo, el principal derrotado es el representante conservador Ape Cuello, uno de los súper poderes del Cesar tras las regionales de octubre, porque no logró que su candidata fuera la escogida.

Con 83,81 puntos sobre 100 posibles, Campo Martínez obtuvo la calificación más alta del concurso de méritos y se impuso ante la también abogada Lorena Cabrera. Ella obtuvo 76,27 puntos e interpuso una acción de tutela buscando que la Universidad Autónoma del Caribe, institución contratada por el Concejo para poner en marcha el proceso, evaluara nuevamente su hoja de vida. Sin embargo, aunque la tutela le fue fallada a su favor y la universidad tuvo que volver a revisar la experiencia profesional y los estudios acreditados, Campo Martínez terminó con un puntaje más alto.

Para este concurso, Cabrera tenía el apoyo del representante Cuello, quien es el nuevo poder en ascenso del Cesar después de haber sido el principal financiador y promotor del proyecto político que hoy tiene a Tuto Uhía en la Alcaldía de Valledupar. Además, Cabrera trabajó en la campaña de Uhía. Por eso, con la derrota de la abogada, también pierde el mandatario porque queda con un personero que no es de su cuerda política sino de la del exalcalde Fredys Socarrás, quien en las regionales pasadas le puso votos a uno de sus contrincantes: el exconcejal de Cambio Radical Jaime González.

El tercer derrotado con la reelección de Campo Martínez es su propio hermano, el exrepresentante Juan Manuel Campo, quien queda inhabilitado para las legislativas de 2018 en su aspiración de regresar al Congreso. En Valledupar se daba por descontado que el conservador Juan Manuel sería la fórmula del también conservador Ape Cuello, quien ha manifestado en reuniones privadas que quiere dar el salto al Senado. Sin embargo, el personero no desistió de su aspiración de quedarse cuatro años más en el cargo y terminó atravesándole a su hermano.  

Dos políticos activos del Cesar le contaron a La Silla que los 19 concejales prefirieron elegir a Campo Martínez para evitarse nuevas investigaciones de la Procuraduría porque fue él quien obtuvo el mayor puntaje, pese a las negociaciones que desde diciembre venía haciendo con ellos el representante Ape Cuello.

En enero, la Procuraduría Regional del Cesar ya les había advertido a los 19 concejales que vulneraban el debido proceso de la elección al decidir que sería la mesa directiva y no todos los concejales, como estaba estipulado desde el inicio del concurso de méritos, los que tendrían la facultad de evaluar las entrevistas de los aspirantes.

Esa modificación generó suspicacias en la Valledupar política porque el representante Ape Cuello tiene influencia sobre la mesa directiva: el actual presidente de ese organismo es de su cuerda política, el conservador Guido Castilla. La etapa final valía un 10% y era clave para los participantes, especialmente para los dos que desde el comienzo se perfilaron como los más opcionados a la silla de personero: Campo Martínez y Cabrera.

Los concejales también llegaron temerosos a la elección de ayer porque la Procuraduría les abrió, en enero, una indagación preliminar por posibles irregularidades y conflicto de interés en la elección de Álvaro Castilla Fragoso como contralor de Valledupar.

Castilla Fragoso fue uno de los financiadores de Uhía, según los reportes que esa campaña presentó al portal Cuentas Claras, y es miembro del comité inscriptor del grupo significativo 'Avanzar es posible', que lo avaló como candidato a la Alcaldía.

Viernes, Febrero 26, 2016 - 15:17
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Otro liberal terminó enredado en el escándalo del ‘carrusel’ de contratación en el Instituto Municipal de Fomento y Empleo de Bucaramanga, Imebú.

A cinco días de que Augusto Rueda González, quien llegó a la Personería impulsado por los liberales en 2012, entregue su cargo como personero de Bucaramanga,  la Procuraduría Regional de Santander le abrió un proceso verbal por su presunta participación en el escándalo de contratación que vincula a fundaciones que jamás ejecutaron recursos destinados a población vulnerable.

La Silla conoció copia de la citación que le fue hecha al funcionario y en ella se señala que el ente de control entrará a investigarlo por participar como enlace entre el Imebú y una de las fundaciones contratistas, cuyo representante legal ya fue condenado por la ejecución irregular de recursos.

La participación de Rueda González en la controvertida contratación, se remite a que habría sido intermediario entre un exasesor de su despacho (Joel Molina) y la Fundación para el Desarrollo Comunitario, Fundecom, de la que es cofundadora la mamá de uno de sus hijos.  

Según los relatos del entonces asesor de Rueda, y de varios de los testigos que fueron citados a entregar su versión, fue el Personero quien recomendó el nombre de esa fundación para que se pudiera ejecutar un contrato por $45 millones con el fin de realizar talleres de emprendimiento a población vulnerable de Bucaramanga, objeto que no se cumplió.

A Rueda González también lo investigarán por no hacer las denuncias por el enredo de ese contrato y omitir la apertura de la investigación en el ente de control que él mismo dirige.

Precisamente, según los testigos, el saliente Personero conocía de las irregularidades en la ejecución del contrato y le prestó plata a su entonces asesor (se la descontó posteriormente de los honorarios que recibía en la Personería), para que este último la devolviera, debido a las investigaciones que se adelantaban. 

La versión de Rueda se ha mantenido en que él no hizo nada irregular, y aunque ha reconocido que fue intermediario tanto en el contrato como en la recuperación del dinero que se comprometió, ha señalado que el problema es de su exasesor debido a que él fue el que no ejecutó bien el contrato.

Al caso de Rueda, se suma el del exdirector de ese instituto Cristian Rueda, quien es cuñado de la concejala roja Nancy Lora, y quien está privado de la libertad por las investigaciones en su contra por ese 'carrusel'. Por su parte, Leonardo Vásquez, integrante del directorio Liberal en Santander, es el defensor de varios de los salpicados en el escándalo.

Jueves, Febrero 25, 2016 - 15:16
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El martes pasado, la gobernadora Oneida Pinto escogió al abogado Edwin López Fuentes como el nuevo director en propiedad del ICBF de La Guajira. Aunque hasta ahora en ese departamento ha caído bien la elección de López, porque allí lo reconocen como un experto en contratación sin filiación política particular, la directora nacional del ICBF Cristina Plazas no quedó contenta y ayer hizo público su malestar en Riohacha.

Plazas y la gobernadora Pinto se reunieron con los directores de las IPS y EPS para recordarles que, como parte de la lucha contra la desnutrición infantil wayuu, deben realizar más actividades de promoción y prevención en las rancherías.

A la reunión también asistió López Fuentes, quien aprovechó para presentarse como el nuevo director regional del ICBF ante las directivas médicas y diputados asistentes. Esa presentación, que generó aplausos, a Plazas no le gustó porque el abogado la hizo sin haber hablado antes con ella y porque todavía no está lista la resolución de su nombramiento.

Tanto le disgustó a Plazas la presencia de López que no permitió que pronunciara unas palabras al cierre del evento. Y hasta regañó a la presentadora por haber anunciado ese discurso como parte de la programación.

La Silla supo que, más allá de ese impasse, Plazas está molesta porque quería que el escogido fuera el administrador público y funcionario de carrera del ICBF Félix Orozco Mejía, quien tenía el mayor puntaje de la terna que ella misma envió y a quien puso el año pasado como director encargado de la regional Magdalena.

Esta mañana, la gobernadora Oneida Pinto le dijo a La FM que había escogido a López por ser el único guajiro de la terna, de la que también hacía parte el médico Óscar Alberto Pernía Maldonado, exgerente de Caprecom en Tolima.

La mandataria dijo que para el cargo del ICBF, especialmente en una coyuntura de crisis como la actual, se necesita a un profesional que conozca la cultura guajira y entienda a la etnia wayuu. Y en la misma entrevista negó haberlo escogido por recomendaciones políticas, como publicó el portal Las Dos Orillas.

La Silla consultó con cuatro fuentes del mundo político guajiro y todas, por aparte, coincidieron en que el nuevo director del ICBF no milita ni en el movimiento Nueva Guajira del presidente de la Cámara Alfredo Deluque ni en la Gran Alianza, del exgobernador Jorge Ballesteros. Y en cambio, lo describieron como un abogado y académico que trabajó hasta hace poco en la Universidad de La Guajira, donde dirigió la Oficina de Relaciones Internacionales y fue profesor.

Esas fuentes también nos dijeron que es uno de los pocos expertos en contratación de ese departamento, por lo que ha sido asesor de la Alcaldía de Riohacha y de la Gobernación, sin que al ocupar esos cargos fuera considerado cuota política.

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